El ministro Federico Sturzenegger se prepara para enviar al Congreso de la Nación un nuevo paquete de proyectos de leyes para desregular diferentes sectores de la economía.

Por lo que pudo saber iProfesional de una fuente cercana al Gobierno, hay cuatro ejes para cambiar las reglas de funcionamiento en áreas sensibles como una reforma integral del Código Civil y Comercial, reforma del Código Aduanero, un proyecto para modificar el régimen de cabotaje en el transporte por agua entre puertos argentinos y un drástico cambio de las reglas del mercado inmobiliario.

La reforma inmobiliaria de Federico Sturzenegger pone en alerta al sector

En relación a este último, el foco del proyecto está puesto en redefinir esa actividad, lo que generó fuertes críticas de la Cámara Argentina de Inmobiliarias, el Colegio de Abogados de Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y de otras asociaciones relacionadas con el sector.

La intención del Gobierno es que a la actividad de corretaje o de compra y venta de inmuebles se la deje de considerar como una profesión liberal y se la encuadre como un servicio de intermediación comercial.

El proyecto de ley establece que para ejercer el corretaje solamente será necesario:

• Ser mayor de edad
• Tener título secundario expedido o revalidado en la República Argentina

El proyecto elimina del Código Civil cualquier otra exigencia específica para acceder a la actividad.

A su vez, modifica el artículo 1346 para establecer expresamente que podrán actuar como corredores tanto personas humanas como personas jurídicas.

Esto significa que no solamente individuos podrán desempeñarse como corredores, sino también sociedades comerciales u otras personas jurídicas, algo que el proyecto incorpora de manera explícita.

Reforma inmobiliaria: cómo cambia el esquema de funcionamiento del sector

El proyecto busca modificar el esquema de funcionamiento de los martilleros públicos, de las inmobiliarias y de los Colegios Profesionales de Escribanos para habilitar las operaciones sin restricciones geográficas entre jurisdicciones y también eliminar la obligatoriedad de matrícula en un colegio profesional.

Aunque el corretaje comprende distintas actividades comerciales, el principal impacto de la reforma podría sentirse en el mercado inmobiliario, donde la figura del corredor tiene un rol central en operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles. La flexibilización de los requisitos para ejercer la actividad, el reconocimiento de plataformas digitales, la posibilidad de que empresas actúen como corredores y la eliminación de restricciones vinculadas con residencia, aranceles o incompatibilidades ya han provocado quejas en muchos de los jugadores de ese sector.

En medio del debate sobre la desregulación de la actividad inmobiliaria y las propuestas que buscan permitir que cualquier persona pueda intermediar operaciones inmobiliarias en Argentina, bajo el argumento de generar trabajo o facilitar el acceso a la vivienda, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina consideran necesario aclarar un aspecto fundamental que muchas veces se omite.

En ese punto señalan: «El corredor inmobiliario matriculado no es solamente un intermediario comercial». Se trata de un profesional regulado por ley, sujeto a matrícula, capacitación y control estatal permanente, que además integra el sistema nacional de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en carácter de Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Además describen que no se trata de una formalidad menor y que la Ley 25.246 y las resoluciones de la UIF establecen que determinados sectores considerados sensibles deben controlar operaciones, identificar clientes, verificar el origen de fondos y reportar operaciones sospechosas. Entre esos sectores se encuentran los bancos, escribanos, contadores y también los corredores inmobiliarios matriculados.

Las advertencias de la Cámara Inmobiliaria Argentina

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina explicaron a iProfesional: «La actividad inmobiliaria no puede transformarse en una actividad informal donde cualquier persona intermedie operaciones millonarias sin capacitación, sin matrícula y sin responsabilidad legal frente al Estado». Además sostienen: «Capacitar no es precarizar, profesionalizar no es impedir trabajar. Y generar empleo no puede implicar eliminar responsabilidad profesional».

La propuesta del Gobierno forma parte del paquete de medidas con el que el Ejecutivo busca reducir regulaciones sobre distintas actividades económicas. En este caso, el foco está puesto en flexibilizar las condiciones para ejercer el corretaje, ampliar las facultades de quienes desarrollan esa tarea y eliminar restricciones que el proyecto considera incompatibles con un esquema de libre competencia.

En la práctica, la reforma impactaría sobre quienes intermedian en operaciones comerciales e inmobiliarias, ya que redefine quiénes podrán trabajar como corredores, cuáles serán los requisitos mínimos para hacerlo, qué funciones podrán desempeñar y cómo se regulará el cobro de sus comisiones. Al igual que el resto de las iniciativas incluidas en el proyecto, los cambios todavía deberán ser debatidos por el Congreso de la Nación antes de una eventual entrada en vigencia.

