POLITICA
El Gobierno busca firmar un nuevo acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos antes de fin de año

El Gobierno busca firmar antes de fin de año un nuevo acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos para reemplazar el convenio vigente desde 1997. En la Casa Rosada aseguran que la redacción ya fue cerrada entre los equipos técnicos y que Cancillería coordina con Washington los pasos para concretar la firma durante los próximos meses.
Se trata de un Acuerdo 123, denominado así por la sección de la Acta de Energía Atómica estadounidense que establece el marco jurídico para la cooperación nuclear civil significativa con otros países. El actual entró en vigor el 16 de octubre de 1997, tiene una duración de 30 años y vence el 16 de octubre de 2027.
La negociación quedó avanzada durante la reunión del Comité Permanente Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear entre la Argentina y Estados Unidos (JSCNEC), que se realizó en Washington entre el 25 y el 27 de febrero. La delegación argentina estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, y la estadounidense por Gonzalo Suárez, funcionario de la oficina de no proliferación del Departamento de Estado.
Participaron además representantes de Cancillería, CNEA, la Autoridad Regulatoria Nuclear, Nucleoeléctrica, la Embajada argentina, el Departamento de Estado, el Departamento de Energía, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, la Comisión Reguladora Nuclear estadounidense y el Departamento de Comercio. La declaración conjunta difundida después del encuentro ya dejó asentado el compromiso de finalizar rápidamente el nuevo texto que sustituirá al acuerdo vigente.
En Nación aseguran que la nueva redacción quedó terminada en ese encuentro de febrero y que la etapa actual corresponde a la coordinación diplomática para la firma. El convenio no implica por sí mismo la contratación de una empresa o la compra de un reactor: establece el marco legal dentro del cual pueden realizarse luego transferencias relevantes de tecnología, equipamiento y materiales nucleares.
Ese punto es central. La legislación estadounidense exige un Acuerdo 123 para operaciones como la exportación de reactores, componentes críticos y determinados materiales nucleares, además de facilitar intercambios técnicos, investigación científica y cooperación sobre salvaguardias. El Departamento de Estado conduce la negociación con asistencia del Departamento de Energía y de la Comisión Reguladora Nuclear.
El Gobierno toma como referencia el movimiento reciente de Paraguay, que este 4 de agosto firmó con Estados Unidos un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica. En Balcarce 50 remarcan que ese instrumento -un NCMOU- no equivale a un Acuerdo 123: sirve para abrir y ordenar una asociación nuclear, pero no habilita por sí solo exportaciones de materiales o equipamiento nuclear que requieren el marco previsto por la ley estadounidense.
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La situación argentina es distinta porque el país ya cuenta con ese marco desde hace casi tres décadas. El acuerdo fue firmado en Buenos Aires el 29 de febrero de 1996 y aprobado por el Congreso argentino mediante la Ley 24.862 en agosto de 1997. Por eso, la firma que el Ejecutivo proyecta para este año no debe confundirse con la entrada inmediata en vigencia del reemplazo.
Del lado estadounidense, los Acuerdos 123 deben atravesar además un procedimiento de revisión en el Congreso que totaliza 90 días de sesión continua. Si el convenio cumple con las exigencias de no proliferación de la Acta de Energía Atómica, puede entrar en vigor terminado ese período salvo que el Congreso apruebe una resolución conjunta para rechazarlo.
La discusión bilateral no se limita al marco jurídico. En febrero, ambas delegaciones destacaron su interés en reactores modulares pequeños -SMR- y otras tecnologías nucleares avanzadas, además de cooperación sobre regulación, licenciamiento, protección física, seguridad nuclear y ciberseguridad. La declaración oficial incluye expresamente el intercambio de información técnica en esas áreas.

Ese trabajo ya tuvo continuidad. En junio, la CNEA y la Oficina de Seguridad Nuclear Internacional de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear estadounidense organizaron en Buenos Aires un taller sobre protección física, amenazas internas, gestión de riesgos y ciberseguridad de instalaciones nucleares. El encuentro fue presentado oficialmente como parte de los acuerdos bilaterales existentes y de un proceso de capacitación continua.
