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Hernán Lacunza: “Veo a Macri y a una parte importante de Pro decididos a enfrentar a Milei en 2027″

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Es viernes a la tarde y Hernán Lacunza parece congelarse cuando posa ante la cámara. Luce algo tímido, como un político en preparación. El exministro de Hacienda admite que no había planificado lanzarse en este momento como precandidato a presidente de Pro, pero está entusiasmado con el nuevo desafío. De hecho, ya arma un equipo de asesores y planea viajar al interior del país. “Tengo una hoja de ruta”, dice, en voz baja.

En una entrevista con , Lacunza remarca que Mauricio Macri lo autorizó a anotarse en la carrera preliminar para suceder a Javier Milei. Fue durante una charla a solas que mantuvieron días antes de que arrancara el Mundial, en el departamento del exmandatario en Palermo. “Avanzá”, le respondió el líder de Pro.

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A contramano de los acuerdistas que habitan en el partido, el economista cree que Pro debe presentar una alternativa electoral al gobierno libertario en 2027. O al menos intentarlo. “Veo a Macri y a una parte importante de Pro decididos a enfrentar a Milei″, afirma.

-¿Cuál es su diagnóstico sobre la herencia o legado que podría dejar Milei? El Presidente dice que bajó la inflación y la pobreza; y que ordenó la macroeconomía.

-La herencia aún no la conocemos. Podemos hacer un balance hasta acá. Como todo gobierno, el de Milei tiene luces y sombras. Sorteó una herencia muy difícil de la administración anterior en el origen de la gestión. Lo hizo con audacia y pericia. La consecuencia de eso es que la inflación haya bajado a un régimen de entre el 2% y 4% mensual, dependiendo de cuánto liberan el tipo de cambio. Eso se vio en los últimos 12 meses.

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La previsibilidad nominal es importante. Eso es la inflación –el changuito del supermercado-, el dólar o la tasa de interés.

-¿Qué deficiencias nota en el modelo económico?

-La luz roja o las sombras es que no genera empleo suficiente. Cuando se dice que “la macro está bien”, el Gobierno trata de acotarla a la estabilidad. Y la macro es estabilidad y crecimiento. Y el crecimiento, por más que estadísticamente no es nulo, es muy desparejo. Tenemos un motor encendido a full -energía, minería y el agro- y otro apagado, que es la industria manufacturera, la construcción y el comercio. Estos últimos son los mayores generadores de empleo.

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Eso alcanza para que el avión planee y no se caiga, pero con el pasaje escorado del lado del motor apagado. Esos son los conurbanos de Buenos Aires, Gran Córdoba, Rosario o Tucumán.

Hernán Lacunza afirma que el modelo económico de Milei «no genera empleo suficiente»Santiago Filipuzzi

-Se presenta como precandidato a presidente de Pro. ¿Qué haría distinto a Milei desde el punto de vista económico?

-Obviamente, un programa no consiste en llegar y tocar un botón. Es la consistencia de toda la botonera. No es que solo el primer botón va a dar resultado.

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El trípode en el que se basa este gobierno –y que también fue una idea de Cambiemos en 2015- tiene tres patas: no se puede gastar más de lo que ingresa, no existe la maquinita de la felicidad que emite pesos y hay que integrarse al mundo. De ese triángulo no hay que cambiar nada. Eso puede ser un legado positivo de este gobierno. Es lo antagónico a lo que todavía añora el kirchnerismo: vivir con lo nuestro, la emisión no genera inflación o más Estado a cualquier necesidad.

-¿Y cuál sería su primera medida?

-Hace falta completar la reforma monetaria y cambiaria. Todavía queda la mitad del cepo a empresas. Hay que completar eso, porque va a traer más inversión. Hoy hace cuatro trimestres que la inversión cae; es decir, que los directorios de todas las empresas locales y extranjeras hunden menos capital en la Argentina, no solo por el riesgo político de reversión, sino por la baja rentabilidad de los negocios y los costos de producción del país.

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-Dice que liberar el cepo generará más inversiones.

—Bueno, completar la reforma monetaria y cambiaria va a atraer más divisas. Si hacemos eso, va a bajar la tasa de interés necesaria para defender los pesos frente a los dólares. Entonces, habrá más inversión. Si hay más inversión, vamos a crecer y habrá espacio para bajar impuestos. Hasta acá se bajaron los impuestos que el mismo Gobierno había subido, como el PAIS o algún otro. Y cuando podamos bajar impuestos, vamos a ganar competitividad.

