POLITICA
Sur Finanzas: cómo sigue la causa, los que faltan declarar y la defensa del ex presidente de Banfield
El juzgado federal de Lomas de Zamora ingresó en etapa de definiciones en la causa Sur Finanzas, que vincula al financista Maximiliano Ariel Vallejo—amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia— con una presunta red de lavado de activos en el fútbol argentino. El próximo 8 de agosto, una vez finalizada la feria judicial, el juez Luis Armella y la fiscal federal Cecilia Incardona indagarán al último imputado que tiene el expediente, Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero del Club Atlético Banfield durante los años que se cometieron los presuntos delitos que se investigan.
Después de ese acto procesal, la Fiscalía estará en condiciones de emitir su dictamen, que tiene tres posibilidades para la totalidad de los imputados a sobre alguno de ellos:
- sobreseerlos, tal como pidieron las defensas;
- dictar una falta de mérito mientras se buscan más pruebas;
- o procesarlos.
El último en declarar en indagatoria y presentar un extenso escrito defensivo fue el ex presidente del Club Atlético Banfield Eduardo Juan Spinosa, quien presentó ante el juez federal Luis Armella un extenso descargo en el que solicita su sobreseimiento por inexistencia de delito. A lo largo del texto, cargado de tecnicismos, argumentos jurídicos, presentación de balances y explicaciones de transacciones bancarias, se rechaza punto por punto la fuerte acusación fiscal y sostiene que las operaciones financieras cuestionadas fueron negocios reales, documentados y aprobados por los órganos institucionales del Club.
La causa investiga una serie de contratos celebrados por el Club Atlético Banfield durante la gestión de Spinosa con tres contrapartes: Auriga League S.A., el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Sur Finanzas Group S.A., firma vinculada a Maximiliano Ariel Vallejos, quien enfrenta una hipótesis penal más amplia sobre actividad financiera irregular. La acusación presentó esas operaciones como una maniobra de vaciamiento. La defensa las describe como decisiones institucionales adoptadas en un contexto de urgencia de liquidez.
El primer eje del descargo apunta contra el método de la Fiscalía. Spinosa sostiene que la acusación tomó “piezas sueltas de una operatoria compleja” y las reconstruyó como si pertenecieran a un esquema clandestino, prescindiendo del contexto económico e institucional en que se desarrollaron. “La imputación formulada parte de una premisa equivocada: supone que los hechos investigados pueden ser interpretados a partir de una lectura aislada de determinados pagos, contratos o instrumentos, y que de esa observación fragmentaria puede inferirse, sin más, la existencia de una maniobra ilícita”, señala el escrito.
Es probable que el descargo del ex presidente de Banfield resulte tedioso, pero es la única manera de comprender su defensa, ya que hasta ahora se conocieron los argumentos de los investigadores judiciales.
El negocio con Auriga y el jugador Urzi
La primera operación cuestionada es el contrato con Auriga League S.A., firmado el 15 de mayo de 2019. Según el descargo, esa firma transfirió efectivamente al Club un total de € 2.000.000 en tres pagos bancarios verificables: € 1.000.000 el 21 de junio, € 500.000 el 24 de junio y € 500.000 el 1 de julio, todos bajo el concepto “Crédito Banfield”. La defensa sostiene que la acusación presentó ese vínculo como un mutuo de restitución lineal e inmediata, cuando la documentación revela una lógica distinta: el mecanismo de recupero era variable y estaba atado a la futura transferencia del jugador Agustín Urzi, por entonces con proyección de venta al exterior.
Según el contrato, Banfield podía cancelar el importe en efectivo o prorrogar el plazo de devolución, transformando la operación en un esquema de participación sobre ingresos derivados del mercado de pases. El acuerdo previó que Auriga percibiría el 30% del importe que recibiera el Club por una eventual transferencia de Urzi. Pero esto no ocurrió. “Desde el instrumento originario la operación aparece documentada como un financiamiento real, bilateral, formalmente instrumentado y dirigido a cubrir necesidades concretas de tesorería del Club, no como una captación informal, simulada o clandestina de fondos”, afirma el escrito.
El fideicomiso: nacido en 2012, aprobado por asamblea
Otro eje de la acusación apunta al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña como una estructura sospechosa utilizada para canalizar recursos. La defensa responde con la historia documental del instrumento: fue constituido el 18 de diciembre de 2012 entre el Club, como fiduciante y fideicomisario, y Banfileños S.A., como fiduciario, y aprobado de manera unánime por asamblea extraordinaria el 10 de mayo de 2013. Desde entonces fue prorrogado sucesivamente, con addendas formales, estados contables propios y aprobaciones asamblearias reiteradas de su gestión.
