El Gobierno siguió con cautela la repercusión de los avances de la investigación de Estados Unidos sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio de versiones cruzadas dentro del propio oficialismo sobre el alcance de las medidas y sobre cómo debe seguir el vínculo con la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia.

En un sector del Ejecutivo sostuvieron que semanas atrás ya habían sido notificados sobre “movimientos” del FBI vinculados al titular de la AFA y que, después de las versiones sobre un operativo en el aeropuerto de Nueva York, les confirmaron lo sucedido. En otros despachos oficiales dieron una versión opuesta: aseguraron que era falso que les hubieran incautado teléfonos y dispositivos a dirigentes de la AFA y que Tapia no estaba citado.

La AFA salió luego a negar públicamente la información a través de un comunicado. La entidad sostuvo que el documento judicial del Distrito Sur de Florida “no constituye una citación” dirigida a Tapia ni al tesorero Pablo Toviggino, y afirmó que también era falso que se les hubieran incautado celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.

El texto mencionó explícitamente ese punto: aseguró que el documento “no dispone ninguna medida personal” respecto del presidente ni del tesorero, “no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad”.

Después de esa respuesta, en la Casa Rosada eligieron el silencio público sobre el supuesto operativo de agentes del FBI en el aeropuerto JFK y la demora a Tapia que había trascendido en las últimas horas. En Balcarce 50 evitaron hacer una lectura oficial y dejaron que la discusión se moviera entre la investigación judicial estadounidense, las publicaciones periodísticas y la defensa pública de la AFA.

El expediente en Estados Unidos analiza movimientos financieros vinculados con la operatoria internacional de la AFA y la empresa TourProdEnter, ligada al empresario Javier Faroni. La investigación pone el foco en contratos comerciales, patrocinadores, derechos de televisión, amistosos, fondos canalizados por bancos estadounidenses y el destino final de recursos vinculados con la Selección.

Hasta ahora, según la información disponible, no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas. El punto judicial más concreto conocido es una citación a un tercero ante un Gran Jurado del Distrito Sur de Florida para que aporte documentación y comunicaciones vinculadas con TourProdEnter y con distintas personas relacionadas con la AFA.

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En el Gobierno siguen el caso con atención porque la AFA ya forma parte de la agenda judicial y política del oficialismo. ARCA amplió en mayo una denuncia penal contra la entidad por presunta evasión tributaria, facturación apócrifa y maniobras para ocultar destinatarios finales de fondos por más de $289 millones. Sin embargo, en Nación sostienen ahora que no prevén ampliar esa presentación en el corto plazo.

La definición marca un cambio de tono respecto de la ofensiva inicial del Ejecutivo contra la conducción del fútbol argentino. “Javier quería meterlo preso a Toviggino. Ahora parece que la idea es otra”, agregan en Nación sobre la nueva lectura interna del vínculo con la AFA.

La discusión también alcanza al proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Más allá de la intención inicial de algunos integrantes de la mesa política de avanzar contra el esquema tradicional de la AFA, en la Casa Rosada no creen que impulsen las SAD en el corto plazo. La prioridad, al menos por ahora, es evitar un frente de conflicto adicional antes de las elecciones de 2027.

En el Gobierno conviven dos miradas. Un sector cree que la investigación estadounidense puede debilitar políticamente a Tapia y abrir una oportunidad para retomar la agenda de reformas en el fútbol. Otro sector considera que el oficialismo no tiene margen para abrir una pelea directa con la AFA, especialmente después del Mundial y en la previa de una campaña nacional.

Esa cautela también se explica por el impacto social de la Selección. En el Ejecutivo entienden que cualquier choque con la AFA puede contaminar la relación con el plantel, con los hinchas y con el clima posterior al Mundial. Es por eso que la idea que gana lugar es sostener un vínculo sin mayores sobresaltos, aun en medio de las investigaciones judiciales.

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La descoordinación quedó expuesta también en los festejos de la Selección. La Casa Rosada intentó organizar una recepción protocolar y hubo sectores del entorno presidencial que quisieron adjudicarse gestiones para acercar al equipo a Balcarce 50. Pero la coordinación con la AFA fue limitada y terminó marcada por idas y vueltas, versiones cruzadas y falta de una foto política fuerte para Milei.

En Nación reconocen que el vínculo con Tapia seguirá bajo observación. La investigación en Estados Unidos, la causa local por presunta evasión y las disputas por el manejo del fútbol mantienen a la AFA en un lugar sensible para la agenda de La Libertad Avanza. Pero, por ahora, no planean una escalada institucional inmediata.

