POLITICA
El Gobierno aún no pagará la multa por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y se prepara para ir a la Corte Suprema de EEUU
Apurado por los tiempos del proceso, el Gobierno se encuentra preparando la estrategia judicial que utilizará en los próximos días en el marco del juicio en los Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de revertir el último fallo que le ordenó pagar más de 390 millones de dólares en compensaciones por la decisión que se tomó durante la administración de Cristina Kirchner.
A la defensa en cuestión, que deberá ser presentada en el corto plazo, la está diseñando el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la situación, el escenario más probable es que el Poder Ejecutivo recurra a la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar la suspensión de la pena dictada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia.
Fue ese tribunal de Washington el que rechazó el recurso que había interpuesto la Argentina y dejó así firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que actualmente reclama el dinero.
Sin embargo, las autoridades nacionales aseguran que ir a la Corte no es la única alternativa y que ”existen otras herramientas legales” que también están evaluando.
De hecho, por estas horas en la Casa Rosada se está elaborando una estrategia amplia que permanece bajo un estricto secreto para evitar que la parte demandante tenga tiempo de contrarrestarla.
Otra de las posibilidades que está manejando el equipo de Amerio es la de pedir una revisión del fallo ante la misma Cámara de Apelaciones.
De todas formas, si bien existe una fecha límite para actuar antes de tener que abonar la millonaria cifra, “todavía quedan varios días más” para planificar la defensa.
El procurador del Tesoro viene, junto con la secretaria de Legal y Técnica, de conseguir un importante triunfo en un juicio similar por la expropiación de YPF.
A principios de junio, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria que había solicitado Burford Capital y, de esta manera, favoreció a la Argentina y le evitó tener que pagar 18 mil millones de dólares.
Las autoridades nacionales ven en esa victoria un precedente favorable para el país y un ejemplo a replicar ahora: “Es el mayor juicio de la historia ganado por un Estado”, destacan los que participaron del proceso.
El caso por Aerolíneas Argentinas y Austral comenzó poco después del 2008, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner logró aprobar en el Congreso una ley para nacionalizar ambas compañías, que estaban hasta ese momento en manos de la española Marsans.
En una primera instancia, el grupo damnificado protestó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial.
En 2017, el Ciadi resolvió a favor de la firma europea y estableció una compensación de 320 millones de dólares más intereses, aunque nunca llegó a recibir ese pago y transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF.
Sin embargo, el bufete vendió posteriormente esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.
Finalmente, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la obligación de pagar más de 390,9 millones de dólares, lo que representa una de las condenas económicas más elevadas que enfrenta actualmente el Estado argentino en tribunales internacionales.
Durante los 16 meses previos a la confirmación del fallo, el Gobierno no pagó ninguna suma de la condena y es por eso que Titan aceleró su ofensiva judicial.
El trasfondo económico del conflicto remite al estado financiero de Aerolíneas y Austral antes de su estatización. Marsans había adquirido ambas compañías en 2001 por el valor simbólico de un dólar.
Desde ese momento, el Tesoro de España tuvo que aportar aproximadamente 750 millones de dólares para sostener a las dos empresas, que acumulaban pasivos cercanos a 890 millones de dólares.
Durante la gestión de Marsans, se vendieron activos relevantes, como oficinas en ciudades clave —Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas—, además de simuladores de vuelo, y se eliminaron rutas hacia Europa.
Con el cambio de Gobierno a nivel local, la compañía aérea comenzó una etapa de saneamiento y logró registrar ganancias durante dos años seguidos, además de operar sin aportes del Tesoro.
De todos modos, el Gobierno de Javier Milei plantea la privatización de la firma, algo que por lo pronto no pudo conseguir en el Congreso.
Al inicio del mandato, de hecho, durante la discusión de la Ley Bases, la empresa se incluyó en la lista de bienes del Estado que serían vendidos, pero la oposición obligó a que sea retirada.
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POLITICA
La CGT descartó un paro general, pero hará una movilización el 8 de octubre en defensa de la industria
Finalmente, ganaron los sindicalistas moderados: la CGT decidió esta tarde que su próxima medida de fuerza será una movilización callejera en defensa de la industria nacional, el 8 de octubre, y desechó por ahora realizar el quinto paro general contra Javier Milei.
Así se decidió en la reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que delibera en la sede de la UOCRA, en avenida Belgrano al 1800, y de esa forma se diferenció de las dos CTA, que ya anunciaron una serie de marchas que terminarán a fines de octubre con un paro general.