-¿El equilibrio fiscal debe ser el corazón del programa?

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-Otra arista es la política fiscal. Hay que volver a hacer obra pública. El déficit no se puede tocar. ¿Podés hacer equilibrio fiscal cerrando hospitales? No, durarías una hora. ¿Podés hacer equilibrio fiscal sin escuelas? No, durarías una semana. ¿Podés hacer equilibrio fiscal sin obra pública? Sí, duraría tres años, porque al cuarto no se puede circular por las rutas.

¿Qué quiero decir? El daño visible de perder esos bienes públicos o activos comunitarios y sociales, donde el Estado tiene un rol, tiene distinta maduración. En la salud, una hora. En la ciencia, cinco años.

-¿No hay más margen para ajustar? ¿La sociedad demanda ahora crecimiento económico y recuperar el poder adquisitivo?

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-No hay más margen para ajustar y hay que volver a hacer obra pública. Y para eso hay que volver a crecer, para tener más fondos y recaudación, sin entrar en déficit.

Entonces, lo que se necesita es otra combinación de políticas públicas.

Lacunza habló con Macri y otros referentes de Pro antes de confirmar su deseo de competir como candidatoSantiago Filipuzzi

—¿El próximo presidente debe ser moderado y dialoguista? ¿Usted plantea un mileísmo con buenas formas?

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-Las formas aluden al estilo de comunicación. La violencia no es una cuestión de forma, siempre es una cuestión de fondo. No es lo mismo un tiro o un piedrazo que un insulto. Ahora, un insulto o un grito no es inocuo ni inocente. Tiene un objetivo concreto de fondo, que puede ser intentar censurar a la prensa o amedrentar o reprimir la expresión.

Con lo cual, el Estado no puede ejercer violencia de ningún tipo. Si no, entramos en la teoría de los dos demonios: porque los otros son malos, el Estado se da el lujo de ser malo. No caigamos en esa.

—¿Ese es el rasgo de la personalidad del Presidente que más le preocupa?

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-No hablo de las personas, ni del Presidente ni de los funcionarios.

-Le pregunto porque Milei, en su última entrevista, dijo: “Reconozco que tengo unas formas de mierda, pero soy honesto y transparente”.

-Honesto y transparente somos todos. No es que para ser honesto haya que ser violento. Son cosas distintas. ¿Qué tienen que ver el coraje y la honestidad con la grosería? No confundamos las formas con el fondo.

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-¿Cree que este es un gobierno autoritario que no respeta la libertad de expresión? Los ataques a la prensa o al que disiente sobre la visión oficial han sido constantes desde el inicio de la gestión de Milei.

-Yo digo que las formas importan. Me parece mal si el Estado trata de amedrentar.

-¿Considera que la próxima etapa requerirá de un liderazgo con estilo moderado y dialoguista?

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-Yo tengo un estilo dialoguista porque las reformas que vienen o lo que falta, como la coparticipación o el pacto fiscal con gobernadores, no se pueden hacer a los latigazos o a los gritos. En un país federal, con 24 jurisdicciones, eso no se hace a los gritos ni billeteando. Así no se va a conseguir nada.

—¿Falta consensuar con los gobernadores?

-Queremos ir a un país mejor. Los impuestos provinciales no se van a bajar a los latigazos. Hay que convocar a las provincias para que bajemos ingresos brutos y podamos ser más competitivos. Para eso hace falta un consenso, un diálogo y la invitación a una mesa. A veces, es más complejo construir que demoler. Ahora hay que reconstruir un sistema tributario, un sistema federal. Para hacer todo eso es más apto un enfoque de diálogo que de agresión.

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—¿Usted anunció que quiere ser candidato a presidente de Pro con el aval de Macri?

-Sí. Creo que se hace política de manera orgánica, no con proyectos individuales. Los partidos son plurales y corales. Parafraseando a [Jorge Luis] Borges, nadie es el Pro, pero todos lo somos. Entonces, nadie puede arrogarse que Pro es tal cosa.

