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POLITICA

Turbulencias en la sala de máquinas

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El lunes arrancó la semana nublado y húmedo. Casi premonitorio. También empezó con la aplicación del decreto 690 sobre practicaje y pilotaje de barcos, una medida que generó una crisis breve, pero profunda, y que expuso los laberintos inexplicables de un gobierno que no logra encontrar un modo de funcionamiento orgánico, a pesar de que se encamina a cumplir tres años.

La iniciativa tuvo siempre ese inconfundible gusto por las grandes batallas contra los pequeños privilegios que Federico Sturzenegger saborea como nadie. Era una vieja idea que había compartido con Javier Milei, siempre entusiasta con todas las propuestas de desregulación. Sin embargo, durante dos años no encontraba eco en el gabinete para sumar las firmas necesarias, entre otras razones porque Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad se lo venía frenando. Con Alejandra Monteoliva en su lugar, y Carlos Presti en Defensa, ese problema había quedado resuelto. Eran piezas clave porque se suponía que oficiales de la Armada y de Prefectura deberían hacerse cargo de la operatoria con los barcos en el caso, muy previsible, de que la medida derivara en un conflicto. Los dos garantizaron cobertura absoluta ante esa eventualidad.

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Javier Milei y su equipo en la cadena nacional por el proyecto de reforma del BCRAPresidencia

Cuando el tema avanzó, la Secretaría Legal y Técnica planteó observaciones técnicas, pero Sturzenegger aceleró y el decreto finalmente se firmó con el claro objetivo de reducir los envidiables salarios de más de US$15.000 que cobran algo más de 500 prácticos y pilotos navales. La reacción fue una medida de fuerza que paralizó 185 barcos. Pero cuando se quisieron activar las medidas de emergencia previstas, todas fracasaron.

A la hora de reemplazar a los marinos, la Armada admitió que sólo contaba con seis oficiales disponibles para la tarea y la Prefectura con ninguno. Alguien sugirió entonces recurrir a quienes se encargan de otorgar las habilitaciones a los prácticos, dado que se supone que deben contar con la experiencia suficiente. Pero se enteraron ahí que son ellos mismos los que se autorizan las titulaciones.

El paro de prácticos generó un freno de la actividad que complicó la economíaNicolás Suárez

En sólo 48 horas la situación se agravó exponencialmente. Las empresas del sector hidrocarburífero avisaron al Gobierno que quedaban insumos para sólo tres días más y después podía haber faltante de combustibles. Sonaron las alarmas y el tema estalló en la mesa política del martes. Bullrich arremetió contra Sturzenegger y esta vez no halló resistencia en Karina Milei, quien también dejó circular su malestar con el ministro.

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Se resolvió dar marcha atrás, pero sin derogar el decreto, y se acordó una baja salarial para los prácticos para disimular la derrota. Diego Santilli se encargó de instrumentar el repliegue, también con la intervención de Santiago Caputo. “Quizás debimos haberlo analizado en la mesa política antes de firmar el decreto. Federico tiene buenas intenciones, pero no termina de contar con reflejos políticos. No podemos tomar una medida así y no tener garantías de poder sostener el conflicto. No midió el problema operativo”, resumió con piedad un integrante de la mesa política. Sus pares tuvieron expresiones menos misericordiosas.

El episodio hubiera tenido el carácter de una anécdota rápidamente olvidable si no hubiese retratado tan fielmente el conjunto de falencias que todavía aquejan al gobierno y que dan cuenta de que, un mes y medio después de la salida de Manuel Adorni, la oxigenación interna que generó ese movimiento no derivó aún en un funcionamiento interno más fluido.

Federico Sturzenegger junto al presidente Javier Milei, una relación directaX

Problema 1: Sturzenegger tiene una llegada directa a Milei, quien siente admiración por su ministro, por sus pergaminos académicos, y también por su atrevimiento para ser políticamente incorrecto. Es una de las debilidades del Presidente. Ese diálogo directo entre ellos opera como un bypass a la mesa política, que no logra filtrar sus ideas. Lo mismo ocurre con otros ministros y denota que sigue habiendo un esquema radial en muchas decisiones, en detrimento de un mecanismo más orgánico.

