POLITICA
Estafa por USD 10 millones en el hotel de Camioneros: el pedido a la Justicia que incomoda a Moyano y la empresa bajo sospecha

La causa en la que se investiga la defraudación por unos 10 millones de dólares en el hotel 15 de Diciembre que pertenece al Sindicato de Camioneros en Mar del Plata podría entrar en una zona de turbulencias a partir de información que analiza la Justicia e incluso de documentación que aún no llegó a los tribunales: uno de los imputados, a través de su abogado, denunció que el gremio no entregó la documentación necesaria para probar las acusaciones y esa renuencia provoca que no pueda finalizar la pericia contable.
En el expediente se pusieron bajo la lupa presuntos sobreprecios en servicios y alimentos para el hotel sindical, ubicado en el centro marplatense, investigados por el fiscal David Bruna y la jueza Lucrecia Bustos a partir de una denuncia presentada el 12 de septiembre de 2025 por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y estrecho allegado al líder del gremio, Hugo Moyano.
Mientras la causa sigue en trámite y se están recolectando pruebas, especialmente documentación y testimonios de testigos y de personal del hotel, están imputados el ex secretario Administrativo del sindicato; Claudio Balazic; el ex secretario Tesorero del gremio, Paulo Villegas, un contador, dos ex empleados del hotel (uno fue el gerente y el otro, el chef) y dos ex proveedores del establecimiento.

Hace unos 10 días, una asamblea de Camioneros presidida por Hugo Moyano echó a Balazic (que ya había sido apartado de su cargo, junto con Villegas) por las irregularidades descubiertas en el hotel. Por ejemplo, según uno de los congresales presentes, en la asamblea se aseguró que el dirigente expulsado habría cerrado 6 habitaciones del hotel, las alquilaba para eventos y las cobraba con facturas emitidas a su nombre.
Además, de acuerdo con la misma fuente, se habría verificado que el acusado llegó a encargar a proveedores unos 53 mil kilos de pescado por año, como consta en pedidos facturas que estarían en poder de la Justicia, y que no habrían tenido que ver con servicios del hotel.
En su declaración ante la Justicia, Maldonado sostuvo que las irregularidades se detectaron a fines de julio de 2025, cuando el contador le dijo que “hubo un requerimiento de ARCA por estas empresas que trabajan con el hotel, los proveedores”. “Cerca del 10 de agosto hacemos una reunión con Hugo Moyano -dijo-, y al ver que no había respuesta sobre la situación de las distribuidoras o empresas, entonces Hugo me pide que venga (a Mar del Plata), y fue cuando descubrimos esta maniobra fraudulenta que nos afectó mucho”.

“El tesorero me dijo en una reunión informal con Hugo que los gastos de Mar del Plata se fueron muy arriba, hay cosas que no me cierran”, declaró el dirigente.
Maldonado reconoció que los cheques para los pagos del hotel siempre se confeccionaban en el sindicato en Buenos Aires, donde eran firmados en blanco por tres dirigentes (él, Balazic y Villegas) y luego se entregaban a la gerencia del hotel en Mar del Plata.
En relación con las facturas, señaló que “iban a la contaduría, a la Secretaría Administrativa y Tesorería”, y que “en el hotel tenían las chequeras donde se pagaban los pedidos que se hacían”. La justificación del gasto, aseguró, se realizaba después de la compra.

Otras fuentes sindicales, sin embargo, puntualizaron a Infobae que “los cheques llegaban al hotel firmados y lo único que se hacía era corroborarlos con la factura, luego se firmaba la factura y nada más; si no pasaba por Buenos Aires no se pagaba porque dependía de las tres firmas efectuadas en el sindicato, por lo que el hotel no tenía autonomía en esa operatoria”.
Javier Moral, abogado de Camioneros, dijo al sitio 0223 que “habría una usina de facturas apócrifas producida por estos imputados que eludían los controles de ARCA y de las áreas correspondientes del sindicato”.
“Las autoridades máximas (de Camioneros) no tenían ningún conocimiento ni vinculación con esto -añadió-. Por eso la obligación fue denunciar de inmediato e ir hasta las últimas consecuencias, independientemente de quién tuviera responsabilidad”.