Qué es el corretaje y cómo está regulado hasta ahora

El corretaje es la actividad mediante la cual una persona acerca a dos partes interesadas para concretar un negocio.

Es una figura utilizada en múltiples operaciones comerciales, aunque suele asociarse principalmente al mercado inmobiliario, donde los corredores intervienen en la compra, venta o alquiler de inmuebles.

Hasta ahora, el ejercicio de esta actividad está regulado tanto por el Código Civil y Comercial como por la Ley 20.266 y por distintas normas provinciales, que establecen requisitos para matricularse y ejercer la profesión.

El proyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación busca simplificar ese esquema. Según la propuesta, la regulación futura deberá favorecer la competencia y evitar barreras.

Otro de los aspectos es la introducción de la tecnología de la actividad que aparece en el último párrafo del nuevo artículo 1349.

El texto expresa que el corretaje podrá desarrollarse mediante plataformas digitales o entornos virtuales. Además, habilita a los corredores a organizarse bajo cualquier forma societaria y a prestar servicios en colaboración con otras personas.

La incorporación de estas modalidades busca adecuar la normativa a un mercado donde gran parte de las operaciones comienzan en internet y donde muchas empresas desarrollan modelos digitales para conectarse.

Cómo se cobrarán las comisiones bajo el nuevo esquema

La reforma también modifica las reglas previstas para el cobro de honorarios. El nuevo artículo 1351 explica que, cuando intervenga un único corredor, todas las partes involucradas deberán abonarle comisión, salvo que exista un acuerdo diferente o que alguna de ellas manifieste expresamente, al comienzo de la actuación, que no acepta su intervención.

El proyecto también aclara que las partes no responderán solidariamente frente al corredor por esas comisiones. Se trata de una modificación destinada a precisar cómo deben distribuirse los honorarios cuando participan uno o varios intermediarios en una misma operación.

Como parte de la reforma, el proyecto elimina los artículos 31 a 35 de la Ley 20.266 y también propone derogar el artículo 1355 del Código Civil y Comercial, modificaciones que reemplazarán parte del régimen vigente aunque el texto no desarrolla los efectos concretos de cada derogación.

Las series del Indec de empleo asalariado privado revelan un fenómeno que no está en el centro del debate público, pero que podría redefinir la estructura laboral argentina: la informalidad retrocede en casi la mitad de los sectores, aun en un contexto de ajuste, caída del consumo y transición económica.

Entre el IV trimestre de 2023 y el I trimestre de 2026, la serie de la Cuenta de Generación del Ingreso e Insumo de Mano de Obra del Indec registró que seis de los 14 grandes sectores de la actividad privada redujeron la proporción de empleo no registrado en relación de dependencia. No es un movimiento menor: implica que, incluso sin un crecimiento fuerte de los puestos registrados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la estructura laboral empezó a recomponerse.

El fenómeno apareció en plena desregulación económica, con mayor fiscalización y a la espera de la nueva legislación laboral que promete bajar el costo de contratación, pero cuya entrada en vigencia está frenada por la judicialización impulsada por sectores políticos y sindicales opositores.

Los sectores privados donde la informalidad salarial retrocede son:

• Electricidad, gas y agua: 58,7%.
• Enseñanza: 27,9%.
• Agro, caza y silvicultura: 24,3%.
• Inmobiliarias y remis: 22,5%.
• Servicios sociales y salud privados: 9,2%.
• Otras actividades personales: 7,6%. Industria manufacturera: 4,1 por ciento.

En todos ellos, la relación puesto asalariado privado no registrado/registrado mejoró respecto al final del gobierno anterior. En algunos casos, porque creció el empleo formal; en otros, porque cayó el informal; y, en otros, por ambas vías.

Más allá de las variaciones sectoriales, el dato más contundente surge de las relaciones de magnitud entre empleo asalariado informal y formal. En varios sectores, la brecha se redujo de manera significativa en apenas dos años.

• Electricidad, gas y agua: la caída es drástica: de 0,45 a 0,14 informales por cada formal entre el IV trimestre de 2023 y el primero de 2026.
• Agro: la relación se redujo de 2 a 1,5 por empleado en relación de dependencia registrado en el SIPA.
• Servicios sociales y salud privados: la brecha bajó de 1,1 a 1,04.
• Otras actividades personales: la relación cayó de 0,9 a 0,83.
• Industria: la proporción pasó de 0,5 informales por cada formal a 0,44.
• Enseñanza: la brecha se redujo de 0,29 a 0,2.
• Inmobiliarias y remis: la relación cayó de 0,16 a 0,11 asalariados no registrados por registrado.