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Problema 2: la mesa política ganó dinámica con la renovación del gabinete, pero no cuenta con una voz ordenadora. Su ampliación le quitó eficacia, además de que las desconfianzas internas por las filtraciones hicieron que muchas veces se eludan los temas espinosos. Karina Milei es claramente la más influyente, pero no llega a todos los rincones de la gestión. Cada vez se apoya más en Santilli, quien ejerce de bombero de emergencias. Los Menem intervienen con intermitencias. Caputo está en una etapa de retracción. No faltan actores; el problema es la dinámica. Muchas veces hay temas que deambulan y no se definen simplemente porque nadie baja el martillo. Y en otras ocasiones, los problemas pasan por la colectora sin ser detectados, como el de los prácticos.

Reunión de la nueva mesa política ampliadaPresidencia

Problema 3: el más grave de todos, sin duda, es que Milei profundizó su aislamiento de la dinámica diaria de la gestión a partir de la salida de Adorni, algo que sorprendió mucho a sus interlocutores de las últimas semanas. En el propio Gobierno lo admiten. Como si hubiese quedado desgastado emocionalmente. Se retrajo en el mundo de Olivos, de los viajes y de la teoría económica, y no hay registro de que haya intervenido en la crisis de los prácticos, como tampoco en el debate por la ley de tierras. Su entorno se angostó mucho y se volvió más impermeable al intercambio de ideas. Esa ausencia de una conducción clara en el Gabinete deriva muchas veces en un proceso de toma de decisiones inconcluso, contradictorio e inconsulto.

Todos estos problemas autogenerados también quedaron expuestos en el traspié con el capítulo de la extranjerización de las tierras. Hubo un déficit para interpretar el clima nacionalista post Mundial que era contradictorio con el otorgamiento de un beneficio a los forasteros “antiargentinos”.

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Así se encuentran las inmediaciones del Congreso mientras los senadores debaten la Ley de Tierras

Esto hizo que el Gobierno, que hace dos meses relegó la iniciativa en medio de la indiferencia social para priorizar los pliegos judiciales (y después se pasó semanas sin poder sesionar por miedo a una interpelación a Adorni), ahora perdiera rápidamente el debate público. Nadie articuló un discurso convincente de por qué había que eliminar el límite a la compra de tierras. También se sumó el hartazgo que hace tiempo generan en el Congreso los proyectos ómnibus que redacta Sturzenegger, sobrecargados de muchos ejes diferentes y sensibles, todos en el mismo texto.

Pero el dato político más complejo fue el corcoveo de los gobernadores aliados, que empezaron a manifestar un cansancio con las indefiniciones de la Casa Rosada respecto del futuro electoral. “Nos están llevando de a poco y no resuelven nada”, fue la queja que escucharon en el Gobierno esta semana de mandatarios cercanos, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa, el misionero Hugo Passalacqua (que acaba de rebelarse contra Carlos Rovira y adoptó una posición más opositora) y el salteño Gustavo Sáenz.

Gobernadores del Norte Grande en una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli

Empieza a desgastarse otra vez el mecanismo de negociación ley por ley, gobernador por gobernador, senador por senador. En el verano, con el ímpetu del triunfo electoral, el mecanismo funcionó aceitadamente. Ahora, la ecuación ya no es la misma; el Gobierno volvió a perder ritmo. ¿Qué pasó con el acuerdo marco con una docena de gobernadores que en junio se había conversado en la cúpula del poder para blindar la economía y el camino electoral? Laberintos, radialidad, descoordinación, prescindencia.

