POLITICA
La cocina de las fake news: así se fabrican las noticias falsas en campaña

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Albores del año electoral. El asesor de un político llama a un amigo, dueño de un sitio web que presenta como medio de noticias. Quiere «mover» información en contra de un opositor. Arreglan el costo, un par de clicks y la nota está online. Ahora hay que hacerla circular. Llama a un agente de comunicación y se pone en marcha la ingeniería de trolls y cuentas de reproducción automática. El link circula. Se esparce por muros, timelines y chats. Recibe comentarios y «me gusta». Resta esperar que «lo levante» algún referente con muchos seguidores o un medio masivo. Si la noticia falsa «prende» entre los usuarios y se propaga por la web, será un éxito.
El caso corresponde a la experiencia de un consultor de comunicación virtual con el encargo de una noticia falsa. Y aunque el proceso de creación de una fake news tiene múltiples variantes, el objetivo es siempre el mismo: manipular la opinión pública a través de una mentira que se presenta como dato verdadero. Aunque los especialistas en verificar información (fact-checkers) recomiendan que se las llame «desinformación».
En la Argentina aparecen cada vez con mayor frecuencia y dirigentes, políticos, y ONGs temen que este año electoral circulen más que nunca. Sobre todo después de la experiencia de las elecciones en Brasil, donde las noticias falsas marcaron a fuego el proceso electoral, en especial vía WhatsApp.
Según pudo reconstruir en base a entrevistas con políticos, periodistas, consultores y académicos especializados en comunicación digital, en la Argentina las fake news se producen y reproducen por instrucciones de entidades con intereses específicos: partidos políticos, financieras, gobiernos y figuras públicas les dan el impulso inicial y luego dejan que funcione la maquinaria de consumo de información en redes, donde chequear no es lo más habitual.
Los principales partidos niegan difundir contenidos falsos y acusan a sus contrincantes. En el Pro las consideran «contraproducentes» y dicen que el kirchnerismo tiene una «megausina» de fake news. En Unidad Ciudadana están convencidos de que el partido de Mauricio Macri promueve este tipo de publicaciones. Incluso Cristina Kirchner denunció que medios masivos de comunicación dieron fake news en su contra.
Mientras tanto, en el mundo virtual circulan noticias falsas en contra de referentes de uno y otro extremo del espectro ideológico, así como contra referentes de otros partidos. La dirigente de SOMOS, Victoria Donda, denunció varios ataques de este estilo durante el debate por el aborto. Este año circularon noticias basadas en una foto de una mujer que se le parecía, consumiendo cocaína.
Otro ejemplo tuvo lugar después del último festival Lollapalooza. Circuló en redes sociales un video en el que aparece un grupo de personas bajando de una aeronave, con una leyenda que apuntaba que una de ellas era hija de la gobernadora María Eugenia Vidal. No era cierto.
Los casos abundan. Es difícil medir la cantidad que circula, pero aventurar que aparecen a diario, sobre todo a medida que se acercan las elecciones, no parece una afirmación lejana de la realidad.

DESINFORMACIÓN
No existe una definición oficial del concepto de desinformación o fake news. ONGs, gobiernos, medios de comunicación y diccionarios ensayan interpretaciones y suelen coincidir en que se trata de contenidos falsos que buscan desinformar.
El reporte sobre medios británicos «Cairncross Review», publicado por el gobierno de Gran Bretaña en febrero, describe a las fake news como «desinformación [entendida como] la creación o diseminación deliberada de información falsa o manipulada que busca engañar o llevar a conclusiones erradas a las audiencias, ya sea con el propósito de causar daño, o para lograr un rédito político, personal o financiero».

EL MECANISMO
La difusión de noticias falsas no es un fenómeno nuevo, pero las redes sociales les dieron un impulso inédito. Pueden producirse de manera orgánica si se trata de un partido, o terciarizarse. El precio que cobran las consultoras o agencias de prensa -que ofrecen las fake como servicio puntual o como parte de un pack de comunicación- depende de distintas variables, como plazos de publicación, tipo de red y despliegue. Si la desinformación se necesita para el mismo día se cobra más caro que si se planifica. Y si es un desarrollo de largo aliento (por ejemplo, los meses previos a la elección) se negocia con números que superan las seis cifras. Un paquete de comunicación por redes se paga a una consultora entre 30 y 40.000 pesos por mes, como mínimo. Además, existen sitios web que publican noticias y cobran por publicar desinformación.
