POLITICA
Un intendente bonaerense busca la autonomía local y avanza con la primera carta orgánica municipal
El municipio de Castelli puso en marcha la redacción de su primera Carta Orgánica Municipal con apoyo de más de dos tercios del Concejo Deliberante. La iniciativa, impulsada por el intendente Francisco Echarren (Fuerza Patria) busca avanzar este año hacia la autonomía local en una provincia donde los 135 municipios siguen regidos por una ley de 1958.
El proyecto prevé convocar este año a una convención constituyente y le fija un plazo de tres meses, prorrogable por otros tres, para sancionar el nuevo texto. Esa convención estaría integrada por los 10 concejales del distrito y otros 10 miembros elegidos por voto popular, en una elección que podría realizarse en noviembre.
La iniciativa fue presentada por Echarren el reciente 8 de julio ante el Concejo Deliberante y busca que Castelli dicte la que sería la primera carta orgánica municipal de la provincia de Buenos Aires.
Qué facultades busca ampliar el proyecto
Los 135 municipios bonaerenses se rigen por la Ley Orgánica de las Municipalidades y no cuentan con cartas orgánicas propias. El debate remite al artículo 123 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que establece que las provincias deben asegurar la autonomía municipal en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero.
El planteo de Castelli parte de que la Constitución bonaerense no reconoció plenamente ese principio y mantuvo un esquema en el que el régimen institucional, político, administrativo, económico y financiero de los municipios queda predeterminado por el nivel provincial. La propuesta local busca trasladar parte de esas decisiones al ámbito comunal.
Echarren sostuvo en sus redes sociales que “a la Provincia de Buenos Aires no hay que dividirla ni regionalizarla. Tenemos que resolver las asimetrías con más autonomía municipal”. También afirmó que “los municipios tienen un protagonismo innegable en los tiempos que vienen: son el primer mostrador del Estado”.
Además, el intendente agregó que los gobiernos locales necesitan más herramientas para decidir sobre ambiente, producción, salud, desarrollo urbano, suelo, vivienda y materia tributaria. “Los municipios no pueden ser simples oficinas administrativas”, planteó.
El antecedente judicial del municipio
El impulso actual retoma un camino que el municipio ya había iniciado en la Justicia. Apenas se desató en el país la epidemia de coronavirus, el partido ya había acudido en 2020 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender la autonomía municipal, después de una acción promovida por Echarren para que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 190 a 197 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y de las normas dictadas en consecuencia.
En febrero de 2022, la Corte resolvió que el caso no correspondía a su competencia originaria. El tribunal entendió que para resolver la controversia era necesario interpretar y aplicar derecho público provincial, por lo que el trámite debía continuar, al menos en una primera instancia, ante la justicia bonaerense.
En su voto particular, los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que “resulta aplicable la doctrina según la cual los conflictos entre autoridades locales deben hallar solución, jurídica o política, en el ámbito provincial, sin injerencia de la justicia de la Nación”.
La discusión también se reactivó en la Legislatura bonaerense ya que este año los bloques de la Coalición Cívica y Hechos UCR-Identidad impulsaron proyectos para crear una comisión bicameral redactora del anteproyecto de reforma integral de la Ley Orgánica de Municipalidades.
La disputa por el régimen electoral y las reelecciones
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el régimen electoral local. El inciso B del artículo 16 establece que la futura carta orgánica deberá contemplar la elección directa del intendente y los concejales, junto con un sistema que asegure representación proporcional y participación efectiva de las minorías en los cuerpos colegiados.
Ese apartado abrió especulaciones sobre una eventual reelección indefinida a nivel municipal, hoy prohibida por la ley bonaerense que habilita hasta dos mandatos consecutivos y toma como primero el iniciado en 2019. Echarren, que gobierna Castelli desde 2011 y transita su cuarto mandato consecutivo, dijo que no presentó la iniciativa por ese motivo y sostuvo que, en su opinión, debe haber límites, aunque cada municipio debería poder fijarlos.
Por su parte, el diputado provincial de Pro, Alejandro Rabinovich, interpretó la movida como una vía para reactivar esas reelecciones. Además, la concejala radical Malena Massara, una de las dos representantes opositoras en el Concejo, afirmó que la autonomía municipal es un tema que debe abordarse porque surge de los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, aunque advirtió que la futura carta orgánica quedaría supeditada a una modificación de la Constitución provincial.