Con esa filosofía, hay que proponer y el día de mañana atraer otras fuerzas para llevar a la población una propuesta liberal, republicana, con división de poderes y construcción de instituciones. Hablé con Macri y otros, como María Eugenia Vidal, para ir consensuando la idea de que Pro tenga una oferta independiente el año que viene.

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-¿Le gustaría que emerja una nueva versión de Juntos por el Cambio en 2027? ¿Con radicales y peronistas?

-Primero hay que consolidar esta idea en el partido. Pero sí quiero que sea una oferta competitiva. Ahora en esa construcción colectiva no hay que desfigurarse. Tiene que haber un perímetro bien delimitado sobre en qué cosas estamos de acuerdo. Una autocrítica es que hemos perdido nitidez. Hay que ser bien claro en cuál va a ser la propuesta.

Lacunza sugiere que Pro debe buscar un acuerdo con otros sectores en 2027Santiago Filipuzzi

-Los tres gobernadores de Pro y Cristian Ritondo, jefe del partido en Buenos Aires, quieren acordar con el Gobierno. ¿Hay chances de que terminen apoyando su candidatura?

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-Conozco esas posiciones. Insisto en que nadie es el Pro y todos lo somos. Es legítima cada postura. Es más fácil hablar que gestionar. Pero tiene que haber un interés superior, que es la Argentina. Después vienen el Pro y el proyecto personal. Que Pro hoy esté discutiendo esto nos hace mejores. A veces escucho: “No, porque el votante de Pro quiere tal cosa”. ¿Quién sabe eso?

-Otros dirigentes de Pro consideran que una candidatura nacional del partido podría ser funcional a la vuelta del kirchnerismo. ¿Qué les responde?

-Eso es otro argumento que me parece pobre. No nos atrevamos a proponer nada mejor porque puede ganar algo peor. Entonces, lo que tenemos no es tan bueno. No nos subordinemos a lo que hay por miedo a un fantasma. Eso es paralizante. Yo creo que hay que atreverse a hacer algo mejor.

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-Los libertarios dejaron trascender que su candidatura será utilizada por Macri para negociar un acuerdo con Milei para garantizar la continuidad de Pro en la Capital.

-Eso es una especulación de alguien. Cada uno puede conjeturar lo que se le ocurra. Yo hablé con Mauricio y me dijo: “Avanzá”. No sé qué información tienen.

-¿Lo ve a Macri decidido a enfrentar a Milei con una propuesta propia en 2027?

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-A Macri y a una parte importante de Pro, sí. Y el día de mañana tiene que trascender el perímetro de Pro.

-¿Por qué Pro no logró definir una identidad después de dos años y medio de Milei? Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los dos últimos candidatos a presidente del partido, ya se fueron.

-Hemos centrifugado dirigentes en lugar de atraer. Y eso tiene que ver con falta de consistencia o nitidez. Bueno, hay que volver a construirla.

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-Hace poco, usted fue designado en el Banco de Córdoba. ¿Piensa atraer a Juan Schiaretti y Martín Llaryora a este espacio alternativo?

-No, eso es totalmente independiente. Nunca hablé con Macri de la designación en el Banco de Córdoba. Eso tuvo una génesis exclusivamente técnica. Estoy agradecido a esa convocatoria, pero es para hacer un trabajo profesional. No tiene ninguna connotación de alianza política.

-¿Le entusiasma la gestión de Jorge Macri en la Capital? Apuesta al discurso de mano dura y se mimetiza con el gobierno de LLA.

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-No estoy en la gestión de la Ciudad y no conozco los pormenores. Me parece bien que haya reforzado la seguridad y también ha mejorado las condiciones de higiene.

-¿La mejor alternativa para enfrentar a Milei es otro economista? ¿La sociedad no demandará otro perfil en 2027?

-La verdad es que la Argentina tiene una frustración económica. Bueno, los economistas podríamos tener mejor capacidad de comprensión y diagnóstico.

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Axel Kicillof también es economista. Enhorabuena. Lo que nos une a los tres [por Milei y Kicillof] es el compromiso por lo público. Pero tenemos recetas diferentes.

-¿Le sugeriría a los bloques de Pro en el Congreso que apoyen la reforma de la carta orgánica del Banco Central?

-Sí, estoy de acuerdo con el proyecto.

