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Guillermo Michel, diputado nacional por el peronismo entrerriano, presentó un proyecto de ley que propone que el Poder Ejecutivo Nacional denuncie —es decir, notifique formalmente su retiro— dos acuerdos bilaterales que hoy otorgan beneficios fiscales e impositivos a las empresas chilenas que operan en suelo argentino.

La iniciativa del legislador surge a raíz de la reanudación de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas. “El retorno de esa ruta, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”, manifestó Michel.

El proyecto insta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a denunciar dos instrumentos legales. El primero es el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones suscripto entre la República Argentina y la República de Chile, aprobado por la Ley 24.342. El segundo es el Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, aprobado por la Ley 27.274.

Denunciar un tratado es la notificación formal mediante la cual un Estado comunica su decisión de retirarse de ese acuerdo, sin que ello implique romper las relaciones diplomáticas con el otro país. Ambos acuerdos, mientras continúen en vigor, establecen topes para las retenciones aplicables al pago de ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías que las empresas chilenas obtienen en Argentina.

En los fundamentos, Michel recordó que Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y que, pese a ello, Londres continúa promoviendo y autorizando actividades económicas y de explotación de recursos naturales en áreas sujetas a esa disputa, sin autorización argentina.

“Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y recursos naturales. Además, no puede soslayar el accionar de países que se dicen hermanos, pero que prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino”, planteó el legislador.

El proyecto señala que el país dispone de instrumentos para proteger sus derechos soberanos. En particular, la Ley 26.659 —modificada luego por la Ley 26.915— estableció un régimen de prohibiciones y sanciones para personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de la autoridad competente.

Sobre ese marco, el proyecto plantea que la reciente decisión del Gobierno Nacional de retomar la aplicación de ese régimen frente a las actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas debe ser acompañada por una política integral respecto del Reino Unido, que alcance también a los instrumentos económicos y tributarios que estructuran la relación bilateral con ese país y con otros que, según el legislador, actúen en contra de la estrategia nacional en materia de soberanía.

La denuncia de esos instrumentos implicaría que las firmas radicadas en Chile que invierten o generan rentas en territorio argentino perderían las ventajas impositivas hoy vigentes. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”, sostuvo Michel.

La auditora Mónica Almada, una de las representantes del oficialismo en la Auditoría General de la Nación (AGN), habló del informe sobre las operaciones de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y defendió la gestión de Santiago Bausili, al que calificó como “un gran profesional y una persona honorable”.

Almada, en diálogo con el periodista Eduardo Feinman en Radio Mitre, aseguró que firmó en disidencia el párrafo que señalaba una pérdida de USD 1.023 millones en coberturas con derivados y cuestionó tanto el contenido del señalamiento como la forma en que fue incorporado al dictamen.

Según su relato, el dictamen sobre el que se venía trabajando calificaba los estados contables del BCRA correspondientes a 2025 como aprobados sin salvedades —la máxima calificación posible—, en línea con lo que había dictaminado la auditora externa Price Waterhouse en abril. El quiebre llegó horas antes de la votación. “La noche anterior introducen una última versión con estas consideraciones respecto de la pérdida de oro. Nos encontramos al día siguiente con esta última versión”, describió.

La auditora atribuyó la incorporación del párrafo al equipo del auditor Juan Ignacio Forlón, vinculado al kirchnerismo. “Creo que el equipo del doctor Forlón es un equipo más ideológico”, indicó. Junto a los auditores propuestos por La Libertad Avanza y por la Unión Cívica Radical (UCR), Almada firmó una disidencia específica sobre ese punto, por considerar que la información no revestía suficiente relevancia para ser incorporada. El informe fue suscripto por los siete auditores, con esas tres disidencias.

En esta línea, fue enfática al rechazar la narrativa que se instaló en medios y dirigentes políticos tras la difusión del informe. “Esto tiene mucho de operación de desgaste para dejarlo a Bausili como un timbero, como un cambista. Y realmente tengo la convicción de que esto no es así”, afirmó.

