POLITICA
Leila Gianni denunció una escalada de violencia narco en La Matanza: “Los vecinos viven atemorizados”

En los barrios de La Matanza, la preocupación y el miedo se sienten a diario entre los vecinos. Leila Gianni, concejal por La Libertad Avanza, advirtió en Infobae en Vivo sobre una crisis de seguridad marcada por balaceras nocturnas, disputas entre bandas narco y falta de intervención efectiva de las autoridades. La situación alcanza a las 16 localidades del municipio y afecta a familias de los tres cordones urbanos.
La concejal sostuvo que el crecimiento de la inseguridad y del narcotráfico genera temor permanente en los vecinos. Relató que los habitantes de complejos como los de Ciudad Evita sufren enfrentamientos armados a la madrugada, con disparos que atraviesan paredes y puertas. “Los vecinos ya están viviendo atemorizados y piden a gritos: ‘Por favor, ayúdennos’”, sostuvo Gianni.
Durante los últimos días, la funcionaria enfatizó que las balaceras se produjeron en horarios nocturnos y que la disputa territorial entre bandas narco dejó varios heridos. “A las dos de la mañana empiezan tiros que perforan las paredes y las puertas de las viviendas de vecinos que no tienen absolutamente nada que ver”, describió Gianni al detallar la gravedad de los episodios.
Inseguridad y expansión narco
Gianni remarcó que la situación en Ciudad Evita se agravó tras operativos policiales recientes. Según su testimonio, tras la detención de algunos integrantes de las bandas que operaban en el lugar, el territorio quedó “acéfalo” y comenzaron a llegar nuevos grupos para disputar el control de la zona. “Se están disparando”, señaló la concejal.
La funcionaria aseguró que la policía bonaerense “no ingresa” en determinadas áreas, lo que configura para ella una “zona liberada”. Explicó que solo tras gestiones personales ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, Gendarmería comenzó a patrullar el lugar, aunque consideró insuficiente el despliegue. “Ya hubo tres heridos de bala”, subrayó.
Gianni afirmó que quienes denuncian la actividad narco también sufren represalias. Indicó que los grupos criminales atacan casas de vecinos que se oponen o se sabe que denunciaron su accionar, ocupando las viviendas para instalar búnkeres. “El vecino se tiene que ir y copan esa casa para generar un nuevo búnker”, explicó.

Crisis estructural y denuncias sobre gestión municipal
La concejal de La Libertad Avanza vinculó la crisis de seguridad a problemas estructurales de larga data en La Matanza. Sostuvo que el avance de los delitos no responde a episodios aislados sino a una “connivencia” con sectores del poder judicial, fuerzas de seguridad y del Ejecutivo municipal. “Esto se viene gestando durante décadas”, afirmó Gianni.
La funcionaria también denunció que la venta de droga y la existencia de cocinas narco superan el narcomenudeo. Mencionó que en Virrey del Pino “se están gestando cocinas”, lo que marca una escalada en la organización criminal dentro del municipio. Gianni señaló que los vecinos conocen las ubicaciones de los búnkeres, pero muchas veces no logran concretar denuncias por temor o desconfianza en las autoridades.
En cuanto a la gestión política, Gianni cuestionó la continuidad del mismo color político en la intendencia desde 1983. “Han gestado un aparato enorme, dominando y manipulando a la población en función de hacerla vivir y pasar necesidades extremas”, expresó. Relató situaciones de servicios colapsados, como la presencia de materia fecal en calles de barrios como Golf y Areco, y denunció prácticas de clientelismo en períodos electorales.

Reclamos por cambios institucionales y nuevas propuestas
Ante la falta de respuestas, Gianni propuso la creación de una comisión permanente de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito en el Concejo Deliberante de La Matanza. Informó que actualmente no existe un ámbito institucional específico dentro del cuerpo legislativo local para debatir y controlar políticas de seguridad. “Tenemos hasta una comisión de mujeres, géneros y diversidades, pero comisión de seguridad no hay”, afirmó.