El descargo sostiene que el fideicomiso no fue creado para los hechos investigados sino que integraba la arquitectura económica ordinaria de la institución, concebido originalmente para administrar derechos de cobro —incluyendo transferencias de jugadores, derechos de televisación y publicidad— en el marco de un proceso de reordenamiento institucional. “La utilización del fideicomiso no oscurece el circuito; lo explica. No lo aparta de la institucionalidad; lo inserta en ella”, sostiene el escrito.
Los mutuos con Sur Finanzas: tasas altas en un contexto de urgencia
El tramo más sensible de la causa involucra dos contratos de mutuo celebrados entre Banfield y Sur Finanzas Group S.A., firmados por Spinosa, Federico José Spinosa e Ignacio Javier Uzquiza en representación del Club, y por Maximiliano Ariel Vallejo en representación de la empresa. El primero, del 17 de julio de 2023, fue por USD 500.000 con una tasa de interés compensatorio del 3% mensual y vencimiento en una cuota única de USD 590.000 el 17 de enero de 2024. El segundo, del 9 de octubre de 2023, también por USD 500.000, estableció una tasa del 4% mensual y devolución en dos cuotas de USD 280.000 cada una.
La Fiscalía presentó esas tasas como una muestra “palmaria” del esquema de vaciamiento atribuido al conglomerado Sur Finanzas. La defensa rechaza esa lectura con tres argumentos:
- Ambos contratos fueron aprobados previamente por la Comisión Directiva del Club. El primero mediante el Acta N° 5819 del 13 de julio de 2023 y el segundo mediante el Acta N° 5826 del 2 de octubre de 2023.
- Se trató de préstamos puente de corto plazo para cubrir necesidades urgentes de caja, con expectativa de cancelación rápida.
- La deuda fue posteriormente renegociada por las actuales autoridades del Club, lo que demuestra que no fue una operatoria oculta.
“Ambos mutuos existieron, el dinero fue recibido, la deuda fue posteriormente renegociada por las actuales autoridades del Club y las operaciones fueron exteriorizadas dentro de la documentación institucional correspondiente”, afirma el descargo. Sobre las tasas, la defensa argumenta que “observadas abstractamente, tasas del 3% o 4% mensual en dólares pueden parecer elevadas”, pero que su evaluación debe contemplar el contexto macroeconómico argentino, el carácter privado del financiamiento y la urgencia de liquidez que motivó la operación.
El sponsoreo que sobrevivió al cambio de conducción
La acusación también cuestionó un contrato de patrocinio entre Banfield y sociedades del universo Sur Finanzas, al que presentó como ficticio o carente de ejecución real. La defensa respondió con una oferta de sponsoreo, fechada el 12 de diciembre de 2022, cartulares, facturas y la descripción de prestaciones publicitarias concretas: logo de Sur Finanzas en el back panel de conferencias de prensa, soportes digitales en la sala de prensa, back panel armable para partidos de visitante y pasadas en la pantalla LED del estadio Florencio Sola.
El argumento de la defensa en este punto es cronológico: el 23 de enero de 2025, una conducción distinta a la de Spinosa suscribió un nuevo contrato de sponsoreo con Sur Finanzas, que incluyó el logo de la empresa en el pecho de la camiseta del primer equipo. “Lejos de extinguirse como una operación aislada, personal o meramente instrumental de la gestión anterior, el vínculo de sponsoreo fue revalidado y continuó en el tiempo bajo otra conducción del Club”, menciona el escrito. Para la defensa, ese dato desmorona la hipótesis de una cobertura ficticia diseñada exclusivamente por la gestión de Spinosa.
La ausencia de dolo como obstáculo insalvable
El argumento jurídico que atraviesa todo el descargo es la ausencia de dolo. La defensa sostiene que la imputación no identifica ningún acto personal de engaño, ocultamiento, apropiación de fondos o instrucción clandestina atribuible a Spinosa como individuo, y que la acusación construyó el reproche penal sobre la base de su cargo institucional y su firma en contratos que aparecen incorporados al circuito formal del Club.
“La imputación no logra mostrar que Eduardo Juan Spinosa haya actuado por fuera de los órganos de decisión del Club, al margen de la documentación respaldatoria, ni en contradicción con los mecanismos institucionales que regían la celebración y ejecución de estas operaciones», señala el escrito. Y agrega: “El derecho penal exige algo más que la existencia de negocios complejos, condiciones financieras gravosas o vínculos comerciales con contrapartes posteriormente investigadas. Exige la acreditación de una conducta típica, antijurídica, culpable y subjetivamente dolosa, atribuible de manera personal al imputado. Ese estándar no se encuentra satisfecho en el caso.”
