POLITICA
El Gobierno planea una megasesión en Diputados y apunta a aprobar pliegos judiciales clave en Senado en agosto
El Gobierno busca concentrar en agosto dos movimientos centrales de su agenda legislativa. Apunta a votar en una única sesión de la Cámara de Diputados los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, mientras que prevé aprobar en el Senado los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal porteña junto con otras postulaciones judiciales.
El Ejecutivo trabaja para llevar los dos proyectos económicos al recinto de la Cámara Baja hacia fines del mes próximo. La estrategia responde a la lógica que suele aplicar el presidente de Diputados, Martín Menem, que evita abrir el recinto para tratar una sola iniciativa y prefiere convocar cuando tiene garantizados los votos para aprobar un paquete más amplio.
La Casa Rosada quiere que Javier Milei anuncie la reforma del Banco Central la semana que viene antes de remitirla formalmente al Congreso. En despachos oficiales señalan que el formato más probable es una cadena nacional, aunque la decisión definitiva dependerá del cierre técnico del texto y del esquema de comunicación que termine de ordenar el entorno presidencial.
En Balcarce 50 presentan esa iniciativa como una de las principales banderas económicas del segundo semestre. El núcleo de la modificación apunta a limitar el financiamiento directo e indirecto del BCRA al Tesoro, revisar los adelantos transitorios y las transferencias de utilidades, y reforzar las garantías de independencia de la autoridad monetaria.
En Nación buscan tratarla junto con la nueva versión de Inocencia Fiscal. El proyecto pretende fortalecer el denominado “tapón fiscal”, reducir las posibilidades de que ARCA revise períodos anteriores de los contribuyentes que adhieran al régimen y ampliar los canales para que los fondos ingresen al sistema financiero y se canalicen hacia el mercado de capitales.
El oficialismo considera que ambas propuestas pueden sostener una misma narrativa política: impedir que futuros gobiernos vuelvan a financiar el déficit con emisión y ofrecer mayores garantías para formalizar ahorros que permanecen fuera del sistema. La intención es mostrar los dos textos como parte del paquete económico con el que Milei planea encarar la campaña de 2027.
El Gobierno no prevé, en cambio, avanzar en el corto plazo con la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido como PCT. Aunque la iniciativa ya se encuentra en el Congreso y cuenta con dictamen, no forma parte del temario prioritario que la mesa política busca reunir para la sesión prevista hacia fines de agosto.
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El Ejecutivo concentra otro frente en la Cámara alta. En la mesa política aseguran que buscarán votar durante el mismo mes los pliegos de Bertuzzi y Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, junto con otras designaciones de jueces, fiscales y defensores.
La Casa Rosada sostiene que ya existe un acuerdo para que ambas postulaciones sean aprobadas. Los expedientes tomaron estado parlamentario en la última sesión del Senado y fueron girados a la Comisión de Acuerdos, que deberá completar el proceso de audiencias antes de habilitar su tratamiento en el recinto.
En Balcarce 50 siguen especialmente esos nombramientos por la relevancia del tribunal. La Cámara Federal porteña revisa procesamientos, sobreseimientos, faltas de mérito y otras resoluciones de los jueces de primera instancia de Comodoro Py en expedientes por corrupción, delitos económicos, lavado de activos y crimen organizado.
En Nación reconocen que por ese cuerpo pasan causas sensibles para la administración libertaria. Entre ellas figuran la investigación por $LIBRA, el expediente por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y la situación judicial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, además de otros procesos de alto impacto político.
El oficialismo se entusiasma con el movimiento y admite internamente que la nueva composición podría funcionar como un nuevo eje de presión frente a las decisiones de primera instancia. La Cámara no puede impedir que los jueces investiguen, pero sí tiene facultades para confirmar, revocar o modificar sus resoluciones y determinar el rumbo de los expedientes cuando llegan en apelación.
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El Gobierno convirtió la cobertura de vacantes en una de sus principales agendas después de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. La nueva conducción aceleró el envío de candidatos al Senado, profundizó las negociaciones con bloques dialoguistas y ya superó el centenar de designaciones entre jueces, fiscales y defensores.
El Ejecutivo dejó en claro esa prioridad en la última sesión de la Cámara alta. Para la mesa política, el principal objetivo era aprobar la tanda de pliegos judiciales, que finalmente recibió luz verde, por encima de la necesidad de avanzar de inmediato con el paquete de propiedad privada.
La Casa Rosada reconoce que la postergación de esa última iniciativa generó tensión con la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, pero sostiene que no alteró el orden de urgencias. La apuesta para agosto será concentrar en Diputados las reformas económicas que Milei quiere exhibir como ejes de gestión y completar en el Senado nombramientos sensibles para la estructura de la Justicia federal.
Gobierno, Diputados, Senado
POLITICA
Qué piensan los argentinos sobre la política: una encuesta analizó la representación, las instituciones y el liderazgo
Una encuesta de Zeta Consultora reveló que la mayoría de los argentinos prioriza la gestión eficaz y la honestidad en los líderes políticos. Al mismo tiempo, se observa un descontento con la capacidad de los partidos para representar sus intereses. El estudio también muestra que la figura de la “casta” política sigue en debate y que la sociedad demanda mayor participación ciudadana.