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POLITICA
Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para reforzar la estrategia internacional contra su condena por la causa Vialidad
Cristina Kirchner incorporó al abogado brasileño Rafael Valim al equipo que diseña la estrategia internacional para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad. La información fue confirmada a Infobae por fuentes cercanas a la ex presidenta, que señalaron que el jurista formará parte de la defensa aunque evitaron precisar cuándo comenzará a intervenir o cuáles serán los primeros pasos procesales.
La incorporación de Valim representa un nuevo paso en la estrategia que el kirchnerismo impulsa desde hace más de un año para llevar el caso a organismos internacionales de derechos humanos. Ese trabajo combina la elaboración de la defensa jurídica con una campaña política destinada a instalar en el exterior la posición de Cristina Kirchner respecto del proceso judicial que derivó en la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Valim es abogado, profesor de Derecho Público y jurista brasileño con más de veinte años de trayectoria en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y derechos humanos. Es doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP), editor jefe de la editorial Contracorrente y profesor del Corso di Perfezionamento in Teoria Critica della Società de la Università degli Studi di Milano-Bicocca, en Italia.
También desarrolló actividades académicas como profesor visitante en la University of Manchester y en la Université de Rouen, además de participar en programas de distintas universidades de Europa y América Latina.
En el ejercicio profesional intervino en litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, especialmente en causas vinculadas con la separación de poderes, el control de la administración pública, el debido proceso y la protección de derechos fundamentales. Su experiencia también comprende actuaciones ante mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano y el Sistema Europeo de Derechos Humanos.
El abogado brasileño es autor de diversos libros sobre derecho constitucional y lawfare, entre ellos Lawfare: Waging War Through Law, publicado por Routledge. Ese concepto constituye uno de los ejes de la argumentación que el kirchnerismo sostiene desde que quedó firme la condena dictada en la causa Vialidad.
Según pudo confirmar Infobae, Valim trabajará junto con el jurista español Javier Borrego, quien también integra el equipo internacional que asesora a la ex presidenta.
Borrego estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera vinculada a los organismos europeos de derechos humanos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo español.
La conformación del equipo jurídico internacional se complementa con el trabajo político que desde el año pasado desarrolla el denominado Comité “Cristina Libre”, creado para difundir en distintos países la posición del kirchnerismo sobre la condena contra la ex presidenta.
Ese espacio está integrado por el senador Oscar Parrilli; el ex canciller Jorge Taiana; el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena; el parlamentario del Mercosur Franco Metaza; la encargada de Relaciones para América Latina del Partido Justicialista, Sol Magno; el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y el ex embajador argentino en China Sabino Vaca Narvaja.
Desde su conformación, el comité desarrolla reuniones con dirigentes políticos, referentes de derechos humanos y organizaciones internacionales con el objetivo de difundir la posición del kirchnerismo sobre la causa Vialidad. La estrategia busca instalar que la condena contra Cristina Kirchner respondió a una persecución política y que durante el proceso judicial existieron vulneraciones al debido proceso y a otras garantías constitucionales.
En paralelo a esa tarea política, el equipo de abogados trabaja en la presentación que impulsará ante organismos internacionales. Entre las alternativas analizadas figuran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, aunque por el momento el entorno de la ex presidenta no confirmó cuál será finalmente el camino elegido.
Ambos mecanismos contemplan instancias distintas de revisión. En el caso del Sistema Interamericano, el expediente debe presentarse primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en caso de ser admitido, puede llegar posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La otra alternativa es recurrir a los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, una vía que fue utilizada por la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante el proceso judicial que enfrentó en su país.
POLITICA
Crece el malestar en el Gobierno por los traspiés de Ravier como vocero, pero Milei no le pedirá la renuncia
Exactamente hace un mes, Adrián Ravier se convirtió en el segundo vocero de la administración mileista. Su llegada fue en medio del caos comunicacional que abrió el escándalo de su antecesor en el cargo, Manuel Adorni, quien quedó envuelto en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, por la que terminó renunciando también a la jefatura de Gabinete.
Su arribo fue leído internamente como una bocanada de aire fresco después de meses difíciles, pero rápidamente empezaron a haber dudas sobre su performance, que en las últimas horas trocaron en un fuerte malestar en la propia Casa Rosada, donde todo el equipo del gabinete admite que sus errores complican mucho la gestión, aunque reconocen que Javier Milei no lo va a echar ahora.
La situación se agravó cuando anoche en el streaming ultra oficialista Carajo, dijo que “es una posibilidad” que el dólar llegue a $1700 o $1800 dentro de unos meses.
Los adjetivos que le atribuían este viernes los funcionarios a Ravier no eran los más elogiosos. El malestar era amplio en Balcarce 50, en donde incluso se dedicaron a monitorear si había alguna resonancia en la cotización del dólar.
