ECONOMIA
Tras mejorar la calificación de Argentina, Moody’s alertó por el riesgo del regreso de un “gobierno intervencionista” en 2027
Moody’s fue la tercera calificadora que se sumó a la mejora de la nota de la deuda argentina. Pero la espera vino con un condimento inesperado y favorable al Gobierno: dejó la perspectiva como positiva, dejando abierta así la posibilidad de una suba adicional entre los próximos 6 a 24 meses. En cambio, Standard and Poor’s y Fitch la habían mantenido “estable”.
En las consideraciones de la mejora de la nota, Moody’s hizo referencia a las reformas estructurales encaradas por el gobierno de Javier Milei, el aumento de las exportaciones y el fortalecimiento de las reservas.
En ese sentido, se muestra muy optimista respecto a la evolución de la economía para este año, por encima del consenso de mercado. Pronostica un crecimiento de 3,4% en 2026 y de 3,5% para el año próximo.
Bajo esa perspectiva, las políticas implementadas por el Gobierno “están mejorando el entorno empresarial y promoviendo un reequilibrio gradual en la composición de la inversión y la actividad económica hacia un modelo de crecimiento económico impulsado en mayor medida por el sector privado”.
Con esta mejora de la nota, desde Caa1 a B3, la Argentina se aleja de la posibilidad de un default, al menos en la visión de la calificadora. La agencia consideró que las chances de que el Gobierno incumpla con el pago de la deuda al menos hasta fines del año que viene se redujeron significativamente. La persistencia del superávit fiscal es vista como uno de los principales logros.
Pero Moody’s también reconoce que el ciclo político, y más precisamente las elecciones presidenciales del año próximo, limitan mejoras adicionales de la calificación. De esta manera, la misma agencia pone en duda que se vaya a mejorar la nota en los próximos meses por la cercanía del proceso electoral.
“El riesgo político sigue siendo una limitación clave para la calificación”, aseguró el comunicado de Moody’s. La elección de “un gobierno más intervencionista” que revierta parcialmente las reformas recientes supondría el riesgo de que se reintrodujeran distorsiones en la inversión, el comercio, el mercado cambiario y la gestión fiscal.
Es probable -consideraron- que “un cambio de este tipo debilite la confianza de los inversores”. En ese caso, se frenaría los flujos procedentes de inversiones y se afectaría la acumulación de colchones externos: “Esto erosionaría gradualmente las mejoras crediticias alcanzadas durante el actual proceso de ajuste”.
A pesar de esta fuerte advertencia, también buscó ciertos matices. Si bien persiste la incertidumbre respecto de la orientación de las políticas tras las elecciones generales de 2027, “el rango de posibles resultados en materia de políticas se ha reducido en comparación con ciclos electorales anteriores”.
Según la agencia, hay una “creciente aceptación social de la disciplina fiscal” y hay “mayor apoyo político” a la estabilidad macroeconómica. Las recientes mejoras de la calificación de la deuda argentina gatillaron una significativa mejora del riesgo país, que estuvo a punto de perforar los 400 puntos básicos en las últimas semanas.
Sin embargo, ayer cerró levemente por debajo de los 420 puntos en una jornada de toma de ganancias sobre todo para los bonos largos en dólares. Los analistas indican que las cotizaciones ahora están “lateralizando”, sin variaciones significativas.
Los inversores y Moody’s parecen coincidir en la advertencia respecto a lo que podría suceder en las próximas elecciones presidenciales. Y esto es lo que parece trabar una mejora adicional en la cotización de los bonos y una consiguiente reducción adicional del riesgo país.
El comentario de la calificadora resume bien los temores del mercado. Por un lado, indica que el espacio para probar con políticas alternativas a las actuales es más bien acotado si se busca cuidar el ingreso de dólares y los compromisos de inversión. Pero al mismo tiempo advierte que un gobierno más intervencionista que asuma en 2027 pondría en riesgo los avances logrados.
North America,New York City
Corporate Events,South America / Central America
El incremento va de septiembre a febrero, por un total del 15,39%, más una suma no remunerativa que arranca en $90.000 y termina en $120.000
Aumento de sueldo para obreros del plástico: cómo se aplica el incremento
- Septiembre, 2,2%
- Octubre, 1,8%
- Noviembre, 1,7%
- Diciembre,1,6%
- Enero, 1,5%
- Febrero, 5,76%
- Septiembre, $90.000
- Octubre, $90.000
- Noviembre, $105.000
- Diciembre, $110.000
- Enero: $120.000
Así quedará conformado el sueldo de cada categoría
- Nivel 1: en septiembre, $1.347.948, mientras que en febrero llegará a $1.521.965.
- Nivel 2: septiembre, $1.368.575. Febrero: $1.545.255.
- Nivel 3: septiembre, $1.445.321. Febrero: $1.631.909 en febrero.
