POLITICA
El vicerrector de la UBA desmintió los dichos del vocero presidencial sobre la cantidad de extranjeros en universidades públicas

Adrián Ravier, vocero presidencial, sostuvo durante la conferencia de prensa de este martes 28 de julio que el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros. La afirmación no tardó en ser rebatida desde la propia institución. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, salió a contradecir ese número.
Según informó Yacobitti en su cuenta de X, en 2026 los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan apenas el 6,1% de los ingresantes a Medicina, y el 2,5% del total de los más de 70.000 nuevos estudiantes que ingresaron a la universidad este año.
Ravier atribuyó el dato cuestionado al subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, y presentó un cuadro que también consignaba que el 51% de los alumnos regulares de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) son extranjeros. Lo hizo luego de que la afirmación fuera cuestionada en la conferencia de prensa por el cronista de El Destape, quien abrió el debate al consultar sobre el tema.
Yacobitti respondió que esas cifras son “erróneas” y que el debate público merece sostenerse sobre información precisa. Desde la UBA ofrecieron reunirse con el Gobierno para contrastar los registros.
Las diferencias entre ambas series de datos podrían responder, en parte, a qué universo mide cada uno. Yacobitti precisó que sus cifras corresponden a ingresantes de 2026 con residencia temporal, transitoria o precaria, mientras que los datos oficiales que compartió Ravier hacen referencia a alumnos regulares —una categoría que incluye a quienes ya llevan años cursando.
Ni la UBA ni el Gobierno aclararon públicamente cuál es información que surge de registros comparables.
El vicerrector también desglosó la presencia de extranjeros en otras facultades: 4,1% en Odontología, 2,7% en Ingeniería y menos del 2% en el resto de las unidades académicas. Agregó que desde 2022 la UBA exige a los aspirantes provenientes de países no hispanohablantes la acreditación del nivel C1 de español, tanto en comprensión como en producción oral y escrita, un dominio del idioma prácticamente equivalente al de un hablante nativo.
La disputa no se limita a una diferencia estadística: expone una tensión más profunda entre el Ejecutivo y las universidades nacionales en torno a una política que el Gobierno impulsa desde 2025 y que las casas de estudio se niegan a implementar: el cobro de aranceles a los alumnos que no posean la ciudadanía argentina.

En efecto, la polémica se enmarca en un debate más amplio sobre el DNU 366/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a los alumnos extranjeros. Álvarez había recordado en su cuenta de X que la norma sigue vigente y que los rectores están “legalmente autorizados desde el día 28/5/2025” para aplicar el cobro. No obstante, a finales de junio la Cámara Nacional Electoral anuló parte del decreto al declarar inconstitucional el artículo que transfería a la Dirección Nacional de Migraciones la potestad de otorgar la ciudadanía argentina, competencia que históricamente ejercieron los jueces federales.
Alrededor del subsecretario sostienen que solo ese punto está bajo disputa judicial y que la posibilidad de cobro a extranjeros permanece intacto. Los rectores, en cambio, consideran que el decreto modifica dos leyes vigentes —la de Educación y la de Migración— y que cualquier impugnación ante la Justicia prosperaría, dado que un DNU no puede situarse por encima de una ley. Ninguna universidad nacional ha implementado el arancel hasta la fecha.
En las últimas semanas el debate se reeditó con la presentación del diputado bonaerense, Agustín Romo, para establecer por ley en la provincia de Buenos Aires el cobro de aranceles por los servicios de educación y salud a las personas nacidas en otros países.
Adrián Ravier,Emiliano Yacobitti,UBA,vocero presidencial
POLITICA
Córdoba: Llaryora envía señales a la Rosada con el presupuesto provincial 2027

CÓRDOBA.- El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, incluyó en el proyecto de presupuesto 2027 que presentó ante la Unicamerail mensajes a la Casa Rosada en dos direcciones. Por un lado, respondió con una reducción de la alícuota general de Ingresos Brutos (IIBB), un reclamo de Luis Caputo a las provincias y uno de los tributos provinciales más cuestionados por las empresas. Por el otro, ratificó las demandas de Córdoba a la Nación por distribución de la carga fiscal y el financiamiento de la obra pública.
La decisión más significativa de cara al sector productivo es la reducción de la alícuota general de Ingresos Brutos, que pasará del 4,75% al 3,5% en el 2027 si se aprueba la iniciativa. La baja de 1,25 puntos porcentuales representa una disminución del 26,3% sobre la alícuota vigente.
Además, se amplía el universo de contribuyentes que pueden acceder a la alícuota reducida del 2,5%. De los actuales 70.000 se pasará a unos 110.000, equivalentes al 57% del padrón, según datos oficiales.
Caputo varias veces planteó que se debe abrir una discusión para reducir impuestos considerados distorsivos y avanzar hacia un nuevo acuerdo fiscal. Viene reclamando que los gobernadores acompañen el proceso de desregulación y reducción tributaria que promueve la Rosada.
Sin embargo, Llaryora sostiene que la discusión debe contemplar también los impuestos nacionales y la distribución de los recursos. Plantea que las provincias no pueden resignar ingresos sin discutir qué hace Nación y cómo se financian las responsabilidades que quedaron en manos de las jurisdicciones.
La obra pública es uno de los puntos claves de los reclamos de las provincias, que insisten en que debe arrancar la inversión en infraestructura. Los gobernadores señalan que las provincias no pueden reemplazar totalmente al Estado nacional sin recursos específicos.
El proyecto de presupuesto cordobés 2027 deja en claro que la provincia priorizará terminar las obras que ya están en ejecución y restringirá el inicio de nuevos proyectos, que dependerán de su importancia estratégica y de la disponibilidad de financiamiento.
Hace pocos días Caputo y Llaryora acordaron una compensación de deudas por $142.959 millones: el entendimiento no cerró las diferencias por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones ni los reclamos judiciales que la provincia mantiene ante la Corte Suprema.
Cargas patrimoniales
El paquete tributario anunciado por Llaryora incluye también una reducción del 30% del Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades y del 5% para el resto. Se mantendrán, además, los descuentos del 30% por “ciudadano cumplidor” y del 15% por pago en cuota única. Para el rural, las cuotas se actualizarán según el índice de precios mayoristas. No habrá revalúo en ningún caso.
“Hay que bajar para aliviar, entendiendo la situación”, dijo el gobernador al hacer el anuncio y agregó: “La nación también tiene que bajar”.
El gobierno provincial calcula que el conjunto de las reducciones y beneficios tributarios representará un alivio de $1,5 billones en 2027. El costo de sostener las exenciones de Ingresos Brutos supera los $684.000 millones, mientras que las bonificaciones del Inmobiliario vinculadas con el cumplimiento y el pago en cuota única implican otros $240.990 millones.
El presupuesto contempla un superávit financiero de apenas 0,1%. Para sostener el equilibrio, el Ejecutivo anunció una reducción del 40% en publicidad oficial y concentrará los recursos en salud, educación, seguridad y programas sociales.
La decisión se toma en un escenario de actividad debilitada: según los datos difundidos por la provincia, cerraron más de 3000 establecimientos comerciales y se perdieron más de 35.000 puestos de trabajo. Además, la recaudación provincial acumula más de diez meses consecutivos de caída.
Caputo y Llaryora acordaron una compensación de deudas por $142.959 millones,Gabriela Origlia,Comunidad de Negocios,Conforme a
POLITICA
La Justicia investiga pagos por más de US$1.000.000 vinculados a la AFA: yates de lujo y un viaje de Toviggino al Caribe