La concejal remarcó la necesidad de implementar la boleta única en la provincia de Buenos Aires para reducir la posibilidad de fraude y manipulación electoral. “Si realmente queremos salir a ganar la elección, discutamos este año la aplicación de la boleta única”, insistió Gianni. Según su perspectiva, la transparencia en el proceso electoral es clave para modificar la situación política en el distrito.
Frente a la gravedad de los hechos y la demanda de los vecinos, Gianni aseguró que continuará impulsando proyectos y visibilizando los problemas de seguridad. Advirtió que, en caso de no aprobarse la comisión, hará público el voto de los concejales que se opongan a su creación.
Estrategias de comunicación y repercusión social
Gianni utiliza activamente las redes sociales para exponer la realidad de los barrios y reclamar soluciones. Sostuvo que la espontaneidad y el uso de recursos humorísticos o irónicos en videos permiten que las problemáticas locales trasciendan el distrito. “Gracias a estos videos, de toda la Argentina conocen hasta el barrio más pequeño”, aseguró.
La concejal relató que muchas veces, tras la publicación de un video, las autoridades municipales intervienen rápidamente para resolver reclamos puntuales, como el saneamiento de basurales o arreglos en la vía pública. Considera que la visibilidad obtenida resulta decisiva para lograr respuestas. “Está bueno eso. Es trabajo”, resumió.
Gianni manifestó que recibe tanto apoyo como críticas por su forma de comunicar y por su exposición en redes. Sin embargo, afirmó que la interacción digital permitió que muchos ciudadanos la reconozcan y se interesen por las problemáticas de La Matanza, incluso personas ajenas a la política.
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POLITICA
La Justicia pedirá autorización al Congreso para peritar el celular del exgobernador entrerriano Gustavo Bordet

Aníbal Lafourcade, vocal del Tribunal de Apelaciones de Concordia, en Entre Ríos, resolvió este martes suspender la apertura de los celulares del exgobernador Gustavo Bordet y de su pareja, Mariel Ávila, actual diputada provincial. La medida se tomó ante un planteo de la defensa. El argumento fue que se necesita autorización previa, ya que los teléfonos se usaron para la actividad legislativa.
Ahora, la Fiscalía a cargo de José Arias deberá pedir al Congreso nacional y a la Legislatura de Entre Ríos el permiso correspondiente para realizar la pericia.
Mientras tanto, la defensa del exmandatario justicialista anticipó que recusará a Arias. Considera que el funcionario judicial perdió objetividad para el seguimiento del caso. Y entiende que lo que sostiene abierta la investigación es animadversión en contra de Bordet.
Arias ya fue removido de tres causas que se seguían a otro dirigente del PJ. Se trata del exintendente de Concordia, Enrique Cresto. En todas, la Cámara de Casación Penal provincial entendió que el fiscal había perdido el estricto apego al principio de objetividad que se exige a la acusación pública.
Cuáles son los pasos para el peritaje
El trámite tiene que ser resuelto por los plenarios de ambos cuerpos legislativos. El proceso suele llevar tiempo ya que es una medida judicial pero con impacto político. Más aún estando a las puertas de una competencia electoral.
En lo formal, será una cuestión de interpretación legal. La norma que regula los fueros establece que para que se abran los teléfonos de un legislador este tiene que estar imputado de un delito. Bordet no lo está. La investigación se abrió hace dos años y Fiscalía no ha presentado un caso en contra del exgobernador. La raíz del expediente abierto es una denuncia de un particular. El material está tomado de su declaración jurada en el Congreso.
Si llegado el caso de que ambas Cámaras den el aval, la Fiscalía deberá pedir al Juez de Garantías la apertura y el análisis de los celulares. Los teléfonos quedaron a resguardo en la Justicia. Es que el juez Lafourcade negó el pedido de la defensa de para que les sean devueltos.