Por su parte, el abogado Maximiliano Orsini, que representa al ex gerente del hotel, dijo a Infobae que están “esperando el avance de la producción probatoria”, tras lo cual remarcó: “Estamos así desde hace casi un año en que se está produciendo la prueba y estamos esperando el resultado de la pericia contable, que se fue dilatando durante casi un año en virtud de que el denunciante, el Sindicato de Camioneros, no acompaña toda la documentación contable y principalmente la información impositiva perteneciente a ARCA”.
El hecho de que el sindicato no haya presentado la documentación requerida, según consideró, “provoca que no pueda culminarse la pericia contable, que es la prueba esencial para determinar si efectivamente existió o no administración fraudulenta”.
“Gracias a que presentamos un escrito solicitando la declaración de Maldonado -agregó-, sobre la base de sus dichos se formularon nuevas imputaciones a integrantes del sindicato. Resulta extraño que una causa de esta magnitud avance sin haber presentado el denunciante (Camioneros) una auditoría interna y ni siquiera haber presentado documentación contable, que fue pedida por la defensa en por lo menos 4 oportunidades, porque nunca terminan de completarla».

Para Orsini, “lo más significativo es que están violentando el derecho de defensa en juicio y el debido proceso ya que hace un año están realizándose pruebas que no finalizan porque el propio sindicato no termina de presentar la prueba documental que está en su poder o es reacia a acompañar cierta prueba documental relacionada con ARCA”.
El abogado hizo hincapié en “la orfandad probatoria por parte del denunciante, que no aportó la documentación contable que correspondía para acreditar que supuestamente hay un desfalco por 10 millones de dólares. En semejante cifra de tal magnitud, ni siquiera tienen una pericia contable, una auditoría y están aprobados todos los balances, incluso en el período en el que dicen que hubo una defraudación”.
“Eso es lo más extraño: la causa no avanza porque no se aportaron los elementos probatorios que debieron aportarse desde el punto de vista contable, sino que simplemente son afirmaciones del propio Maldonado y especulaciones probatorias que dicen tener, pero que hasta ahora contablemente no surgen de la causa”, concluyó el defensor del ex gerente del hotel.

En una presentación ante la Justicia, además, Orsini solicitó medidas de prueba adicionales centradas en Lexham S.A., proveedora del hotel, destacando que el propio denunciante, Héctor Maldonado, había pedido que se investigue la operatoria fiscal y comercial de esta sociedad, lo que demuestra la relevancia que la acusación le otorga a su intervención en los hechos investigados.
Orsini pidió que se determine con precisión cuál fue la participación de Lexham, qué operaciones comerciales mantuvo con entidades vinculadas al Sindicato de Camioneros y, en particular, quiénes ejercían funciones de conducción y administración en la empresa.
Señaló que Marcela Alejandra Montero (en otros documentos aparece como María Alejandra Montero), que sería presidenta y apoderada de la empresa, posee un vínculo profesional directo con Camioneros: fue apoderada judicial del sindicato y figura con relación laboral y comercial con la entidad desde 2019.

Tras destacar que Montero integra o integró la estructura funcional del sindicato, no sólo como profesional externa sino con roles internos, lo que la vincula de forma directa con la organización que es objeto de investigación, Orsini subrayó la importancia de esclarecer si Montero tenía funciones societarias dentro de Lexham al mismo tiempo que representaba jurídica y laboralmente al sindicato.
Planteó, en ese sentido, que esta posible coexistencia requiere ser investigada por la hipótesis de direccionamiento de proveedores, contrataciones irregulares y manejo de recursos económicos entre el sindicato, el Hotel 15 de Septiembre y Lexham.
Desplazamientos en ARCA
Mientras, el caso adquirió otro cariz luego de que se conoció que un alto funcionario de ARCA denunció ante la Justicia que hubo presiones, desplazamientos y órdenes para frenar una pesquisa sobre la estafa multimillonaria en el hotel de Camioneros.

Según información publicada en el diario La Nación, la denuncia fue presentada por Manuel Rodríguez, contador público con más de 35 años de trayectoria en el organismo, ante la Fiscalía Federal General de Mar del Plata. En su escrito afirmó que autoridades de ARCA en Buenos Aires ejercieron presiones sobre quienes investigaban presuntos desvíos de fondos a través de proveedores del hotel marplatense de Camioneros.
De acuerdo con La Nación, en menos de 7 meses fueron corridos al menos 6 funcionarios de ARCA en Mar del Plata vinculados a esa línea de fiscalización. Entre ellos, jefes con entre 10 y 14 años de antigüedad en sus cargos, mientras el organismo negó la acusación y dijo que desde enero de 2024 había desplazado a 1.883 jefes y que 163 aún no fueron reemplazados.
Rodríguez, según la nota periodística, llegó a ser director de la Regional Mar del Plata de ARCA y luego “asesor mayor”, y fue desplazado y enviado al área de Capacitación por “cuestionar los intentos de frenar las fiscalizaciones” sobre las maniobras en el hotel.
POLITICA
El Gobierno no define los cambios en la ley de Propiedad Privada y recrudecen los cortocircuitos en el Gabinete

