La Justicia le pidió al Gobierno más información sobre los faltantes que existen en los registros que la Policía Federal entregó hasta el momento en la causa que investiga los incidentes ocurridos durante la movilización del 12 de marzo del año pasado, que terminó con heridos y con el fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido.

En la causa, que tramita en el juzgado de María Servini, la Policía ya suministró dos transcripciones de las conversaciones que efectivos mantuvieron por handy el día de los hechos. La primera entrega, que abarca desde el mediodía hasta la noche, registraba un faltante de una hora completa, entre las 17 y las 18, cuando Grillo fue alcanzado por el casquillo de una granada de gas.

En la segunda, que fue aportada durante esta última feria judicial y pretendía subsanar el faltante, en los minutos que rodearon al incidente se registran tramos de la conversación que fueron marcados por la Policía como “sin audio” o “ininteligible”, según pudo ver .

Fuentes al tanto del caso señalaron que el juzgado ya pidió al Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, “mayores precisiones” sobre los registros incompletos.

El intercambio de información ocurre en la causa que investiga todos los hechos ocurridos durante la movilización y que es paralela a la que investigó el ataque puntual contra Grillo, tramo que ya fue elevado a juicio oral.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es querellante en el caso y busca orientar la investigación hacia la cadena de mandos, considera que los faltantes son deliberados.

“No es la primera vez que surgen maniobras tendientes a empantanar la investigación del ataque a Pablo Grillo por parte de fuerzas federales pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Nación”, señalaron en un comunicado.

“Ya en los primeros meses de ocurridos los hechos, la Gendarmería omitió entregar información y filmaciones obtenidas por gendarmes que estaban en las cercanías de Guerrero cuando efectuó el disparo a Grillo”, dice el texto.

Es que mayo del año pasado, la Gendarmería entregó en la Justicia el contenido de solo una de las dos cámaras llevadas por la fuerza de seguridad a la movilización. Luego, la fuerza policial, que depende del Ministerio de Seguridad que en ese momento lideraba Patricia Bullrich, afirmó que la segunda cámara nunca había sido “activada”.

“En dicha oportunidad [por el 12 de marzo] también portaba UNA (1) cámara de filmación ‘Go Pro’, número de serie C3161355578424, el Gendarme Jorge Luis Reyes (MI 42.993.212 CE 110275), integrante de la Sección Empleo Inmediato, la cual no fue activada por lo que no cuenta con registros fílmicos de dicho operativo”, explicó Gendarmería en una texto firmado por su director, Claudio Miguel Brilloni.

Grillo

Los hechos investigados ocurrieron frente al Congreso, en la tarde del 12 de marzo, durante una de las habituales movilizaciones por la situación de los jubilados. La manifestación terminó con graves incidentes, enfrentamientos entre policías y manifestantes, detenidos que luego fueron liberados y con Grillo peleando por su vida en el Hospital Ramos Mejía.

El tramo del caso que investigó la agresión identificó y procesó al gendarme Héctor Guerrero, del destacamento 6, como autor del disparo y ya fue elevado a juicio oral.

Quedó bajó la órbita del Tribunal Oral Federal N.º 6, integrado por Adriana Palliotti, Enrique Méndez Signori y Diego García Berro.

En su defensa, Guerrero sostuvo que nunca tuvo la intención de herir a Grillo y que había disparado su arma de acuerdo con el manual de uso.

Los videos de aquel día, sin embargo, muestran que el gendarme disparó el arma de manera horizontal, a contramano de lo que indica el manual, que establece que debe hacerse en ángulo para que el proyectil describa una parábola.

La jueza Servini estableció que Guerrero disparó en seis oportunidades, violando los protocolos para el uso de este tipo de armas, que lanzan cartuchos de gas lacrimógeno. Asimismo, ordenó extraer testimonios para seguir investigando la cadena de mandos.

El subdirector adjunto del FBI, Andrew Bailey, se reunió este viernes en la Argentina con el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y con altos funcionarios de la SIDE y del Centro Nacional Antiterrorista (CNA). El objetivo del encuentro fue “fortalecer la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en el extranjero” y “detener amenazas” antes de que lleguen a Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, el FBI destacó la visita de Bailey. “Defender la patria requiere fuerza más allá de nuestras fronteras”, señaló el organismo.

En tanto, el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, destacó el vínculo entre la SIDE y el FBI y señaló que la creación del CNA constituye uno de los principales resultados de la cooperación entre ambas agencias.

“La SIDE y el FBI mantienen un vínculo histórico que en esta gestión profundizamos con acciones concretas. La creación del Centro Nacional Antiterrorista junto al FBI representa un paso fundamental en esa relación y nos permite incorporar la experiencia y las mejores prácticas de una de las agencias más importantes del mundo”, sostuvo.

Y sumó: “El CNA es hoy la herramienta central del Estado argentino para coordinar la prevención del terrorismo y el primero de estas características en América Latina”.

Además, expresó que la cooperación entre la SIDE y el FBI “fortalece las capacidades del Sistema de Inteligencia Nacional para anticipar amenazas y proteger a los argentinos”.

“El terrorismo no reconoce fronteras y enfrentarlo exige cooperación, intercambio de información y coordinación entre los Estados. El vínculo que construimos con el FBI nos permite estar mejor preparados frente a una amenaza que es global”, concluyó Auguadra.

Desde la SIDE también realizaron una publicación en redes sociales donde remarcaron que los cambios impulsados en la Secretaría de Inteligencia de Estado “han sido fundamentales para la creación del CNA, un organismo ejemplar creado conjuntamente con el FBI”.

El Centro Nacional Antiterrorista

Ese organismo fue creado en octubre del año pasado a través del Decreto 717/2025 e inaugurado junto al FBI. La medida fue anunciada por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Su fin es “integrar, analizar y compartir información entre sus integrantes, diseñar estrategias y establecer criterios de actuación y coordinación eficaces en la lucha contra el terrorismo“.

El documento, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, establece que la SIDE, además, dirige al centro y lo asiste con “los recursos humanos y presupuestarios necesarios” para el cumplimiento de las funciones.

El CNA, en tanto, debe “requerir información y asistencia de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras; contribuir a la prevención y a la determinación de los riesgos y amenazas en materia de terrorismo; elaborar y aprobar lineamientos, estrategias y objetivos generales en la lucha contra el terrorismo, además de directivas, protocolos y documentos oficiales con el fin de orientar las prioridades de la lucha contra el terrorismo y los esfuerzos de inversión, investigación, capacitación y desarrollo de las capacidades estatales en la materia; y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras”.

También tiene como funciones elaborar informes sobre el terrorismo a nivel nacional, regional e internacional; difundir información estadística sobre la materia; dictar la normativa interna para su funcionamiento; e impulsar las propuestas legislativas y normativas necesarias para el fortalecimiento de la prevención y lucha contra el terrorismo.