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El Gobierno parece por momentos haber extraviado el sensor del humor social que lo caracterizaba en su primera etapa, y eso lo lleva a impulsar una agenda que luce descalzada de las principales demandas. La batería de proyectos que atragantan la agenda legislativa se entiende sólo bajo una lógica endogámica, no política: súper RIGI, inocencia fiscal, Banco Central, lobby, hojarasca. Milei puro, pero nada que genere conexión. Por eso dejaron trascender en la mesa política que propuestas como la desregulación de farmacias, inmobiliarias o precios de libros quedarán congeladas. “Basta de batallas que no conducen a ningún lugar”, tronó una voz brava de la conducción.

El Senado tuvo una ardua sesión por la ley de tierrasSENADO ARGENTINA – Charly Diaz Azcue

El reformismo permanente encontró un límite en el Congreso, pero también en la percepción social porque con sus iniciativas el Gobierno no logra implicancias directas en la vida cotidiana y desgasta uno de los principales mandatos que tenía.

A diferencia de lo que ocurrió con Mauricio Macri, Milei asumió con una sociedad que, después de décadas de mantener una postura adaptativa pro status quo, pasó a pedir cambios radicales. Él fue un emergente extremo de esa voluntad de viraje profundo que sólo un hartazgo muy estructural e inédito logró modelar.

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Pero entre la persistencia de las dificultades económicas y el desenfoque de la agenda del Gobierno, parece empezar a producirse también una erosión en lo que Milei representa como vector de transformaciones profundas, aunque con un límite muy claro: cualquier cosa menos el pasado. Cada vez que el pasado amenaza, el Presidente recupera crédito en su misión.

Una tendencia estructural

En el fondo emerge un diagnóstico compartido internamente: el caso Adorni generó mucho daño, pero su apartamiento no mejoró demasiado la imagen del Gobierno, al que le está costando demasiado administrar el arranque del segundo semestre.

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Según los números que se manejan en la Casa Rosada, la imagen positiva de la gestión pasó de 45% favorable-55% desfavorable a principio de año, a 35% favorable-65% desfavorable ahora. El problema mayor es que no evolucionó desde que se fue el jefe de Gabinete. Lo bueno es que tampoco se agravó y eso sigue dejando competitivo a un oficialismo que mantiene un tercio del electorado como piso. Es otras de las anomalías del fenómeno libertario, que puede hacer coexistir malestar y pesimismo con la percepción de que incluso así puede ganar el año próximo.

Mientras siga apareciendo Ricardo Quintela con propuestas de expropiación, Milei seguirá con chances altas de reelección; si emerge alguien con un mensaje más convocante que aglutine el enojo con el Gobierno, la suerte estará echada.

Evolución de las expectativas económicas, según la encuesta de Escenarios

Una encuesta de la consultora Escenarios, de Federico Zapata y Pablo Touzón, arroja algunas conclusiones importantes que ayudan a entender las dificultades libertarias. En primer lugar, que se quebró el principal activo del Gobierno que eran las expectativas positivas (52,9% piensa que estará peor dentro de un año), un dato que puede empezar a erosionar la paciencia con el ajuste.

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En segundo término, que finalizó el crédito de la herencia recibida: entre el 70% y el 90% responsabiliza a la actual gestión por los diferentes problemas económicos. Después ratifica que la lucha contra la corrupción quedó erosionada como capital anticasta del oficialismo, para entonces concluir: “El deterioro oficialista dejó de ser coyuntural”, porque esos indicadores “configuran un piso de malestar estructural que la sola estabilización monetaria ya no compensa”. No era sólo un problema de cascadas.

El presidente Javier Milei durante su paso por La Cornisa (LN+)

A pesar de estas evidencias, el Presidente no tiene previsto alterar sus prioridades. “Javier no va a cambiar nada, no a va a hacer otra cosa por el riesgo de perder la elección. La gente lo votó para que baje la inflación y ajuste el gasto, y es lo que está haciendo. Si la gente ahora pide otra cosa, votará a otro; él no tiene problemas en perder, esa es la novedad del personaje. Si piden más producción, apoyo a las pymes o asistencia a los morosos, eso no es para nosotros”. La reflexión, muy reveladora, pertenece a una persona de extrema confianza de los Milei. Es uno de los principales atributos que conserva el líder libertario: ser frontal y genuino con sus posturas, aunque eso le traiga problemas.