Con ese argumento como eje, la defensa solicitó al juez Armella que disponga el sobreseimiento de Spinosa en los términos del artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación, por inexistencia de delito y ausencia de una conducta penalmente relevante atribuible a su persona.
En las próximas semanas la Fiscalía y el juzgado darán a conocer su palabra.
La Unión Cívica Radical (UCR) pedirá información pública sobre los supuestos terroristas que mencionó Javier Milei al referirse a controles migratorios. La diputada nacional Karina Banfi afirmó en Infobae Al Mediodía que buscará determinar si las cifras aluden a expulsiones, rechazos de ingreso o antecedentes penales.
Banfi consideró que el Congreso debe pedir explicaciones por las declaraciones de Javier Milei sobre personas vinculadas al terrorismo. La diputada cuestionó la falta de precisión sobre las cifras y los procedimientos mencionados.
Afirmó que el vocero presidencial aclaró que esas personas no fueron expulsadas del país. Según explicó, la aclaración apuntó a rechazos de visas o autorizaciones de ingreso.
Al mismo tiempo remarcó que una expulsión requiere un procedimiento diferente. Señaló que una persona debe haber cometido un delito en el país para que las autoridades impulsen esa medida.
“Cuando vos hablás de terroristas tienen que haber cometido un delito en el país para poder ser expulsados”, sostuvo. Y dijo que existe “todo un procedimiento para que eso suceda”.
La diputada se refirió a cifras que incluyeron 20 mil y 30 mil casos en distintos momentos de la conversación. Por ese motivo, pidió que los registros oficiales determinen cuántas personas recibieron rechazos de ingreso.
“Dijo que eran treinta mil”, afirmó. Luego añadió que la explicación incluyó “diez mil del año pasado” y “veinte mil en este año”.
“Voy a hacer un pedido de acceso”, afirmó Banfi. La diputada dijo que utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer qué quiso decir el Presidente. “Quiero conocer exactamente qué es lo que quiso decir el presidente”, aseguró.
Según contó en Infobae Al Mediodía, buscará establecer si Migraciones rechazó el ingreso de personas con antecedentes penales. También pretende conocer si existió información oficial sobre amenazas contra la Argentina.
La legisladora señaló que la Ley de Migraciones permite impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales. Aclaró que esa facultad no equivale a expulsar del país a personas acusadas de terrorismo. “Para tener los datos y para constatar”, dijo.
Banfi cuestionó la forma en que Milei presentó el asunto. “El presidente dice cualquier cosa permanentemente”, sostuvo la diputada. Según precisó, los funcionarios luego realizan “malabares” para explicar esas declaraciones.
Asimismo, pidió separar los datos de las interpretaciones políticas. “Lo más importante es la evidencia”, sostuvo. Banfi afirmó que la ley permite negar el ingreso a personas con antecedentes penales.
La ley de discapacidad y el dictamen de mayoría
Entre otras cosas, la diputada puso foco en el debate sobre la discapacidad, el endeudamiento familiar y la seguridad migratoria en una agenda que incluye una votación prevista para el 14 de octubre. La discusión reúne proyectos con impacto en prestaciones, créditos y controles de ingreso al país.
La funcionaria sostuvo que la iniciativa tuvo respaldo de bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza. “Todos aquellos que creemos que una prórroga de la emergencia no tiene principalmente los resortes necesarios”, dijo. El peronismo no acompañó el dictamen, según señaló Banfi durante la entrevista.
La legisladora planteó que el proyecto busca reemplazar una nueva prórroga de la emergencia por una norma permanente. A su criterio, una emergencia fija un plazo y deja decisiones futuras en manos de otra gestión.
Banfi afirmó que la ley incorpora medidas que ya figuraban en la emergencia. Su propuesta apunta a que esas herramientas continúen vigentes después de diciembre de 2027. “Nosotros lo que buscamos es que queden de manera permanente”, explicó Banfi.
La diputada puso el foco en los prestadores que asisten a personas con discapacidad. “Un cronograma de pago” constituye el punto central del acuerdo, según sostuvo.
Indicó que los prestadores necesitan cobrar por los servicios que brindan a personas con discapacidad. Y afirmó que el texto actualiza sistemas que, según su descripción, quedaron afectados por la inflación del gobierno de Alberto Fernández.