- Nivel 4: septiembre, $1.503.667. Febrero: $1.697.787 en febrero.
- Nivel 5: septiembre, $1.653.553. Febrero: $1.867.023.
- Capataz: septiembre, $1.688.086, Febrero: $1.906.014.
- Chofer: septiembre, $1.515.280. Febrero: $1.710.899.
- Ayudante de Chofer: septiembre, $1.364.510. Febrero: $1.540.665
- Conductor de Autoelevador: septiembre, $1.692.075. Febrero: $1.910.518.
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La escala salarial de trabajadores del plástico, de septiembre 2026 a febrero 2027.
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ECONOMIA
El Gobierno quiere acortar los tiempos para abrir una empresa: cuáles son los cambios que dispuso
El Gobierno, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), simplificó el régimen de constitución de sociedades y flexibilizó el objeto social. La nueva normativa apunta a reducir las barreras y los costos de formalización de empresas, al tiempo que amplía el margen para definir las actividades que podrán desarrollar.
“Con el objetivo principal de reducir la burocracia, bajar costos y acelerar los tiempos para abrir una empresa, la IGJ simplifica el régimen de constitución de sociedades y flexibiliza el objeto social”, dijo a través de su cuenta de X el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El funcionario precisó que la Resolución General 11/2026, publicada en el Boletín Oficial, deroga 33 artículos reglamentarios, y dos resoluciones generales que incorporaban exigencias no previstas en la norma de fondo, dispensa el dictamen de precalificación para la constitución de sociedades y elimina restricciones a la pluralidad del objeto social, permitiendo a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) adoptar “cualquier actividad lícita” como objeto.
Los considerandos de la norma indican que “los registros de sociedades deben funcionar como ventanillas de habilitación ágiles, orientadas a la publicidad y a la certeza jurídica, y no como filtros de control previo de naturaleza discrecional”.
“La reducción de barreras formales de acceso al registro constituye una herramienta de política pública destinada a facilitar la incorporación de la actividad económica a la economía formal, reducir los costos de cumplimiento de los emprendedores y aproximar la realidad del tráfico a la registración pública”, agrega.
Entre los cambios más relevantes se destacan:
1. Eliminación de precalificación obligatoria: La constitución de sociedades ya no requiere dictamen de precalificación profesional, sin perjuicio de su presentación facultativa o de los supuestos en que resulte exigido.
2. Mayor flexibilidad para definir el objeto social: El objeto podrá comprender una o más categorías de actividades, sin exigirse conexidad, complementariedad o accesoriedad entre ellas. En las SAS se admite expresamente la fórmula “la realización de cualquier actividad lícita”.
3. Incorporación de la sede electrónica: Las entidades podrán constituir, junto con su sede social física, una sede electrónica complementaria, mediante la declaración de una dirección de correo electrónico, con efectos frente a socios y terceros una vez inscripta.
4. Aportes dinerarios: Se amplían los medios admitidos para acreditar la integración de aportes en efectivo.
5. Cláusula arbitral: Se habilita expresamente la inclusión de cláusulas arbitrales en los instrumentos constitutivos.
6. Documentos registrables: Se simplifican y unifican los requisitos aplicables a los instrumentos constitutivos y a los actos posteriores a la constitución (escritura pública, instrumento privado con firma certificada o digital, y documento electrónico con firma digital de los otorgantes).
Cada modificación introducida responde a la verificación de que el requisito eliminado o flexibilizado reiteraba lo ya establecido por la Ley General de Sociedades, el Código Civil y Comercial de la Nación y otras normas, o imponía recaudos formales que no aportaban una utilidad verificable a la función registral.
Por otra parte, la normativa establece reglas específicas para los aportes de capital realizados con activos virtuales, como las criptomonedas. En estos casos, el instrumento constitutivo deberá individualizar la clase, cantidad y valor asignado de los activos, además de identificar al socio aportante.
También se deberá acreditar que el aportante era titular de esos activos antes de realizar el aporte y depositarlos en una billetera o plataforma de un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), a nombre de los administradores designados, con el compromiso de transferirlos a la sociedad una vez obtenida su CUIT.
El valor deberá acreditarse mediante una certificación profesional sobre el valor de plaza a la fecha de constitución o mediante una cotización emitida por un PSAV registrado.
“La medida se suma al proceso de revisión y simplificación normativa que la IGJ viene desarrollando durante 2026, que incluyó modificaciones en materia de inscripción de directores, administradores societarios, sociedades constituidas en el extranjero, digitalización registral, presentación de estados contables, notificaciones electrónicas y tramitación digital”, aseguraron fuentes oficiales.
La decisión se da en un contexto en que iniciar una actividad económica en Argentina puede requerir 4.496 horas de trámites, más del doble del promedio latinoamericano de 2.005 horas, de acuerdo con el Índice de Burocracia del Adam Smith Center 2025.
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