El Gobierno acordó con los representantes del sector de practicaje una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación. El entendimiento permite normalizar el movimiento de los buques que permanecían sin operar en puertos y vías navegables.

Como parte del acuerdo, el Ejecutivo suspenderá la aplicación del decreto que modificó el régimen de practicaje y abrirá una mesa de trabajo para revisar sus principales disposiciones. El comunicado oficial no precisó todavía mediante qué instrumento jurídico se formalizará la suspensión ni durante cuánto tiempo quedará interrumpida la vigencia del nuevo esquema.

La instancia será coordinada por la administración nacional y contará con la participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos con competencia en la actividad. Las conversaciones abarcarán los aspectos tarifarios, operativos y de seguridad que generaron diferencias tras la publicación de la normativa.

En la Casa Rosada presentan la baja del 20% como el resultado inmediato de la negociación. El texto difundido, sin embargo, no detalla sobre qué cuadro de precios se aplicará el recorte, si alcanzará a todos los servicios y zonas de navegación ni desde qué momento comenzará a regir.

Los prácticos son profesionales habilitados que suben a los buques para asesorar a los capitanes sobre las rutas, las maniobras y las reglas específicas de cada puerto, río, paso o canal. El capitán conserva la conducción y la responsabilidad sobre la embarcación, mientras el práctico aporta el conocimiento técnico de la zona.

El régimen vigente desde 1991 define al practicaje y al pilotaje como un servicio público vinculado con la seguridad de la navegación. Los profesionales pueden ser contratados de forma individual o mediante empresas habilitadas, mientras la Prefectura Naval ejerce el poder de policía y controla las condiciones operativas.

El decreto de desregulación apuntaba a ampliar la competencia, reducir los supuestos en los que era obligatorio contratar un práctico, flexibilizar los medios utilizados para trasladarlos hasta las embarcaciones y fijar mayores exigencias de transparencia sobre los precios. También contemplaba topes tarifarios y nuevas excepciones para determinados buques y capitanes.

En Nación sostenían que el sistema anterior generaba costos superiores a los registrados en otros puertos y limitaba el ingreso de nuevos prestadores. Los representantes de la actividad respondieron que algunas modificaciones reducían controles técnicos y podían aumentar los riesgos durante las maniobras.

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La interrupción de tareas dejó al menos 140 buques mercantes sin poder ingresar, salir o realizar operaciones en distintas terminales. El conflicto afectó puertos de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, según la información difundida por las cámaras empresarias.

El impacto más inmediato se registró en la cadena energética. La falta de asistencia impidió el ingreso de petróleo a algunas refinerías, frenó el despacho marítimo de combustibles hacia centros de distribución y demoró la carga de crudo destinado a la exportación.

En Balcarce 50 seguían con especial atención la situación de la Patagonia sur. El combustible refinado sale de las terminales de Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca hacia Comodoro Rivadavia, desde donde se distribuye a una región que cuenta con menos alternativas logísticas que el centro y el norte del país.

El conflicto no podía encauzarse mediante una conciliación obligatoria convencional. Los prácticos actúan como profesionales independientes o a través de empresas de practicaje, por lo que la administración concentró la negociación en los representantes de la actividad y en las herramientas regulatorias de Prefectura y de las áreas portuarias.

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El presidente de la Nación, Javier Milei, nunca pensó que Brasil iba a responder a sus insultos con el retiro de su embajador en Argentina. “Lula es un ladrón. Es un corrupto. Estuvo preso. Lo sacaron de prisión por un argumento administrativo. Esperemos que Brasil se pinte de azul. Por el bien de los brasileños. Sacarse a los corruptos, chorros de encima siempre es bueno”, planteó. En cuestión de horas el presidente Lula Da Silva decidió retirar a su embajador Julio Bitelli y, además, rebajó al mínimo su relación diplomática con el gobierno argentino.

Una semana atrás, el canciller argentino Pablo Quirno había subestimado el conflicto. “Argentina no eleva el tema a nivel institucional. Separamos el carril político e ideológico del institucional. Nosotros no respondemos a las declaraciones de Lula ni sus funcionarios (…) es así de fácil (…) No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan”, dijo. Su obsecuencia ante el Presidente quedó a contramano de la realidad.