Este conjunto de sectores muestra una recomposición que no depende del ciclo económico, sino de cambios regulatorios, fiscalización y expectativas de reforma. Es un movimiento estructural que empezó a modificar la composición del empleo privado.

El retroceso de la informalidad laboral en el ámbito privado asalariado en sectores que en conjunto generan casi la mitad del Producto Bruto Interno (PBI) no surgió de un boom económico; de hecho, sectores como industria y construcción muestran caídas en el PBI y en el empleo registrado. El giro, según el texto, respondió a un cambio en las reglas del juego.

Tres factores explican el proceso:

1. Desregulación económica: La eliminación de trabas administrativas, la simplificación de habilitaciones y la reducción de costos indirectos empujaron a empresas pequeñas y medianas a formalizar parte de su plantilla, especialmente en servicios y agro.
2. Mayor fiscalización: La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Ministerio de Capital Humano intensificaron controles en sectores históricamente informales. En “Otras actividades personales”, por ejemplo, los puestos en negro caen mientras el empleo total crece.
3. Expectativa de reforma laboral: La nueva legislación del trabajo, que reduce el costo de despido, simplifica la registración y crea un sistema de seguro laboral, generó un incentivo anticipado: muchas empresas comenzaron a ordenar su nómina a la espera de la puesta en marcha efectiva de un marco más flexible.

El proceso podría acelerarse, pero está bloqueado por la judicialización. La reforma laboral, aprobada parcialmente y detenida por medidas cautelares, enfrenta: presentaciones sindicales, recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, pese a que fue votada por mayoría de Diputados y Senadores, y estrategias políticas para demorar su aplicación.

Mientras tanto, el mercado laboral avanza a media máquina: formaliza donde puede, pero no despega del todo porque las reglas futuras siguen siendo inciertas.

La economía en su conjunto registró un aumento del PBI de 2,48% interanual entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, y de 2,57% respecto al último tramo del gobierno de Alberto Fernández, según la serie del Indec a precios básicos del productor.

El empleo total privado en relación de dependencia, en paralelo, creció 0,7% interanual y cayó 2,6% frente al cuarto trimestre de 2023.

Sin embargo, el dato estructural es otro: la informalidad retrocede en seis de 14 sectores, aun sin reforma laboral plena y en medio de un ajuste. Es un fenómeno que contradice la idea de que la desregulación genera más precarización. En estos sectores, ocurrió lo contrario: menos informalidad, más orden administrativo y más fiscalización.

• Agro: fuerte aumento del empleo registrado (4%) y caída del informal (12,6%); neto baja 12,4% desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza.
• Pesca: crecimiento porcentual más alto, aunque desde una base pequeña (21,4% en blanco y 200% en negro; el agregado sube 43,8%).
• Comercio: subió 0,9% en blanco y 13,4% en negro, y 5,9% en el agregado.
• Hoteles y restaurantes: aumentó 0,6% registrado y 13,2% informal, con un neto de 6,8%.

• Industria: caída del empleo registrado 5,4% y del informal 9,3%; baja neta de 6,7%.
• Minas y canteras: disminuyeron 4,9% los puestos registrados y se mantuvieron los no anotados, con saldo neto de caída de 4,3%.
• Construcción: bajó el empleo formal 14,4% y aumentó 1,1% el informal; se contrajo el agregado 5,9%.
• Intermediación financiera: bajó 5,3% el registrado y aumentó 38,1% el no registrado, con un neto de caída de 1,9%.
• Logística y comunicaciones: retroceso del empleo registrado 8,1% y avance del informal 12,7%; el agregado bajó 0,7%.
• Enseñanza: acusó sendas disminuciones de 3,3% en blanco y 30,2% en negro, con un agregado que se contrajo 9,4%.
• Servicios sociales y de salud: cayeron 0,3% en blanco y 9,5% el no registrado, y hubo baja neta de 5,1%.

El patrón es claro: donde el empleo cae, cae el registrado; donde crece, crece el informal. Pero en seis sectores, la informalidad retrocede igual. Ese es el dato novedoso.

El PBI crece más que el empleo registrado. La economía se recupera, pero el trabajo formal no despega. Sin embargo, la estructura laboral sí se mueve: baja la informalidad en sectores clave, mejora la relación entre empleo registrado y no registrado, y se ordenan plantillas en sectores históricamente duales.

Es un cambio silencioso, pero profundo.

