POLITICA
Caso fentanilo: los chats reveladores que complicaron a las jefas de la Anmat y las alusiones a Mario Lugones
La exjefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) Nélida Agustina Bisio y la exdirectora del Instituto de Medicamentos Gabriela Mantecón Fumadó están presas desde anteayer, acusadas de haber sido parte de una maniobra de contaminación de fentanilo que provocó al menos 90 muertes. Declararon ayer, durante horas, ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta, que ahora analizan esas indagatorias para avanzar con el caso.
Las dos funcionarias eran de carrera. Bisio fue la jefa del máximo organismo de control de alimentos y medicamentos desde que asumió Javier Milei hasta el 5 de enero de 2026, cuando esta causa penal llevaba ya más de siete meses. Mantecón Fumadó fue removida de su cargo el 21 de agosto de 2025. Ella contestó ayer decenas de preguntas de los investigadores y dijo que Mario Lugones, ministro de Salud, era informado de las decisiones que se tomaban sobre el laboratorio Ramallo y HLB (productora y comercializadora del fentanilo contaminado) porque todo lo importante se lo reportaban a él. Declaró que el ministro había promovido el cierre del laboratorio, según informaron fuentes que conocieron el contenido de su indagatoria.
Uno de los chats descubiertos se relaciona con esta declaración. “Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta”, le dijo Bisio a Mantecón. Es un chat del 26 de marzo de 2025. Pero según declaró Mantecón, Lugones seguía el tema desde tiempo antes.
El dictamen de Roteta, fiscal del caso, y de Sergio Rodríguez, el responsable de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, les imputa a Visio y Mantecón Fumadó un delito muy grave, que reprime el envenenamiento o adulteración de medicamentos con una pena de entre 10 y 25 años cuando resultare muerta alguna persona.
Expedientes administrativos en poder de la Justicia y los chats obtenidos de los teléfonos secuestrados determinaron a los fiscales a avanzar contra Bisio y Mantecón Fumadó con una sospecha clara: que ellas les dieron “cobertura estatal” a laboratorios que no cumplían con los estándares mínimos para funcionar pese a que sabían que estaban en riesgo las vidas de decenas de pacientes. El resultado fue la mayor tragedia sanitaria investigada en la historia de la justicia argentina.
Antes de que el fentanilo contaminado saliera del laboratorio Ramallo (la primera partida fue entregada el 30 de enero de 2025), las funcionarias habían recibido un informe de dos inspectoras de la Anmat que revisaron el lugar entre noviembre y diciembre de 2024, detectaron serias irregularidades y les recomendaron a sus jefas, el 3 de enero, que prohibieran toda la producción de ese laboratorio y ordenaran retirar del mercado drogas elaboradas allí.
Pasó más de un mes hasta que Bisio y Mantecón Fumadó tomaron medidas. ¿Qué pasó en ese lapso? La Justicia detectó que el 14 de enero de 2025, las dos funcionarias se reunieron con Ariel García Furfaro (para los investigadores, está probado que los García son los dueños en las sombras de los laboratorios Ramallo y HLB, “en rigor, un mismo laboratorio”) y otras dos personas de la empresa y les ofrecieron no avanzar contra ellos, a cambio de que presentaran un “plan de acción”. Un día después, el 15 de enero, hubo una nueva reunión de los empresarios con Mantecón Fumadó. De acuerdo con las pruebas de la causa, en ese encuentro ella recibió el plan de acción y les dijo a las autoridades de HLB que las iba a ayudar a “conseguir por otro lado” rótulos y prospectos que la empresa no estaba pudiendo obtener.
Según los chats descubiertos, las autoridades de la Anmat informaron que tenían un informe que recomendaba prohibir la producción, pero que no iban a hacerlo. “Re bien predispuestas ambas, las dos”, dice un mensaje de “Victoria” (García), que había participado de la reunión del 14 de enero en “Av de Mayo”, la sede de la Anmat, celebrando la actitud de las funcionarias a cargo de controlarlos.