Cambio de dirección
En un primer momento, Bordet y su esposa habían entregado por propia voluntad los aparatos y las claves correspondientes. Fue durante los procedimientos realizados en propiedades del exgobernador de Entre Ríos entre 2015 y 2023.
En esa instancia, ambos habían dado luz verde para que Fiscalía y Policía realizaran la inspección en sus casas de Paraná y Concordia sin el desafuero previo. Pero, según evalúan en el entorno del exmandatario, a partir de ese momento la causa se desnaturalizó.
Una vez dentro, personal judicial y de seguridad registró hasta los datos de los electrodomésticos a fin de investigar quién y cómo los habían comprado.
Durante los procedimientos en los domicilios, Bordet y Ávila fueron requisados por el personal policial. Los palparon de pies a cabeza. A la esposa del exgobernador la llevaron a un baño y la obligaron a quedarse en ropa interior.
Hubo quejas por este accionar de la Policía bajo dirección de Fiscalía. Ávila las presentó en la Legislatura provincial. Y, por otras vías, llegaron a oídos del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y del gobernador Rogelio Frigerio.
Actos propios
Tras estas acciones que consideró desatinadas, la defensa de ambos planteó que los celulares habían sido utilizados para la actividad legislativa. Eso obligaba a que tanto la Cámara de Diputados de la Nación como la de Entre Ríos deban autorizar en forma previa su análisis.
En una primera instancia, el Juez de Garantías Ives Bastián rechazó el planteo de la defensa. Para ello, invocó la doctrina de los actos propios. En su resolución publicada por El Entre Ríos, el magistrado subrayó: “Fue la Defensa quien consintió el allanamiento y el secuestro de los dispositivos” y la que “instó a prescindir del trámite ante las Cámaras”.
Bastián también señaló que la representación de Bordet “convino día y hora de la diligencia”. Asimismo, apuntó que fueron “los propios legisladores quienes, asistidos por su letrado, ratificaron la medida, dispusieron de la protección de sus fueros y aportaron voluntariamente las contraseñas de los aparatos para que la Justicia accediera a su contenido”. Por último, sentenció que fue “la Defensa quien consintió la resolución que autorizó el análisis”.
Los abogados de Bordet y Ávila apelaron. Y en la revisión de la decisión de la primera instancia logró un fallo favorable que frenó el peritaje.
POLITICA
Teresa García, sobre la estrategia del PJ para habilitar otra candidatura de Cristina Kirchner: “Es quien mejor visualiza los tiempos que vienen”

Sobre el escritorio de la diputada nacional Teresa García hay un libro, La hora de los depredadores, del ensayista italiano Giuliano da Empoli. “Es muy ilustrativo”, dice mientras señala el ejemplar que describe un escenario regido por líderes disruptivos y magnates tecnológicos. La frase funciona como una síntesis de su mirada sobre el presente político y también sobre el momento que atraviesa el peronismo.
Para la legisladora y secretaria nacional del PJ, el espacio perdió capacidad para interpretar la crisis de los sectores populares y, antes de discutir candidaturas, debe volver a definir qué proyecto quiere ofrecerle a la sociedad. “Si no, terminamos con un gobierno de parches, como el que ya tuvimos”, sostiene al evocar la presidencia de Alberto Fernández.
Pese a esa autocrítica, no deja dudas sobre quién considera que debe conducir esa reconstrucción: “Creemos que Cristina es quien mejor puede visualizar los tiempos que se vienen”.
García recibió a en su despacho del Congreso. A lo largo de la entrevista insistió en la necesidad de recuperar una agenda centrada en el trabajo y la distribución del ingreso, reivindicó el papel de los trabajadores como eje histórico del peronismo, cuestionó a la CGT y admitió que la derrota de 2023 abrió un debate que el partido todavía no logró saldar.