La diputada señaló que el proyecto puede lograr una aprobación amplia en el Congreso. Dijo que una votación por unanimidad resultaría posible si el peronismo acompaña el trabajo con organizaciones del sector. “Viendo incluso el trabajo que se está haciendo con el colectivo de discapacidad”, planteó, “la posibilidad de que salga por unanimidad” sería “muy sano”.
Por otra parte, la legisladora aseguró que el Gobierno cambió su posición sobre discapacidad después de conflictos legislativos y presupuestarios. La diputada atribuyó ese giro a una actitud pragmática de la administración nacional.
Aclaró que esa interpretación corresponde a su mirada personal. Y vinculó el cambio con la llegada del Papa y la atención pública sobre el colectivo de discapacidad.
Banfi afirmó que el Gobierno entendió que una disputa prolongada con el sector no le dio resultados. Según su planteo, la administración nacional no cuenta con los votos necesarios para sostener esa confrontación.
“Es un sector extremadamente vulnerable”, dijo. También sostuvo que “generar una pelea, como viene haciéndolo durante dos años, no le sirvió para nada”.
La diputada sostuvo que la agenda de discapacidad reúne reclamos de organizaciones, instituciones religiosas y la Iglesia. Afirmó que ese escenario empujó al oficialismo a aceptar propuestas que antes no respaldaba.
Al mismo tiempo describió problemas internos en el Gobierno durante el diseño de proyectos legislativos. Algunas carteras, según precisó, elaboran iniciativas que luego llegan al Congreso con cambios no previstos.
La diputada citó como ejemplos la ley de lobby, la cuestión de soberanía y el capítulo de discapacidad dentro del presupuesto. De acuerdo con la legisladora, esas diferencias generan problemas posteriores en la comunicación política.
Banfi evitó centrar su crítica en la figura del Presidente. “Me importa más cuáles son los datos y cuáles son los registros”, afirmó al explicar su posición sobre las políticas públicas.
La legisladora sostuvo que los gobiernos deben ordenar las cuentas sin excluir a sectores vulnerables. “Cuando vos dejás estos sectores afuera, yo creo que el costo después que pagamos todos los argentinos es más caro”, dijo.
El endeudamiento familiar y los límites de una regulación
Entre otras cosas, la legisladora abordó el debate parlamentario sobre endeudamiento familiar y morosidad. La diputada cuestionó que la comisión tenga una fecha obligatoria para emitir dictamen.
Según explicó, el emplazamiento limita la posibilidad de discutir los proyectos con mayor profundidad. Banfi afirmó que el número de votos puede imponerse sobre el contenido de las propuestas.
Advirtió sobre los riesgos de intervenir en relaciones contractuales entre privados. Dijo que una regulación de tasas o topes puede afectar la oferta de crédito. “El problema no se resuelve siempre con una ley”, afirmó Banfi.
La diputada planteó que la Argentina necesita ampliar el acceso al crédito y mejorar la trayectoria financiera de quienes solicitan préstamos.
Sostuvo que muchas personas tienen una historia crediticia limitada. Según señaló, esa situación restringe sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos y mejores condiciones financieras.
La diputada informó que los bloques dialoguistas trabajan en un proyecto propio. El texto buscaría incorporar mecanismos que ya funcionan en otros países para ampliar la oferta crediticia.
También recordó el debate sobre la anterior ley de alquileres. La legisladora afirmó que la norma alteró la oferta de viviendas y perjudicó a quienes necesitaban alquilar.
La diputada reconoció que votó aquella ley y luego impulsó su derogación. “Fue un error”, dijo al referirse a esa decisión parlamentaria.
Para cerrar, aseguró que el decreto 70 derogó la norma y modificó el mercado de alquileres. Afirmó que la baja de la inflación redujo algunas presiones, aunque los valores todavía no descendieron.
–
Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.
• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.
• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.
• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.
• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.
South America / Central America,Civil Unrest,Buenos Aires
POLITICA
Un intendente peronista del conurbano eximirá de tasas y les perdonará deudas a los mayores de 75 años
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Partido Justicialista), anunció que su municipio no les cobrará tasas y les condonará deudas a las personas mayores de 75 años, siempre y cuando perciban ingresos de hasta dos haberes jubilatorios mínimos y tengan una única vivienda. El jefe comunal afirmó que tomó la medida porque la situación económica “golpea de lleno a los adultos mayores”.
Gray impulsó una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante, en la que se establece que los mayores de 75 años, que perciban ingresos por hasta dos jubilaciones mínimas (el haber mínimo de octubre es de $435.748,51) y tengan una única vivienda quedarán exentos del pago de nueve tasas y de las deudas por otras tres imposiciones municipales.