Finalmente, el 10 de febrero, Bisio y Mantecón Fumadó firmaron la “carta de advertencia” que prohibió toda la producción de Ramallo y la publicaron el 24 de febrero. Ese mismo día, Mantecón Fumadó avanzó con la orden de retiro del mercado de las drogas. Recién entonces se enteraron los hospitales y sanatorios de que algo no estaba bien. Ya era tarde. La primera venta de fentanilo contaminado había sido el 30 de enero y la primera colocación de la droga que provocó una muerte, el 8 de febrero.
Consulta al ministro
Consultada ayer sobre por qué habían demorado tanto en firmar la carta que frenó la producción de Ramallo, Mantecón Fumadó declaró que, en los primeros días de enero, cuando recibió el resultado de la inspección, ella lo remitió a Bisio quien, a su vez, también lo elevó. Según Mantecón Fumadó, su jefa supuestamente lo consultó con el ministro Lugones, que le respondió -siempre según dijo Mantecón que le dijo Bisio- que avanzaran, pero con cautela. Mantecón uso este argumento para justificar la reunión de enero con los dueños del laboratorio.
De acuerdo con el dictamen de la fiscalía, las demoras de las autoridades continuaron incluso después de haber frenado la producción de Ramallo porque no frenaron la comercialización y circulación de las drogas. Desde el 24 de febrero, distintas droguerías y hospitales se comunicaron con el Iname preguntando si podían usar los lotes del laboratorio Ramallo. En un chat en poder de la Justicia, una técnica del organismo le pregunta a su jefa, Mantecón Fumadó, qué debían responder.
Ella le dice que había que ver si estaban identificados los lotes que no se podían comercializar y la técnica le contestó que eran “todos” los elaborados en el laboratorio Ramallo. “Es un montón de guita que está en la calle”, se lamentó entonces la jefa del Iname.
Para la fiscalía, en este chat resulta “evidente que la preocupación de Mantecón Fumado en este caso no fue proteger la salud de la sociedad, sino evitar posibles pérdidas económicas que pudieran sufrir las empresas de los hermanos García”. Sobre todo, porque la técnica le advirtió luego: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta”. Y su jefa le respondió: “Sí, lo sé”.
El 2 de mayo, todo empezó a salir a la luz, según la reconstrucción hecha en el expediente. El Hospital Italiano de La Plata informó a la Anmat que en abril habían tenido un brote de Klebsiella Pneumoniae MLB y Ralstonia Picketti. El 6 de mayo reportó las primeras muertes y todo indicaba que no había existido un contagio intrahospitalario porque los pacientes no habían compartido habitaciones ni médicos. La jefa de farmacia del hospital detectó que a nueve personas fallecidas se les había aplicado fentanilo. El proveniente del laboratorio HLB dio positivo de esas bacterias.
El 11 de mayo, la Anmat prohibió el uso de las drogas de ese lote de fentanilo y ordenó finalmente su recupero. El 12 de mayo, realizó la denuncia penal que dio origen a esta causa. Para entonces, los muertos por el fentanilo contaminado en distintos hospitales y sanatorios del país eran ya 63, cifra que se elevaría a 90 en las semanas siguientes. Murieron desde una beba de 7 meses hasta un hombre de 90. En Rosario fallecieron 36 personas; en Santa Fe, 20; en La Plata, 18; en Córdoba, seis; en Formosa, cinco; en Río Cuarto, dos; también dos en la ciudad de Buenos Aires y uno en Bahía Blanca. Hay además 46 heridos de gravedad.
Viejas señales
Las señales de alerta estaban a la vista desde hacía años. Entre noviembre y diciembre de 2024 se hicieron las inspecciones en Ramallo, pero de acuerdo con la causa judicial, las advertencias sobre las malas prácticas de este grupo empresario, que produjo el fentanilo contaminado, databan de al menos 2023. Ese año, un organismo del Iname dijo, sobre el laboratorio HLB, que implicaba un riesgo sanitario para la población y solicitó la realización de una inspección al laboratorio que -según el dictamen de los fiscales- nunca se llevó a cabo.