En ese contexto, confirmó que el PJ trabaja en una estrategia jurídica e internacional para intentar revertir la inhabilitación de Cristina Kirchner y habilitar una nueva candidatura. “Tiene que seguir siendo quien marque el rumbo político del peronismo”, afirma.
También defendió las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo para ordenar la interna y rechazó la reforma electoral impulsada por el Gobierno.
−¿En el PJ se está pensando en estrategias jurídicas para que Cristina Kirchner pueda ser candidata el año que viene?
−Sí, estamos trabajando en tres planos. Uno es el territorial, con nuestra presencia en San José 1111 para evitar que se naturalice lo que consideramos una detención arbitraria e injusta. El otro es el judicial, donde trabaja el equipo jurídico de Cristina. Y el tercero es el internacional.
Creemos que la causa fue amañada y que la Corte ni siquiera analizó el expediente en profundidad. No puedo anticipar el resultado de ninguna de esas estrategias, pero sí puedo decir que buscamos mantener vigente el reclamo. Cuando Cristina anunció que iba a ser candidata en la tercera sección electoral, una semana después la detuvieron. Si su candidatura hubiera sido inocua, eso no habría ocurrido.
−Mencionó el plano internacional. ¿Me puede dar más detalles de esa estrategia?
−Estamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además contamos con el acompañamiento de quien fue abogado de Lula [Da Silva] y vamos a recurrir a todos los organismos internacionales donde podamos denunciar lo que consideramos una proscripción.
−Axel Kicillof es, según las últimas encuestas, el dirigente peronista que mejor imagen tiene. ¿Debería ser el candidato del peronismo el año que viene?
−Bueno, él ha planteado hace pocos días que lo mejor que le podría pasar al peronismo es ir a una PASO. Yo creo en eso, porque en realidad, además de ser una ley nuestra, es lo que más fácilmente dirime la representatividad de los dirigentes. Si no, ¿de qué otra manera? Después hay quejas con el dedo.
Axel es un dirigente con muy buena performance, pero hay otros que también empiezan a dar batalla y nosotros somos un frente, donde también está el Frente Renovador, por ejemplo. Falta mucho tiempo todavía. Antes de discutir candidaturas hay que acordar qué políticas vamos a llevar adelante. Si no, terminamos con un gobierno de parches, como el que tuvimos. Hay dos temas centrales. El primero es la deuda con el FMI. Creemos que el esquema de pagos será inviable y, mientras se priorice esa deuda, será muy difícil destinar recursos a salud, educación y otras políticas públicas. El segundo es la Justicia. No digo que todo el Poder Judicial funcione igual, pero sí creo que existe una estructura que opera políticamente desde hace muchos años. Habrá que ver también qué ocurre con los pliegos que impulsa el Gobierno porque, a mi entender, apuntan a consolidar ese esquema.
Nunca en el peronismo la unidad está descartada”
−¿Cómo explica que en el Senado, parte del bloque PJ acompañó la mayoría de los pliegos enviados por Javier Milei, incluso la prórroga de Carlos Mahiques como juez de la Casación?
−Creo que esa discusión va a seguir existiendo. Cada pliego deberá analizarse para distinguir cuáles son inocuos y cuáles forman parte de una estrategia para blindar un determinado esquema judicial. Tengo plena confianza en el bloque del Senado y estoy segura de que esa discusión ya se está dando.
−¿La unidad en el PJ no está descartada?
−Nunca en el peronismo la unidad está descartada, siempre el peronismo ha dado distintas batallas. Cuando dicen, no, bueno, porque el peronismo nunca hizo uso de las PASO, eso es mentira. En el 2023 fue Sergio Massa con [Juan] Grabois a una PASO, a una contienda. Luego tuvimos la experiencia con [Florencio] Randazzo, que cuando reclamó tener el sello del PJ y el número de lista, nosotros armamos Unidad Ciudadana. No es la primera vez que hay contienda y tensión interna del peronismo. Tampoco está descartada una lista única. El año pasado también se especuló con que no habría acuerdo en la provincia de Buenos Aires y finalmente lo hubo.