La agenda coincide con el interés oficial por atraer capital estadounidense al sector nuclear argentino. En julio, el Gobierno presentó la propuesta de Meitner Energy para desarrollar un reactor modular de aproximadamente 300 MW en el complejo Atucha, con una inversión privada estimada en US$1200 millones. La iniciativa todavía debe atravesar aprobaciones y licenciamiento y es independiente del Acuerdo 123, aunque refleja el tipo de participación empresarial que la Casa Rosada busca ampliar.
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En el Ejecutivo proyectan una lógica similar en las áreas espacial y satelital: acuerdos técnicos, transferencia e intercambio de información y una mayor participación de compañías estadounidenses. Argentina ya tiene una extensa cooperación entre CONAE y la NASA y en mayo de 2025 ambas agencias firmaron el convenio que permitió incorporar el microsatélite ATENEA a Artemis II. La misión se completó este año y validó comunicaciones argentinas a más de 70.000 kilómetros de la Tierra.
Cancillería también viene trabajando sobre el costado empresarial. En marzo de 2025 organizó en Washington una agenda para el sector espacial argentino con más de 40 empresas e instituciones estadounidenses, entre ellas SpaceX, Blue Origin, Amazon Project Kuiper, Axiom Space, Viasat, Intelsat y la NASA. El país mantiene además desde 1998 un acuerdo bilateral de reciprocidad para la provisión de servicios mediante satélites comerciales.
Ciberseguridad completa el paquete estratégico que el Gobierno quiere profundizar con Washington. La Casa Rosada trabaja desde comienzos de año en un entendimiento destinado a obtener cooperación, tecnología, equipamiento y programas de fortalecimiento de las capacidades estatales. El objetivo es aumentar la prevención y respuesta ante ataques y proteger infraestructura crítica, en un esquema en el que Nación prevé combinar acuerdos entre gobiernos, intercambio técnico y participación de proveedores estadounidenses.
Gobierno, Estados Unidos, nuclear
POLITICA
Mayra Arena: el peronismo “no me perdona que no diga que salí de la pobreza por la notebook de Cristina”

Mayra Arena, militante peronista y consultora política, volvió a referirse a las críticas que recibe de parte de dirigentes de su propio partido y expresó que es el espacio que más le “pega” por no sostener un relato de agradecimiento institucional. “Lo que no se me perdona es que yo no tenga un discurso de que salí de la pobreza gracias a la notebook de Cristina”, afirmó.
En diálogo con Confesión de Parte, el programa conducido por Romina Manguel por radio 990 Splendid, Arena sostuvo lleva al menos quince años diciendo que las transferencias de recursos no combaten la pobreza de fondo. “Con este manejo de la pobreza no se combate la pobreza. Te vas del gobierno y los pobres quedan más pobres que antes, porque ahora no tienen los ingresos que vos les dabas y la sociedad va cambiando y se quedaron atrás”, dijo en el programa. Su argumento es que dar dinero sin generar desarrollo económico produce pobres con plata, no transformación estructural.
En esa línea, cuestionó al kirchnerismo por dar por sentado que lo material determina lo cultural, una lógica que calificó como “mucho más marxista de lo que asume”. Señaló que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “dejó que la educación decayera” y que su gestión de la pobreza fue “ultraliberal en lo cultural”.
Arena precisó que ninguno de los problemas sociales actuales arranca con Javier Milei, “pero todos se acentúan”. Ubicó el inicio del deterioro en la gestión de Alberto Fernández, durante la cual se legalizó por primera vez un salario por debajo de la canasta básica, algo que hasta entonces no había ocurrido en Argentina. Los haberes jubilatorios también comenzaron a quedar rezagados en ese período, seguido de una escalada inflacionaria en los últimos dieciocho meses de esa administración. Con el gobierno actual, algunos precios se multiplicaron hasta diez veces, y puso al transporte como ejemplo por su peso en el análisis de la pobreza.
