POLITICA
La Ley de Tierras es constitucional
Javier Milei es el segundo presidente de la democracia que no es abogado. Salvo, por razones obvias, el de Justicia, tampoco ninguno de sus ministros lo es. Sin embargo, el suyo acaso sea el gobierno con la narrativa constitucional más explícita en décadas: volver a la Constitución de 1853. Lo dijo, por ejemplo, en los fundamentos de la llamada “Ley Bases”, bautizada en homenaje a la obra de Alberdi que inspiró nuestra Constitución. El propio Presidente tuiteó hace unos días que la Constitución es “liberal/libertaria”, un anacronismo que al menos revela con claridad el pensamiento oficial.
Por eso los principales promotores de la derogación de la Ley de Tierras (el ministro Federico Sturzenegger y la senadora Patricia Bullrich) defendieron la iniciativa en términos estrictamente constitucionales. El más enfático fue el ministro. Al defender el proyecto en el Senado, dijo que la compra irrestricta de tierras rurales por extranjeros era la única interpretación posible de la Constitución. Después subió el video a Twitter, contestándole a una senadora: “La Constitución no es un objeto ‘interpretable’. Mucho menos cuando habla claro. Textualismo y originalismo. MAGA. VLLC!”.
Si la Ley de Tierras es inconstitucional, dicen estos funcionarios, derogarla es apenas una consecuencia lógica de aplicar el derecho. Y una vez derogada -se seguiría de esta lógica- la ley ya no podrá ser restituida. Cuando no se tienen las mayorías para una reforma constitucional hecha y derecha, siempre puede intentarse consolidar una narrativa constitucional al mismo efecto.
El ministro invocó el “originalismo” y el “textualismo”. No es casualidad. Estas doctrinas de interpretación ganaron ímpetu en los Estados Unidos en los años 70 y 80, con el apoyo del gobierno de Ronald Reagan, para revertir la jurisprudencia progresista de su Corte Suprema en las décadas anteriores en asuntos como aborto o desegregación racial. Detrás de posiciones formalmente metodológicas, había en realidad una agenda política. Su aparición en la Argentina de Milei, de la mano de un grupo de juristas conservadores cercanos al gobierno, persigue lo mismo.
Entonces, ¿es cierto que la Ley de Tierras es inconstitucional? El artículo 20 de la Constitución dice que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden… poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos”. Para Sturzenegger y Bullrich, la norma es terminante: no permite ninguna distinción entre argentinos y extranjeros. Hilemos un poco más fino en sus argumentos.
El primer argumento fue el “originalista”: buscar el significado de la norma en las intenciones de quienes la redactaron. Sturzenegger afirmó: “No tengo la menor duda de que ellos pensaron esta Constitución para que los extranjeros puedan venir a comprar tierras a la Argentina, porque eso es lo que estaban fomentando”.
Este argumento no va muy lejos. La intención real, psicológica, de personas que escribieron hace 170 años es inasible: no sabemos si todos quienes votaron la norma coincidían, y mucho menos qué opinarían hoy. Pero algo sí sabemos: la intención de muchos constituyentes, además del propio Alberdi, era poblar la Argentina (de ahí que “gobernar es poblar”). Si esto es así, los destinatarios naturales de la prohibición de discriminar no son todos los extranjeros sino los inmigrantes: según la propia Constitución, “los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. El originalismo, entonces, nada podría decirnos sobre los derechos de extranjeros que no viven en la Argentina (la Ley de Tierras, recordemos, no se aplica a extranjeros tras ciertos años de residencia en el país).
El segundo argumento fue el “textualista”. El ministro dijo: “No soy abogado, pero sí sé leer”. Es decir, el texto del artículo 20 sería tan claro que no dejaría espacio para distinguir entre argentinos y extranjeros. Pero rara vez un texto es tan claro como para no admitir varias lecturas, y el artículo 20 no es la excepción. Con la Ley de Tierras vigente, los extranjeros sí gozan del derecho de comprar tierras, aunque con limitaciones. Una famosa crítica al textualismo señala que los textos pueden leerse a distintos niveles de generalidad: ¿el “derecho” involucrado, en este caso, es comprar inmuebles, o comprar inmuebles sin límites? El texto, por sí solo, no lo resuelve. De hecho, en un fallo célebre (“Repetto”, 1988), varios jueces de la Corte Suprema reconocieron que el artículo 20 tolera distinciones razonables por causa de nacionalidad.
Si estos argumentos no alcanzan, habrá que remitirse a los del propio Gobierno cuando se trata de extranjeros que no vienen a comprar miles de hectáreas. Figuras prominentes del oficialismo han promovido arancelar la salud y la educación de los extranjeros no residentes. Se ve que ellos, al menos, no consideran inconstitucional distinguir entre argentinos y (algunos) extranjeros.