Las tensiones por la postergada y polémica ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -o “ley de extranjerización de la tierra”, para los críticos- generaron un sacudón al interior del Gobierno, donde no terminan de definir el alcance de los cambios que están dispuestos a realizar de cara a la sesión del jueves que viene. Cuando, además, se perfila una masiva movilización opositora y de autoconvocados para evitar la venta irrestricta del territorio argentino.
El debate en el recinto sobre la iniciativa que buscaba eliminar todo tipo de restricción a la compra de tierras por parte de extranjeros cayó hace dos semanas por falta de apoyos y, a la vez, por roces internos de La Libertad Avanza. Técnicamente, se pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, y las eventuales modificaciones, si es que se introducen, aún están en discusión entre funcionarios y delegados de Javier Milei. Al punto de que se cortaron, al menos por ahora, las negociaciones con los aliados.
En el PRO aseguraron a Infobae que no los convocaron para tantear el nivel de respaldo que le darán a la iniciativa. “Están en modo post-Mundial, seguramente sepamos más desde el lunes”, deslizaron, picantes, cerca de Mauricio Macri.
Los detalles se van a analizar en la mesa política del martes que viene, luego de dos semanas sin ningun encuentro de este tipo por el viaje de Karina Milei para acompañar a Javier Milei a Perú. Pero están latentes las diferencias entre el autor del proyecto, Federico Sturzenegger, más intransigente, y Patricia Bullrich, la encargada de negociar el texto en el Senado, en especial por el polémico artículo sobre la potestad provincial para autorizar ventas a extranjeros.

La titular del bloque le introdujo algunos cambios al texto del proyecto borrador en la previa del debate de la semana pasada, en consenso con los bloques opositores. Pero al ministro de Desregulación esos cambios le hicieron ruido, y sin posibilidad de negociar, la jefa de bloque oficialista debió postergar el debate en la cámara Alta.
“No es que Bullrich esté de acuerdo con los cambios, pero su tarea es lograr los consenso para que salga. Y en esas negociaciones, hay que ceder”, dijeron en la Casa Rosada, en un tiro por elevación a Sturzenegger.
Karina Milei terminó intercediendo a favor de Bullrcih en la discusión por los detalles de la iniciativa, según cuentan cerca de la Secretaria General. Y, de cara a la sesión del 6, en el bullrichismo confirmaron que habrá cambios, pero no quisieron divulgar cuáles para evitar las suspicacias. En el entorno de Sturzenegger aún se mostraban firmes: “Por ahora no se va a introducir ninguna modificación”, dijeron en off.
“Nuestra dinámica es que los proyectos se escriben acá y después en el Congreso Martín (Menem) o Patricia se encargan de que salgan aprobadas”, deslizaron en la Casa Rosada.
En el Gabinete se arrastra un malestar de parte de algunos ministros e incluso -dicen en sus cercanías- de la propia Karina Milei, por algunos episodios en los cuales, creen, el funcionario se lanzó a divulgar proyectos en los medios o las redes sin que hubieran sido aprobados previamente por la mesa política. “Supuestamente se los filtran internamente, pero sabemos que no es así”, dicen en el grupo karinista.

