La posibilidad de que la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se defina en una votación ajustada puso en primer plano la autorización, o no, para que la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) participe de modo virtual de la sesión prevista para este jueves, dado que no puede viajar desde su provincia por prescripción médica, al cursar un embarazo en estado avanzado.

El mecanismo de conexión a distancia a sesiones y comisiones, bajo la lupa ante la inminente decisión que debe tomar la vicepresidenta Victoria Villarruel, es, por el contrario, una práctica usual en cámaras como el Senado de la provincia de Buenos Aires, que mantiene vigentes herramientas virtuales que comenzó a utilizar durante la pandemia de coronavirus que se desató a partir de 2020.

En el caso del Senado bonaerense, es usual y está reglamentada la participación virtual que Fernández Sagasti reclama para votar en contra del proyecto de ley del oficialismo que, entre otros puntos, elevaría a 25% del total de la superficie nacional, provincial y departamental que podría venderse a extranjeros.

En la última sesión del Senado bonaerense, celebrada el 16 de julio, participaron de manera virtual los legisladores Sergio Vargas (bloque Unión y Libertad) y Marcelo Feliú (Fuerza Patria), ambos de la sexta sección electoral de Buenos Aires (zona sur de la provincia).

El artículo 117 del reglamento interno del Senado bonaerense, cámara que conduce Verónica Magario, establece que, “frente a la existencia de causas extraordinarias determinadas conforme el procedimiento en el artículo 117 ter, los senadores podrán integrar la sesión de manera remota a través de los medios tecnológicos que se habiliten al efecto”.

Según informó a una fuente que trabaja en un bloque del Senado provincial, “deben presentar una nota a la secretaria legislativa de Cámara y la sesión tiene que tener a la mayoría de sus miembros presentes”. El mecanismo “solo se permite en casos extraordinarios, como por ejemplo una licencia de salud”. Si Fernández Sagasti fuera senadora provincial, podría participar, no dudó la fuente consultada.

Al participar a distancia de una sesión, los senadores provinciales deben “acreditar su presencia mediante un sistema de validación por datos biométricos o, en la ausencia de este sistema, mediante la validación nominal de las presencias al igual que en las votaciones”, se establece en el artículo 117 quater del reglamento del Senado provincial. Del mismo modo, “deberán firmar la asistencia a las sesiones virtuales y sus votaciones a través de la firma digital o mediante la manifestación a viva voz, nominal, del sentido de su voto el cual será registrado por Secretaría en cada caso”, se indica en el artículo 117 quinquies.

En el caso de las reuniones de comisión en el Senado provincial, en las convocatorias se incluye un enlace para que se conecten aquellos legisladores que no puedan asistir. “Funciona perfectamente”, dijo un legislador sobre el sistema.

En la Cámara de Diputados bonaerense, en cambio, no se permite la presencia virtual en sesiones, pero sí en las comisiones.

La Cámara Federal rechazó hoy el pedido de la defensa de Elías Piccirillo para revocar su prisión domiciliaria en la causa por el falso operativo policial que terminó con la detención de Francisco Hauque. Además, el tribunal denegó el cambio de domicilio, tal como venían reclamando los abogados del empresario.

Durante la feria judicial, el tribunal había realizado una audiencia en la que se escucharon los argumentos de la defensa y del propio Piccirillo, que pidió un permiso para estar presente. En ese caso, los abogados Alejandro Montiel y Fernando Diez pidieron el cese de la prisión preventiva y, ante un eventual rechazo, una autorización que se siga cumpliendo en un departamento de Núñez, donde vive su actual pareja.

Los abogados también habían planteado ante los camaristas que Piccirillo se había mostrado siempre predispuesto a colaborar con la Justicia y que la idea de una posible fuga de su defendido era el resultado de una “interpretación mediática” de un video, en referencia a las imágenes que lo muestran trotando por el country durante los allanamientos.

Los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico rechazaron ambos pedidos de la defensa. En un fallo de diez carillas, al que tuvo acceso , los jueces destacaron que Piccirillo tiene otras causas en curso y que Hauque denunció amenazas antes de la feria judicial. “Si bien Hauque no dijo en su denuncia que Piccirillo lo llamó o le mandó algún mensaje intimidante, en virtud de los antecedentes del caso se torna necesario descartar que allí consten elementos que abonen el temor fundado de represalias a través de terceras personas o de incidir sobre testigos que puedan declarar durante el sumario o en el juicio”, sostuvo Farah en su voto.

Sobre el cambio de domicilio, Boico argumentó que no hay una justificación legal para una mudanza a la Ciudad de Buenos Aires. “No hubo ocasión de corroborar en el tribunal de grado los extremos alegados en sustento del cambio; tampoco se averiguó la aptitud de la nueva vivienda en la que se pretende cumplir la restricción en debate, ni se dio al Ministerio Público Fiscal oportunidad de pronunciarse sobre este último punto”, dice el fallo.

La defensa de Piccirillo había planteado que el actual domicilio donde cumple la domiciliaria, un departamento de 37 m2 en la localidad de Banfield, es “notoriamente exiguo e incómodo” y que el nuevo domicilio “facilitaría el vínculo con su hija y el cuidado de su salud”.

La relación entre Hauque y Piccirillo se quebró en enero del año pasado, cuando el primero terminó detenido luego de un procedimiento policial ilegal a unas cuadras del Palacio Duhau. En el interior de la camioneta de Hauque había más de 1 kilo de cocaína y un arma. La Justicia comprobó que ese operativo fue una emboscada ordenada por Piccirillo, a través de un expolicía de la Federal, Carlos “El Lobo” Smith, que terminó declarando como “arrepentido”.

Las cámaras de la autopista Panamericana y los registros de los peajes demostraron que después del episodio, Smith se fue a Nordelta y se reunió con Piccirillo en la casa que le alquilaba a Martín Migueles, en el lote 192 de “El Yacht”.

En junio, el juez Lijo ordenó una reconstrucción del hecho, en los mismos lugares y horarios de aquella noche. El resultado de esa pericia empeoró la situación de Piccirillo. “En dos de las tres situaciones que se recrearon, el doble de Piccirillo pudo haber plantado la droga en el baúl”, dijo una fuente de la investigación.

Luego de esa pericia, Hauque denunció amenazas y el juez Ariel Lijo ordenó un allanamiento en el domicilio de Piccirillo, a quien le secuestró un teléfono.