−¿La búsqueda de unidad tiene que ver con no allanar el camino de reelección a Milei?
−Siempre es mejor que las fuerzas del campo nacional compitan unidas, porque eso mejora las posibilidades electorales. Pero no es una condición excluyente. Nosotros también recuperamos el gobierno con Unidad Ciudadana.
−¿Podría el kirchnerismo competir con un sello diferente al del PJ?
−No. Que el PJ haya atravesado conflictos internos otras veces no significa que vaya a ocurrir ahora ni que pensemos competir con otro sello. Hoy, toda la actividad del partido está orientada a fortalecer al PJ a partir de los problemas de la sociedad, no de las discusiones entre dirigentes.
−¿Está de acuerdo con la reforma electoral que plantea el Gobierno?
−Lo primero que digo es que el sistema electoral no puede seguir indefinido a esta altura del año. Pero la discusión no pasa solo por sostener o eliminar las PASO. También incluye la reforma de los partidos políticos y su financiamiento. Este gobierno construyó desde el primer día un discurso contra la política y los partidos. Pero la democracia se sostiene sobre los partidos políticos. Si se los desfinancia, la política queda en manos de quienes tienen recursos privados para financiar campañas. Eso forma parte de un mismo plan. Primero fue la Ley Bases, después otras reformas como la Ley de Glaciares y ahora la Ley de Tierras. Son piezas de una misma estrategia que, a mi entender, favorece intereses privados y también extranjeros.
−Entiendo que están en contra de toda la reforma electoral propuesta por el Gobierno. ¿Lo conversaron con los gobernadores peronistas? Algunos de ellos, como Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, ya anticiparon su apoyo.
−Nosotros estamos en contra de eliminar las PASO por ser el único elemento viable que tenemos para garantizar la representatividad de quienes quieren competir. Ese es nuestro motivo. Ahora, hay gobernadores que ya han manifestado, como usted dice, que están a favor de eliminar las PASO por dos razones. La primera es porque el Gobierno los apura, los presiona con distintas acciones y ya hemos tenido algunas opiniones de algunos gobernadores como Jalil y algún otro, como Gustavo Sáenz, pero que en verdad le son funcionales al Gobierno. Son los legisladores que se sientan para dar quorum o votar todas las medidas del Gobierno. Por un lado, porque se sienten cómodos en su vínculo con el Gobierno, esperando que haya alguna devolución por votar sus leyes, cosa que hasta ahora no ha sucedido. El otro tiene que ver con un error del propio peronismo: haber desacoplado las elecciones provinciales de al. Esa decisión terminó fragmentando al espacio y debilitando su carácter federal. Pasamos de gobernar 15 provincias a quedarnos con cinco. Esa fragmentación puede garantizar legisladores a algunos gobernadores, pero no fortalece un proyecto nacional. Cristina tiene que seguir siendo quien marque el rumbo político del peronismo”
−¿Rechaza también el desdoblamiento de la elección de la provincia de Buenos Aires?
−Por uno hablan sus hechos: el año pasado, cuando fue esta discusión en la provincia de Buenos Aires, yo no solamente me manifesté públicamente en contra del desdoblamiento, sino que presenté un proyecto de ley de concurrencia. El peronismo no puede aparecer dislocado en cien mil pedazos. Y si bien es cierto que el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires fue favorable a los territorios, a los intendentes, debilitó el peso nacional de la provincia de Buenos Aires. Y cuando prevalecen los intereses locales es muy difícil revertir después el resultado nacional. Es muy difícil.
−Muchos dirigentes del PJ del interior, incluso gobernadores, cuestionan que el partido se volvió demasiado centrado en el AMBA ¿Comparte ese diagnóstico?