La gente no chequea, es muy fácil reproducir una mentira
El monto también varía según la cantidad de redes sociales que abarquen. Una estrategia en Facebook y Twitter es más accesible, pero la expertise en Instagram no está tan generalizada, por eso es más caro.
«La gente no chequea, es muy fácil reproducir una mentira», dice por vía telefónica, con reserva de su identidad, un consultor en comunicación en internet que hace diez años maneja una agencia dedicada a la difusión en redes. Desde sus oficinas ofrece la creación de una noticia a través de uno de sus portales (en formato de noticia con título y copete) o exclusivamente en redes (por ejemplo, a través de un meme); y el mecanismo para reproducirlos a través de trolls y bots.
El éxito principal de una fake news radica en la cantidad de veces que es reproducida y la cantidad de «impresiones» que causa. Cuando el trabajo está encaminado, quienes las arman muestran a sus clientes las métricas que dan cuenta de los resultados tangibles: interacciones, alcance en cantidad de usuarios, compartidos. Aunque cuando se trata de WhatsApp, la medición es casi imposible.

FABRICACIÓN
Las piezas de desinformación toman diferentes formas con distintos niveles de sofisticación. ¿Qué se requiere para fabricarlas? Según los expertos, no demasiado. Para emular un sitio de noticias, simular una captura de un tuit de una cuenta verificada, crear un meme, «trucar» una foto o imprimir un texto sobreimpreso basta con manejar las herramientas básicas de un programa de edición de imagen. Pero también hay sitios web que facilitan la tarea con plantillas determinadas. No se presentan ni fueron creados para crear fake news sino para hacer bromas o dedicatorias, pero pueden servir a esos fines. Estas imágenes suelen circular con miles de reproducciones por redes sociales.
Sin embargo, las fotos son las versiones menos complejas de fake news. Para hacer más verosímil una noticia falsa se recurre a la creación de un sitio web (hay muchas opciones para hacerlo de forma gratuita) que sirva como plataforma para crear una URL (dirección web) donde se crea una «noticia» con título, bajada, foto y texto. Mientras mejor titulada y redactada esté, y mientras más profesional sea la foto, mejores posibilidades tendrá. Y si se postea en un sitio real de noticias que accede a publicar una fake news, el efecto será mayor.
Mientras tanto, la tecnología avanza, también a favor de la desinformación. Ya se encuentra vigente un sistemas que permite crear tergiversar imagen y sonido de imágenes de forma accesible y profesional para que, por ejemplo, determinada persona aparezca haciendo diciendo determinada acción o declaración que nunca hizo o dijo.
Y las fake news también influyen en Wikipedia. El sitio permite que cualquier usuario aporte información a cada página, siempre y cuando respalde cada afirmación con una cita en formato de url. El problema es que muchas veces la «enciclopedia», que suele ser utilizada como fuente confiable justamente por ese mecanismo, se transforma en una fuente falsa, gracias a las citas de noticias que aparecen como verdaderas, pero son falsas.
Mientras tanto, en el país se implementan distintas iniciativas para combatirlas. Desde ONG como Chequeado, que se dedica a la verificación de información, como desde las mismas redes sociales, ciertos medios tradicionales y algunos partidos políticos.
DIFUSIÓN
Un usuario que no responde a una organización puede crear una noticia falsa con un programa de edición de imágenes y difundirla a través de sus cuentas en redes sociales. Pero, a menos que tenga una cantidad significativa de seguidores, probablemente no logrará mayor impacto. Para que una fake news funcione es necesario «moverla» a través de programas de bots y uso de trolls. O lograr que tenga legitimidad. La difusión es la clave de la desinformación.