Para respaldar esa postura, recordó que la política de cobertura del oro no es una práctica exclusiva de la actual gestión del BCRA. “Desde 2007 en adelante, todos los gobiernos contrataron instrumentos de ese tipo”, sostuvo. A partir de ese antecedente, rechazó que el costo de los derivados deba interpretarse como una pérdida en sentido estricto. “No es perder plata. Es como cuando hablamos de las commodities. El oro también depende de múltiples factores”, explicó, y recurrió a la analogía del seguro de auto: quien paga una prima y no tiene un accidente no está perdiendo dinero, sino cubriendo un riesgo.

La postura del BCRA

La postura de Almada coincide con la del propio BCRA, que respondió al informe con un comunicado en el que presentó un resultado neto positivo de USD 2.505 millones para el ejercicio 2025. La entidad argumentó que las operaciones de derivados no pueden evaluarse de forma aislada, sino en conjunto con la revalorización de la tenencia física de oro, cuyo precio trepó con fuerza durante el año.

“La evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”, afirmó el organismo presidido por Santiago Bausili. El Central también señaló que entre 2007 y 2011 los pagos por instrumentos similares representaron, en proporción al valor del metal en cartera, cerca del doble de los desembolsos de 2025, sin que la AGN formulara observaciones en aquel período.

En el tramo más áspero del comunicado, el BCRA sostuvo que “la actual conducción de la AGN se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos” y advirtió que ese desvío “socava la institucionalidad” del organismo auditor.

Qué dice el informe de la AGN

El señalamiento de la AGN se enmarca en la auditoría de los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025. El organismo concluyó que los balances son razonables en sus aspectos técnicos, pero incorporó un apartado de énfasis sobre el resultado de las operaciones con derivados respaldadas en oro.

De acuerdo con esa auditoría, el BCRA concertó contratos de derivados liquidables en dólares con fines de cobertura, utilizando parte del oro de las reservas como activo subyacente. Cuando el precio del metal trepó durante 2025, la entidad debió honrar esos contratos con pagos en divisas propias. La pérdida se descompone en USD 960 millones de resultado negativo en las operaciones y USD 62,8 millones en primas de opciones.

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, sostuvo en Radio Mitre que “nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud” en la historia de las auditorías al Banco Central y aclaró que al cierre del ejercicio “ya no existen posiciones u operaciones abiertas por este concepto”.

Olmos también trazó una distinción conceptual entre la revalorización del oro en cartera —una ganancia patrimonial de más de $ 8 billones explicada únicamente por la suba internacional del metal— y el resultado de la operatoria de cobertura. “Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente”, explicó.

Precisó, además, que la tenencia física fue adquirida “no en esta gestión, sino en las de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont”.

El conflicto entre ambas instituciones tiene una segunda derivación. La AGN avanza en paralelo en una auditoría de gestión sobre el traslado de parte del oro de las reservas al exterior, un tema que generó un debate en el Senado semanas atrás. Esa investigación ya fue enviada al BCRA, que debe presentar su descargo. El organismo auditor busca determinar por qué se movió el metal, a qué destino fue enviado y si la operación reportó algún beneficio para la autoridad monetaria.

Bausili ya se había referido al asunto en su exposición ante el Senado, durante el debate por la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Allí aseguró que “todos los movimientos del oro están documentados y están registrados” y explicó que en 2024 se decidió trasladar parte de los lingotes al Bank for International Settlements (BIS), en Suiza, donde siguen depositados. Justificó la operación como el aprovechamiento de una oportunidad de mercado: “A comienzos de 2024 se abrió una ventana para convertir barras de menor aceptación comercial en otras de mejor calidad, a un costo más bajo que el histórico”, afirmó.

Sobre por qué no se difundió esa información en tiempo real, el titular del BCRA argumentó que cierta información se resguarda del mercado para evitar que otros operadores actúen en contra de la entidad, y aclaró que los datos fueron remitidos a los organismos de control y asentados en los estados contables, revisados por auditorías internas, externas y por la propia AGN sin observaciones previas.

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