−No. Yo recuerdo la época de Alberto Fernández como presidente del partido. La sede de Matheu prácticamente nunca se abrió y el partido no convocaba a los sectores de la sociedad con problemas. Hoy el partido tiene una convocatoria abierta. Por ejemplo, el lunes convocamos a representantes de todas las provincias, legisladores y organizaciones para defender la Ley de Tierras. Esa ley nos llevó diez años construir y fijó un límite a la compra de tierras por parte de extranjeros. Reformarla implica entregar parte del territorio nacional. El peronismo se desordenó y se alejó de su razón histórica: representar a los trabajadores”
−Si Cristina Kirchner no pudiese competir, ¿quién podría expresar mejor su proyecto político?
−Es muy difícil porque no se transpola la conducción. Cristina tiene que seguir siendo quien marque el rumbo político del peronismo. Dio una batalla durante años contra los poderes concentrados y por eso está en la situación en la que está hoy. Si continúa la proscripción y no puede ser candidata, igual no puede quedar afuera de la discusión sobre hacia dónde va el peronismo.
−Durante décadas el peronismo fue el representante de los sectores populares. ¿Cree que sigue siéndolo?
−No, creo que hoy tenemos dificultades. Creo que nuestro último gobierno fue muestra de que no interpretamos la crisis por la que estaban pasando los sectores populares. Y no creo que sea una discusión sobre planes de empleo. Los sectores populares hoy son todos: la persona que trabaja en una empresa, la persona que trabaja en una fábrica, aquel que tiene un plan de empleo miserable. Son todos. Creo que el peronismo, como decía Cristina en un documento, se desordenó y se alejó de su razón histórica: representar a los trabajadores. Yo soy bastante crítica de las acciones de la Confederación General del Trabajo (CGT). Tiene que poder enfrentar a este modelo porque está dejando en la calle es a los trabajadores, que son los únicos que pueden modificar esta situación que tenemos. Si hay producción, hay trabajo. Si hay trabajo y producción, hay consumo. Y es una rueda virtuosa. Entre el peso de la deuda y la falta de respuesta de quienes representan a los trabajadores, la voluntad electoral de muchos sectores se volvió muy volátil.
−¿Qué cree que cambió para que muchos jóvenes de barrios populares no tengan una identificación automática con el peronismo?
−Pasó el tiempo. La última experiencia de un gobierno que amplió derechos y promovió la integración terminó en 2015. Pasaron 11 años, es una generación. Hay muchos chicos que no han visto lo que significa un gobierno con voluntad de integración. Han visto el gobierno de Macri y han visto un gobierno inexacto del peronismo, incompleto, y luego el gobierno de Milei. Creo que por esa razón hay desánimo. Yo recuerdo que en la provincia de Buenos Aires quisimos legislar sobre los trabajadores de plataforma, sobre los Rapis. Y tuvimos una reunión con ellos y no querían saber nada porque decían que ellos eran más libres de esa manera. Hoy tenés ese sector muy supernumerario, porque ya no solamente están los jóvenes, sino que hay gente mayor que no consigue trabajo en otro lado después que lo despiden. Esa diversidad hace muy difícil ordenar ese sector. El trabajo es lo único que ordena en una sociedad. Y me parece que la ausencia de trabajo es justamente lo que desordena. Recuperar el trabajo es el desafío central.
−¿Cuál es la propuesta del peronismo para volver a entusiasmar?
−Hay que explicar por qué llegamos hasta acá. La apertura de las importaciones está afectando a sectores como el textil, el calzado o el mueble. Cierran comercios y cae la producción. No alcanza con una consigna impresa en una pared: hay que generar conciencia para que esta experiencia no vuelva a repetirse. También hay que hablar de las consecuencias concretas. Se eliminaron programas de atención y medicación oncológica. Estamos hablando de salud y de vidas. A los jóvenes también hay que preguntarles cómo están sus abuelos, si llegan a fin de mes o si pueden acceder a sus medicamentos. Tiene que haber una conciencia más comunitaria.
