POLITICA
La visita del Papa forzó al Gobierno y a la Iglesia a retomar gestos y dejar las diferencias en un segundo plano

Acuerdos en objetivos institucionales y fuertes tensiones en el terreno social. En esa doble lógica se explica hoy la relación entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia, que llevaron adelante un trabajo de acercamiento, en medio de las diferencias, para lograr la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina.
Esa tarea de cooperación, en la que la Santa Sede tuvo una participación decisiva, no impidió que 48 horas después del anuncio volvieran a salir a la luz las diferencias por la crisis social. El viernes, en un duro mensaje en la misa por San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, golpeó en el corazón del ideario libertario, al advertir que “la libertad económica no puede ser absoluta”, además de exigir respuestas para los pobres y los endeudados. Es uno de los tres obispos argentinos que recibirá y acompañará a León XIV en su diócesis.
Las palabras de García Cuerva fueron, quizás, un anticipo de que el mensaje que traerá León XIV en su visita de tres días a la Argentina –del 8 al 11 de noviembre- estará en plena sintonía con la agenda que se referencia con la justicia social y un papel más activo del Estado frente a las desigualdades y el desorden de la economía. Claves y definiciones de una Iglesia cercana a los pobres, como legado del pontificado de Francisco.
Las discrepancias por las políticas sociales derivaron en los últimos años en una relación de frialdad entre la Casa Rosada y la Iglesia argentina. El distanciamiento se reflejó en el hecho inédito de que el Presidente nunca recibió a la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina que asumió en noviembre de 2024, encabezada por el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, mientras el líder libertario no ponía reparos para compartir encuentros y oraciones con pastores evangélicos en el palacio de gobierno.
“Hay que separar el objetivo institucional de alcanzar coincidencias para lograr la venida del Papa de las naturales disidencias que pueden surgir por las políticas en el área social”, explicó a un vocero del Episcopado que siguió de cerca las instancias de diálogo que afianzaron el reciente acercamiento.
El propio arzobispo Colombo declaró a que la Iglesia “no puede renunciar al ministerio profético de dar cuenta de cuando las cosas no están bien, dañan el tejido social o se vulneran los derechos fundamentales”, en relación con la situación de los jubilados, las personas con discapacidad y la crisis de la educación. Y aseguró: “Lo que tenga que decir, el Papa lo va a decir, sin ningún ánimo agresivo y ofensivo”.
Acercamiento silencioso
Desde hace casi tres meses vienen trabajando en reserva la Santa Sede, el Episcopado y el gobierno argentino para lograr el objetivo del viaje del Papa.
Las cabezas de este acercamiento fueron el canciller Pablo Quirno y el arzobispo Colombo, que como presidente del Episcopado ha “inspirado y fortalecido” el interés de que la visita del Santo Padre sea un trabajo conjunto con el Estado.
Pero los brazos ejecutores, que consumieron horas de reuniones y trabajo en común, fueron el secretario de Cuto y Civilización de La Nación, Agustín Caulo, conocedor del paño católico, quien viajó al Vaticano, y –por el lado de la Iglesia- el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro; el subsecretario general, el padre Matías Tarico, y el padre Máximo Jurcinovic, con especial experiencia en el área de comunicación. Se sumaron a los encuentros representantes de las tres diócesis argentinas que recorrerá el Santo Padre: Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El objetivo del viaje del Papa a la Argentina forzó al Gobierno y a la Iglesia a trabajar en función de un objetivo común. El Vaticano hizo un aporte institucional el 14 de mayo con la designación del nuevo nuncio apostólico, el arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach, de la misma nacionalidad que León XIV y de reconocida cintura diplomática, en virtud de su experiencia como observador de la Santa Sede en organismos internacionales.
Banach llegó a Buenos Aires el 22 de julio y en los primeros días tuvo una reunión con el ministro Quirno en la Cancillería y presentó sus cartas credenciales al Presidente, que en los momentos preliminares de la confirmación de la visita controló sus apariciones y se manejó con prudencia y cautela.
A fines de junio había llegado la “primera avanzada” del Vaticano para evaluar in situ la posible llegada del papa León XIV, un pontífice que por su anterior recorrido como superior mundial de la Orden de San Agustín visitó más de 40 países. A esta altura, ninguna geografía ni sistema político lo puede sorprender. Se espera que en las próximas semanas se produzca un nuevo desembarco de funcionarios de la Secretaría de Estado del Vaticano y del Dicasterio para la Comunicación.
Iniciativas similares se llevaron adelante simultáneamente en Uruguay y en Perú, los otros países que recibirán al Santo Padre en noviembre.
El trabajo silencioso
En el vínculo entre el gobierno de Milei y la Iglesia existen mesas de diálogo informales en distintos niveles. “En unos temas hay respuestas y en otras no”, admiten fuentes eclesiásticas, que ubican la crisis de los jubilados y del sector de la discapacidad como temas de fuerte preocupación en la Iglesia.