El estudio consultó sobre la representación política. La mayoría de los encuestados respondió que los partidos políticos muestran una capacidad de representación menor que en el pasado. Esta percepción se mantiene, aunque los consultados diferencian entre la política como actividad y los actores que la encarnan. Según los resultados, si surgiera un dirigente capaz de representar intereses reales, la confianza podría recuperarse.
El sondeo también abordó el debate sobre la “casta” política. La encuesta reflejó que, a pesar de la incorporación de dirigentes tradicionales en el gobierno, los ciudadanos siguen valorando la imagen de quienes se presentan como ajenos a la estructura política tradicional. El presidente Javier Milei aparece como figura central en este fenómeno.
Capacidad de gestión y honestidad: las prioridades de la sociedad
La encuesta preguntó a los participantes cuáles son las características más importantes en un líder político. El 41% seleccionó la gestión como el atributo fundamental, seguido por la honestidad, elegida por el 40%. La claridad en las ideas obtuvo el 15%, mientras que la capacidad de comunicación y el carisma fueron menos relevantes.
Los datos muestran que la sociedad argentina busca que sus dirigentes resuelvan problemas concretos y actúen con transparencia. Entre los comentarios recogidos, muchos ciudadanos expresaron que pueden tolerar errores en la administración, pero no situaciones vinculadas a la corrupción o el desvío de fondos públicos.
El relevamiento permitió elegir más de una opción, lo que indica que los participantes consideran necesario un equilibrio entre eficacia en la gestión y conducta ética. El pragmatismo y la transparencia ocupan así un lugar central en la demanda social.
Representación y vínculos con la ciudadanía
El estudio de Zeta Consultora también preguntó si los dirigentes pueden comunicarse directamente con la ciudadanía sin intermediarios. El 44% de los encuestados respondió afirmativamente y el 22% parcialmente. Siete de cada diez consideran posible una relación directa, facilitada por el uso de redes sociales y nuevas formas de interacción.
Otra pregunta indagó sobre la institución que mejor representa las preocupaciones ciudadanas. El 40% eligió a las organizaciones sociales en sentido amplio, mientras el 30% afirmó que ninguna institución cumple ese rol. Los municipios y los partidos políticos quedaron por debajo, y el Congreso fue la opción menos mencionada.
Este panorama muestra un distanciamiento entre la ciudadanía y la política formal. Los municipios aparecen como el espacio más cercano, aunque la posibilidad de contacto directo varía según el tamaño de la localidad.
Participación social, instituciones y acuerdos políticos
Al mismo tiempo, la encuesta consultó a los participantes sobre las necesidades más urgentes para mejorar el país en el futuro. El 54,8% destacó la necesidad de mayor participación ciudadana. Esta opción incluye la actuación en diferentes sectores sociales, no limitada a la militancia partidaria.
El fortalecimiento de las instituciones ocupó el segundo lugar, con el 23% de las respuestas. La justicia figura como ejemplo de institución identificada por los encuestados. Solo el 16% consideró prioritario alcanzar más acuerdos políticos, lo que refleja un bajo nivel de valoración del consenso en la sociedad argentina.
La demanda de participación y el llamado a instituciones fuertes muestran la preocupación de la ciudadanía por la calidad del sistema democrático. La confianza en los partidos y el Congreso permanece baja, mientras crecen las expectativas sobre el rol de actores sociales y municipales.
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Los jueces son conscientes de la pérdida de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial y hacen su propio diagnóstico: los procesos son lentos, los tribunales no tienen un sistema de gestión moderno y les gana la burocracia.
En el marco del proceso de reforma judicial que impulsa la Corte Suprema, les preguntó a nueve jueces -incluidos magistrados de Comodoro Py y representantes de los tribunales de las provincias- cuáles son las principales deudas de la Justicia con la sociedad y qué cambios son prioritarios.
En materia penal, los jueces coinciden en que es necesario reducir los procedimientos a las formas mínimas indispensables, eliminar tiempos muertos y oralizar los trámites.
A nivel federal está en marcha la implementación de un nuevo Código Procesal acusatorio, más moderno, cuya aplicación impulsa el Gobierno, pero que demorará varios años en llegar a todo el país (incluso a la Justicia Federal de la Capital). Hasta que termine de implementarse, algunos jueces federales recomiendan, en línea con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, algunas reformas legales al sistema actual. Otros, en cambio, creen que hay que apostar directamente al sistema acusatorio.
En todos los fueros hay consenso en la necesidad de ser más abiertos para que la gente conozca cómo se toman las decisiones y contar con un sistema de gestión que permita que los jueces solo se ocupen de las decisiones judiciales.