¿Cómo? A través de líderes de opinión o entidades respetadas. Un actor con millones de seguidores, un dirigente político una ONG de defensa de los animales pueden lograr -en general de forma involuntaria, con un simple retuit o reenviando un mensaje que les pareció creíble- que una noticia falsa se multiplique incontables veces. «Los políticos caen bastante, sobre todo los que manejan sus propias cuentas porque se niegan a tener un community manager», dice un consultor.
Cuando la desinformación ya está en circulación, entran en escena los usuarios «de a pie». Hombres y mujeres que no están organizados ni reciben instrucciones o paga o rédito político por difundir una noticia falsa pero las comparten en sus redes sociales personales porque las creen reales o no les importa el nivel de veracidad.
Si la fake news empezó en las redes de forma anónima, el impulso «final» (entre comillas porque no necesariamente ocurre sobre la última parte del proceso) lo pueden dar los medios de comunicación tradicionales cuando legitiman la información falsa reproduciéndola en sus plataformas, sean diarios, portales o canales de TV.
ARGENTINOS Y DESINFORMACIÓN
Medir cuánto influyen las fake news en la opinión pública es una tarea difícil. En general, los estudios disponibles en el mundo les preguntan a los usuarios si están al tanto de su existencia, qué piensan al respecto y cómo las enfrentan o procesan.
El 26% de los argentinos no chequea la veracidad de la información de actualidad que ve en portales de internet y mientras mayores son, menos verifican
En la Argentina uno de los estudios más recientes sobre el comportamiento de las audiencias frente a las fake news, de la agencia SOLO Comunicación, arrojó un resultado similar. El 26% de los usuarios no chequea la veracidad de la información de actualidad que ve en portales de internet y mientras mayores son, menos verifican.
«Una vez que se enteran de que una información que circula puede ser falsa, casi la mitad de los que confirman, el 48%, decide ignorarla. Un 28% avisa a sus contactos de la falsedad, un 12% bloquea a quien le envío la información y solo un 3% denuncia la publicación», detalló a Martín Romeo, director estratégico de la agencia, a cargo de la investigación.
También mostró que Facebook y Whatsapp son, en ese orden, las plataformas más utilizadas para compartir información de actualidad en la Argentina.
GRIETA: TERRENO FÉRTIL
La investigadora del Conicet, Natalia Aruguete, quien estudia la «activación de narrativas en redes sociales», asegura que los usuarios tienden a propagar (retuitear) los mensajes que coinciden con sus creencias previas y evitan exponerse y compartir contenidos que les generan «disonancia». Las fake news circulan en las redes con esta misma dinámica.
«En una red que se ha polarizado, es más probable que las noticias falsas se activen entre los usuarios más polarizados en su posicionamiento político e ideológico, siempre y cuando haya acuerdo con esa noticia falsa y su contenido coincida con la cosmovisión reinante entre tales usuarios. Es precisamente en una red social que ha polarizado su diálogo alrededor de un asunto donde mayor probabilidad de propagación (mediante likes o retuits) tendrán las noticias falsas», sostuvo la doctora en Ciencias Sociales y magíster en Sociología Económica.

Según Aruguete, las noticias falsas no modifican las ideas de quienes están más involucrados políticamente con un tema y, por ende, tienen mayor conocimiento al respecto, aunque dichas noticias «pueden agarrar desprevenidos a aquellas personas que no tienen mucho conocimiento sobre el asunto en cuestión».
Las fake news suelen tener un contenido muy llamativo, cosas que incluso hacen dudar, pero mucha gente las comparte porque concuerdan con lo que piensan, por ejemplo, sobre determinado político.
El politólogo Kevin Grunbaum, consultor en comunicación digital, que analiza los comportamientos en redes sociales a diario para asesorar a sus clientes, está convencido de que las noticias falsas «son más fértiles» en la grieta y asegura que la desinformación no tiende a cambiar opiniones sino a «radicalizar las posturas radicales».
El provecho de las fake no está en el efecto sobre los polos ideológicos -aunque son los que la hacen circular-, sino en el impacto sobre los votantes que no encuentran un candidato que los satisfaga. Es decir, los indecisos. «En ese caso sí creemos que puede torcer una opinión, hacia uno u otro lado», dice Grunbaum.