Milei no se detuvo allí. Por estos días dijo que existen “terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores y terroristas disfrazados de investigadores”. La afirmación la realizó el domingo. No hubo una aclaración al respecto. El mandatario también insistió en que la inflación “sería 0” si no hubiera sido por la guerra. También aseguró que la actividad es récord, que la economía crece de manera sostenida, que el consumo está “en un pico histórico” y que los salarios formales le empatan a la inflación, pero que los informales “vuelan”.

Por último, aseguró que “nadie le puso un revólver en la cabeza” a quienes tomaron un crédito de uno o dos millones de pesos para que las cuentas cierren. Más allá de las palabras presidenciales, naturalizadas por la opinión pública como algo anecdótico, el Gobierno avanza a sabiendas de las complicaciones económicas que existen, sobre todo cuando se piensa en el escenario del 2027.

Economistas liberales y muy cercanos a la política económica, como Miguel Ángel Broda, pidieron por estos días algún cambio. A resumidas cuentas, Broda primero dijo que “seguramente la calle estaría mejor con un dólar un poco más caro, pero la obsesión de la inflación claramente no permite un ajuste”. Luego dijo que “abrir la economía con un dólar barato produce que de cada 10 empresas que cierran 5 sean al cuete (…) primero deberíamos tener en cuenta el proceso de transición”.

Dijo además que abrir la economía de esta manera “con China pujante, cambios en ventajas comparativas (…) en un contexto de un tipo de cambio que favorece las importaciones no es lo mejor para un país que tiene que tener industria”. Por último, señaló que “si la economía fuera el elector del presidente Milei, mi impresión es que, a diferencia de mis clientes, va a ser duro”. Por su estudio pasaron economistas como Carlos Melconian, Luis Secco, José Luis Espert, Diego Giacomini, Rodolfo Santángelo y… Javier Milei.

En la urgencia parlamentaria, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cree que ya no tendrá que realizar más cambios a la Ley de Tierras. Pero del Senado llega otra idea. “Pasamos al 25% el techo. El resto no cambió”, aseguraron desde su entorno a Infobae para desactivar el rumor de más cambios propuestos por bloques aliados que insistieron, durante meses, que el proyecto sin ningún límite a la compra extranjera no iba a salir.

Por estas horas no hay garantías de que estén los votos. ¿Habrá sesión? La pregunta sobrevoló a senadores aliados al bloque que conduce Patricia Bullrich. Desde el sector libertario descartaron una caída de sesión, pero sí entienden que aún no pueden dar por terminada la discusión. “Estamos exageradamente justos. Hay varios senadores que no quieren dar el voto a algo tan importante de esta manera. No descartemos más cambios de acá al jueves”, reconoció un legislador oficialista que, si bien votará a favor, también se preguntó “por qué el apuro de Sturzenegger con algo que no se debatió como corresponde”.

Para sumar condimentos a una sesión que será caliente, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, habilitó a la senadora Anabel Fernández Sagasti a que vote a distancia desde Mendoza por su embarazo e imposibilidad para viajar a la Ciudad de Buenos Aires el día de la sesión. Igualmente, la medida deberá ser respaldada por los senadores en plena sesión. Más tensión.

Por fuera de este proyecto, como tantos otros que salen de la cabeza del ministro desregulador, puede ser un dolor de cabeza para la gestión libertaria, aunque cuenta con el apoyo total de Javier Milei. La idea de estos cambios ya estaban en la Ley Bases. Luego pasaron a Diputados. Luego se retiraron de esa Cámara y fueron al Senado. Allí, en negociación constante con gobernadores, hubo un camino lleno de obstáculos. Primero volvió a comisión, luego no hubo quórum. En pleno mundial se pidió un cuarto intermedio para rearmar la estrategia y finalmente se llegó a la sesión de mañana jueves. ¿Están los votos? Habrá que ver para creer.

“Esto siempre es hasta el minuto 90”, suele repetir Bartolomé Abdala, senador puntano del oficialismo que el jueves estará al frente de la sesión, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará al frente del Ejecutivo. Este detalle es clave. Milei adelantó su viaje a Ecuador para que la vice no pueda comandar la sesión y, en caso de un desempate, no vote. “No vamos a tener un Cobos”, aseguran.