Hay un ejemplo todavía más claro. El año pasado, el presidente Milei -con la firma de Bullrich y Sturzenegger- dictó un DNU para endurecer la Ley Migratoria. No debe haber regulación que distinga entre argentinos y extranjeros de modo más brutal: al argentino jamás se le niega el “derecho civil” de entrar o permanecer en el país; al extranjero, en varias circunstancias, se le impide el acceso o se lo expulsa del territorio nacional. Regulaciones así existen en todos los países del mundo, y dudo que alguien las considere inconstitucionales (de seguro, no los funcionarios que las firmaron). La supuesta lectura absoluta del artículo 20 no resiste una pasada por el Boletín Oficial.
No sabemos si el oficialismo logrará derogar la Ley de Tierras. Sí sabemos que, si lo logra, la cuestión permanecerá abierta para que una futura mayoría legislativa insista en ella. La Constitución sí tiene algunas cosas claras para todos los que, como el ministro, sabemos leer. Especialmente ese pasaje tan bello que promete el bienestar general y los beneficios de la libertad para todos los que queramos habitar el suelo argentino.
Profesor de derecho constitucional (Universidad Torcuato Di Tella) y de derechos fundamentales (Universidad de San Andrés)
Sebastián Guidi,LA NACION,Política
La economía argentina muestra señales de crecimiento en los principales indicadores, mientras una parte significativa de la sociedad percibe que su situación personal empeora. La estadística muestra expansión del Producto Bruto Interno y una baja de la inflación, pero el poder adquisitivo y la percepción social siguen en retroceso. El politólogo Andrés Malamud aseguró que el futuro político de Javier Milei depende de si el crecimiento económico logra llegar al bolsillo de la gente.
“El crecimiento llegaba a los bolsillos, la macro y la micro. Hoy no está pasando”, afirmó Malamud en Infobae en Vivo. Consideró que, aunque los datos oficiales muestran expansión, el bienestar no alcanza a la mayoría. “Cuando se acumula crecimiento a lo largo de varios años, se puede producir esa reconexión entre el crecimiento económico y la prosperidad o el sentimiento de prosperidad, que todavía no se siente”, explicó.
El especialista remarcó que la Argentina atraviesa una novedad histórica: “Habitualmente, cuando había crecimiento, había prosperidad. El crecimiento llegaba a los bolsillos. Hoy no está pasando”. Según su análisis, la esperanza del gobierno reside en que, si el crecimiento continúa, el impacto positivo se notará en los próximos años.
Menos empleo y más precarización pese al crecimiento
La transformación de la estructura productiva argentina genera menos empleo estable. Malamud fue claro: “La economía sobre la que crecemos ahora, la estructura productiva, es diferente de la anterior, genera menos empleo. Y esto pasa en todo el mundo”. Señaló que la industria, tanto en Argentina como en otros países, pierde capacidad de generar trabajo y que el sector servicios avanza, pero con menor estabilidad laboral.
En sectores como petróleo y gas, la nueva modalidad de producción tampoco genera puestos suficientes. “No es momentáneo, es estructural. Las economías en el mundo están generando menos empleo. Automatización, las nuevas tecnologías”, detalló. Esta situación se traduce en una caída del empleo formal y un aumento de la precarización.
El desempleo no sube de manera brusca por la baja de la natalidad. “Casi todos los países están en declinación demográfica. Las nuevas economías van a crear menos empleo y menos personas. Por eso el desempleo no aumenta”, afirmó el analista. El resultado es una economía que crece, pero no mejora la calidad de vida de la mayoría.
El Estado provincial sostiene la contención social
Malamud explicó que la función de contención social recae sobre las provincias y los municipios. “En Argentina todavía tenemos ese estado de bienestar que te permite no tener un empleo fijo, ser precario y, sin embargo, tener un hospital municipal o provincial o nacional que te atiende”. Según el politólogo, el ajuste fiscal del gobierno nacional convive con la persistencia de estructuras estatales subnacionales.
“El Estado es mala palabra a nivel nacional. A nivel provincial y municipal, no. Si vos viajás por las provincias o por los municipios, te encontrás con la misma casta de siempre. Y es una casta prestigiosa, es una casta reelegida”, destacó Malamud. El Estado territorial actúa como amortiguador y permite que la crisis no derive en un estallido social generalizado.
La coexistencia de discursos de ajuste y prácticas de contención marca un desacople entre la política nacional y la realidad local. Este fenómeno contribuye a explicar por qué el crecimiento económico no repercute de manera homogénea en todas las regiones del país.