Pero esta inflexibilidad no es inocua. Hace tiempo que Luis Caputo viene expresando internamente su inquietud por la lentitud que exhiben los indicadores de reactivación económica. Más allá de la batalla que libra en público por los datos, hacia adentro del Gobierno deja traslucir su impaciencia, pero no logra perforar la barrera presidencial.

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Luis Caputo y Kristalina Georgieva, en su reciente visita al paísGustavo Garello – AP

Concretamente, el ministro estaría dispuesto a resignar algo del ritmo de la baja de la inflación, a cambio de motorizar el crédito, el consumo y la actividad. Pero Milei no cede; la inflación es su prioridad total, aun cuando le explican que las preocupaciones de la gente se desplazaron desde los precios hacia el poder adquisitivo y el empleo. “¿Qué hace entonces Toto? Equilibrio, entre el Presidente y su equipo económico, y la va llevando. Pero él preferiría atender ahora más la recuperación”, señala un interlocutor directo del ministro.

En este contexto, lo que considera el problema más acuciante es la falta de circulante, por la absorción de pesos y porque los dólares no fluyen. En las últimas semanas se dio una larga discusión en torno de la propuesta de introducir un cambio monetario para promover que los bancos puedan otorgar préstamos en dólares, que movilice parte de los US$7000 millones que están encajados. Finalmente en los últimos días se llegó a un acuerdo para avanzar y se prevé su anuncio en las próximas semanas. Si no vuelve a caer en el laberinto libertario.




Jorge Liotti,Conforme a

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El Gobierno denunció a Itaí Hagman, diputado de Grabois, y a otras cuatro personas por la toma del Palacio Pizzurno

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El Gobierno presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman, dirigente del espacio político de Juan Grabois, por los incidentes ocurridos durante la toma del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. La información fue confirmada a Infobae por fuentes oficiales, que precisaron que la presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, e incluyó a otras cuatro personas identificadas por las autoridades. Los delitos denunciados fueron usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño.

La denuncia fue presentada este miércoles, después de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al edificio ubicado en Pizzurno 935, en Buenos Aires, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó con una sentada frente a la sede educativa y derivó en la ocupación del hall central, pese a la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina que intentaron impedir el ingreso.

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El episodio provocó un enfrentamiento político entre el Gobierno y dirigentes opositores. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente a Hagman, quien apareció en las inmediaciones del edificio durante el operativo policial. El diputado rechazó los cuestionamientos y explicó en sus redes sociales: “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”.

La presencia de Hagman adquirió especial relevancia por sus antecedentes en otra ocupación de un edificio público. El 7 de junio de 2025, el legislador había participado, junto con Grabois y otros dirigentes del Frente Patria Grande, de la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en Recoleta. Aquella protesta había sido organizada para rechazar el cierre del organismo dispuesto por la administración de Milei.

En esa oportunidad, unas 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. Entre los participantes estuvieron también la diputada Natalia Zaracho y otros dirigentes del espacio. El operativo de desalojo terminó con la detención de Grabois, quien recuperó su libertad al día siguiente. Hagman había acompañado aquella medida y ahora volvió a quedar involucrado en una controversia por la ocupación de una dependencia estatal.

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En el caso del Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que durante la manifestación se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación se desarrolló mediante acciones violentas. “Por la fuerza, nada”, escribió Pettovello después de los incidentes. La cartera afirmó que el derecho a manifestarse debía ejercerse dentro de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.

Los estudiantes, por su parte, aseguraron que habían organizado una protesta pacífica para reclamar respuestas sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín. Además del financiamiento universitario, reclamaron una actualización de las becas Progresar y solicitaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En el Gobierno sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario se encontraba actualmente en el ámbito del Poder Judicial, donde tramitaba una causa con múltiples incidentes y presentaciones de las partes. Según la posición oficial, correspondía esperar una decisión definitiva de la Justicia sobre los alcances y la implementación de la legislación vigente.