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“El Estado no puede ejercer violencia de ningún tipo; las formas importan”, asegura el economista
Santiago Filipuzzi

-¿También avala el “grillete fiscal” o shutdown que anunció Milei?

-Lo que propone Milei es distinto al shutdown de Estados Unidos. Acá si se incurre en déficit se suspenden algunos gastos. El Estado sigue funcionando con el presupuesto anterior. Es una forma de solidificar la política de equilibrio fiscal.

-Milei, Santiago Bausili y Luis Caputo dicen que no van a ayudar a los morosos. ¿Coincide con el Gobierno que es “un problema entre privados”?

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-No concuerdo con el enfoque de que el Estado no tiene nada que hacer. Esto es como un referí de fútbol que ve dos jugadores peleándose y dice: “Es una pelea entre privados”. No. El árbitro tiene que impartir justicia.

—¿El Estado es responsable en este caso?

-Hay un problema cuya génesis tiene responsabilidades concurrentes. Las billeteras o bancos que dieron préstamos con tasas a tres dígitos, de 300 o 400 %, y, del otro lado, hay tomadores de crédito que no son economistas ni expertos en finanzas. Hay un rol del Estado preventivo, que es muy importante. Como es tan fácil engañar, hagamos la información pública y expliquemos cuál es la tasa verdadera. Esto es transparencia. Hay que avivar -entre comillas- al tomador del préstamo, porque las familias no tienen por qué saber eso.

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También hay corresponsabilidad del diseño de la política económica. Que nadie se haga el distraído.

-¿Hay riesgo de que se genere un problema financiero?

-Hay un riesgo sistémico y de que se arme una bataola. La mora ya está en 13%, un récord desde que se registra hace veinticinco años. Hablé de los roles del regulador en la prevención y solución de los conflictos sin poner plata pública. No digo que hay que ir a rescatar, pero no es que es eso o nada.

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-En dos años y medio aparecieron el caso Andis, LIBRA y el escándalo de Adorni. ¿Cree que hubo corrupción en el gobierno de Milei o faltan controles?

-Sin duda faltan controles, pero soy cuidadoso en estos temas. No acuso a nadie de corrupto hasta que la Justicia lo demuestre.

—¿La escalada con Brasil por la pelea entre Milei y Lula puede afectar la relación comercial o no tendrá efectos inmediatos?

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-Sí, tiene consecuencias. El Mercosur no va a avanzar al mismo ritmo o va a tener el mismo poder frente a Europa o Estados Unidos si vamos juntos o separados. De hecho, si se afectara el Mercosur, se encarecerían todos los productos que hoy importamos de Brasil. Aparte pueden bajar inversiones y afectar los flujos de comercio. Las relaciones son entre Estados, no entre personas. A Lula lo eligieron los brasileños. Insultar al presidente no es republicano. ¿Qué es esta injerencia?

-¿Está de acuerdo con el alineamiento automático de Milei con Trump?

-Alineamiento automático con nadie. Ahora me parece bien una relación privilegiada con Estados Unidos. No me importa la ideología política del gobernante de turno. Puedo tener más afinidad con uno u otro, pero no puedo comprometer a mi país porque me gusta más o menos.

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A la Argentina le conviene tener buenas relaciones con todo el mundo, incluida China. Por supuesto, hay que privilegiar a Estados Unidos, pero eso no significa que hay que pelearse con Brasil y España.

“No hay más margen para ajustar y hay que volver a hacer obra pública”, dice el exministro
Santiago Filipuzzi



Matías Moreno,Conforme a

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Martín Menem se refirió a las internas del Gobierno y llamó a armar alianzas

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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participó este viernes en un acto en Tigre, habló sobre la interna del oficialismo en cuanto al cierre de acuerdos con los gobernadores y dijo que el armado político es un “tema muy complejo”. Las declaraciones se dieron luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acelerara sus reuniones con mandatarios provinciales para conseguir su apoyo para la eliminación de las PASO de cara a las elecciones de 2027.

“El tema del armado político es un tema muy complejo”, señaló Menem durante la convocatoria que se publicitó bajo el slogan “Hacia una Argentina próspera”. A su vez, se refirió a quienes apuran la idea de realizar acuerdos con gobernadores y expresó: “Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales”. Al respecto, agregó: “Si queremos que esto dure y perdure en el tiempo tenemos que tener agendas programáticas similares”.