Por su magnitud, los indecisos son una pieza clave para las fuerzas políticas en las próximas elecciones. Según las últimas encuestas sobre intención de voto de la consultora Management & Fit y de la Universidad de San Andrés, el porcentaje de votantes que aún no se definió ronda el 40% del electorado.
En el comienzo del año electoral las fake news aparecen cada semana, a veces cada día, con distintos niveles de impacto, por temas diversos. Al final del proceso de propagación intervienen los usuarios que creen que esa información es real y la difunden. Son una parte crucial, pero también los más afectados por un mecanismo intencional y organizado, aunque de bajo costo, con consecuencias tan amplias como difíciles de medir, sobre todo, combatir.
Brenda Struminger,LA NACION,Política
POLITICA
Javier Milei aterriza en Washington para reforzar su alineamiento con Trump y ratificar su apoyo a los Bolsonaro en Brasil

Javier Milei aterrizará este miércoles por la mañana en Washington para iniciar una cargada agenda de dos días que mezcla reuniones con empresarios, distinciones y una fuerte señal de respaldo político a dos de sus aliados que se preparan para dos elecciones: Donald Trump en Estados Unidos y Flávio Bolsonaro en Brasil.
El Presidente llegará a la capital estadounidense a las 9.30 (hora argentina), acompañado por el canciller Pablo Quirno y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien finalmente se incorporó a la comitiva tras haberse quedado en Buenos Aires durante el último viaje de mediados de septiembre por la Asamblea General de la ONU.
En su primer día de la gira, la agenda de Milei comenzará por la tarde con dos reuniones con empresarios. A las 18.15 se encontrará con el argentino Andy Kleinman, vinculado al desarrollo de videojuegos, y media hora después con Harold Hamm, pionero del fracking y fundador de Continental Resources, una de las mayores petroleras privadas independientes de Estados Unidos.
El plato fuerte llegará a las 20, en la Official Hispanic Heritage Gala, en el Auditorio Andrew W. Mellon. Se trata de un evento privado, solo con invitación, organizado por Latino Wall Street, la plataforma de los influencers Gaby WallStreet y Tony Delgado, cercanos al trumpismo. Allí coincidirá con dirigentes y figuras próximas al Partido Republicano, además de otros referentes de la derecha global.
Además de recibir el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”, se prevé que Milei dé un discurso donde podría incluir un mensaje de respaldo electoral a sus socios geopolíticos.
“Se sabe el alineamiento del presidente Javier Milei con Trump y con los Estados Unidos, y por supuesto hay un apoyo explícito del Presidente en estas elecciones también”, dijo el vocero presidencial, Adrián Ravier, este martes en su conferencia de prensa semanal, en alusión a los comicios legislativos del 3 de noviembre. Y ratificó: “El Presidente por supuesto apoya a Trump en esta elección legislativa que va a ocurrir”.
A su vez, en esa misma gala Milei compartirá el rol de invitado de honor con Eduardo Bolsonaro, exdiputado, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano del actual candidato presidencial de la oposición. El propio Eduardo palpitó el evento este martes en sus redes: “Mañana en Washington DC estaré compartiendo escenario con el presidente Javier Milei”.
El encuentro tiene un trasfondo tanto político como judicial. Eduardo Bolsonaro vive en Estados Unidos desde 2025 y tiene una condena firme en su país. En junio, el Supremo Tribunal Federal lo sentenció a cuatro años y dos meses de prisión por coacción en el curso de un proceso judicial, al considerar que presionó a la administración de Trump para que impusiera sanciones con el fin de influir en el juicio contra su padre. La condena quedó firme a comienzos de este mes y el jueves pasado el juez Alexandre de Moraes ordenó su arresto, el inicio del cumplimiento de la pena y la anulación de sus pasaportes brasileños. Eduardo rechazó la medida en X y la calificó de arbitraria.