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Itaí Hagman representa al espacio de Juan Grabois en la Cámara de Diputados

La administración nacional también destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 había incluido aumentos en las partidas destinadas al sistema universitario, que consideraba alineados con la normativa vigente. Ese argumento formaba parte de la posición oficial frente a los reclamos presupuestarios y salariales de las universidades, que cuestionaban los recursos asignados y exigían la aplicación integral de la ley.

El conflicto judicial había sumado un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó avanzar con su implementación inmediata y el Gobierno apeló la resolución.

La protesta ocurrió además en vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la ocupación como una acción de contenido político vinculada con esa movilización. La denuncia contra Hagman y las otras cuatro personas abrió así un nuevo frente judicial en medio de la disputa entre la administración nacional, los dirigentes opositores y el movimiento estudiantil.

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Iniciativas populares: lanzan una plataforma digital que permite verificar la autenticidad de las firmas

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La Cámara Nacional Electoral (CNE) lanzó una plataforma digital encaminada reunir adhesiones para iniciativas legislativas populares, donde se colectarán apoyos ciudadanos mediante una firma electrónica.

La nueva herramienta, creada por una acordada de la CNE, estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que promueva una iniciativa legislativa popular y funcionará de manera complementaria a la recolección de firmas en papel en apoyo de esa propuesta.

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La decisión se adopta luego de la experiencia piloto autorizada por el tribunal en mayo de 2026. Las verificaciones realizadas permitieron comprobar la viabilidad técnica de vincular de manera segura la identidad de cada firmante con el documento firmado, así como garantizar la autenticidad de las firmas, la integridad de los documentos y la preservación de los datos personales.

La plataforma será administrada, mantenida y operada por la propia Cámara Nacional Electoral, a través de su Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales, que también realizará el seguimiento técnico y el control periódico de los estándares de seguridad y autenticidad.

Los promotores de una iniciativa que quieran utilizarla deberán solicitar previamente su habilitación, sin costo alguno. La implementación de esta herramienta busca facilitar la participación ciudadana y modernizar el procedimiento de iniciativa popular, manteniendo las garantías de autenticidad y verificación previstas por la legislación vigente.

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La decisión fue firmada por los camaristas Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.

La idea es facilitar lo que establece la ley 24.747, reglamentaria de esa modalidad de participación ciudadana, que establece como condición para la presentación de iniciativas populares, la recolección de firmas de “un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales”, representativas de por lo menos seis distritos electorales.

La ley encomienda a la Justicia nacional electoral verificar la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a 20 días.

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La Cámara de Casación declaró prescripta una causa contra Petrobras por supuestos balances falsos

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La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta por el paso del tiempo una causa contra la empresa Petrobras y sus directivos que estaban acusados por supuestos balances falsos y el ofrecimiento de acciones de manera supuestamente fraudulenta.

La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, confirmó por unanimidad la resolución de la Cámara en lo Penal Económico que había dispuesto, al igual que el juez de primera instancia, el sobreseimiento.

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La decisión afecta a la firma Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y a algunas de sus autoridades.

Los jueces rechazaron en forma unánime el recurso de casación que había interpuesto el representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, que era querellante en el caso.

En esta causa se investiga la oferta pública de acciones ordinarias y acciones preferidas de Petroleo Brasileiro SA que se habría efectuado en el mercado de capitales nacional, entre 2006 y diciembre de 2014.

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Allí presuntamente había afirmado, según la querella, circunstancias falsas al público inversor, consistentes en la tenencia de activos fijos por un valor supuestamente superior al real, a través de la consignación de datos de los balances de la empresa, supuestamente apócrifos.

La presunta maniobra habría consistido en que los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores habrían exhibido una sobrevaluación del rubro del activo denominado “propiedad, planta y equipo”.

Se habrían computado como costos de aquellos los sobreprecios o gastos adicionales pagados a contratistas y proveedores, con lo que aparecía distorsionada la imagen económica de la empresa frente a los accionistas y el público inversor.

