La elección de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura se recalienta. Esta vez, el epicentro del debate fue una jornada sobre transparencia en la elección de jueces organizada por la Suprema Corte de Mendoza, donde expusieron dos referentes que competirán con sus listas el 20 de octubre: Luis Palomino, de La Libertad Avanza, y Daniel Angelici, consejero electo por los académicos, pero además orientado a la lista peronista.

Ambos mostraron coincidencias y realizaron explosivas consideraciones.

“Todos sabemos que los concursos son amañados; al Consejo lo gobierna el grupo de Olmos y el grupo de Angelici”, en referencia al auditor general de la Nación, el peronista Juan Manuel Olmos y al dirigente radical y operador judicial todoterreno Daniel Angelici, dueño de bingos.

Olmos impulsó y articuló la lista “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, que lleva a Itati de Marchi, donde se alineó La Cámpora y el kirchnerismo.

La agrupación de Angelici integra la lista “Unidad en Defensa de la Abogacía”, que lleva a Alberto “Nacho” Biglieri como candidato.

Palomino, concejal de Vicente López, que llegó aquí con el apoyo de dirigentes libertarios, no se ahorró comentarios.

Dijo que hay “endogamia” en los concursos de selección de jueces porque los abogados no tienen chance ante los candidatos que provienen de la propia magistratura.

Exhortó a “profesionalizar la justicia”, revisar el reglamento de selección, con entrevistas estructuradas, y realizar procesos de auditoría del Consejo.

Le siguió en el panel Diego Molea, que arrancó con eufemismos: “Hay mucha hipocresía, y hay cosas que no se hablan en el sector judicial”.

La charla se realizó en la Universidad Congreso, de Daniel Vila y José Luis Manzano, y fue convocada por el juez de la Suprema Corte mendocina José Valerio, antaño dirigente radical y ahora activo magistrado disruptivo que se hace escuchar con sonoras disidencias en el máximo tribunal local donde pesa la influencia del oficialismo.

Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora, es consejero electo por el estamento de los académicos, y al mismo tiempo promueve su lista. El dirigente retomó la palabra de Palomino para recalcar que su lista “no tiene patrones; los otros candidatos tienen que pedir permiso para venir a hablar”.

“Hay grupos de poder en torno al Consejo, la política busca entrometerse y los grupos de poder presionan. Buscan solucionar sus problemas económicos con cautelares. Está la intromisión del poder público y del poder privado y ambos intentan presionar”, dijo el consejero electo.

Otros párrafos de su discurso estuvieron dirigidos al proyecto de reforma de reglamento de selección que planteó la Corte en la acordada 4, impulsado por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Dijo: “Hay que ver si es una facultad de la Corte o una intromisión en las facultades del Consejo de la Magistratura, cuando además no vienen los actores a debatir”.

“No lo vamos a aprobar a libro cerrado”, señaló y recalcó: “Suerte que Rosatti [Horacio, presidente de la Corte y del Consejo] dijo que no se iba a votar a libro cerrado”.

Reconoció que en estas elecciones del Consejo “se disputa poder”. “Puede haber negociaciones, pero los jueces no tienen patrones; cuando son designados no le deben nada a nadie, solo deben cumplir con la ley”, indicó.

Insistió en que hay “una doble vara en el Poder Judicial” y en ese sentido criticó el garantismo penal cuando se acentúa el trato hacia los delincuentes y no mira a las víctimas.

La jornada fue organizada por la Corte local, el Incep, la Universidad Congreso y la Universidad Champagnat.

Además de Valerio, se destacó la presencia del juez de la Corte mendocina Mario Adaro.

Valerio, al inaugurar las jornadas, advirtió sobre los problemas del sistema local de concursos, el secretismo que existe en los debates del consejo relacionados con la corrección de los exámenes y aseguró que en el proceso hay “padrinazgos, negociaciones e intercambios”.

“Estamos hablando de poder”, advirtió. Criticó la falta de coraje de algunos jueces designados que, sostuvo, actúan “como los bomberos que le temen al fuego”. Reescribió en ese sentido la frase del Martín Fierro que señala “hace amigo del juez” y la reemplazó por “hace juez a un amigo”.

Alertó finalmente no solo sobre la política que busca incidir en el proceso de designación de jueces, “sino sobre el riesgo de infiltración de poderes mafiosos” en esa tarea.

La Justicia ordenó archivar por inexistencia de delito una causa en la que estaban denunciados el presidente Javier Milei, el legislador porteño Waldo Wolff y la diputada libertaria Sabrina Ajmechet, a quienes acusaron de difundir “discursos de odio” e “instigar a cometer delitos”.

En una resolución que recoge los argumentos del fiscal Carlos Stornelli, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 de Comodoro Py consideró que los hechos denunciados no encuadraban en ninguna figura penal.

La presentación había sido impulsada por Cristian Moix, un abogado de Mar del Plata que el año pasado cobró notoriedad mediática tras propinarle un cabezazo a un colega en pleno juicio. Moix atribuía al Presidente y a los legisladores una serie de delitos a raíz de sus declaraciones públicas y posteos en redes.

Stornelli sostuvo que el denunciante no detalló circunstancias concretas de tiempo, modo y lugar que perjudicaran a terceros. Y destacó que Moix pretendía una valoración general sin adscribir un delito específico a cada expresión cuestionada, lo que vulneraría los principios constitucionales de legalidad y reserva. Por ello, el fiscal calificó la presentación de “excursión de pesca”, una práctica incompatible con las garantías del proceso penal.

Luego de oficializarse el archivo, Wolff, exministro de Seguridad porteño, celebró la decisión: “En Argentina ser NAZI es un delito. Desestimaron la denuncia hecha por el abogado Moix de la bandita del único juez removido por sus pares en la historia por nazi, López, contra quienes lo denunciamos. Que sigan los éxitos”, escribió en sus redes sociales.

Aludía a Alfredo López, exjuez federal que dimitió tras denuncias de agrupaciones de la comunidad judía y legisladores por dichos antisemitas, y que fue finalmente destituido a mediados de agosto por el Consejo de la Magistratura. Aquella causa contra López se fundamentó en publicaciones en X, donde se refería a referentes de la comunidad judía con términos como “raza de víboras” y “ratas”.

En mayo pasado, Wolff había ganado un juicio contra un usuario de X que lo había calificado como “jabón”, una alusión antijudía vinculada a las víctimas de los campos de concentración nazis. En esa oportunidad, amparado en la Ley Antidiscriminatoria 23.592, el legislador instó a la sociedad a tomar conciencia sobre el peso de las palabras en plataformas digitales y a realizar las denuncias correspondientes.