En el entorno del jefe de Estado prevén separar los planos: mirar de cerca lo que ocurra en la Justicia estadounidense, sostener la denuncia de ARCA en la Argentina y evitar que la agenda política con la AFA se transforme en un conflicto abierto. La decisión responde a una lectura electoral: quieren ordenar sus prioridades antes de 2027 y no sumar una pelea con el fútbol si no tiene un beneficio claro.

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El general retirado Jorge Berredo fue anunciado este miércoles como secretario de Seguridad del municipio de San Isidro. La designación fue dispuesta por el intendente Ramón Lanús y representa la incorporación de un militar con más de cuatro décadas de carrera en las Fuerzas Armadas a la conducción de la política de seguridad local.

De acuerdo a la información que destacó el municipio, Berredo acumula experiencia en el mando de organizaciones complejas, la gestión de crisis y la articulación entre organismos, tanto en funciones desarrolladas dentro del país como en el exterior. Entre sus antecedentes figura el cargo de Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas (FFAA), posición desde la cual supervisó la vigilancia de espacios aéreos, marítimos, terrestres y cibernéticos de jurisdicción nacional, además de coordinar operaciones de asistencia humanitaria en las 14 zonas en que se divide el territorio argentino.

Su trayectoria incluye también la conducción de la brigada aerotransportada del Ejército —parte de la primera respuesta militar— y un rol de segundo a cargo de una reserva estratégica durante la cumbre del G-20, con planes de actuación ante la eventualidad de un atentado terrorista. En sus años de formación, integró y lideró organizaciones de comandos y paracaidistas.

La Cámara Nacional Electoral le otorgó reconocimiento por los resultados obtenidos en la custodia y seguridad del acto electoral de 2023, mientras que el Ministerio del Interior lo ponderó por la optimización presupuestaria en ese proceso. Otro de los episodios que marcaron su carrera fue la evacuación de 900 ciudadanos argentinos desde Israel en el contexto del conflicto bélico, en el marco de la denominada Operación “Regreso Seguro”.

La salida de Berredo de las FFAA no estuvo exenta de polémicas. En noviembre de 2024, el entonces Comandante Operacional presentó ante el jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier general Xavier Isaac, una denuncia en la que aseguró haber recibido presiones para renunciar a su cargo. El militar afirmó que el subjefe del Ejército, Carlos Carugno, le habría hecho llegar a través de un intermediario la advertencia de que, si no dejaba el puesto, se tomaría una medida en perjuicio de su pareja, también integrante de la fuerza.

La investigación interna que siguió a esa presentación concluyó el 2 de septiembre de 2024 sin determinar faltas graves por parte de los acusados. El entonces jefe del Ejército Carlos Alberto Presti, hoy ministro de Defensa, dispuso el archivo de las actuaciones al no detectar “conductas con entidad suficiente para ser susceptibles de reproche disciplinario”. Pese a ese resultado, Berredo ya había sido apartado por la vicepresidenta Victoria Villarruel del listado de militares enviado al Senado para la aprobación de ascensos.

En San Isidro, Berredo tomará el relevo de una cartera que durante los últimos ocho meses estuvo a cargo del secretario de Gobierno comunal, José Sánchez Sorondo, en conjunto con el subsecretario Fernando Ruíz, quien continuará en su puesto. Según la gacetilla municipal, bajo esa gestión todos los delitos graves bajaron más de un 20%, se crearon las Brigadas de la Patrulla Municipal y se implementó una nueva estrategia de seguridad en el barrio La Cava, en Beccar, orientada a desarticular bandas criminales y recuperar el control territorial.

Desde abril, por primera vez, las Brigadas ingresaron a patrullar ese barrio de manera cotidiana junto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desplegada de forma permanente en el partido. A ese esquema se sumó la Gendarmería Nacional, que modificó su modalidad de trabajo y pasó de puestos fijos a un patrullaje dinámico.

El municipio también amplió el despliegue territorial hasta alcanzar las 130 patrullas, 39 motocicletas y recorridos preventivos a pie. El sistema de videovigilancia cuenta hoy con 2.910 cámaras —equivalentes a nueve por cada mil habitantes— y el cierre del Anillo Digital incorporó 200 lectoras de patentes en los accesos y puntos estratégicos del distrito. San Isidro es, según la gacetilla, uno de los pocos municipios que cruza en tiempo real la información sobre ciudadanos y vehículos con bases de datos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Otro componente del esquema preventivo es el programa Ojos en Alerta, activo desde hace dos años, que permite a los vecinos reportar situaciones sospechosas mediante WhatsApp y establece contacto directo con el Centro de Operaciones Municipal, próximo a ser inaugurado tras su ampliación y modernización.

“La incorporación de Jorge Berredo forma parte de la decisión del Municipio de seguir fortaleciendo nuestra política de seguridad, con el objetivo de que los vecinos vivan cada día más tranquilos”, afirmó la intendencia de Lanús en el comunicado oficial.

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