Economista y amigo personal de Milei, Ravier fue presentado cuatro semanas atrás como vocero económico de la gestión y desde entonces retomó las conferencias de prensa, que habían quedado desactivadas en el último tramo de Manuel Adorni.
De entrada, se mostró con un estilo completamente diferente al de su antecesor, que estaba marcado por la soberbia y chicanas al periodismo. Ravier se mostró sobrio y de buenas formas. Incluso asumió con elogios al periodismo profesional.
Ese cambio de nombre y estilo fue celebrado internamente, pero rápidamente surgieron las primeras luces de alerta internas: errores en las conferencias y falta de respuestas, fueron algunas de las señales que extendieron la incomodidad.
Por ejemplo, este martes, leyó respuestas a las preguntas de los periodistas e incluso se equivocó de contestación en un caso. Además, varias veces dijo no tener la información correspondiente. Pero sus dichos en las últimas horas en la señal Carajo sobre la cotización del dólar ya fueron de otro tenor.
“No parece terminar de entender que es el vocero del gobierno, del presidente, y que lo que dice no es su palabra como economista, es la palabra del Gobierno”, consideró una importante voz del oficialismo.
“Una cosa es ser analista y otra es ser vocero”, distinguían este viernes en el oficialismo en medio del «profundo malestar» que admitían luego del episodio en Carajo.
“Si hablando en territorio ‘amigo’, como es con los chicos de Carajo, la pifia, ¿qué queda para una conferencia o en otro medio?”, se preguntaban.
Más aún, en la Casa Rosada alertaban sobre el impacto del error en un tema como el dólar, con la sensibilidad que implica en la economía argentina.
Ravier venía esta semana, en su conferencia de los martes, de aclarar un tuit suyo en el que habló de “país bananero”. “Es insólito un vocero que tiene que salir a aclarar lo que dijo; o que dice que no dice lo que dijo”, era otro de los puntos que se mencionaban.
Pese a ese malestar y la suma de desatinos, nadie imagina que deje de salir en los medios o de dar conferencias de prensa. “¿Qué hace si no habla en medios? Su trabajo es hablar en medio? Lo único que tiene que hacer es hablar en público”, mascullaban en el corazón del oficialismo.
La misma ecuación aplicaba a las conferencias de prensa. “Sería peor si las interrumpe”, consideraron.
Solo en la última, el pasado martes, Ravier sumó entredichos con periodistas acreditados, se confundió de respuesta y prometió averiguarlo para más adelante.
Frente a una consulta sobre la exploración extranjera en Malvinas, comenzó a leer una respuesta que hacía referencia a la presentación de una nota de protesta a la embajada del Reino Unido, y reculó: “Perdón, está mal la respuesta. Era una respuesta a otra pregunta. Un segundo, que chequeo esto. Esta es”, lamentó. Y leyó los nuevos papeles, en los que expresó su rechazo a la decisión de inversión de las “ilegítimas” licenciatarias británica e israelí para el desarrollo de yacimientos en Malvinas sin contar con los permisos de la Argentina.
Ante una repregunta, respondió: “Esto es lo que sé en este momento sobre este tema, tendríamos que profundizar con Cancillería. En este momento no tengo más información. Es un tema muy específico que en este momento no puedo responder”. Y así finalizó la conferencia.
Previo a eso también debió aclarar sus dichos sobre la bandera que mostraron los jugadores de la selección argentina en apoyo al reclamo por las Malvinas después del triunfo sobre Inglaterra en el Mundial.
“En relación con mis afirmaciones, niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero. Yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas y algunos titulares en algunos diarios que incluso me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije”, puntualizó. El tuit al que hacía referencia empezaba hablando de “país bananero”.
Ravier también sumó errores este jueves, cuando, al pasar por otro streaming, en El Cronista, habló de la situación de los acreditados en la Sala de Prensa de Casa Rosada, que atraviesan desde mayo pasado restricciones que no registran antecedentes desde 1942.
“Al pedo explayarse. Le preguntaron por la libertad de expresión en el país y en lugar de ejemplificar con, por ejemplo, que él mismo estaba ahí hablando y contestando, se metió en eso. ¿Para qué?“, se lamentaron sobre otro de los episodios.
Pese a las molestias, nadie planteaba en estas horas la posibilidad de que Ravier sea corrido del cargo. “En primer lugar, Javier (por Milei) no es de hacer esas cosas”, sostuvieron. Además, apuntaron que “no sería el momento” para hacerlo.
“Cambiarlo no porque lo eligió el presidente. Además, es alguien querido y de la causa. Es valioso”, dijeron.