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Las conductas objeto del proceso habían sido calificadas como constitutivas de los supuestos delitos de ofrecimiento fraudulento de valores negociables y consignación de datos falsos en los balances contables, cuya pena máxima es de 6 años de prisión, que es el límite temporal que se analizó a los fines de la prescripción.

El 17 de abril de 2019 el Juzgado Penal Económico 2 había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de la firma y algunas autoridades.

Posteriormente se dictaron los autos de procesamiento de Silvia Foster de Barbassa y Petróleo Brasileiro SA y, de otro lado, fueron sobreseídos José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, Ronaldo Batista Assuncao, José Antonio de Fuguiredo, José Miranda Fomigli Filho, Iván de Souza Monteiro, Roberto Motro, Jorge Celestino Ramos, Alberto Da Fonseca Guimaraes y Raúl Adalberto de Campos. Posteriormente fue sobreseído Mauro Gentile Rodrigues da Cunha en 2024.

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Petrobras, la empresa de energía más grande de BrasilEraldo Peres – AP

La defensa de Foster de Barbassa y Petroleo Brasileiro apelaron y, en 2025, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos.

Consideró que las decisiones eran prematuras y que no se había acreditado el delito ni se había completado la investigación sobre la idoneidad de los programas de control interno, y encomendó profundizar la investigación.

Previo a que la Cámara revocara los procesamientos y durante la tramitación de los recursos de apelación, el juzgado había dado intervención a los querellantes que habían requerido elevar el caso a juicio.

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Sin embargo, en el caso se consideró que ese pedido no interrumpió la prescripción, porque la Cámara Penal Económico revocó los procesamientos.

Por ello, el 3 de septiembre de 2025 el Juzgado Penal Económico 2 declaró extinguidas las acciones penales contra Petróleo Brasileiro SA y todas las autoridades denunciadas.

Dijo que el plazo de prescripción aplicable era de seis años, correspondiente al máximo de la escala penal mayor prevista por los tipos penales involucrados y que ya se había cumplido.

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Si bien el curso de la prescripción se interrumpió el 17 de abril de 2019 con el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados, desde aquel acto hasta la actualidad transcurrió el plazo máximo de 6 años.

La decisión del juez de primera instancia fue confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y ahora por los jueces de Casación, que intervinieron ante el recurso de los querellantes, Consumidores Financieros.

El juez Carlos Mahiques consideró que lo resuelto en la Cámara Penal Económico se encontraba debidamente fundamentado.

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Entendió que no corresponde considerar aquí la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, pues los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en punto a la corrupción no habilitan por sí mismos a considerar imprescriptibles maniobras que se puedan vincular ya sea directa o indirectamente con ese fenómeno.

El camarista Carlos Mahiques

Ricardo Pristupluk

Finalmente, y frente a los reclamos de la parte querellante sobre supuestas dilaciones atribuidas a las defensas, Mahiques explicó que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del tiempo.

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En un voto concurrente, el juez Borinsky comenzó recordando que, para computar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al imputado y a la posible calificación más gravosa.

Destacó que la penalidad máxima para los delitos atribuidos era de 6 años de prisión y que, teniendo en cuenta que el único acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a indagatoria del 17 de abril de 2019, transcurrió el plazo correspondiente.

Destacó asimismo que las referencias de la querella al delito de lavado de activos o a un delito continuado más allá de la fecha de cese fijada en autos, esgrimidas sin fundamentos ni pruebas que las avalen y al solo efecto de mantener vigente la acción penal, no encontraban sustento en alguna de las constancias de la causa.

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Por otra parte, Borinsky coincidió con el juez Mahiques en que el requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella no tiene capacidad para interrumpir el curso de la prescripción, pues esta pieza fue presentada antes de que la Cámara Penal Económico revocara los procesamientos de los imputados.

Por su parte, el doctor Yacobucci compartió los argumentos de sus colegas y acompañó el rechazo del recurso de casación de la querella.




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