“Puede haber diferencias sobre temas específicos y situaciones coyunturales. Pero prevalece el compromiso de sostener un trabajo en equipo y el deseo compartido de que se pueda recibir al Papa lo mejor posible”, evaluó otra fuente eclesiástica, que admite la coexistencia de visiones encontradas en el terreno social.
Si bien el cronograma puede sufrir modificaciones, se dejó de lado la idea de que el Papa viajara a Santiago del Estero, la diócesis que había recibido una reparación histórica por decisión de Francisco, que la designó sede primada, por ser la más antigua del actual territorio argentino.
El camino que hasta ahora se transitó en reserva, cuidando que los detalles no trascendieran, es solo el primer paso de una empresa gigantesca, definen en la Iglesia. Ahora viene un trabajo de alta complejidad contrarreloj y contra el calendario. Se espera que la Santa Sede y la propia Iglesia argentina aporten su expertise y se confía en el compromiso de miles de voluntarios, como fue reconocido en la organización de la reciente visita de León XIV a España.
“Es un camino que se venía recorriendo y solo ahora se puede empezar a trabajar públicamente”, confiaron en la Iglesia a .
Tareas pendientes
Faltan 92 días para la llegada del pontífice y el trabajo está lejos de haber terminado. “La Santa Sede pone los estándares y revisa todo”, confió una fuente eclesiástica. Se refería, por ejemplo, a cuestiones concretas, como la distancia que debe preservarse entre el Papa y el público en las celebraciones masivas y los anillos de seguridad.
Muchas cosas están en proceso de definición, desde los sitios que visitará el Papa en las tres diócesis que conforman el itinerario hasta la preparación de la infraestructura, los servicios, los espacios celebrativos, la organización, la comunicación y otros aspectos que “requieren del esfuerzo compartido de toda la Iglesia que peregrina en la Argentina”, según expresó el Episcopado al anunciar la realización de una “colecta nacional imperada” –ordenada por la autoridad eclesiástica, para recaudar fondos.
Así, los obispos acordaron que el fin de semana del 22 y 23 de agosto se realice la colecta en todas las celebraciones religiosas para que la gente contribuya económicamente a la organización de la visita de León XIV.
Como dato de referencia, LA NACIOJN pudo saber que el viaje apostólico que el Papa realizó entre el 6 y el 12 de junio a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias tuvo un presupuesto cercano a los 25 millones de euros, según estimó la Conferencia Episcopal Española. El 45% se financió con aportes de empresas y benefactores, el 30% con fondos de la Iglesia (aportes de los fieles) el 20% con recursos de las administraciones públicas (gobierno nacional y comunidades autónomas) y un 5% mediante colectas realizadas para recaudar fondos. Al mismo tiempo, la Iglesia española estimó que las ciudades recibieron adicionalmente ingresos superiores a 150 millones de euros en materia de turismo y comercio.
“El Gobierno está interesado en que el Papa venga. Pero el que recibe al Santo Padre es la Argentina. Queremos lo mejor y vamos a trabajar por eso”, aseguran en la Iglesia.
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Papa León XIV,Conforme a
POLITICA
El intendente de Escobar Ariel Sujarchuk ganó el Seoul Smart City Prize en Corea del Sur

El intendente de Escobar Ariel Sujarchuk ganó el Seoul Smart City Prize 2026, el máximo galardón internacional en gestión urbana inteligente, que se entregó el martes en el Centro de Convenciones COEX, durante la apertura de la Smart Life Week.
El jefe comunal fue premiado en la ceremonia inaugural de la cumbre global Smart Life Week (SLW), organizada por el Gobierno Metropolitano de Seúl y la Organización Mundial de Ciudades Inteligentes y Sostenibles (WeGO).
El certamen recibió 210 postulaciones de África, Asia, Europa, América Latina, Oriente Medio, América del Norte y Oceanía, de las cuales 46 semifinalistas fueron invitados a la ceremonia. En la categoría Liderazgo, Sujarchuk superó a Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de Ciudad de México; a Ioannis Konstantatos, alcalde de Elliniko-Argyroupoli (Grecia); y a Muhammad Farhan, alcalde de Bandung (Indonesia).
De la burocracia al modelo “AI-cracy”
El jurado internacional valoró la transformación de la administración municipal de Escobar hacia un esquema de gobernanza basado en inteligencia artificial. El eje central de esa reconversión son dos herramientas propias: Flora, un asistente de IA generativa disponible por WhatsApp con más de 500.000 interacciones registradas con vecinos, y Ethix, una plataforma de contrataciones y compras públicas impulsada por IA diseñada para dar transparencia y velocidad al gasto municipal.