Más allá de este proyecto, las formas y el fondo de Sturzenegger no dan margen para estar en el medio. Al funcionario lo aman u odian. Sin punto medio. Su ánimo desregulador como un dogma puede generar cambios. Aunque eso no signifique algo positivo. Por lo pronto, en tensión están los sectores de los laboratorios y quienes están en el negocio del Seguro. En batalla abierta quedaron quienes están en el negocio del practicaje y pilotaje mercante. Ante los cambios impuestos, comenzó una medida de fuerza que paralizó la operatoria en los puertos comerciales de la Argentina y afectó a 45 buques del polo agroindustrial. El perjuicio económico oscila entre US$50.000 y US$100.000 diarios por barco. El caos fue tal que el Gobierno tuvo que dar marcha atrás con el decreto y activó una mesa de trabajo para reducir los costos de las tarifas.

“Quieren perder, no hay otra”. La frase retumbó en las oficinas del gobernador Axel Kicillof cuando los dichos de expropiación y nacionalización que lanzó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, comenzaron a viralizarse. Desde La Plata no creen en los errores, sino en “el poder de daño” que tiene La Cámpora para presionar al mandatario bonaerense a que haya una negociación con los tiempos que desea Cristina Kirchner. “Nosotros mandar a un gobernador a decir algo así es una estupidez difícil de responder”, respondieron desde el camporismo.

Quienes escucharon los últimos días a Kicillof entienden que la idea de una conversación para forzar la unidad con Cristina no sucederá, ya que aún suenan los insultos y acusaciones de Parque Lezama. “Lo putean por traidor e hijo de puta y ahora quiere negociar”. Cree Kicillof que rearmar el Frente de Todos es “perder”. Cuando imagina “nuevas canciones”, el exministro de Economía se refiere, entre otras cuestiones, al armado electoral. En parte por eso y por motivos personales no estuvo el sábado en La Rioja para el acto peronista. ¿Quintela se habrá cortado solo por el desplante? Imposible saberlo.

Kicillof no quiere hablar de internas. Su espacio entiende que es una palabra vieja. “No hay interna cuando tenemos nuestro lugar, que es el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Sí Máximo tiene otro candidato que lo construya. Lo mismo corre para Sergio (Massa). Cada uno arma lo suyo y el año que viene, con encuestas en la mano, se decidirá. Que haya una PASO o una interna. Y se acabó el asunto”, reiteran. Más allá de esa situación, el PJ gobierna Buenos Aires sin el aporte de Nación, a diferencia de Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y el propio Kicillof con Alberto Fernández. La situación es otra. El Presidente cortó todo tipo de ayuda. “A pesar de eso pagamos sueldos. Dependemos de la economía nacional para que esto no pase a ser un problema imposible. La coparticipación sigue cayendo”, reclaman, al tiempo que no desconocen el ajuste en las cuentas.

De hecho, cuando uno observa las provincias que recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) la provincia de Buenos Aires tiene 0$. Lidera el ranking Misiones con 15 mil millones de pesos. Luego, Corrientes y Mendoza con 14 mil millones y, más atrás, Neuquén con 12 mil y Salta con 11 mil. Será una moneda de negociación de Diego Santilli con esas provincias por la Ley de Tierras. Todos miran al gobernador misionero Passalacqua.

Kicillof ya camina como candidato aunque no lo diga públicamente. Se niega a adelantar medidas o calmar a los mercados “por su histeria” y aguarda el movimiento de Casa Rosada por el sistema electoral para decidir el propio. “No podemos pensar que ganamos o perdemos por un sistema electoral”, aseguran. Uno de los puntos más sensibles -para la rosca, no para los bonaerenses- es la reelección indefinida. La alternativa judicial para dar marcha atrás con la ley aprobada en la gestión de Vidal se desinfló y el ejecutivo bonaerense no está dispuesto a dejar los dedos pegados por los intendentes. Apareció, sin embargo, una salida en diagonal. La idea, descabellada pero legal, es reformar la carta orgánica de los municipios para dejar librado a la “libertad” de cada intendencia de elegir si puede haber reelecciones o no. “Ya estamos contando los concejales”, reconoció un dirigente radical interesado en el asunto.

Más allá de la grieta, negocios son negocios. De todo ese mar de dirigentes deberá salir el candidato a gobernador. Kicillof pondrá una sola condición. Que ese candidato peronista afirme su verticalidad con el titular del PJ. No parece ser un lugar para Wado de Pedro.

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