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En referencia a las cuestiones temporales y la supuesta debilidad que puede implicar esa forma de generar acuerdos que tiene como objetivo la reelección de Javier Milei, el presidente de la Cámara baja planteó: “¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer todo tipo de tensiones en lo que es el armado político. Porque una cosa es querer ganar y otra cosa es querer que la Argentina se desarrolle en los próximos 40 años”.

Las palabras del presidente de la Cámara baja

Además de Menem, también participó del encuentro en Tigre el diputado nacional y armador político de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, del ala afín a Karina Milei del partido.

Por el lado de quienes sugieren llegar a un rápido acuerdo con los gobernadores no solo está el jefe de Gabinete, sino también el ministro de Economía, Luis Caputo. Un poco más alejados de esa cosmovisión se ubican los primos Menem: Martín y Eduardo. Asimismo, los principales laderos de la secretaria general, Karina Milei, muestran vocación de acuerdo pero, según voces que hablaron con , no pretenden pactar a cualquier costo con los aliados y mucho menos poner en riesgo la estructura territorial propia de LLA.

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Durante su discurso, Menem enumeró las ventajas de la actual gestión con un tono esperanzador. “Estemos convencidos, encarnemos y sintamos que este es el único modelo posible para llegar a un camino de prosperidad, para que la Argentina salga adelante, no hay otra forma. Es superávit fiscal, inversión y trabajo”, remarcó.

De esta manera, el funcionario libertario no solo apuntó a lo relativo a las discusiones sobre las alianzas electorales, sino también a transmitir la necesidad de seguir por el rumbo de la gestión que comenzó en 2023.




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Malvinas: el lunes vence el ultimátum y el Gobierno prepara un pedido al Tribunal del Mar para frenar Sea Lion

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El gobierno de Javier Milei se prepara para abrir una nueva instancia en la controversia con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El próximo lunes vencerá el plazo de dos semanas que la Argentina concedió a Londres para detener las actividades vinculadas con Sea Lion, el proyecto desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte. A partir de entonces, la Cancillería buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar disponga medidas provisionales para evitar que el emprendimiento avance antes de que comience la extracción de crudo, proyectada para 2028.

Según reconstruyó Infobae a partir de información oficial y consultas con especialistas en derecho internacional, la presentación aún no tiene una fecha definida. La estrategia se inscribe en el procedimiento anunciado por el Gobierno el 28 de septiembre y podría derivar en una primera resolución durante noviembre.

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La distinción jurídica es central: la Argentina no puede ordenar por sí misma la paralización de Sea Lion. El objetivo oficial es pedir la intervención de una instancia internacional que, tras escuchar a las partes y evaluar los fundamentos, pueda dictar medidas provisorias, imponer restricciones o rechazar el planteo.

El presidente Milei habló ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el reclamo de soberanía de Argentina sobre Malvinas

La estrategia combina dos vías. Por un lado, el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que contempla la conformación de un tribunal arbitral. Por otro, una intervención previa del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, que puede resolver pedidos urgentes mientras se constituye aquel órgano.

El arbitraje de fondo puede extenderse durante años. El trámite de las medidas provisionales es más veloz, por lo que concentra las expectativas inmediatas del Gobierno.

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La decisión fue anunciada el 28 de septiembre por la Oficina del Presidente y ejecutada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El comunicado informó que Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje contemplado en el Anexo VII para impedir las actividades hidrocarburíferas de Sea Lion y otras medidas que, según la posición argentina, puedan agravar la controversia, como nuevos permisos de explotación.

La plataforma petrolera Sea Lion opera en las aguas del océano Atlántico cerca del archipiélago de las islas Malvinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento también señaló que la Argentina intimó formalmente al Reino Unido a adoptar, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de esas actividades. En caso de incumplimiento, anticipó que recurriría al Tribunal para solicitar medidas destinadas a preservar sus derechos.

El Presidente ratificó el anuncio en su cuenta de X. “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”, escribió Milei. Luego agregó: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.

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El canciller Quirno también confirmó que el país notificó al Reino Unido el inicio del arbitraje previsto en la CONVEMAR. Además, advirtió que quienes exploren o exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina deberán enfrentar consecuencias.