A ese núcleo tecnológico se suman otros logros que pesaron en la evaluación: la promulgación de la primera ordenanza municipal de regulación de inteligencia artificial en la Argentina, la digitalización de más de 100 trámites administrativos y la formación de más de 28.500 personas en alfabetización tecnológica a través del programa CiudadanIA Inteligente 5.0. El municipio también cuenta con la certificación ISO 37001 y el Premio Gobernarte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La IA como eje de la agenda urbana global
La Smart Life Week giró este año en torno al lema “Cuando la IA entra en nuestras vidas, la ciudad despierta” y concentró debates sobre la llamada “IA Física” aplicada a la gestión pública: movilidad e inspección urbana, seguridad preventiva, reducción de la brecha digital y automatización de la atención ciudadana. La experiencia de Escobar fue señalada en ese marco como caso de referencia por los expertos y autoridades que participaron de la cumbre en Seúl.
“Recibir este premio en Seúl entre líderes de grandes metrópolis del mundo es un orgullo enorme para Escobar”, dijo Sujarchuk durante la ceremonia. “Demuestra que la innovación no depende del presupuesto ni del tamaño de una ciudad, sino de la decisión política de poner la tecnología al servicio concreto de la comunidad”, agregó. El intendente también reconoció que el municipio tiene problemas pendientes y sostuvo que es posible “trabajar en lo urgente y en lo importante al mismo tiempo”.
Con el galardón obtenido en Corea del Sur, el intendente suma este reconocimiento a participaciones previas en cumbres de innovación en Italia, España, Colombia, Uruguay y Estados Unidos. WeGO reconoció en total 21 ganadores en las categorías Tech-InnovaCity, Human-CentriCity, Mención Especial y Liderazgo. Entre los destacados de la edición figuran también Madrid y la ciudad mozambiqueña de Quelimane.
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Un fallo urgente de la Corte repone los límites a la venta de tierras a extranjeros y alivia al Gobierno

La Corte Suprema de Justicia dictó hoy una medida cautelar interina que pone nuevamente en vigencia las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros previstas en la ley de tierras. Lo hizo de urgencia, con dos conjueces y con un fallo dividido, que incluyó una dura disidencia de Carlos Rosenkrantz.
En la práctica, la Corte revierte así los efectos que tuvo su propio fallo del martes de la semana pasada. Ese día, invocando un motivo procesal, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que en 2024 había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023, de Javier Milei, que deroga entera la ley de tierras.
Aquel fallo de la Corte motivó duras críticas, una inusual aclaración pública del tribunal y una amenaza de la oposición con hacer caer en el Congreso todo el DNU 70/2023 -y no solo el artículo 154-. La oposición anunció que apuesta a hacerlo en una sesión especial el jueves de la semana próxima. Este nuevo fallo de la Corte ayuda al Gobierno, que necesita desactivar esa iniciativa, que nació como reacción a la sentencia anterior del tribunal.
El fallo de hoy fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
Fue en respuesta a un planteo de una asociación ambientalista, dos grupos indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que pidieron que la Corte aclarara si el fallo de la semana pasada implicaba también un rechazo a un amparo que tenían presentado ellos contra la ley de tierras. Alegaron que mientras los excombatientes invocaban la defensa de la soberanía territorial como fundamento de su legitimación para reclamar que fuera repuesta la ley de tierras (legitimación que la Corte no les reconoció), mientras que ellos alegan “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas”.
La Corte no resolvió sobre esa legitimación y, mucho menos, dijo si es constitucional o no el decreto de Milei. Lo que hizo hoy fue devolver la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició este caso, para que todo eso se discuta allá. Pero mientras tanto, dictó la medida cautelar “interina” que suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta tanto el juzgado de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de todos los que promovieron este caso y examine su pedido de medida cautelar.
El voto de Rosenkrantz
Rosenkrantz, en disidencia, hizo un duro voto en el que afirmó que “la mera referencia genérica al medio ambiente no puede convertirse en una coartada para que los jueces dispongan medidas cautelares, siquiera interinas”. Pero además sostuvo que “el descontento que en distintos sectores de la sociedad pudo haber causado la sentencia” del tribunal de la semana pasada “no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten”. Rosenkrantk afirmó: “Un proceder así solamente debilitará la confiabilidad del Poder Judicial de la Nación”.
La mayoría, en cambio, buscó mostrar que no hubo una revisión de lo resuelto la semana pasada. El fallo de hoy afirma: “La decisión que aquí se adopta responde específicamente a los planteos de los actores, que de ninguna manera puede ser considerado como un apartamiento o una modificación de criterio respecto de la adoptada en la causa “Cecim”, citada, en la que, como quedó en evidencia, se debatieron circunstancias concretas diferentes a las que ahora se tratan».