“Nos llama la atención cómo ha actuado la justicia en relación con el hermano del candidato a presidente Bolsonaro, pero más allá de eso nosotros no vamos a opinar sobre cuestiones de otro país y de la justicia de otro país”, sostuvo el portavoz de la Casa Rosada tras ser consultado al respecto. Sin embargo, reiteró el “explícito apoyo de Javier Milei por Bolsonaro” y remarcó la expectativa del Gobierno de que “Brasil pueda también sumarse a las economías que están abrazando las ideas de la libertad”.
La segunda vuelta en el país vecino será el 25 de octubre, donde Flávio Bolsonaro llega como favorito tras imponerse en la primera con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula da Silva. “Somos optimistas para el balotaje”, dijo Ravier en nombre del Gobierno.
El día 2 en Estados Unidos: una charla en la Cámara de Comercio y un evento contra el antisemitismo
El viaje del Presidente continuará el jueves a las 11.20 (hora argentina), cuando Milei hable ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos con una exposición titulada “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. En ese marco recibirá el premio “Global Champion of Free Enterprise”, que reconoce su defensa de la libre empresa y la libertad económica.
POLITICA
Argentina recurrió al Tribunal del Mar para frenar la explotación petrolera británica en Malvinas – Nexofin

La Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, un pedido para frenar la explotación de hidrocarburos impulsada por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte, donde avanza el proyecto Sea Lion.
La solicitud fue anunciada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado firmado por Javier Milei. El Gobierno pidió al organismo que dicte “medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido”.
La iniciativa llegó después de que venciera el plazo que la Argentina había dado a Londres para impedir el inicio o la continuidad de las actividades petroleras. La presentación se inscribe en el procedimiento arbitral que el Ejecutivo inició el 28 de septiembre, bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 13, 2026
Según explicó el Gobierno, el pedido se apoya en el artículo 290, inciso 5, de esa convención, que habilita al Tribunal del Mar a disponer medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral, para preservar los derechos de las partes o evitar daños graves al medio marino cuando existe urgencia.
En el comunicado, el Ejecutivo sostuvo que el país “reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. Y concluyó: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.
“Reiteramos una vez más nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional, e invitamos al Reino Unido a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, tal como lo establecen las resoluciones de las Naciones Unidas”, señaló el canciller Pablo Quirno al difundir la noticia.
El conflicto tiene como eje el desarrollo de Sea Lion, impulsado por las compañías Rockhopper y Navitas en aguas cuya soberanía reclama la Argentina. Aunque el tribunal puede intervenir sobre medidas provisionales, no tiene competencia para resolver la disputa de soberanía sobre las islas.
Se desploman las acciones de la petrolera que encabeza el proyecto Sea Lion en las Malvinas
La entrada Argentina recurrió al Tribunal del Mar para frenar la explotación petrolera británica en Malvinas se publicó primero en Nexofin.
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POLITICA
El Congreso de Chile presiona para blindar la ruta entre Punta Arenas y Malvinas y escala la discusión con Argentina

El envío del buque chileno Danstar con mercadería e insumos hacia las Islas Malvinas, desde la ciudad de Punta Arenas y programado para noviembre, reavivó una histórica disputa entre Argentina y Chile y escalonó una serie de declaraciones cruzadas que tensionan la relación política y diplomática. Mientras se mantiene la sintonía ideológica de Javier Milei con el presidente chileno, José Antonio Kast, la discusión se trasladó a los parlamentos de ambos países.
El frente de conflicto se da en paralelo a las acciones del gobierno argentino para presionar al Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, específicamente en el proyecto Sea Lion.
En este contexto, la semana pasada el Parlamento chileno aprobó siete resoluciones que podrían blindar la ruta marítima privada que se prepara entre Punta Arenas y el archipiélago: durante una sesión especial el 6 de octubre, la Cámara de Diputados emplazó al presidente José Antonio Kast a adoptar una posición más firme “en defensa de los intereses nacionales”.
