En medio de la “ola antiargentina” que inundó las redes sociales tras la derrota de la selección en la final del Mundial de fútbol, el Gobierno evalúa volver a la carga con proyectos relativos al arancelamiento de la universidad y la salud pública para los residentes no permanentes.

La chance se produce luego de que diputados bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) presentaran un proyecto en este sentido en la Legislatura. La iniciativa de Agustín Romo, jefe del bloque y cercano al estratega Santiago Caputo, surgió a raíz del reclamo de tuiteros libertarios que cuestionaron la prestación de servicios públicos a extranjeros que tildaron a los argentinos de “racistas” y festejaron su derrota.

Fuentes del bloque de diputados de LLA en el Congreso indicaron a que “siempre” intentan presentar “proyectos en espejo” en Nación y la Legislatura bonaerense. Algo similar ocurre con el Legislativo porteño. “Este puede ser el caso”, dijo la fuente consultada.

“Es probable, pero hay que esperar”, sostuvo una persona al tanto de los movimientos en la Cámara baja, en diálogo con .

A su vez, agregaron que aún no definieron si el proyecto sería presentado por el Poder Ejecutivo –y así tener una fuerte promoción– o por los propios legisladores. “Las dos [opciones] son posibles”, deslizó.

Un diputado de Pro señaló a que “no es una buena decisión de política pública salir en caliente porque te insultan desde Uruguay, Brasil y Chile porque perdiste una final”. Considera que un debate integral sobre la educación universitaria debería darse en un “ambiente más calmo, que no esté teñido por pasiones coyunturales”. Y opinó que “es medio xenófobo” presentar un proyecto de este estilo en estas circunstancias.

En cambio, un senador oficialista rechazó la posibilidad de que se presente una iniciativa semejante. A pesar de ratificar su acuerdo con el arancelamiento universitario, aseguró que “no hay nada pensado así” y advirtió que la salud es una competencia provincial y que las universidades ya “pueden cobrar a extranjeros desde el DNU”, pero que tienen la potestad de definir por sí mismas si hacen uso de esta facultad.

El decreto al que refirió el legislador es el 366/2025, que en mayo del año pasado habilitó la posibilidad de que las universidades cobren aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. En concreto, en ese momento se modificó el artículo 2 bis de la Ley de Educación Superior y se eliminó la prohibición a que las instituciones de educación superior de gestión estatal tengan aranceles y decretaron que podrán “establecer retribuciones por los servicios de educación” para los ciudadanos que no sean argentinos nativos o por opción y todo extranjero que no cuente con residencia permanente.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, se inmiscuyó en el debate en la red social X –que aún estaba dominado por tuiteros y referentes bonaerenses– para aclarar que el decreto se encuentra vigente.

La diputada nacional Patricia Vásquez (LLA), alfil de la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, citó el mensaje de Álvarez y agregó: “Son las propias universidades [las] que pueden y no cobran a extranjeros y después hacen marchas y piden más presupuesto que pagamos todos los argentinos con más impuestos. ¿Clarito, no?”.

Su par Alejandro Fargosi (LLA) sumó que “no hay ningún motivo para que demos gratis nada al resto de los habitantes del mundo”.

Mientras, Bullrich publicó la imagen de una nota de titulada “Buenos Aires, la preferida por los universitarios de América Latina” y agregó, en tono irónico: “¡Somos los peores! Pero los más elegidos”.

Más tarde, compartió un mensaje de Álvarez en el que señaló que, con el decreto del Gobierno vigente, “ahora les corresponde a las universidades cobrarles a los estudiantes que no sean residentes permanentes”.

La posibilidad de que se presente una iniciativa que afectaría a los extranjeros se da en paralelo al debate legislativo sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye un capítulo –por cuya falta de acuerdo con los aliados se postergó tres veces el tratamiento de la ley en el Senado– que habilita la venta de tierras a personas y capitales extranjeros.

Por su parte, el sector universitario fue, durante los dos años y medio de gestión de Javier Milei, uno de los principales focos de conflicto para el Gobierno. En junio pasado, la administración nacional, rectores universitarios y representantes gremiales llegaron a un acuerdo económico para destrabar el conflicto presupuestario. La propuesta acordada fue un aumento salarial del 24,33% –21,33% para junio y un 3% adicional en octubre– y refuerzos para becas, hospitales y gastos de funcionamiento.

Además, la Corte Suprema dejó firme un mes atrás la medida cautelar que obliga a pagar un incremento salarial del personal docente y no docente en las universidades, llamar a paritarias e incrementar el presupuesto para becas previsto en la ley de financiamiento universitario aprobada en el Congreso en agosto de 2025. En la práctica, el fallo deja firmes aspectos similares a los que acordaron el Gobierno, los rectores y los gremios.

Los diputados libertarios Sabrina Ajmechet y Damián Arabia, cercanos a Bullrich, esquivaron en redes sociales el asunto universitario y se limitaron a rechazar los dichos que tildan a los argentinos de racistas.

En la misma línea, la diputada Lilia Lemoine (LLA) sostuvo que “estar del lado del progreso de Occidente tiene consecuencias”, en referencia al alineamiento internacional del gobierno de Milei. El Presidente compartió su mensaje y otros tuits que hacen referencia a una “campaña mundial antiargentina” y a una operación internacional para instalar que el país es racista.

Esta mañana se posicionó explícitamente en el conflicto, aunque evitó referirse a la cuestión del arancelamiento universitario y sanitario para residentes no permanentes. Primero afirmó que es “absolutamente cierto” un mensaje del intelectual libertario Agustín Laje, en el que aseguró que “el kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña antiargentina”.

Minutos después, el Presidente publicó un tuit con una cita a Winston Churchill, que traducida al español reza: “¿Tenés enemigos? Bien. Eso significa que te plantaste por algo, en algún momento de tu vida”.

El proyecto bonaerense

El proyecto que ayer presentó Romo en la Legislatura bonaerense cuenta con la firma de 12 diputados de LLA y de Alejandro Rabinovich, presidente del bloque Pro. Propone establecer un régimen de arancelamiento a las prestaciones sanitarias brindadas por los establecimientos públicos provinciales y retribuciones por los estudios cursados en universidades bonaerenses de gestión estatal. Sería aplicable a los extranjeros que no acrediten residencia permanente en el país. A su vez, estipula que nadie podrá ser rechazado, demorado ni condicionado en casos de urgencia, en el caso de los servicios sanitarios.

“Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros”, sostuvo Romo, en diálogo con . “Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato”, agregó el autor de la iniciativa.

“Muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas. Bueno, se acabó. El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país”, concluyó.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Juanes Osaba, explicó a que “la propuesta busca ordenar y optimizar el uso de los recursos públicos”, con el objetivo de “priorizar a quienes contribuyen día a día” en la Provincia.

“No le negamos la atención médica de urgencia a nadie porque la vida es lo primero, pero es momento de terminar con la gratuidad para extranjeros no residentes en servicios programados o carreras de grado; cada peso recaudado irá a equipar nuestros hospitales, mejorar las guardias e invertir en nuestras facultades”, agregó Osaba.