Según informó la Municipalidad de Esteban Echeverría en un comunicado, los beneficiarios de la ordenanza quedarán exentos del pago de la Tasa por Servicios Generales; la Contribución Especial para Obras Públicas; la Contribución Especial por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad; Derechos de Oficina; Patentes de Rodados; Carnet de Conducir; Derechos de Cementerio; Tasa por Servicios Asistenciales, y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.
Además, “se condonarán las deudas que, en concepto de Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio, más sus intereses, recargos, multas y gastos devengados, mantengan quienes integran el grupo beneficiario con el municipio de Esteban Echeverría y no hayan sido abonadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la exención total impositiva anunciada”, se indicó en el comunicado municipal.
Para acceder al beneficio, que regirá desde el 1º de enero del año que viene, los mayores de 75 años del distrito deberán presentar una declaración jurada acompañada por la documentación pertinente.
“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, afirmó Gray al presentar su iniciativa en el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría.
La intendencia subrayó en su comunicado que la canasta básica de un adulto, en agosto, llegó a $519.578 y que, además, “se suma el ajuste sobre organismos y prestaciones destinados a las personas mayores”. Entre esos puntos, se destacó “el desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la eliminación de prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.
la medida,»Las instituciones importan». Poder Ciudadano alertó sobre la falta de políticas anticorrupción,Tasas transparentes,Esteban Echeverría,Impuestos,Conforme a
POLITICA
Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores de la obra social OSPRERA en una causa por presunta corrupción
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, exsocio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a dos exinterventores que el Gobierno designó en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). La causa investiga presuntos contratos irregulares.
El magistrado los procesó por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. También les trabó un embargo de $1000 millones.
OSPRERA es la obra social de los trabajadores rurales y el Gobierno la tiene intervenida desde 2024, en medio de un conflicto con el gremio UATRE.
La investigación se centra en la contratación de HTECH, una empresa de Aguirre que se creó en abril de 2024. Según la causa, la firma no tenía antecedentes, empleados ni facturación previa antes de trabajar para la obra social. HTECH le cobró a OSPRERA por servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025 recibió unos $266 millones.
Aguirre y Martín Menem fundaron juntos en 2018 la firma TR Nutrition SRL, que se dedica a importar y vender suplementos dietarios.
El contrato con HTECH lo firmó Virginia Montero, la primera interventora de OSPRERA. Su sucesor, Marcelo Petroni, lo renovó y lo amplió. Ambos estaban entre los citados a indagatoria en la causa. Además, la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, era socia de HTECH y al mismo tiempo trabajaba como secretaria privada de Petroni.
El mensaje del Canciller al gobierno de Kast por la reunión entre empresarios de Malvinas y Chile: “Esperamos que cumplan”
En julio, Casanello había citado a indagatoria a los imputados y había embargado bienes por 920 millones de pesos, entre ellos vehículos de alta gama. En su declaración, Montero justificó la contratación de la empresa. Aguirre, por su parte, negó haber participado en el proceso que terminó con el contrato de su firma y cuestionó que se filtraran datos de la causa.
A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló parte de la investigación. Los camaristas invalidaron el allanamiento al domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas que se obtuvieron de ese aparato. También dejaron sin efecto los embargos sobre el patrimonio de los imputados. Sin embargo, la causa general siguió en marcha a cargo de Casanello, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.
Martín Menem, Casanello, Justicia
Among Us recibe la actualización 19.0.0 – Nintenderos
La UCR pedirá información sobre los supuestos terroristas mencionados por Milei
Pity Álvarez habló luego de su crisis nerviosa: “Me va a explotar la cabeza”
Un intendente peronista del conurbano eximirá de tasas y les perdonará deudas a los mayores de 75 años
Levantan suspensión en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: estas son las obras que vienen
Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores de la obra social OSPRERA en una causa por presunta corrupción
El secretario de Defensa británico dijo que el Reino Unido está preparado para defender militarmente las Malvinas
El gobierno porteño y el colectivo LGBTIQ+ llegaron a un acuerdo y confirmaron la fecha de la Marcha del Orgullo
El viento de frente internacional no pone freno al apetito por riesgo argentino
Trump’s Greenland deal shadows Xi visit after years of Beijing eyeing Arctic influence
INTERNACIONAL3 días agoEl secretario de Defensa británico dijo que el Reino Unido está preparado para defender militarmente las Malvinas
- POLITICA3 días ago
El conflicto por discapacidad lesionó el vínculo del Gobierno con el PRO y se dilatan los planes electorales
- SOCIEDAD3 días ago
El universo de Code Geass se expande con una nueva historia. Star Chaser Aspal presenta su primer tráiler y apunta a 2027