Si la nueva legislación se destraba, los especialistas anticipan tres efectos:

1. Aceleración de la formalización en sectores de servicios y comercio.
2. Recomposición del empleo registrado en actividades intensivas en mano de obra (construcción, gastronomía, logística).
3. Reducción del empleo no registrado por simplificación de costos y trámites.

En otras palabras: el proceso que hoy avanza lentamente podría multiplicarse. En poco más de dos años, y aun en un contexto económico adverso, la informalidad retrocedió en casi la mitad de los sectores del empleo privado. Es un cambio silencioso, pero profundo: la estructura laboral empieza a moverse hacia mayor formalidad, impulsada por desregulación, fiscalización y expectativas de reforma.

El desafío ahora es político y judicial: si la nueva legislación laboral se destraba, el mercado podría formalizar más rápido que en cualquier período reciente. Si no, el proceso seguirá avanzando, pero a paso lento.

Este viernes entraron en vigor las nuevas tarifas de entre 10% y 12,5% para importaciones que puso en marcha el Gobierno de los Estados Unidos. La administración de Donald Trump argumentó que los países que deberán pagar este arancel es porque no tienen mecanismos suficientes para impedir el ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso.

Las nuevas tarifas reemplazaron el arancel global temporal del 10% que había expirado el jueves anterior. Para este cambio, Trump utilizó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un instrumento que permite responder a prácticas comerciales consideradas injustificadas o discriminatorias.

Washington recurrió a esta herramienta legal después de que los tribunales limitaran parte de las tarifas globales que había aplicado anteriormente bajo la Sección 122. La maniobra legal le permitió a la Casa Blanca mantener presión arancelaria sin quedar trabada en disputas judiciales.

La reacción de muchos de los países involucrados fue inmediata ya que rechazaron los argumentos de Washington. A continuación, compartimos algunos de los países que están en desacuerdo con estas tarifas.

Brasil acusó a Trump de manipular el tema del trabajo forzoso

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva fue especialmente duro en su rechazo. Brasil venía de días conflictivos con Estados Unidos: además de estos aranceles globales, Trump había puesto el foco en el país sudamericano por supuestas «prácticas comerciales desleales».

El miércoles anterior, Washington le había impuesto a Brasil un arancel adicional del 25%. Con la nueva tarifa del 12,5%, la carga acumulada llegó al 37,5% según cálculos de la Cámara Americana de Comercio para Brasil.

Brasilia no se guardó nada en su comunicado oficial. Sostuvo que «ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista», Estados Unidos «optó por manipular un tema tan importante» como el trabajo forzoso para justificar los nuevos aranceles.

La acusación fue directa: Brasil considera que Trump está usando una preocupación legítima sobre derechos laborales como excusa para reforzar barreras comerciales. El argumento brasileño apunta a deslegitimar toda la estrategia estadounidense.

México esquivó el golpe gracias al T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum comunicó que México evitó el impacto de las nuevas tarifas. El país se amparó en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para mantener condiciones preferenciales.

La Secretaría de Economía mexicana detalló que cerca del 85% de las exportaciones seguirá ingresando con arancel cero al mercado estadounidense. El resto de los productos continuará pagando un arancel del 10%, sin cambios respecto del régimen anterior.

Para México, el T-MEC funciona como escudo: las nuevas tarifas de Trump no modifican las condiciones pactadas en el tratado trilateral. La estrategia mexicana contrasta con la de Brasil. Mientras Brasilia confronta directamente, Ciudad de México se refugia en acuerdos comerciales vigentes para neutralizar las medidas estadounidenses.

Chile rechazó la medida y anunció gestiones urgentes

Santiago también salió al cruce de la decisión de Trump. La Cancillería chilena señaló que el país «cuenta con una sólida institucionalidad laboral» y que la aplicación de esta medida «no se condice con estos estándares».

Chile argumentó que los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos que presentó durante todo el proceso de investigación respaldan su posición. El gobierno anunció gestiones para quedar fuera de la lista de países sancionados.

El sector agrícola chileno teme que los nuevos aranceles erosionen márgenes en un mercado altamente competitivo. Las frutas y vinos chilenos enfrentan ahora una barrera adicional para ingresar a Estados Unidos.

Asia-Pacífico: rechazo generalizado desde Tokio hasta Manila

Japón calificó la medida como «lamentable». Minoru Kihara, portavoz del gobierno japonés, señaló que «la industria y el comercio de nuestro país operan de conformidad con las normas internacionales».

Tokio recordó que mantiene vigente el acuerdo comercial bilateral alcanzado en 2025. Ese entendimiento fijó un arancel del 15% para la mayoría de las importaciones japonesas a cambio de inversiones por u$s550.000 millones en Estados Unidos.