Las iniciativas impulsadas por los legisladores exigen la derogación del Decreto 457/2021, una normativa de la gestión anterior en Argentina que definía al Estrecho de Magallanes y al Paso Drake como “espacios compartidos” para fines de exploración y control, una formulación que en Chile es calificada como “una violación de su soberanía”. Ante este panorama, solicitaron un reequipamiento urgente de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en la zona austral y la consolidación de una política de protección fronteriza con visión a 2040.

A pesar de la buena relación entre Milei y Kast, las resoluciones contaron con el respaldo del bloque oficialista. La N° 265, presentada por diputados como Diego Schalper, Luis Pardo y Juan Carlos Beltrán, ratificó la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes para el comercio internacional y el ejercicio del derecho de libre navegación conforme a los tratados vigentes.
Las siete resoluciones aprobadas no son homogéneas ni unánimes: reflejan un arco que va desde el consenso institucional hasta la ruptura con la sintonía oficial entre Santiago y Buenos Aires. La más transversal reafirma la plena vigencia de los tratados limítrofes y obtuvo 100 votos a favor y apenas una abstención. En el otro extremo, otra exige anteponer el interés nacional de Chile a la afinidad política con el gobierno argentino: tuvo 60 votos a favor, 31 en contra y 9 abstenciones. Es, en esencia, un mensaje político directo al Ejecutivo.
Las restantes resoluciones completaron el cuadro. Establece una política integral de resguardo con horizonte a 2040; revierte los recortes presupuestarios que afectan a la región de Magallanes; y exige la derogación formal e inmediata del Decreto 457/2021.
La resolución presentada por diputados del Partido Socialista fue las más ambiciosa: además de reclamar la derogación del Decreto 457/2021, exige gestiones diplomáticas para dejar sin efecto el Decreto 256/2010 y la elaboración de una Estrategia de Estado para la zona austral y antártica que incluya el Estrecho de Magallanes, el Campo de Hielo Sur, la plataforma continental y los derechos antárticos chilenos. Obtuvo 66 votos a favor, 4 en contra y 26 abstenciones.
Estas resoluciones parlamentarias no son vinculantes. Son un encargo político transversal, con votos cruzados, que le exige al Gobierno de Kast pasar de la retórica a los hechos.

“Nosotros vemos con buenos ojos cualquier comercio de chilenos, y si tiene que ser con las Malvinas y se puede hacer, que se haga”, declaró el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, a la cadena TVN. El funcionario restó importancia a los riesgos regionales al comparar la situación con la operación de yacimientos mineros en zonas fronterizas, subrayando que es un negocio entre privados donde el Estado debe limitarse a garantizar condiciones de seguridad y reglas claras.
En la misma línea, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, descartó de plano los rumores de un eventual “interceptación” de la armada argentina y la posibilidad de escoltar al Danstar, al reiterar que “la navegación fuera del Estrecho de Magallanes no puede ser restringida ni condicionada” por ningún actor externo. No existe, hasta el momento, un anuncio oficial de Buenos Aires sobre una medida de ese tipo.
El peronismo sube la apuesta
Desde Buenos Aires la presión no es diplomática; también es parlamentaria. El diputado nacional Guillermo Michel, del peronismo entrerriano, presentó un proyecto de ley que propone retirar beneficios fiscales a las empresas chilenas. “La posición es muy clara, si Chile quiere hacer negocios con los isleños, no le demos beneficios económicos nosotros a sus empresas acá. Nada más que eso. O sea, una cuestión de reciprocidad”, afirmó Michel a Infobae.
De manera puntual, la iniciativa dispone que el Poder Ejecutivo argentino denuncie dos acuerdos bilaterales vigentes con Chile: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones (Ley 24.342) y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio (Ley 27.274). El proyecto apunta directamente a las empresas chilenas que invierten o generan rentas en territorio argentino, que hoy se benefician de topes a las retenciones sobre dividendos, intereses y regalías. Si los acuerdos fueran denunciados, esas ventajas desaparecerían.

Al presentar la iniciativa, el legislador aclaró que la propuesta no busca romper las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino trasladar el reclamo de soberanía al plano económico. “El circuito comercial de Montevideo con Malvinas es ínfimo, ellos le exportan lana a Uruguay, pero de Uruguay importan muy poco. El apoyo logístico fundamental, más allá de las exportaciones, es de Chile, con el el vuelo una vez por semana y, ahora, con la nueva ruta marítima”, amplió el diputado a este medio.