La sede del Tribunal del Mar donde se debaten los recursos presentados por los países miembros

Qué puede pasar a partir del lunes

El vencimiento del ultimátum constituye un hito diplomático, pero no activa de manera automática la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La Argentina deberá presentar el pedido, exponer sus fundamentos y demostrar la urgencia de las medidas solicitadas.

El procedimiento está regulado por el artículo 290 de la CONVEMAR. Su párrafo quinto establece que, antes de que se constituya un tribunal arbitral, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede disponer medidas provisionales si considera, en principio, que el futuro tribunal tendría jurisdicción y que las circunstancias requieren una intervención urgente.

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La norma prevé un plazo de dos semanas desde la notificación a la contraparte de una solicitud de medidas provisionales cuando los Estados no acordaron otro órgano para examinarlas. Ese requisito procesal debe diferenciarse del ultimátum diplomático formulado por Buenos Aires. Para establecer si ambos plazos comenzaron en forma simultánea será necesario conocer el contenido completo de las comunicaciones entre los gobiernos.

Lo confirmado es que la Argentina notificó al Reino Unido el inicio del arbitraje y trabaja en una presentación para obtener medidas provisionales. Si el pedido se formaliza durante octubre, una primera decisión podría conocerse en noviembre, de acuerdo con los plazos que exhiben antecedentes del Tribunal. No se trata, sin embargo, de un término fijo ni automático.

Los jueces deberán analizar si existe una base suficiente para entender que el tribunal arbitral podría tener competencia sobre el caso y si la continuidad de las actividades puede causar un perjuicio que justifique preservar los derechos discutidos.

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Los argumentos argentinos apuntarán, entre otros aspectos, al carácter no renovable de los hidrocarburos. Una vez extraído, el petróleo no puede restituirse. El planteo también incluiría los efectos de las perforaciones sobre el lecho y el subsuelo marino.

Si los jueces admitieran el pedido, podrían ordenar medidas para impedir que el proyecto avance mientras se tramita el arbitraje. Las medidas provisionales son obligatorias para las partes, según el artículo 290.6 de la Convención. El tribunal arbitral que se conforme después podrá mantenerlas, modificarlas o revocarlas.

El canciller Quirno deberá definir los próximos pasos ante el Tribunal del Mar para garantizar el respeto de los derechos soberanos sobre los recursos de Malvinas

El antecedente de la Fragata Libertad

El caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por una acción de acreedores de la deuda argentina, es el antecedente local que el Gobierno considera relevante. Durante la presidencia de Cristina Kirchner, la Argentina promovió un arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y pidió medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para conseguir la liberación del buque.

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La solicitud se presentó el 14 de noviembre de 2012. Tras las audiencias de los días 29 y 30 de ese mes, el Tribunal ordenó el 15 de diciembre que Ghana liberara de inmediato y sin condiciones a la fragata, permitiera la salida de su comandante y tripulación y garantizara las condiciones para que abandonara el puerto.

Entre el pedido argentino y la decisión transcurrió cerca de un mes. La medida permitió alcanzar el objetivo urgente sin esperar el resultado del arbitraje de fondo.

Los fundamentos de ambos casos son distintos. En 2012 se discutía la inmunidad de un buque de guerra; en el conflicto actual se debate la explotación de hidrocarburos en espacios marítimos relacionados con una controversia territorial. El mecanismo para requerir una respuesta urgente, en cambio, es comparable.

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También existe un antecedente vinculado con la actividad petrolera. En 2015, Costa de Marfil recurrió a una sala especial del Tribunal en su controversia con Ghana por la delimitación marítima. El litigio incluía perforaciones y explotación de hidrocarburos en un área disputada.

Costa de Marfil pidió la suspensión de las actividades. La sala no aceptó esa pretensión en forma íntegra, pero ordenó a Ghana impedir nuevas perforaciones mientras se desarrollaba el proceso y dispuso otras medidas para proteger los derechos de las partes y el medio marino.

El caso muestra que una jurisdicción internacional puede restringir nuevas actividades hidrocarburíferas sin resolver el fondo de una disputa marítima. En Sea Lion, la primera producción comercial aún no comenzó y las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027, una circunstancia que incidirá en el análisis de la urgencia y el alcance de las medidas.