La movilización de la CGT -anticipada por Infobae- se hará a las 15.30 ante la Secretaría de Industria de la Nación, en la avenida Julio Roca 651, en esta capital, y la propuesta fue aprobada por la treintena de dirigentes que se reunieron en la UOCRA, donde también se decidió un “acompañamiento” a la Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el 15 de octubre, a la que irán también las dos CTA.
Del encuentro participan Gerardo Martínez, el anfitrión; Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Octavio Argüello (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Rodolfo Daer (Alimentación), Amadeo Genta (municipales), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Julio Piumato (judiciales), Mario Lavia (petroleros), José Minaberrigaray (empleados textiles), Horacio Arreceygor (televisión), Omar Plaini (canillitas) y Hugo Benítez (textiles) entre otros, además de Alejandro Gramajo (UTEP) como invitado.
Hasta ahora, las 3 centrales obreras llevaron adelante un plan de lucha conjunto desde el 22 de julio y que consistió en movilizaciones y que por el momento no incluye otro paro general contra el Gobierno porque la CGT considera que no están dadas las condiciones para que la paralización de actividades sea importante.
Sin embargo, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma decidieron no esperar y ya anunciaron la continuidad de las protestas con otra serie de movilizaciones hasta llegar al paro general, que está previsto para fines de octubre.
Estas centrales obreras, de impronta dura, se sumarán el 3 de octubre con una importante participación de jóvenes a la peregrinación a Luján; el martes 6, la FENAT (Federación Nacional Territorial), enrolada en la CTA Autónoma, formará parte de las actividades de los distintos movimientos sociales, al cumplirse un mes de la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, que alcanzaba a cerca de un millón de personas.
Además, se sumarán el 15 de octubre a la nueva marcha convocada por el Frente Universitario y apoyarán las acciones de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FTERA), que se movilizará el 26 de octubre frente a la central nuclear de Atucha “en defensa de la soberanía energética”.
Las CTA también participarán del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries, que se realizará del 10 al 12 de octubre en la ciudad de Córdoba.
En la reunión de la CGT que se desarrolla en la UOCRA, luego de que Gerardo Martínez abrió el debate, la propuesta de la movilización en defensa de la industria fue hecha por Jorge Sola, uno de los cotitulares cegetistas, y fue apoyada de inmediato por sus pares del triunvirato, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.
Las tres centrales obreras habían anunciado protestas “a la francesa”, con paros sectoriales y alternados para aumentar su efecto frente a medidas de fuerza esporádicas. Sin embargo, las movilizaciones posteriores tuvieron una presencia limitada de la CGT.
La dirigencia cegetista tuvo una participación casi testimonial en las marchas al Congreso contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el 6 de agosto; en la movilización por San Cayetano, el 7 de agosto, e incluso en la protesta por las familias y las pymes endeudadas, el 20 de agosto.
La marcha prevista para el 28 de agosto, cuando se reunió el Consejo del Salario Mínimo, fue suspendida porque el encuentro se hizo de forma virtual. Las dos CTA querían concentrarse de todos modos frente a la Secretaría de Trabajo, pero la CGT impuso su negativa con el argumento de que la deliberación sería por Zoom.
La CGT tampoco marchó el 2 de septiembre por el Día de la Industria, aunque esa posibilidad había sido discutida entre las 3 centrales. En cambio, en la sede de Azopardo 802 se realizó un acto para debatir “el futuro estratégico de nuestra industria nacional”, con la participación de dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), presidida por Ricardo Pignanelli (SMATA).
Las dos fracciones de la CTA privilegiaron la unidad con la central cegetista y desistieron de salir a la calle hasta ahora, a la espera de que los líderes de la CGT endurecieran su postura, pero su decisión de hacer un paro general vuelve a abrir una grieta sindical.
POLITICA
Los abogados de Cristina Kirchner hicieron una nueva presentación ante la ONU para que se revise la condena de la expresidenta
Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner hicieron este martes una nueva presentación formal ante la ONU para que se revise la condena de 6 años de prisión contra la exmandataria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en medio del operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo.
Los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejecer cargos.
También denunciaron actos de “intimidación”, en particular la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Fernández de Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron a desde en el entorno de la expresidenta.
“Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del Comité”, dijo Valim en diálogo con la agencia Reuters.
Para el letrado, “eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité”.
Valim apostó además que el comité “va a reconocer las violaciones de derechos”. “Aquí la duda es cuándo”, se preguntó.
La presentación
La adenda introducida este martes, y a la que tuvo acceso , busca “poner en conocimiento del Comité tres hechos sobrevenidos de especial relevancia para la comunicación individual presentada por Fernández de Kirchner”.