Crisis de liderazgo y fragmentación en el peronismo
El politólogo analizó la situación del peronismo y la figura de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. “Kicillof lo que está haciendo es respetar el liderazgo vital, biológico de Cristina. No le va a ganar”, indicó. Malamud describió una estructura partidaria que no produce disputas internas y que se radicaliza en la permanencia de sus figuras centrales.
“La provincia de Buenos Aires siempre fue un ancla. Argentina era un barco y la provincia era un ancla. Estaba en el lecho fangoso y entonces el barco no se movía. Hoy es un lastre. Vos lo tirás y seguís, seguís navegando. La provincia se puede hundir sin arrastrar al país. Esta es la apuesta del Gobierno nacional”, explicó el especialista.
La fragmentación del peronismo y la pérdida de centralidad de la provincia de Buenos Aires en el tablero nacional configuran un escenario político inédito. Los liderazgos no se consolidan y la coordinación nacional se debilita.
El politólogo remarcó que el peronismo se fragmenta y se radicaliza en términos de organización, alejándose de la tradición de disputas internas: “Los líderes radicales morían líderes. Los líderes peronistas perdían líderes. Y ahora se–
Implosión social y salida del sistema
El conurbano bonaerense muestra un fenómeno de “implosión” social, según Malamud. “Uso implosionado porque la gente explota para adentro. Hay mucho aumento de la angustia, la ansiedad y los suicidios, que es un tema del que se empieza a hablar. Hay violencia intrafamiliar enorme, hay adicciones y hay una derivación hacia nuevos empleos, muchos relacionados con el narco y hacia nuevas religiones. Y esto es bueno. La religión te contiene y contiene las adicciones y el narco también. Pero no van a Plaza de Mayo”.
La salida del sistema político, económico y familiar se impone como respuesta a la insatisfacción. “La política se basa en los que van y votan o protestan. Pero si vos te vas, no impactás en la política, porque la política se basa en los que van y votan o protestan”, sostuvo Malamud. El distanciamiento de la provincia de Buenos Aires respecto del resto del país y del sistema político se consolida como un problema estructural.
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andrés malamud
POLITICA
Cristina Kirchner abre una batalla internacional para mantener viva la posibilidad de competir en 2027
Con la nueva presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por su condena en la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Kirchner apunta, en lo inmediato, a mantener viva la posibilidad de convertirse en una alternativa electoral para las presidenciales del año que viene, en medio de la dura interna que atraviesa el peronismo.
Que se le levante la inhabilitación para poder competir en 2027 es lo que anunció que pide en una de las medidas cautelares presentadas ante el organismo internacional. Lo dio a conocer hoy Cristina Kirchner en sus redes sociales y los detalles de esta estrategia fueron ampliados luego en una conferencia de prensa liderada por su equipo de abogados, ahora fortalecido con el brasileño que defendió a Lula da Silva en un proceso similar, Rafael Valim, y Javier Borrego, también con experiencia en el terreno internacional.
“Hay un pedido cautelar de suspensión de la inhabilitación perpetua”, contó Valim en una ronda abierta a periodistas. “Ese pedido cautelar es para que, de inmediato, el Comité suspenda hasta la decisión de fondo esta sanción que contradice y vulnera precedentes clarísimos del propio comité. El Comité no permite inhabilitaciones perpetuas”, explicó.
Que ese y otros pedidos prosperen, como los relativos a sus condiciones de detención, dependerá de la acogida que reciba su planteo ante el Comité, que debe primero analizar la admisibilidad de la presentación y luego, eventualmente, pronunciarse sobre la cautelar. Más tiempo le llevaría emitir una resolución sobre el fondo de la cuestión, que para la expresidenta es la revisión total de la condena.
En el equipo de abogados de la expresidenta, la mirada está puesta en octubre, cuando, aseguran, se reunirá el Comité.
Sostenida en la existencia de presuntas “arbitrariedades” y “violaciones” a los derechos de la expresidenta, la presentación aspira, además a que se le permita competir electoralmente, que se ponga en marcha una revisión completa de la condena.
Con su pedido, que se dio a conocer hoy, pero fue formalizado semanas atrás, la expresidenta inaugura una nueva fase judicial en el caso Vialidad que abre un amplio arco hipotético cargado de interrogantes, que abarcan desde los tiempos del Comité hasta las consecuencias que podría tener en la Justicia local un eventual pronunciamiento favorable.