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El abogado especializado en derecho internacional público Leopoldo Godio, doctor por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina y director del Instituto de Derecho Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), consideró positiva la decisión de recurrir al sistema de solución de controversias de la CONVEMAR. “Yo creo que la estrategia es buena”, afirmó a Infobae.

Sea Lion ya tiene inversiones comprometidas

El proyecto que el Gobierno busca detener dejó de ser una iniciativa exploratoria. Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y su primera producción está prevista para el primer trimestre de 2028.

Las compañías a cargo son Navitas Petroleum, de Israel, que controla el 65 % y opera el desarrollo, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, con el 35 % restante. Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010; Navitas se incorporó después y asumió el control operativo mediante una subsidiaria británica.

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A fines de 2025, ambas empresas tomaron la decisión final de inversión para la primera etapa. El plan contempla once pozos submarinos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO.

Las dos primeras fases utilizarían el Aoka Mizu, una unidad con una capacidad prevista de alrededor de 55.000 barriles diarios. Las compañías, además, impulsan una expansión a través de una segunda unidad flotante.

El 7 de octubre, Rockhopper informó que acordó invertir USD 44 millones para adquirir su participación proporcional del 35 % en la sociedad propietaria de la FPSO OSX-1. La operación integra los preparativos para acelerar el desarrollo de otra zona de Sea Lion. En septiembre, la firma había comunicado la obtención de USD 200 millones mediante mecanismos de ampliación de capital para financiar inversiones relacionadas con el proyecto.

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Las acciones de Buenos Aires también tuvieron consecuencias empresariales. El 2 de octubre, la Oficina del Presidente anunció que Halliburton ratificó que ninguna de sus filiales prestaría servicios al proyecto. Tres días más tarde, Navitas reconoció que las actuaciones argentinas afectaban ciertas contrataciones y que procuraba reemplazar a dos contratistas que, según informó, no cumplieron sus compromisos.

La empresa israelí sostuvo, de todos modos, que continuaba con el desarrollo con respaldo del Gobierno británico y de las autoridades de las islas. Además, afirmó que, con la información disponible, no esperaba un efecto material adverso sobre el proyecto.

Los fundamentos jurídicos de la Argentina

El planteo de la Cancillería se apoyará en tres ejes: la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, las obligaciones de la CONVEMAR sobre espacios marítimos y recursos, y la exigencia de evitar modificaciones unilaterales mientras no se resuelva el conflicto.

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La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas e instó a ambos países a encontrar una solución mediante negociaciones.

La Resolución 31/49, aprobada el 1 de diciembre de 1976, llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras siguiera pendiente el proceso recomendado por la Asamblea General. La norma cumplirá 50 años en diciembre próximo. El Gobierno sostiene que el avance de Sea Lion contradice esa orientación.

La Argentina también buscará vincular el caso con las obligaciones de protección del medio marino y de los recursos ubicados en el lecho y el subsuelo. En ese marco aparece el artículo 83.3 de la CONVEMAR, que exige evitar acciones que obstaculicen o pongan en peligro una solución definitiva mientras está pendiente la delimitación de una plataforma continental.

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Su aplicación a Malvinas será una cuestión discutida. La disposición se refiere a controversias de delimitación marítima y no resuelve, por sí sola, disputas de soberanía territorial.

Esta es una de las principales dificultades de la estrategia argentina. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar no tiene una competencia general para decidir a qué país pertenecen las Islas Malvinas: el sistema de solución de controversias de la CONVEMAR se limita a la interpretación y aplicación de la propia Convención.

Por eso, la Argentina deberá plantear una controversia sobre derechos y obligaciones marítimos sin pedir que el Tribunal resuelva la soberanía. El Reino Unido podría objetar que el reclamo exige definir antes quién ejerce soberanía sobre las islas.

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Una discusión de ese tipo apareció en el caso del archipiélago de Chagos. En 2015, un tribunal arbitral examinó una demanda de Mauricio contra el Reino Unido por la creación unilateral de un área marina protegida. El tribunal rechazó algunas pretensiones porque requerían resolver previamente una disputa territorial, aunque concluyó que el Reino Unido incumplió otras obligaciones de la CONVEMAR vinculadas con esa área.