En cuanto al laboratorio Ramallo -que producía exclusivamente para HLB- recién el 28 de noviembre de 2024 comenzó la inspección. Un día antes, se le dio aviso a la empresa. En la investigación no está claro aún si ese aviso correspondía. Sus directivos apuraron entonces un operativo de limpieza y emprolijamiento de la situación que quedó registrado en los grupos de WhatsApp de los empleados y directivos del laboratorio. Incluyó desde indicarles a los empleados que no podían comer en el lugar hasta una orden para que se llevaran “los residuos peligrosos a un pallet a la salida del transfer a depósito”. Sin embargo, eso no alcanzó porque, así y todo, las inspectoras detectaron, y dejaron asentadas ya entonces por escrito, las malas condiciones en las que funcionaba el laboratorio.
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POLITICA
Uno por uno: qué senadores votaron a favor y quiénes en contra de la Ley de Propiedad Privada
El Senado dio media sanción este viernes a la madrugada al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, con 37 votos a favor y 33 en contra.
La votación se realizó tras una extensa sesión en la Cámara Alta, en la que el oficialismo consiguió los apoyos necesarios luego de negociar cambios con sectores dialoguistas. No hubo abstenciones y dos senadores estuvieron ausentes. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
Quiénes fueron los 37 senadores que votaron a favor
La Libertad Avanza logró aprobar el proyecto con el respaldo del PRO, buena parte de la UCR y representantes de bloques provinciales. Entre los 37 senadores que votaron afirmativamente estuvieron Maximiliano Abad, Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Carlos Omar Arce, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Andrea Cristina, Carlos Mauricio Espínola, Enzo Fullone, Eduardo Galaretto, Juan Cruz Godoy, Enrique Goerling Lara y Gonzalo Guzmán Coraita.
También acompañaron la iniciativa María Victoria Huala, Luis Juez, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Nadia Márquez, María Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni, Sonia Rojas Decut, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Edith Terenzi, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.
El oficialismo llegó a la votación después de introducir modificaciones para garantizar el respaldo de los sectores aliados. Durante el tratamiento fueron eliminados el capítulo III, que contemplaba cambios en la Ley de Tierras, y el capítulo IV, referido a la Ley de Manejo del Fuego, dos de los puntos que habían generado mayores cuestionamientos entre gobernadores y legisladores dialoguistas.
Los 33 senadores que votaron en contra y quiénes estuvieron ausentes
El rechazo estuvo encabezado por el peronismo, acompañado por representantes de distintas fuerzas provinciales. Votaron en contra Guillermo Andrada, Beatriz Ávila, Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, José María Carambia, Lucía Corpacci, Julieta Corroza, Eduardo de Pedro, Juliana Di Tullio, Natalia Gadano, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares y Cándida Cristina López.
A ellos se sumaron María Florencia López, Juan Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Sandra Mendoza, María Carolina Moisés, Elia Moreno, José Neder, Mariano Recalde, Jesús Rejal, Flavia Royón, Fernando Salino, Martín Soria, Sergio Uñac, Alejandra Vigo y Gerardo Zamora.
Leé también: Tensión frente al Congreso: la marcha contra la Ley de Propiedad Privada terminó con incidentes
La votación terminó con 33 votos negativos y ninguna abstención. Los únicos dos senadores ausentes fueron Flavio Fama, de la UCR, y Anabel Fernández Sagasti, del bloque Justicialista.
Con los 37 votos afirmativos, el Gobierno consiguió la media sanción del proyecto en el Senado. La discusión continuará ahora en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá volver a negociar con sus aliados para reunir los votos necesarios y convertir la iniciativa en ley.
propiedad privada, Ley, Senado
POLITICA
Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema: “Hay muchos operadores informales que tienen influencias”
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, apuntó contra los esquemas de nombramientos en el Poder Judicial al señalar la existencia de “muchos operadores informales que tienen influencias”.
Durante una disertación ante el Rotary Club de Buenos Aires, el magistrado sostuvo que la idea de una Justicia independiente se encuentra “fuertemente devaluada” en la mayoría de las provincias argentinas, fenómeno que consideró un síntoma de un deterioro institucional grave.