La discusión anterior al equilibrio fiscal es cómo se va a distribuir el ingreso”
−Hay un sector del peronismo que empezó a hablar de orden macroeconómico y equilibrio fiscal. ¿Está de acuerdo?
−Nadie discute la necesidad del equilibrio fiscal. Yo tampoco. Pero la discusión anterior es cómo se distribuye el ingreso. Si logramos estabilidad y crecimiento, la pregunta es dónde van esos recursos: si a la producción, a la gente o a seguir beneficiando a quienes más tienen. Néstor Kirchner defendió el equilibrio fiscal, así que no acepto que se nos atribuya irresponsabilidad en ese tema. La discusión pendiente es la distribución del ingreso.
−¿Las dificultades del PJ responden a una crisis de liderazgo, de gestión o de identidad?
−No, creo que después de la derrota siempre crujen las fuerzas políticas. Nosotros después del 2023 empezamos a crujir. Y es natural que pase eso en todos los partidos políticos. Para nosotros, para muchos de nosotros, hay un liderazgo claro que es el de Cristina. Pero hay otros sectores que tienen otros liderazgos. El Frente Renovador lo tiene Sergio Massa, el MDF lo tiene a Axel Kicillof. Bueno, deberemos convivir en esa concordancia. Pero nosotros sí tenemos liderazgo, creemos que Cristina es quien mejor puede visualizar los tiempos que se vienen.
−¿Cómo debería resolverse la interna del PJ bonaerense?
−La provincia de Buenos Aires tiene una importancia sideral en la construcción nacional. Concentra cerca del 40% del padrón y una parte muy importante del PBI. La provincia de Buenos Aires debiera tener una resolución con candidato y con proyecto. Porque hoy la provincia de Buenos Aires vive el ajuste que impone el gobierno nacional en la mayoría de los programas provinciales y en lo que se le debe a la provincia, que es una enormidad, por lo cual la provincia hay cosas que no puede atender, pero también hay que tener un proyecto para la provincia de Buenos Aires. Hay que ver qué provincia queremos, hacia dónde queremos ir, qué provincia productiva queremos, qué sectores se van a impulsar, no todos los sectores están en las mismas condiciones, cuáles regiones se va a acompañar; la provincia es muy diversa, vos tenés un conurbano con una necesidad y un interior con otras necesidades. Es más, una zona costera que ahora va a estar muy golpeada, según dicen, con el tema de la llegada de El Niño por las inclemencias climáticas. Hay una enorme cantidad de candidatos y me parece que se tiene que resolver de la misma manera que planteó al, discutir primero a dónde vamos, qué provincia queremos, quién mejor representa eso, y si continúan las PASO, se resolverá con una PASO.
−Si tuviera que convencer a un joven de 20 años de votar al PJ, ¿qué le diría?
-Que hay que recuperar la esperanza. Hay que recuperar la fe. Nada se gana en la vida sin luchar y además tiene que ser en un proyecto colectivo, no individual. Que milite donde quiera: en un club, en una sociedad de fomento, en una organización o en un partido político. Lo importante es comprometerse con algo que trascienda lo individual.
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POLITICA
Qué puede decidir y qué no el Comité de la ONU al que recurrirá Cristina Kirchner por la condena de la causa Vialidad

La condena contra Cristina Kirchner quedó firme en junio de 2025 y, agotadas las instancias judiciales argentinas, la defensa anunció que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, ese organismo no puede anular la sentencia ni ordenar su libertad: su intervención se limita a evaluar si el Estado argentino vulneró garantías del debido proceso.
El fallo de la Corte Suprema agotó las vías judiciales internas, un requisito para acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde la presentación apuntará a garantías procesales, aunque una eventual opinión favorable no suspenderá la pena.