Una argentina en la vicepresidencia del Tribunal

La vicepresidenta del tribunal del mar, la argentina Armas Pfirter

El anuncio oficial coincidió con una novedad institucional en Hamburgo. El 1 de octubre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar eligió como vicepresidenta a la jurista argentina Frida María Armas Pfirter para el período 2026-2029.

Armas Pfirter integra el Tribunal desde 2023. Entre 1997 y 2023 fue coordinadora general de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) y actualmente integra el Comité Ejecutivo del CARI.

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El Tribunal está formado por 21 jueces independientes de distintas nacionalidades y es presidido por Maurice Kamga, de Camerún. Un comunicado del 2 de octubre informó la reorganización de sus salas: Armas Pfirter también integra la Sala de Procedimiento Sumario, que puede disponer medidas provisionales en condiciones específicas, por ejemplo, si el Tribunal no está reunido o no cuenta con quórum.

La presencia de una argentina en la vicepresidencia es un dato institucional, pero no anticipa ventajas procesales ni el contenido de una eventual decisión. Los jueces actúan de forma independiente y no representan a sus gobiernos.

Una decisión que podría llegar en noviembre

Los integrantes del Tribunal del Mar

La discusión inmediata se concentra en el vencimiento del plazo concedido al Reino Unido. La Argentina ya notificó el inicio del arbitraje bajo la CONVEMAR y prepara el pedido para que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar evalúe medidas provisionales.

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El Gobierno deberá definir cuándo presentará el escrito y completar los requisitos procesales. Si lo hace durante octubre, los antecedentes permiten contemplar una primera decisión en noviembre. El Tribunal tendrá que determinar si existe competencia preliminar suficiente y si las circunstancias justifican una intervención urgente.

Una resolución podría restringir nuevas actividades, disponer medidas para preservar los derechos en discusión o rechazar la solicitud argentina. No constituiría una definición definitiva sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

El arbitraje de fondo continuará por otra vía y puede demorar años. La meta inmediata de la administración de Milei es conseguir que una instancia judicial internacional preserve la situación actual antes de que Sea Lion avance hacia las perforaciones y la extracción de petróleo.

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Cuáles son los límites que vuelven a regir para la venta de campos a extranjeros tras el fallo de la Corte

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Con el fallo de la Corte Suprema, que vuelve a suspender la derogación de la ley de tierras mediante una medida cautelar “interina”, surge el interrogante sobre cuáles son los límites que rigen ahora para la venta de campos a extranjeros.

La confusión radica en las marchas y contramarchas del máximo tribunal sobre esta cuestión. La semana pasada, la Corte revocó una sentencia que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23 de Javier Milei, mediante el cual se derogaba la ley de tierras. Para ello, invocó motivos procesales vinculados con la falta de representatividad del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que había iniciado la causa. Esa decisión dejó sin efecto las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.

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Sin embargo, este viernes el Tribunal Supremo volvió a suspender la derogación al responder un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie, que había presentado una acción colectiva para cuestionar la constitucionalidad del mismo artículo. La ONG ambientalista había pedido que se aclarara si el fallo anterior también alcanzaba a su presentación.

Tal como precisó , la Corte devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició este caso, para que todo eso se discuta allá. Pero mientras tanto, dictó la medida cautelar “interina” que dispuso “suspender los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023 hasta tanto el juez competente [en principio, el de Bariloche] se pronuncie sobre la legitimación de todos los actores y examine su solicitud”.

A partir de ahora y hasta que se resuelva la discusión judicial, vuelven a regir los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

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En concreto, la normativa fija un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, y establece que ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje.

La resolución de la Corte reabrió la discusión parlamentaria por la extranjerización de la tierra que derivó en la eliminación del Título III del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que aprobó el Senado a principios de agosto, y que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados.

La propuesta libertaria aumentaba el tope al 25% pese a que originalmente apuntaba a borrar cualquier límite. Asimismo, eliminaba el resto de los cupos por nacionalidad y zona núcleo (o equivalente) por titular, y prohibía únicamente la compra de tierras por Estados extranjeros.

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Entre otros de los puntos controvertidos que no sumaron avales en ela Cámara alta destacan que autorizaba compras en zonas ribereñas.

En el caso de zonas de frontera, exigía la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.




fallo de la Corte Suprema,,revocó una sentencia que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23,ley de tierras.,medida cautelar “interina”,Conforme a

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