Sobre ese punto, Arena describió un fenómeno que lee como señal de retroceso: cada vez más trabajadores dejan el transporte público para pasarse a la moto o a servicios como Uber Moto. “Esto es muy de país pobre. La motización de los empleados que está pasando es una cosa muy latinoamericana y lo digo en el más triste de los sentidos”, afirmó.
En esa línea, señaló que Argentina tenía históricamente una relación con el transporte y con la movilidad de sus trabajadores distinta a la del resto de la región, y que esa diferencia se está borrando.
La distinción entre pobreza y marginalidad fue otro de los ejes de la conversación. Arena explicó que el pobre, por más escasos que sean sus recursos, mantiene un vínculo con el mundo: quiere trabajar, quiere que su hijo vaya a la escuela, quiere participar de la vida social. La marginalidad aparece cuando ese vínculo se rompe. “Para que se dé la condición de marginalidad, lo primero que aparece es la soledad”, sostuvo. Por eso, dijo, hoy hay personas con algún ingreso que aun así están en riesgo de marginalidad, porque no tienen redes.
Arena también observó un cambio en los sectores de menores ingresos: hay menos vergüenza frente a la propia precariedad y más tolerancia frente al sufrimiento ajeno. Cuando Manguel preguntó si esa tolerancia viene acompañada de la idea de que los que caen “se lo merecen”, Arena dio una respuesta afirmativa. Lo vinculó a la penetración del “sentido común libertario” en el tejido popular y dijo que “hoy el pueblo es naturalmente antikirchnerista”.

Sobre la situación de los varones, señaló que la sociedad es más cruel con los hombres pobres que con las mujeres en igual situación. “Para ser un hombre en serio se necesita todo un conjunto de cosas y de recursos que para ser mujer no se necesitan”, afirmó. “La crisis no se va a llevar puesta a la mujer. La mujer sale y se la banca y los tipos se pegan un tiro”, dijo en el programa.
Respecto de la educación, Arena dijo creer en el sistema pero advirtió que los docentes están “solísimos” y que perdieron las herramientas de autoridad necesarias para ejercer su función. Atribuyó parte del problema a la provincialización del sistema educativo, durante la gestión de Carlos Menem, y sostuvo que es un problema de alcance nacional. También señaló que hay “una generación de padres muy intolerantes a que alguien eduque a sus hijos, pero tampoco los educan ellos”.
Al cierre, Arena se refirió al concepto de “casta” y lo describió como útil en términos de comunicación política precisamente porque cada uno puede llenarlo con su propia lectura. “Para vos casta son los jueces y para mí casta es la argolluda de la salita que nunca me da turno y se cree la dueña de la salita”, ejemplificó.
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La Corte frenó a los jueces que recortan los honorarios de los abogados y debaten posibles sanciones en el Consejo

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto dos decisiones judiciales que habían reducido los honorarios de abogados por debajo de los mínimos establecidos por la ley y fijó un criterio que los jueces inferiores deberán tener en cuenta al regular el trabajo profesional.
Los casos se dan en medio de una disputa abierta en el Consejo de la Magistratura, entre la abogacía y un sector de los jueces, por un expediente en trámite contra un magistrado debido a cómo reguló honorarios.
Las decisiones de la Corte fueron celebradas por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf), que llamó a los jueces a cumplir con los mandatos de estas sentencias de la Corte y a aplicar la ley para regular los honorarios.
La presidenta del Cpacf, Alejandra García, destacó que los fallos transmiten un mensaje claro y contundente y advirtió que “los mínimos arancelarios establecidos por la ley no pueden ser ignorados mediante invocaciones genéricas a las características del proceso, la extensión o calidad de la tarea profesional o el resultado obtenido”. García afirmó: “Apartarse del régimen legal exige una fundamentación jurídicamente suficiente”.
En el caso Puebla, la Corte falló acerca de honorarios ligados a un amparo de salud contra el Ministerio de Salud de la Nación.