En primer lugar, denunció una “serie de actos de intimidación contra la exmandataria posteriores a que se hiciera pública su presentación ante el Comité. Entre ellos se mencionan declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones del presidente Javier Milei contra la expresidenta”.
La adenda sostiene que “estas actuaciones son incompatibles con la obligación asumida por Argentina, al ratificar el Protocolo Facultativo, de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de presentar comunicaciones individuales ante el Comité”.
En segundo lugar, se presentó un nuevo elemento probatorio que se considera “decisivo” para la causa Vialidad. “La condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial SISVIAL (Fuente 14) para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había solicitado durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos recursos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales” indicaron los letrados.
Pero agregaron que “en agosto de 2026, sin embargo, en la causa Cuadernos, un funcionario auditor convocado por la propia Fiscalía aportó planillas oficiales sobre los pagos realizados con recursos de la Fuente 14. A partir de esa documentación, la defensa encargó una pericia contable y auditora a Specs Consultoría”.
Según la Adenda, esos resultados “contradicen de manera sustancial la premisa utilizada en la condena: de las 51 obras de la causa Vialidad, solamente 17 fueron financiadas con la Fuente 14; de los 3.855 certificados pagados con esos recursos, únicamente 36 correspondieron a esas obras; y, de aproximadamente US$ 2.200 millones desembolsados, el Grupo Austral recibió US$ 18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total”.
“Además, Austral no figura entre las quince principales constructoras beneficiarias de la Fuente 14, mientras que el primer lugar corresponde a IECSA S.A., empresa vinculada a la familia Macri”, añadieron.
En tercer lugar, la adenda denunció “más intimidación después de conocerse estos nuevos elementos”. En particular, cuestionó la difusión pública de un video de 2018 correspondiente al allanamiento de su departamento de Recoleta, en el que “aparecen espacios privados, su dormitorio y efectos personales”.
La presentación consideró que esa difusión “constituye una grave vulneración del derecho a la vida privada protegido por el artículo 17 del Pacto y recuerda que precisamente frente a ese domicilio Fernández de Kirchner sufrió el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022”.
El caso
Fernández de Kirchner había llevado su caso a la ONU el 29 de julio último para denunciar que durante el proceso judicial por el que terminó condenada se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso.
Valim explicó en aquella oportunidad que la comunicación enviada a Naciones Unidas no fue “un acto de agresión” al sistema judicial argentino, sino un “derecho constitucional” y un “mecanismo previsto por las normas del orden”.
El letrado, de ciudadanía brasileña, también participó en la defensa del presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, en la causa por corrupción Lava Jato.
Lugar: NH Hotel. Bolivar 160.
Soledad AznarezLa defensa de la exmandataria busca la “suspensión de la inhabilitación perpetua” para frenar la restricción de los derechos políticos de la expresidenta mientras se resuelve la condena, y la “modificación del régimen de prisión domiciliaria”, que incluiría el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de la restricción de visitas, el acceso al aire libre y un “tratamiento igualitario respecto a otros detenidos en idéntica condición”.
Y también una “integración legal de la Corte Suprema” con una “normalización” de la composición del máximo tribunal para “garantizar el Estado de Derecho y el derecho a un recurso judicial efectivo”.
La condena de la exmandataria data de junio de 2025, cuando fue sentenciada a 6 años de prisión -que cumple de forma domiciliaria- e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa por una maniobra de corrupción en torno a la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz durante su presidencia y la de Néstor Kirchner.
operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo,había llevado su caso a la ONU el 29 de julio último,Cristina Kirchner,Conforme a
POLITICA
Un concejal de LLA dio positivo en un test de alcoholemia en Pinamar y le suspendieron la licencia de conducir por tres meses
El concejal de La Libertad Avanza en La Plata, Juan Pablo Allan, dio positivo en un test de alcoholemia durante un control de tránsito en Pinamar. El dirigente circulaba en un Toyota Yaris gris cuando fue detenido en la rotonda principal de la ciudad.
El resultado fue de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre. En la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero para quienes conducen, por lo que los agentes procedieron a retirarle la licencia.
Según informaron fuentes vinculadas al operativo, la licencia de conducir quedó suspendida por 90 días. El vehículo no fue secuestrado y una persona cercana a Allan se hizo cargo del auto y lo retiró del lugar.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir TN, Allan estaba en una cena con su esposa y su hijo, donde tomó “una copa de vino”. La intención del concejal era que maneje la mujer, pero según confiaron allegados al edil, “comenzó a sentirse muy mal y no podía conducir”.
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