“Es algo que ha pasado y que molesta, no funciona así”, le reprocharon, al tiempo que le reconocieron un alto nivel de “proactividad”. “Siempre preferimos un ministro activo que uno que hay que pedirle que se mueva, y está convencido de lo que hace. Pero hay que ser organizados”, dijeron. Por eso, explicaron en la cúpula del Gobierno, se definió que fuera Sturzenegger al Palacio del Congreso a redefinir la estrategia, y no al revés.
La sesión del 6 de agosto se perfila muy caldeada dentro del recinto, pero también en la calle, donde la izquierda, grupos de autoconvocados y el kirchnerismo planean marchar al Congreso para resistir el capítulo de venta irrestricta de tierras a extranjeros. En el Gobierno están en alerta y miran de cerca los movimientos opositores. “Estamos monitoreando”, sostuvieron en la Casa Rosada.
Mientras, coordinan con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, con quien la relación quedó tensa desde su conferencia de prensa sobre el operativo por el Mundial pero decidieron hacer borrón y cuenta nueva.
Bullrich, en un “no lugar”
La inclinación de la Secretaria General hacia la postura de Bullrich en esta discusión puntual no significa que la relación con la principal “socia” amarilla haya vuelto a foja cero después de la sucesión de desmarques de la impredecible senadora durante los últimos dos meses. “Patricia quedó en un no lugar”, dicen en el oficialismo sobre la ex presidenta del PRO, que se perfilaba con candidata en la Ciudad, después como posible compañera de fórmula de Milei y coqueteó, aunque sin confirmaciones, con ser candidata a presidenta.

Lo señalaron después de que la senadora no negara, esta semana, en una entrevista con TN, la posibilida de ir por la Jefatura de Gobierno en CABA.
Al menos así lo interpretaron en Balcarcce 50, donde pusieron en duda que Bullrich sea la elegida para jugar por la sucesión de Jorge Macri en caso de que Karina Milei decida postular un delfín propio. Por ahora no estatuyen nada y juegan con mensajes contradictorios. “La orden que nos dio Karina es pintar la ciudad de violeta”, dijo un alto referente del karinismo, por un lado. Luego deslizó una idea contrapuesta: “Patricia sería buena candidata, pero eso si se jugara en CABA, cosa que no está confirmada”.
Al mismo tiempo, admiten que no tienen a nadie con el suficiente nivel de conocimiento o deseos de jugar por los violetas en CABA (a Pilar Ramírez la ven en un eventual rol más “ejecutivo”). Y reconocen que Patricia Bullrich viene de obtener el 50 por ciento entre los porteños. Al final no definen: “Todo va a depender de cómo lleguemos a la elección, porque hoy lo que mide es la marca, y el candidato con mayúsculas es el Presidente”.
Cerca de Bullrich se desentienden y repiten que toda especulación es una “fake news”: “No se volvió, y Patricia nunca se lanzó a la Ciudad. No está pensando en ninguna candidatura y estará donde la necesite el proyecto. El Presidente es el Director Técnico, que decidirá las estrategias”, aseguraron.
POLITICA
Propuesta polémica: el peronismo quiere ampliar la cuestionada Legislatura de la provincia