En su resolución, el máximo tribunal descartó cuestionamientos por falta de imparcialidad, supuestas violaciones al debido proceso y errores en la valoración de las pruebas, al sostener que los planteos defensivos no desvirtuaban los fundamentos previos.
El trámite ante el Comité prevé que el organismo reciba los argumentos de la parte denunciante y luego solicite la respuesta del Estado argentino a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras analizar ambas posiciones, el cuerpo emitirá una opinión.
El trámite ante el comité, de todos modos, no tendrá una definición cercana. Cualquier resolución definitiva del organismo demandará un proceso de análisis y tratamiento que insumirá varios años.
Función y alcance del Comité de la ONU
Tras la decisión de la Corte de dejar firme la condena contra CFK, los abogados de la expresidenta presentaron una “Comunicación Individual” ante la ONU, planteo que abrió una instancia internacional de revisión sobre estándares procesales, no una nueva discusión sobre los hechos del caso ni sobre la culpabilidad o inocencia de la exmandataria.
El organismo está integrado por 18 expertos independientes y emite observaciones y recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio, aunque suelen citarse como antecedentes en debates jurídicos e institucionales y pueden ganar relevancia política e internacional.
Según el alcance que tiene ese órgano, sus pronunciamientos son “observaciones” o “dictámenes”. No se trata de sentencias judiciales de cumplimiento obligatorio directo para revertir una condena penal, aunque sí pueden generar responsabilidad internacional para el Estado y tener peso político y jurídico.

Por ende, el organismo no puede anular la sentencia penal dictada por la justicia argentina: su intervención se limita a evaluar si el Estado violó garantías del debido proceso, un examen cuya tramitación podría demorar varios años.
La función del comité se concentra en determinar si hubo afectación de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre esos puntos puede analizar la independencia de los jueces, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.
Lo que no hace ese organismo es volver a juzgar el expediente. Tampoco reevalúa pruebas ni dicta un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de la persona condenada. Las decisiones del Comité no son vinculantes como una sentencia nacional.
Si el comité concluyera que existió una violación de derechos humanos, podría recomendar al Estado argentino medidas de reparación, reformas legales o revisiones institucionales. Ese eventual dictamen, aun con ese alcance, no sustituye la decisión de los tribunales nacionales.
El antecedente de Lula y el caso de la OEA
La estrategia de la defensa busca apoyarse en un antecedente internacional ya utilizado en la región. El caso de Luiz Inácio Lula da Silva aparece como la referencia central del planteo.
En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que la causa Lava Jato contra Lula había vulnerado sus derechos políticos y las garantías de un juicio imparcial. Ese antecedente es el que intentan replicar los abogados de la expresidenta, reforzados por juristas internacionales vinculados con aquel caso.

La diferencia, según surge de ese precedente, es que la anulación de las condenas de Lula no fue ordenada por el comité sino que la dispuso el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil por fallas de competencia jurisdiccional, mientras que el pronunciamiento de la ONU operó como un fuerte respaldo político y jurídico internacional.
Ese punto delimita la expectativa real del trámite iniciado por la defensa de Kirchner. Aun en el escenario de un dictamen favorable, la intervención del organismo internacional no equivaldría por sí sola a dejar sin efecto la sentencia argentina.

La presentación ante la ONU también condiciona otra vía posible en el plano internacional. Las normas del derecho internacional impiden litigar en simultáneo el mismo caso en múltiples foros multilaterales.
Al optar formalmente por la comunicación ante ese comité, la defensa debe desistir de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del sistema regional de la OEA. Esa incompatibilidad entre vías obliga a elegir un único canal para el reclamo internacional.
La diferencia entre ambos sistemas no es menor. A diferencia del mecanismo de la ONU, el sistema interamericano cuenta con un tribunal judicial formal, la Corte IDH, cuyas sentencias suelen ser vinculantes y tienen mecanismos de revisión local dentro de la jurisprudencia argentina.
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