Los representantes de los tribunales del interior piden que se diseñen reformas teniendo en cuenta la autonomía de las justicias de las provincias y sus diferentes necesidades. «A veces la mirada se detiene en los tribunales que funcionan en la ciudad de Buenos Aires», se quejó Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). Los tribunales provinciales atienden el 80% de los casos que plantea la gente, advirtió.
El presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias (Jufejus), Rafael Gutiérrez, coincidió en que los problemas en las provincias muchas veces son otros. Dijo, por ejemplo, que en muchos lugares ya se aplica un Código Procesal acusatorio y que está muy avanzado el proceso de «digitalización» de los expedientes. En otros distritos, incluida Buenos Aires, hay tribunales que siguen cosiendo los expedientes con aguja.
Una idea central en la que coincidieron todos los jueces es que deben tener presente que la Justicia es un servicio, que los ciudadanos son los usuarios y que necesitan una mejor respuesta.
Claudio Bonadio, juez criminal y correccional federal de la Capital Federal
Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial
Sebastián Casanello, juez criminal y correccional federal de la Capital Federal
Susana Medina, presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas
Angela Ledesma, jueza de la Cámara Federal de Casación
Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
Julián Ercolini, juez criminal y correccional federal de la Capital Federal
Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación
Rafael Gutiérrez. presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
Hernán Cappiello,Paz Rodríguez Niell,LA NACION,Política
POLITICA
La dura advertencia de un gobernador patagónico al sindicato docente que anunció medidas de fuerza
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cruzó a la Unión de Trabajadores de la Educación de la provincia (UNTER), el sindicato que representa a los docentes, tras anunciar un paro para lunes y martes de la semana próxima, cuando deberían reanudarse las clases luego del receso invernal. Por el caso, el gobierno local anticipó que le descontará los días no trabajados a quienes adhieran a la medida.
El paro se sustenta en un reclamo por mejoras salariales aunque el mandatario relativizó el planteo y aseguró que “los docentes rionegrinos están entre los que mejor cobran a nivel nacional, siendo la tercera provincia con mejores salarios”.
La estrategia de la conducción sindical es recurrente, ante cada inicio del período escolar. La agrupación sindical anunció la medida de fuerza para intentar forzar al gobierno a aplicar un ajuste en la escala salarial.
Sin embargo, para camuflar el discurso, esgrimieron razones edilicias en los establecimientos educativos para suspender el reinicio de las clases. “Mientras no llegan respuestas del Gobierno provincial, las escuelas siguen enfrentando problemas que no pueden esperar. Los edificios se deterioran”, denuncian.
Sostuvieron que los edificios escolares “necesitan mantenimiento” y manifestaron que hay “cargos que desaparecen, sobrecarga laboral, salarios que siguen perdiendo frente al costo de vida”.
Weretilneck dijo que “Río Negro es de las pocas provincias que incrementa los sueldos por inflación, hemos pagado sueldo y aguinaldo en un solo día, y el primer día hábil del próximo mes los trabajadores provinciales tendrán sus salarios depositados”.
Aseguró que “todas las acciones sobre los trabajadores de la educación son de respeto, intentando sostener por todos los medios el poder adquisitivo de los salarios”. El gremio, sostuvo, “decidió esta medida de fuerza, a pesar de que la provincia no va a dar más allá de lo que indican los índices de inflación”.
“Lamentablemente los niños no tendrán clases lunes y martes por esta actitud del sindicato docente, tampoco su comedor ni el refrigerio, por lo tanto no hay otra respuesta que el descuento de los días no trabajados” anunció el mandatario rionegrino.
El sindicato rechazó la oferta oficial relacionada a incrementos fijados a partir del índice inflacionario.
“No hay motivos para ir al paro, no es justo” dijo el mandatario y agregó que “más de que lo estamos haciendo no podemos hacer”.
Se trata de la tercera medida de fuerza, por motivos similares, que el sindicato provincial realiza en 2026.
La primera de ellas fue en febrero, a pocos días del inicio de clases, cuando no solo se limitó al clásico cese de actividades, sino que además realizó una medida de fuerza con una protesta en la ruta nacional 23.
En abril, la protesta tuvo cortes intermitentes y permanencia sobre la Ruta Nacional 151, con fuerte visibilización territorial del conflicto. Hubo paro los días 16 y 17 de ese mes.
En mayo, el gremio anunció un paro provincial de 48 horas con actividad central en Cipolletti y acciones en todas las seccionales al día siguiente, lo que muestra una estrategia de combinación entre acto focalizado y despliegue provincial.
En esa ocasión, los afiliados incluso reprocharon a la conducción la forma de encarar el conflicto y solicitaron otros métodos de reclamo.
En años anteriores, la UNTER puso en práctica otras medidas de fuerza similares. En julio de 2025 el sindicato resolvió un paro de 48 horas para el reinicio de clases, luego del receso invernal, por conflicto salarial y por el pago no realizado de un bono.
En octubre de ese año el congreso de esa agrupación sindical rechazó una instancia de paritaria y también dejó a los estudiantes sin clases durante dos jornadas.
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