La resolución final del organismo adopta la forma de una “recomendación” al Estado. Para el equipo de abogados de la expresidenta, una decisión de ese tipo sería constitucionalmente vinculante, aunque la Corte Suprema ha tenido pronunciamientos previos en los que señaló que los organismos internacionales no constituyen “una cuarta instancia de revisión”.
El espejo en el que se mira la expresidenta es el caso de Lula da Silva en Brasil. La “comunicación individual” presentada por el actual presidente brasileño -en julio de 2016- fracasó respecto de las medidas cautelares, pero terminó con una decisión favorable sobre el fondo de la cuestión, al concluir que Brasil había violado derechos de Lula reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sin embargo, el paralelismo tiene límites que el propio abogado brasileño Valim, que participó de aquel proceso, puntualizó hoy en la conferencia. Entre ellos, que, en el caso de Lula, las vías internas no estaban agotadas cuando se presentó la comunicación.
Además, el pronunciamiento favorable de la ONU sobrevino después de que la propia Justicia brasileña anulara la condena contra Lula.
Los argumentos esgrimidos por la defensa de Cristina Kirchner ante el Comité son reediciones de aquellos que se volcaron en todas las instancias de apelación de la causa, rechazados primero por la Casación, que revisó la condena, y luego por la Corte Suprema, que dejó firme la sentencia de 2022.
Pero hoy, en la carta publicada por la expresidenta, tomó fuerza otra idea: que la condena en su contra responde a una cuestión de género y al “machismo estructural” de la Justicia.
“¿Ser la única expresidenta condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”, planteó en su carta.
El argumento fue retomado hoy por el abogado español Borrego durante la conferencia de prensa. “¿Por qué esa hostilidad contra la doctora Kirchner? Porque es mujer”, sostuvo el abogado, que señaló que, a pesar de que en la Justicia argentina existe una importante presencia de mujeres, en las cuatro instancias judiciales por las que pasó la expresidenta no intervino ninguna jueza ni fiscal mujer.
“Lo importante era una condena que llevara consigo la inhabilitación. Porque lo importante es excluir a una mujer, dos veces presidente elegida, de una futura contienda electoral. Ese fue el objetivo”, sumó el abogado.
la nueva presentación,una cuarta instancia de revisión,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Cuáles son los tres reclamos que Cristina Kirchner hizo en la ONU tras la condena por la causa Vialidad
Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner dieron detalles de la presentación del reclamo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su condena en la causa Vialidad, por corrupción en la obra pública en Santa Cruz. En su departamento de Constitución, la expresidenta cumple una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Javier Borrego, Carlos Beraldi y Rafael Valim explicaron que la presentación incluye tres cautelares: la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y la recomposición de miembros de la Corte Suprema de la Nación, de la que dijeron que es “imposible que funcione con tres miembros”.
Los abogados aclararon, en conferencia de prensa, que las observaciones o dictámenes del Comité podrían “salir en cuestión de meses” en cuanto a las cautelares, pero que las resoluciones en cuanto a la decisión de fondo de la presentación “podrían tardar algunos años”. La próxima reunión del Comité de Derechos Humanos de la ONU está prevista para el período del 19 de octubre al 6 de noviembre.
Los detalles de la presentación de Cristina Kirchner ante la ONU por la condena por la causa Vialidad
Borrego explicó que una de las cautelares es “en relación a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, que tiene dos policías permanentemente en la puerta, lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona y tiene muy restringido el derecho de visita, hasta subir a la azotea a tomar aire”.
El abogado español calificó la condena a la expresidenta de “maniobra de distracción para evitar que se piense en la proscripción, para que no se presente a elecciones porque puede ganar y eso no gusta a algunos”.
Mientras que Valim, que defendió al actual presidente de Brasil Lula da Silva en la causa Lava Jato, dijo que la presentación “no es un acto de agresión a la Argentina ni a su sistema judicial”: “Estamos planteando que se respeten los derechos de una ciudadana argentina”.
El abogado brasileño dijo que en caso que el comité haga lugar a los planteos presentados, esas eventuales decisiones “son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”. Aclaró que la presentación únicamente “es documental” y que “no se permiten declaraciones”, consultado sobre la posibilidad de un descargo de la expresidenta.
Qué es el Comité de Derechos Humanos de la ONU y cuáles son sus funciones
El Comité de Derechos Humanos de la ONU es un organismo integrado por 18 expertos independientes “que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes”, según información oficial.
Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que aplican los derechos civiles y políticos y “presentar el primer informe un año después de su adhesión a la Convención y después, siempre que lo solicite el Comité”.
El organismo, a partir de reuniones previstas, “solicita la presentación del informe cada ocho años, examina cada informe y da a conocer sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en la forma de ‘observaciones finales’”.
cristina kirchner, ONU
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