Corea del Sur pidió preservar su propio acuerdo comercial con Washington. El gobierno surcoreano informó que planea mantener consultas estrechas para garantizar que se respete el arancel del 15% acordado mutuamente.

El Ministerio de Comercio surcoreano aseguró que las autoridades estadounidenses reafirmaron su postura de cumplir el acuerdo vigente. Las conversaciones bilaterales previas al anuncio buscaron blindar el entendimiento alcanzado.

Australia fue contundente en su reclamo. Don Farrell, ministro de Comercio, afirmó que «estos aranceles son injustificados» e incompatibles con el acuerdo de libre comercio bilateral. «Deben eliminarse», exigió.

Farrell destacó que Australia cuenta con «algunas de las medidas más sólidas del mundo» para combatir el trabajo forzoso y la esclavitud moderna. El argumento australiano apunta a demostrar que la investigación estadounidense carece de sustento técnico y responde más a objetivos proteccionistas que a preocupaciones genuinas por derechos laborales.

Nueva Zelanda se sumó al rechazo. El primer ministro Christopher Luxon escribió en X que «la investigación de Estados Unidos no proporcionó pruebas significativas para respaldar las acusaciones relacionadas con el trabajo forzoso».

En Filipinas, la Cámara de Comercio e Industria manifestó preocupación por el nuevo arancel del 12,5%. George Barcelon, su presidente, dijo estar «muy preocupado y sorprendido» por una imposición que considera «muy alta».

Canadá negocia contra reloj para evitar un arancel del 50%

El primer ministro Mark Carney confirmó que Ottawa intensificó las negociaciones con Washington. El objetivo es alcanzar un acuerdo comercial integral antes del 19 de agosto, fecha en que podría entrar en vigor un arancel estadounidense del 50% sobre diversos productos canadienses.

«Si estos aranceles, u otras medidas, entran en vigor, hay toda una gama de cosas que podemos hacer al respecto», afirmó Carney. El primer ministro canadiense sostuvo que «todo está sobre la mesa», aunque aclaró que no es necesario responder por adelantado.

Canadá juega una partida delicada. Como socio del T-MEC, busca mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense. Pero la amenaza de un arancel del 50% muestra que ni siquiera los tratados vigentes garantizan estabilidad ante las decisiones de Trump.

Europa también cuestiona aranceles de Trump 

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, cuestionó la justificación de Washington para imponer nuevos aranceles a los productos procedentes del Viejo Continente, según el informe de un medio internacional.

La funcionaria estonia aseguró este viernes que las acusaciones de deficiencias en los controles de trabajo forzoso del bloque carecían de fundamento, en línea con lo que planteó el gobierno de Australia.

«No se puede decir eso de la Unión Europea», declaró Kallas a la agencia de noticias internacional Reuters, al margen de las reuniones de la ASEAN en Manila.

La estonia continuó diciendo: «Si comparamos nuestras leyes laborales con las de Estados Unidos, tenemos vacaciones pagadas y muy buenas condiciones laborales para nuestros empleados, así que no tiene mucho fundamento».

Por qué Argentina consiguió el arancel más bajo

Los países que cuentan con leyes para combatir el trabajo forzoso recibieron un arancel del 10%. La Argentina entró en ese grupo gracias al tratado recíproco de comercio e inversión que rubricó con Estados Unidos en febrero pasado.

Ese acuerdo había quedado afectado por un fallo de la Corte Suprema que anuló la mayoría de los aranceles globales de Trump. Ahora, con este nuevo paquete, recupera vigencia bajo otra figura legal.

Fuentes al tanto de las negociaciones entre las administraciones de Trump y Javier Milei confirmaron que el Gobierno esperaba el anuncio formal del USTR para tener claridad sobre los alcances de la medida. Hay productos que quedarán exceptuados del nuevo arancel.

Las mismas fuentes destacaron que la Argentina haya quedado con el valor más bajo. Sin embargo, aún se debe evaluar cómo quedará la tasa para los 1.675 productos argentinos a los que Estados Unidos les había eliminado aranceles en virtud del acuerdo firmado por Greer y el canciller Pablo Quirno.

Aquellos países que carecen de normativas para combatir el trabajo forzoso recibieron un arancel del 12,5%. La diferencia puede parecer marginal, pero en volúmenes comerciales de miles de millones de dólares representa un impacto significativo.

La medida se produjo tras investigaciones del USTR que incluyeron dos rondas de audiencias públicas. El organismo recibió más de 2.100 comentarios públicos y realizó consultas con los socios comerciales para abordar estas preocupaciones.