Los conjueces que se sumaron y formaron la mayoría en este caso, Barroetaveña y Pérez Curci, son presidentes de cámaras federales. Fueron convocados porque la Corte requiere de tres votos en el mismo sentido para sacar un fallo y estaba claro que Rosenkrantz no estaba de acuerdo con Lorenzetti y Rosatti.
El caso que eligió la Corte para volver sobre el tema de la ley de tierras fue un planteo vinculado con su fallo anterior: una “aclaratoria” solicitada por las agrupaciones que defienden la ley derogada por Milei y pidieron que la Corte les precisara si la sentencia dictada en el expediente de los excombatientes alcanzaba también al amparo colectivo presentado por ellos o no.
La “aclaratoria” la presentaron Odarda, Árbol de Pie y las comunidades indígenas el jueves pasado, el mismo día que Rosatti y Lorenzetti habían dado a conocer un comunicado en el que dijeron que, si les llegaba un caso nuevo presentado por alguien que sí estuviera legitimado, ellos podrían dictar una medida cautelar. El comunicado adelantaba las intenciones de Rosatti y Lorenzetti.
De inmediato, la Corte decidió tratar este caso y sorteó conjueces el martes de esta semana. Las reglas del proceso indican que las partes tenían 72 horas para recusarlos. Sin embargo, el tribunal acortó ese plazo “en atención a las particulares circunstancias de la causa” (particularidades que no detalla). El apuro fue tal, que además habilitó “días y horas inhábiles”. Convocó a un acuerdo en viernes, un día inhabitual para las reuniones formales de la Corte.
Los conjueces
Barroetaveña y Pérez Curci son penalistas, cuentan con una larga carrera judicial y no es la primera vez que son nombrados conjueces. Pérez Cursi, de hecho, falló la semana pasada como parte de la Corte que revocó la absolución de César Milani. El sorteo por el que se los eligió se hizo con un bolillero y fue seguido por videoconferencia por las partes.
Barroetaveña, cercano a Rosatti, el presidente de la Corte, es miembro del Consejo de la Magistratura y había presentado una demanda judicial con el objetivo de poder ser reelegido en el Consejo para el año próximo, planteo del que finalmente desistió. Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques, el juez de Casación y padre del actual ministro de Justicia.
Los dos conjueces tenían, hasta el año pasado, cargos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Barroetaveña presidía el Tribunal de Ética de la asociación que encabeza Claudio Tapia; Pérez Curci formaba parte de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA. Renunciaron en diciembre, después de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió a la Corte que dispusiera el cese de las funciones de todos los jueces en los tribunales de la AFA por considerar que eran funciones incompatibles.
El camino del caso
El planteo que la Corte resolvió lo hicieron la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y Odarda, que presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Alberto Fernández.
Ellos habían presentado una acción colectiva para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto 70/2023, que derogó la ley de tierras. Este planteo fue tratado por la Cámara Federal de La Plata como un caso conexo al del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que solicitaba lo mismo. En el expediente de los excombatientes, la Cámara Federal de La Plata les dio la razón. Ese fue el fallo que la Corte revocó la semana pasada, con el argumento de que el Cecim, que había invocado que estaba en juego la soberanía, no tenía legitimación activa para promover el caso.
La aclaratoria de Árbol de Pie solicitó que se precisara si el fallo de la Corte de la semana pasada producía “algún efecto” sobre su expediente, teniendo en cuenta que invocaron “títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en Cecim”. Remarcaron que el planteo de ellos no tuvo que ver con la defensa de la soberanía nacional, sino con “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente relacionados con sus territorios ancestrales y con la incidencia que sobre ellos podría producir la eliminación del régimen de protección establecido por la Ley 26.737 [la ley de tierras]″.
fallo del martes de la semana pasada,el jueves de la semana próxima,finalmente desistió,Paz Rodríguez Niell,Corte Suprema de Justicia,Conforme a
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Un alto funcionario de la diplomacia de EE.UU. llegará a la Argentina con la seguridad y el programa de visas como temas centrales

En un nuevo gesto de la buena relación entre la Argentina y Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump enviará al país a dos de sus principales funcionarios en materia de política exterior.
Christopher Landau, subsecretario de Estado y número dos de Marco Rubio, llegará a Buenos Aires el 21 de octubre junto con Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
El viaje se concretará antes de la visita oficial del vicepresidente estadounidense, JD Vance, prevista para noviembre. Parte de la agenda de Landau y Segura estará destinada a afinar y cerrar los últimos detalles de las actividades que Vance realizará en la Argentina.
Landau es quien monitorea y sigue al detalle la aplicación de las políticas impulsadas por la Casa Blanca y coordinadas con Rubio. Su llegada representa la visita de más alto nivel de la diplomacia estadounidense desde el regreso de Trump a la presidencia.
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