En primera instancia, el juez fijó los honorarios de los dos abogados en un total de 20 UMA, es decir, unos 2.084.400 pesos, pero luego la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal recortó ese monto a 10 UMA en total, la mitad, es decir, 1.042.200 pesos.
Para justificarlo, la Cámara aludió de forma genérica a que no convenía aplicar los porcentajes arancelarios de manera automática si llevaban a una desproporción con el trabajo realizado.
La Corte no aceptó ese argumento. Señaló que la Cámara se apartó del artículo 48 de la ley sin declarar su inconstitucionalidad ni elaborar argumentación plausible alguna que lo autorizara.
Recordó además que la ley establece que los jueces no pueden dejar de lado los mínimos legales porque son de orden público y que para las acciones de amparo rige una regulación mínima de 20 UMA cuando no se aplica la escala por monto.
Según el máximo tribunal, la Cámara no explicó los motivos que la llevaron a reducir a la mitad lo que había fijado el juez.
El otro fallo, del caso Martinuzzi, se refería a un amparo contra Omint. Allí, la Corte consideró arbitraria una decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal que había reducido a 14 UMA ($1.459.080) los honorarios de los abogados de la parte actora, sin explicar por qué se apartaba del mínimo de 20 UMA, lo que daba una diferencia de 625.320 pesos.
El máximo tribunal insistió en que la ley exige que toda regulación esté fundada y que la mera mención de las normas aplicables no constituye una fundamentación válida.
La disputa en el Consejo
La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura votó en agosto pasado una sanción de multa del 35% de su sueldo para el juez en lo civil Carlos Goggi, del juzgado 91, por haber declarado de oficio la inconstitucionalidad de la ley 27.423.
En las resoluciones que se le cuestionan, el juez aplicaba en su lugar la ley anterior, la derogada 21.839, lo que modificaba el cálculo de los honorarios.
La consejera Jimena De la Torre, que impulsó la sanción, sostuvo que el expediente podría terminar en la Comisión de Acusación, la antesala de un juicio político.
La Asociación de Magistrados, en cambio, repudió que el Consejo pretendiera sancionar a un juez por el contenido de un fallo. El Colegio Público pidió en septiembre que el plenario del Consejo, presidido por Horacio Rosatti, trate con urgencia el dictamen, que, de ser aprobado, implicará un descuento en el sueldo del magistrado.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno enfrenta una nueva marcha universitaria en medio del conflicto por la Ley de Financiamiento

El gobierno de Javier Milei enfrentará este jueves una nueva demostración de fuerza de las universidades públicas, uno de los sectores con los que mantiene un conflicto desde el inicio de su gestión y con el que todavía no consigue encauzar una solución. La quinta Marcha Federal Universitaria llegará después de sucesivos paros, protestas estudiantiles y fallos judiciales que obligan al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que el Presidente vetó y que el Congreso ratificó.
La movilización confluirá frente al Congreso, donde la oposición intentará avanzar ese mismo día con el rechazo del DNU 70/2023. La coincidencia de ambas convocatorias amenaza con transformar el reclamo universitario en una jornada de mayor presión política sobre la Casa Rosada, que deberá afrontar las protestas mientras Milei se encuentre en Washington, donde tiene previstas actividades con empresarios y en la Embajada argentina.
A diferencia de otros conflictos sectoriales, la disputa por el financiamiento universitario excede la discusión salarial y presupuestaria. La defensa de la educación pública tiene un fuerte arraigo social y permite reunir a estudiantes, docentes, autoridades académicas y organizaciones de distintas pertenencias políticas. Esa amplitud representa una dificultad para el Gobierno, que hasta ahora no consiguió desactivar las protestas ni cerrar la controversia con las universidades.
La tensión se profundizó durante la última semana, cuando los rectores trasladaron una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al Cabildo de Buenos Aires para reclamar fondos, mientras representantes de centros de estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno y exigieron respuestas de las autoridades educativas. La protesta terminó con la intervención de las fuerzas de seguridad, después de una reunión frustrada con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”, fueron los reclamos que se escucharon en el hall del Palacio Pizzurno.
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