LA PLATA .-El oficialismo bonaerense evalúa impulsar un proyecto para ampliar el número de diputados y senadores de la Legislatura de provincia de Buenos Aires, que prácticamente no sesionó en el primer semestre y consume un presupuesto anual de 379.000 millones.
La iniciativa formaría parte de la reforma política promovida por el gobernador Axel Kicillof y que incluye la derogación de la ley que prohibió la reelección indefinida de los intendentes.
El sistema bicameral bonaerense está conformado por 92 diputados y 46 senadores. Pero el peronismo apuesta a incorporar otros doce legisladores y elevar a 150 la cantidad de representantes de la Legislatura (100 diputados y 50 senadores), con el argumento de que se requiere actualizar la cantidad de bancas por el crecimiento demográfico en el distrito.
El oficialismo pone sobre la mesa el proyecto de ampliación de la Legislatura, pese a que ambas cámaras se mantuvieron inactivas durante varios meses en lo que va del año. Desde que inició el período legislativo, el Senado apenas tuvo dos sesiones ordinarias y Diputados abrió el recinto en tres oportunidades.
Lejos de exhibir austeridad, el Poder Legislativo de Buenos Aires insume recursos extraordinarios. La Cámara de Diputados tiene para este año un presupuesto de $222.800 millones, según establece la ley 15.560, que permite actualizaciones. El Senado, en tanto, cuenta con $156.204 millones. En promedio, ambas cámaras consumen más de $1000 millones diarios.
En septiembre de 2023, el escándalo del puntero peronista y empleado de la Cámara de Diputados bonaerense Julio “Chocolate” Rigau evidenció la opacidad en el manejo de fondos y contrataciones en la Legislatura. Rigau, acusado de apropiarse los sueldos de empleados “ñoquis” para el financiamiento ilegal de la política, se expone a cinco años y medio de cárcel.
Ahora, el alto costo de la Legislatura bonaerense podría incrementarse en caso de que prospere la intención del peronismo de ampliar el número de representantes. El tema ya se discute en las comisiones de reforma política de ambas cámaras.
En concreto, el peronismo evalúa introducir modificaciones en la legislación electoral (ley 5109), para actualizar el número de bancas y la representación por cada sección electoral.
“No se actualiza hace décadas. Hay una disparidad de representación de la séptima y de la octava respecto de la primera y de la tercera”, afirmó a un legislador que dialoga con frecuencia con Kicillof.
El gobernador bonaerense, quien aspira a competir por la Presidencia en 2027, avalaría la reforma, que supone sumar cuatro distritos de la tercera a la octava sección. En concreto, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio serían integrados a la circunscripción electoral de la octava -solo conformada por La Plata-.
Los artículos 69 y 75 de la Constitución de Buenos Aires establecen la composición inicial de ambas cámaras de la Legislatura y habilitan ajustar el número de representantes en base a cada censo nacional o provincial. Según la carta magna de la provincia, el Senado podría elevar hasta cien la cantidad de bancas y la Cámara de Diputados, hasta cincuenta. Para aprobar los cambios, se requieren los dos tercios de los votos.
El último antecedente de ampliación de la Legislatura es de 1986, durante el mandato del presidente Ricardo Alfonsín y la gestión bonaerense de Alejandro Armendáriz. En ese momento se elevó de 84 a 92 la cantidad de diputados y de 42 a 46 los senadores.
Por impulso de Kicillof, la Legislatura bonaerense ya modificó la ley electoral 5.109 el año pasado, cuando desdobló los comicios locales y suspendió de manera temporal las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
La enmienda de 2025 -registrada bajo la ley 15.523- modificó los plazos del artículo 61 para adecuarlos a la suspensión de las PASO. Se redujeron los plazos para presentación de listas de candidatos, se modificaron el cronograma de oficialización de listas y se ajustaron los tiempos para la presentación de boletas.
En los últimos meses, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires propuso una serie de modificaciones de la ley 5.109.
El anteproyecto está destinado a ordenar el cronograma electoral. Amplía los plazos para la presentación de alianzas, listas y boletas con el objetivo de dar previsibilidad a todo el proceso. También incorpora reglas específicas para las campañas electorales, la difusión de encuestas y la publicidad oficial.
En el gobierno de Kicillof afirman que la experiencia de desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales fue positiva. Pero hasta el momento Kicillof esconde sus cartas. Se resiste a eliminar las PASO a nivel nacional o provincial porque especula que le permitirían ordenar la competencia con Cristina Kirchner, con el Frente Renovador y con los intendentes ajenos a su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
Si la administración de Javier Milei lograra suspender o eliminar las PASO en el Congreso, Kicillof buscaría anticipar los comicios en Buenos Aires para fortalecer con un posible triunfo peronista su candidatura presidencial.
la derogación de la ley,escándalo del puntero peronista y empleado,María José Lucesole,Conforme a
POLITICA
¿Javier Milei quiere ganar Córdoba? Las dudas sobre la estrategia de LLA, el rol de Llaryora y la necesidad de lograr la unidad

El objetivo que se puso el Gobierno para el año que viene reconfiguró su mapa de alianzas. Es sabido que la suspensión de las PASO y los acercamientos que lidera Diego Santilli con los gobernadores buscan garantizar la reelección de Javier Milei. Ese cambio de estrategia profundizó las dudas dentro de un sector de la oposición de Córdoba sobre las verdaderas intenciones que tiene La Libertad Avanza de ganar la Gobernación. En concreto, algunos creen que Martín Llaryora podría ayudar a dividir el voto peronista a nivel nacional a cambio de garantías para volver a ganar su provincia.
En las encuestas que analizan en la Casa Rosada, según explicaron a Infobae, hay números que muestran que La Libertad Avanza tiene grandes chances de arrebatarle la provincia al peronismo local. “Hay mucho hastío”, observan. Un dato que los dirigentes locales advierten hace tiempo, tras casi 28 años de gestión del mismo partido, pero que la división del arco opositor imposibilitó en varias oportunidades una alternancia de poder.
En 2023, Juntos por el Cambio logró unificar a todos los sectores con Luis Juez como candidato a gobernador y estuvo a muy pocos puntos de vencer la propuesta de Juan Schiaretti que aquel año postuló a Llaryora como su sucesor. Hoy es Gabriel Bornoroni quien representa a Milei en Córdoba, pero todavía no tuvo la confirmación para encabezar la lista. El senador Juez también pelea por ese puesto, al igual que el radical Rodrigo de Loredo.