El magistrado, que expuso en los salones del Hotel Libertador sobre el liderazgo en la era de la inteligencia artificial, afirmó que la democracia argentina requiere terminar con el amiguismo y las presiones externas.
Según el integrante del máximo tribunal, el problema central no radica en la participación de la política, la cual calificó como un requisito del sistema constitucional, sino en la acción de actores ajenos a la ley que condicionan la selección de magistrados.
Por este motivo, Lorenzetti confirmó que insistirá, junto a su par Carlos Rosenkrantz, en la reforma del mecanismo de elección a través del Consejo de la Magistratura para priorizar la formación profesional sobre los vínculos personales.
Lorenzetti sobre la inhabilitación a cargos públicos de Cristina Kirchner
En otro tramo de su presentación, el juez se refirió a la reciente denuncia que presentó la expresidenta Cristina Kirchner ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al respecto, Lorenzetti aclaró que la defensa de la titular del Partido Justicialista nunca planteó ante los tribunales locales la inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El magistrado recordó que, durante el proceso judicial por la causa Vialidad, el debate se centró exclusivamente en la confirmación de las penas de prisión. “No hubo ningún planteo referido a la inconstitucionalidad de la inhabilitación”, enfatizó el juez, quien precisó que dicha cuestión tampoco surgió cuando el expediente tramitó ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El mensaje a la clase dirigente
Consultado sobre las declaraciones del gobernador riojano Ricardo Quintela, quien amenazó con expropiaciones si el peronismo retoma el poder nacional, Lorenzetti calificó los dichos como desatinados. Si bien aclaró que estas expresiones carecen de efecto jurídico real, instó a la clase dirigente a brindar previsibilidad económica para fomentar la inversión y evitar que los ciudadanos teman por la seguridad jurídica. “La previsibilidad en materia económica hoy está garantizada”, sentenció el integrante de la Corte.
Finalmente, el juez reflexionó sobre el rol del Poder Judicial frente a la creciente desconfianza social. Sostuvo que los magistrados deben buscar el prestigio institucional en lugar de la aprobación inmediata mediante encuestas o aplausos públicos.
En un contexto global de desilusión con el Estado de Derecho, Lorenzetti abogó por una gestión eficiente, la modernización tecnológica mediante la inteligencia artificial y el respeto estricto de las normas para evitar la deriva hacia modelos autoritarios. El magistrado concluyó que la misión de la justicia actual es ofrecer un servicio ágil que responda a las necesidades reales de la población.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hernán Cappiello.
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POLITICA
Kicillof definió atar el desdoblamiento en Buenos Aires a lo que ocurra con las PASO a nivel nacional
Axel Kicillof no desdoblará las elecciones en la provincia de Buenos Aires si el gobierno nacional no logra eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como se propuso en su anunciada reforma política que, de momento, no logra salir a las pistas. La gestión de Javier Milei quiere erradicar las Primarias. En lo formal, argumenta un ahorro de USD 150 millones, aunque hay un trasfondo político: evitar que esa instancia electoral para elegir candidatos no termine funcionando como una gran encuesta, que adelante los tiempos y que los resultados no sean los esperados. El Gobierno quiere una sola elección, con Milei yendo por la reelección: fuerte al medio. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral nacional, siguen con sigilo esta instancia mientras transitan la discusión interna dentro del peronismo.
Así como La Libertad Avanza esgrime un argumento presupuestario detrás del plan para eliminar las PASO, en Buenos Aires avisan que “no dan los tiempos” para separar las elecciones provinciales de las nacionales si se les suman las Primarias. “Sería hacer votar a la gente tres veces”, plantean cerca del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El famoso calendario electoral complejizaría un desenganche, más allá de los fundamentos políticos y estratégicos que pueden aparecer y sobre todo si Kicillof buscara una candidatura presidencial, que es por lo que está trabajando y que, de darse, anunciará el año que viene.