Completaron también que, pese al malestar que viene generando con sus distintos desatinos, “Adrián es un tipo inteligente y preparado”, y que “viene reuniéndose con los ministros para interiorizarse de las actividades”.
Lo que sí resaltaban casi como una necesidad imperiosa era que tiene que seguir con el coaching que lleva adelante desde que empezó en el cargo. Y que, según explicaban en Gobierno, está en manos del equipo del asesor, Santiago Caputo. Cerca de los celestiales confirmaban que “están colaborando con Ravier”. Eran más piadosos y aseguraban que “no cometió ningún error gravísimo”.
“Hay que trabajar más en la preparación”, se resignó uno de los consultados. “Se va a tener que hacer cargo de que no puede fallar más”, agregaron.
Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
El Gobierno busca apoyo en el Congreso: qué leyes avanzan, cuáles están frenadas y dónde aparecen las trabas
Avances, frenos y negociaciones definen el destino de los proyectos claves en el Congreso. Las iniciativas legislativas más relevantes —reforma electoral, venta de tierras a extranjeros, subsidios y nombramiento de jueces— exponen diferencias profundas entre oficialismo y oposición, y muestran cómo la dinámica política actual condiciona la aprobación o el estancamiento de cada propuesta.
El oficialismo impulsa leyes que pueden modificar el escenario nacional en temas como organización electoral, atribuciones del Banco Central, regulación del lobby, salud mental, etiquetado de alimentos, acceso de extranjeros a tierras, Ley Hojarasca y subsidios en zonas frías.
Cada proyecto enfrenta obstáculos de distinta naturaleza: algunos encuentran un rechazo firme, otros generan disputas internas y solo unos pocos cuentan con consenso suficiente para avanzar.
Proyectos con bloqueos y falta de consenso
La reforma electoral, iniciativa prioritaria para Karina Milei y La Libertad Avanza, se encuentra completamente detenida. Aunque el oficialismo la planteó y debatió, aún no existen modificaciones concretas y los gobernadores no están dispuestos a dar su aval sin acuerdos previos.
Al mismo tiempo, la reforma del Banco Central también permanece en pausa, sin presentación formal ni fecha definida para su discusión. Según detalló Ramón Indart en Infobae A las Nueve, “está en veremos, por lo menos hasta la discusión de lo que llaman las comisiones y los dictámenes,” subrayando la falta de definición sobre el contenido y el momento en que llegará al recinto.
El Gobierno presentó otras tres iniciativas —Ley de Lobby, Salud Mental y Etiquetado Frontal— en una tanda que buscó instalar nuevos debates. Sin embargo, según Indart, estas propuestas quedaron “guardadas” y enfrentan un freno total: “No hay un avance con aliados.” El periodista atribuyó la falta de movimiento a la ausencia de consenso político y a la baja prioridad que les asignan los actores centrales del oficialismo.
Debate y futuro incierto
Entre los proyectos con posibilidades abiertas, Indart ubicó la Ley de Venta de Tierras a Extranjeros. Esta iniciativa, destacada por Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, tiene fecha de sesión para el 6 de agosto. El Gobierno sostiene que cuenta con los votos necesarios, pero la oposición lo niega.
El debate sobre los extranjeros genera posiciones encontradas. Para Indart, el término “extranjero” resulta funcional para el Gobierno como herramienta de debate y construcción política. Mientras el oficialismo utiliza este tema para posicionarse frente a la opinión pública y tejer alianzas, la oposición lo usa como argumento de rechazo.
La Ley Hojarasca sigue sin definiciones claras. Indart indicó que algunos puntos generan resistencia interna, especialmente por la negativa de Sturzenegger a modificar aspectos clave. Zona Fría, que apunta a eliminar subsidios en distintas regiones, enfrenta dudas en distritos de la provincia de Buenos Aires y consejos deliberantes buscan alternativas para mantener beneficios. El Gobierno insiste con la eliminación del subsidio, pero las resistencias locales mantienen el tema en evaluación.
Acuerdos y aprobación asegurada
El único proyecto con vía libre es el nombramiento de jueces. El Poder Ejecutivo envió 25 propuestas nuevas para la designación de magistrados. El Congreso avanzará con el tratamiento de estos pliegos la próxima semana y el oficialismo confía en lograr los acuerdos necesarios.
La prioridad en este bloque recae en la reforma judicial limitada a los nombramientos. No se trata de una modificación del sistema, sino de la aprobación de las listas de jueces propuestas por el Ejecutivo. El trámite parlamentario incluye negociaciones puntuales pero, según Indart, existe consenso para que estas designaciones avancen sin mayores trabas.
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