La reunión que tuvo Santilli con Manuel Calvo, flamante jefe de Gabinete de Córdoba, encendió algunas alarmas en la oposición local. Según la información oficial, conversaron sobre los pagos que viene efectuando el Ejecutivo nacional de la deuda que mantenía con la provincia en materia de Consenso Fiscal, el programa vinculado a la Caja de Jubilaciones y hasta la posibilidad de hacer el traspaso de la Ruta 19 para realizar obras, al igual que hicieron con Santa Fe.
Según algunos opositores cordobeses, Llaryora usó la foto de ambos funcionarios como una muestra de buena sintonía con la Casa Rosada. En síntesis: un paso más en un posible acuerdo electoral.
¿Cómo sería ese acuerdo? La versión más fuerte plantea que Llaryora se dedicaría a fortalecer una lista presidencial de un peronismo federal que “le robe votos” a Axel Kicillof o a quien se postule por ese sector, para ayudar con la reelección de Milei. Algunos se animan a decir que Sergio Uñac podría ser ese aliado que el cordobés necesita. A cambio, la Casa Rosada haría una campaña lavada en la provincia, con una lista menos potente y sin visitas del Presidente.
“Quieren instalar ese rumor, pero es mentira. Llaryora vendió que la plata que le dieron de la deuda es un principio de acuerdo electoral”, dicen los dirigentes que ya forman parte de la alianza libertaria. De hecho, mencionan que recientemente Santilli también recibió a Bornoroni, que envió a las autoridades del Banco Nación para que se reunieran con los intendentes aliados, entre otros gestos que enumeran para sostener que la Casa Rosada busca ganar la provincia.
Es más, como se prevé que Llaryora desdoble la elección para abril o junio, advierten que sería un antecedente negativo para la pelea de octubre, en la que Milei buscará la reelección. Además de tener un lugar importante en el padrón electoral, Córdoba es la provincia más antikirchnerista, la que más aportó al triunfo de Mauricio Macri en 2015 y una de las que más apoyo libertario muestra en las encuestas. “La prioridad para el Gobierno es que Córdoba se pinte de violeta porque hay buenos números”, insisten los dirigentes opositores.
La necesidad de lograr la unidad

Más allá de las especulaciones sobre supuestos acuerdos entre la Casa Rosada y Llaryora, la oposición local necesita imperiosamente lograr la unidad. El problema es que hay tres nombres en danza que no quieren dar el brazo a torcer. Juez, que ya perdió en tres oportunidades, dice que no va a deponer sus aspiraciones mientras sus encuestas lo muestren competitivo. Bornoroni, por su parte, tiene poco nivel de conocimiento, pero sabe que el sello de La Libertad Avanza le garantiza competitividad. En las mismas circunstancias arrasó Gonzalo Roca en las legislativas de 2025.
En la lista también se anota De Loredo, quien todavía no forma parte del frente opositor. El dirigente radical ya tuvo una mala experiencia con los libertarios en las negociaciones del año pasado, que lo dejaron sin posibilidades de renovar su banca en la Cámara de Diputados. Sin embargo, cree que puede dar la pelea para el próximo año o, en todo caso, lograr la mayor representatividad de la UCR en las listas. El problema es que, para eso, necesita que el partido centenario se encolumne detrás de su liderazgo, un objetivo que parece cada vez más lejano.
Recientemente tuvo un revés dentro del Comité, cuando la votación para la prórroga de las autoridades fracasó. De Loredo denuncia que en esa interna se metió el PJ comprando voluntades para dividir al radicalismo. Otro sector dice que, en realidad, hay un fastidio con su conducción. “Subestimó la elección, no la trabajaron y creyeron que estaba todo bien”, dicen.
El tema es que De Loredo vive una encrucijada: las encuestas le muestran números negativos cuando lo relacionan con la UCR, pero necesita del partido para poder ser candidato a gobernador. Además, con el fracaso de la prórroga de las autoridades partidarias, está obligado a ir a una interna o llegar a un acuerdo con sus correligionarios, muchos de ellos con intenciones de confrontarlo. El calendario tampoco ayuda: el próximo mes tiene que resolver la disputa para, después, poder negociar con el gobierno nacional.
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