Un crongorama ajustado
La normativa electoral de la provincia de Buenos Aires establece plazos distintos para la convocatoria a las elecciones primarias y las generales. En el caso de las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas (EPAOS), la Ley 14.086 dispone que el Poder Ejecutivo debe convocarlas con una antelación no menor a 120 días ni mayor a 150 días respecto de la fecha de realización. La misma norma establece, además, que esos comicios deben celebrarse dentro de los 12 meses previos a la elección general y en la misma fecha que las primarias nacionales.
Para las elecciones generales provinciales, en tanto, la legislación bonaerense prevé que la convocatoria debe efectuarse con no menos de 60 días de anticipación al acto electoral. El gobernador tiene potestad para convocar a las elecciones generales en una fecha distinta de la fijada para los comicios nacionales. La potestad para realizar esa convocatoria se apoya en el artículo 144 inciso 7 de la Constitución provincial, además del artículo 66 de la ley provincial 5.109.
Ese marco permite que la Provincia defina su propio calendario electoral para los cargos locales, siempre dentro de los plazos que establece la legislación. La coincidencia con la elección nacional no funciona como una obligación para los comicios provinciales, sino como una alternativa prevista por el régimen de simultaneidad electoral. Aparece de forma explícita en el artículo 116 de la Ley Electoral de PBA: “El Poder Ejecutivo podrá, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, convocar a las elecciones simultáneamente con la elección de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación”, dice el texto. También puede no hacerlo y elegir su propia fecha, lo que —efectivamente— sería un desdoblamiento. Es algo que estudia Kicillof. Aún sin definiciones, cree tener una certeza: prefiere las PASO y si hay PASO no hay desenganche posible.
La situación cambia para las elecciones primarias en lo que respecta a las fechas. Según el régimen vigente en la Provincia, cuando el Poder Ejecutivo Nacional convoca a primarias nacionales para determinadas categorías, las primarias bonaerenses deben realizarse en la misma fecha, de acuerdo al artículo 2 de la ley 14.086.
Discusión política
Más allá del aspecto logístico, están el estratégico y el político. Hay dos posiciones distintas en el entorno de Kicillof que, por ahora, conviven. A favor de un desdoblamiento, está la eventual victoria que podría tener el peronismo en la provincia de Buenos Aires. En La Plata aseguran que con un candidato único, respaldado fehacientemente por todos los sectores del peronismo y con el gobernador presente en la campaña, se podría retener la provincia.
Esta tesis tendría como antecedente favorable lo que fueron las elecciones del año pasado, cuando Kicillof eligió desenganchar los comicios legislativos y obtuvo una victoria por casi 14 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza para cargos legislativos. En La Plata, tienen sobre la mesa, siempre y cuando no haya PASO, esa carta: creen que una victoria en Buenos Aires podría allanar el camino a un resultado de orden nacional.
Otros factores y elección unificada
Días atrás, el grupo de intendentes de la naciente Liga de Intendentes peronistas bonaerenses visitó al gobernador. Fue una reunión netamente política. No se habló de gestión. Los jefes comunales que buscan bajar la espuma de la interna reinante en el peronismo bonaerense entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora piden reelecciones indefinidas. Ese tema también interviene en la definición de aplicar un desdoblamiento electoral.
La chance de que los intendentes puedan ir por otro mandato en sus distritos acomoda, por un lado, la discusión por la sucesión a la gobernación -ya que varios de los que hoy aparecen como posibles candidatos y son intendentes podrían quedarse en sus distritos- y por el otro, garantizaría su involucramiento pleno en la campaña. Ahí cobra fuerza una unificación de la elección y una campaña en conjunto: municipal, provincial y nacional, con Buenos Aires abarcando el 37% del padrón electoral.
Todo en un hipotético escenario de Kicillof candidato. En su equipo interpretan que hoy por hoy solo hay dos nombres para la contienda electoral del año que viene: Milei y Kicillof. Por eso, con esa idea es que están dispuestos a ir a una PASO. Además, creen que, de ir a una interna, el gobernador bonaerense podría validar credenciales de su propio armado político (el MDF) y evitaría llegar a la resolución de una candidatura y un ordenamiento interno mediante un acuerdo con el resto de los sectores. Por eso abona las PASO.
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