La respuesta parlamentaria chilena fue inmediata. Los diputados republicano, la fuerza política del presidente Kast, rechazaron en bloque la propuesta y exigieron una respuesta diplomática enérgica de la Cancillería. Stephan Schubert, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó la iniciativa de “bastante irresponsable” y pidió precisiones sobre si refleja la postura oficial de Buenos Aires o es una posición exclusivamente parlamentaria.
Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, fue más duro: “La propuesta de retirar beneficios a empresas chilenas no es solo un atentado al libre comercio, es una agresión directa a la estabilidad jurídica y a los acuerdos de mutuo respeto entre Chile y Argentina”, afirmó. En tanto, Catalina Del Real, que también integra la Comisión de Defensa, habló de “chantaje económico” y exigió una protesta diplomática formal.
“Yo creo que este gobierno todo lo que hace con la causa Malvinas es una farsa. No tiene ninguna iniciativa real de cambiar esta situación. Porque si quisieran hacer algo real, harían lo que yo propongo. O con el Reino Unido, ¿por qué no denunciaron el convenio de doble imposición con Reino Unido? A los ingleses le dan un convenio de doble imposición fiscal que le permite a las empresas inglesas que invierten en Argentina ahorrar cincuenta millones de dólares al año. Es la mitad de lo que gasta Reino Unido en seguridad en las Islas Malvinas», cuestionó Michel.
En paralelo, un grupo de más de una docena de senadores y diputados kirchneristas envió el 29 de septiembre una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, solicitando que sus gobiernos impidan que puertos, aeropuertos e infraestructura de sus territorios sean utilizados para abastecer o facilitar actividades de empresas que participen en la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y el Sándwich del Sur. Esto es, a quienes apoyen con logística al proyecto Sea Lion.
La misiva fue firmada por Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Agustín Rossi, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta y Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros. El documento invoca la Resolución 2065 de la ONU, que reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y la Resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de modificaciones unilaterales mientras el proceso de negociación recomendado por las Naciones Unidas esté en curso.
“Ningún país latinoamericano debería convertirse, aún involuntariamente, en plataforma logística de actividades económicas que contribuyan a consolidar una situación colonial” en la región, sostiene el texto. Los legisladores argumentaron que Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay poseen, por su ubicación geográfica y su infraestructura portuaria y aeroportuaria, una capacidad estratégica para privar a las empresas involucradas del apoyo necesario para operar en el archipiélago.
En las últimas horas, el canciller Pablo Quirno denunció que hay sectores y actores externos que intentan hacer pelear a la Argentina y Chile, y aseguró que el Gobierno no va a entrar ahí. En A24, destacó la excelente relación con el Presidente Kast y su Canciller: “En este momento no tenemos notificación oficial de un barco chileno yendo a Malvinas. Lo que sí es muy importante destacar es la relación con Chile, a pesar de que hay varios jugadores, algunos externos. Por eso también es importante entender la Ley de Soberanía Nacional y las influencias externas. Y hay ciertos sectores chilenos que están tratando de hacernos pelear. Nosotros con Chile tenemos una posibilidad y una oportunidad histórica en varios ámbitos”, afirmó .
Lejos de posición, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, le envió una carta al embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, para transmitirle “malestar y preocupación” por la actividad comercial en Punta Arenas.
“Chile es nuestro hermano, nuestro amigo y nuestro aliado estratégico. En la isla de Tierra del Fuego tenemos una historia y un futuro común. Por eso nos preocupa que en Punta Arenas se realicen actividades empresariales que terminan ayudando y asistiendo a los ocupantes ilegales de nuestras islas Malvinas“, indicó en X.
Y agregó: “Esas actividades van en contra de todo lo que, desde hace décadas y décadas, costó tanto construir juntos entre argentinos y chilenos. El Reino Unido, una vez más, intentando dañar la hermandad de nuestras naciones”.
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