Una serie de transferencias por más de US$1,27 millones a empresas vinculadas con el alquiler de yates de lujo vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Los movimientos financieros incluyen pagos realizados por una compañía encargada de administrar ingresos internacionales de la entidad y coinciden con viajes de dirigentes a destinos exclusivos.
A ese escenario se suma un dato sobre Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia: en enero de 2023 viajó en un avión privado a Miami y luego a la isla caribeña de Saint Martin. Durante su estadía en Estados Unidos, la entidad recibió un servicio de alquiler de un yate de lujo que fue abonado meses después.
Según reveló Clarín, los nuevos datos se conocen mientras la Justicia investiga distintas operaciones económicas relacionadas con la conducción del fútbol argentino, entre ellas las transferencias realizadas a empresas vinculadas con Toviggino y el destino del dinero administrado en el exterior.
El viaje de Toviggino a Miami y el alquiler de un yate de lujo
El 15 de enero de 2023, Toviggino salió del Aeropuerto Internacional de San Fernando rumbo a Miami, con una escala en Quito, Ecuador. Viajó en un Cessna 680 Citation Sovereign, matrícula LV-KCP, que entonces pertenecía a Excel Servicios Aéreos SA.
De acuerdo con los registros de vuelo, el dirigente llegó a Miami el 17 de enero. Un día después, el 18 de enero, se prestó un servicio de alquiler de un superyate Sanlorenzo SX76, una embarcación de casi 24 metros de eslora, con interiores de lujo y comodidades similares a las de una residencia.
Por ese servicio, la AFA realizó un pago de US$9.150 a la firma AB Yachts and Lifestyle LLC, aunque la transferencia se concretó el 13 de julio de 2023, casi seis meses después.
POLITICA
Qué son las colectoras, el sistema que de votación que analiza el gobierno para las elecciones 2027

En su intento por imponer su proyecto de reforma política, el gobierno de Javier Milei propone a sus aliados incluir una modificación al texto original que autoriza a usar el sistema de “colectoras” o “adhesiones”. Se trata de un mecanismo que permite a un candidato presidencial competir con más de una lista de legisladores adosada a la propia.
De ser aprobado, le permitiría al Gobierno ofrecerles a sus aliados la posibilidad de tener una lista propia de candidatos legislativos que esté ligada a la candidatura presidencial del propio Milei. Como el corazón de la reforma es la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la inclusión de las adhesiones dejaría un espacio de diferenciación a los partidos aliados que no quieren diluir su identidad en la boleta de La Libertad Avanza (LLA).
El sistema de colectoras fue prohibido en 2019 a partir de un decreto que firmó Mauricio Macri previo a las elecciones en las que perdió contra Alberto Fernández.
Antes se había usado profusamente. Lo usó, por caso, Cristina Kirchner en 2011 en la provincia de Buenos Aires, cuando su candidatura presidencial a la reelección tuvo dos candidatos distintos a gobernador, Daniel Scioli (por el sello oficial Frente para la Victoria) y Martín Sabbatella (por Nuevo Encuentro).
De otro modo, en 2019 el radical Gerardo Morales presentó su candidatura a gobernador de Jujuy adosada tanto a la lista presidencial de Macri como a la de Sergio Massa. Así ganó la provincia.
Aunque todavía no se presentó el texto definitivo del proyecto, fuentes del oficialismo sostienen que se pondrá un límite de dos listas de adhesión en cada frente principal. Esto se debe a que el sistema debería convivir con la boleta única, cuyo espacio es limitado.
Durante años las colectoras no estaban ni permitidas ni prohibidas por el Código Electoral. Su uso se popularizó después de la crisis de los partidos políticos que significó el estallido de 2001.
La reforma electoral que creó las PASO, después de la derrota kirchnerista en los comicios de mitad de mandato de 2009, abrió la puerta a una regulación de las colectoras. Se hizo en el decreto reglamentario, de 2011, en el que se dispuso que en la formación de alianzas “pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza”.
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