El diputado de Unión por la Patria (UxP), Ramiro Gutiérrez, cuestionó el proyecto contra el vandalismo rural que impulsó Martín Ardohain (PRO) y que obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja el pasado martes.

En diálogo con , Gutiérrez advirtió que la iniciativa vuelve a tipificar conductas ya contempladas en el Código Penal y que, en algunos casos, establece penas inferiores a las vigentes. Según sostuvo, la superposición entre ambas normas podría generar contradicciones y dificultades de interpretación en los tribunales.

“Estamos perdiendo una oportunidad fantástica”, afirmó el legislador al recordar que en 2020 presentó junto con Sergio Massa un proyecto para sancionar los ataques contra la producción agropecuaria, en particular la destrucción de silobolsas. “En ese entonces, hicimos una reforma penal que trabajamos con entidades del campo, pero no conseguimos los consensos necesarios para llevarla al recinto”, explicó.

Seis años después, Gutiérrez reconoció que la propuesta de Ardohain parte de “buenas intenciones”, aunque cuestionó con dureza su redacción. “Tiene fallas catastróficas que van a hacer que naufrague en los tribunales”, sostuvo. Y resumió su principal objeción: “El proyecto tiene una contradicción difícil de explicar: se presenta como una respuesta penal más severa frente al vandalismo rural, pero para una parte de las conductas que vuelve a tipificar baja la pena que ya establece el Código Penal”.

Para fundamentar su postura, el diputado comparó las sanciones previstas en el nuevo artículo 184 bis, que propone incorporar el proyecto, con las que ya establece el artículo 186, inciso 2°, del Código Penal. Mientras la nueva figura contempla penas de dos a ocho años de prisión, la legislación vigente prevé de tres a diez años para determinados daños que afectan a la producción agropecuaria.

Otro de los ejemplos que mencionó es la destrucción de cereales, tanto antes de la cosecha como cuando están almacenados en parvas, gavillas o bolsas. Ambos supuestos aparecen expresamente contemplados en el artículo 186, que fija una escala penal más alta que la prevista en el nuevo artículo. Para Gutiérrez, esa coincidencia supone una superposición normativa y abre el interrogante sobre qué figura aplicarían los jueces.

La misma situación se presenta con la destrucción de bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales y yerbatales, así como de otras plantaciones de árboles o arbustos en explotación. El Código Penal vigente ya incluye esos bienes entre los alcanzados por las penas de tres a diez años, mientras que el artículo propuesto por Ardohain los incorpora a una figura con una sanción de dos a ocho años.

Según advirtió Gutiérrez, el problema no se limita a la diferencia entre las penas previstas en ambas normas. La coexistencia de dos figuras penales aplicables a una misma conducta podría generar dudas sobre cuál corresponde aplicar. En ese escenario, sostuvo, podría terminar imponiéndose la sanción más baja.

“Dos penas diferentes afectan la taxatividad. La ley penal más benigna es la que hizo Ardohain. Por ende, alguien que destruye un silobolsa va a terminar teniendo una pena más baja”, afirmó el diputado.

Y concluyó: “Resulta preocupante que ahora Pro pretenda reformular el vandalismo rural duplicando delitos que ya existen y proponiendo penas inferiores a las vigentes. Defender al productor exige mejorar el Código Penal, no introducir contradicciones que terminen favoreciendo a quienes delinquen”.

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto dos decisiones judiciales que habían reducido los honorarios de abogados por debajo de los mínimos establecidos por la ley y fijó un criterio que los jueces inferiores deberán tener en cuenta al regular el trabajo profesional.

Los casos se dan en medio de una disputa abierta en el Consejo de la Magistratura, entre la abogacía y un sector de los jueces, por un expediente en trámite contra un magistrado debido a cómo reguló honorarios.

Las decisiones de la Corte fueron celebradas por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf), que llamó a los jueces a cumplir con los mandatos de estas sentencias de la Corte y a aplicar la ley para regular los honorarios.

La presidenta del Cpacf, Alejandra García, destacó que los fallos transmiten un mensaje claro y contundente y advirtió que “los mínimos arancelarios establecidos por la ley no pueden ser ignorados mediante invocaciones genéricas a las características del proceso, la extensión o calidad de la tarea profesional o el resultado obtenido”. García afirmó: “Apartarse del régimen legal exige una fundamentación jurídicamente suficiente”.

En el caso Puebla, la Corte falló acerca de honorarios ligados a un amparo de salud contra el Ministerio de Salud de la Nación.

En primera instancia, el juez fijó los honorarios de los dos abogados en un total de 20 UMA, es decir, unos 2.084.400 pesos, pero luego la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal recortó ese monto a 10 UMA en total, la mitad, es decir, 1.042.200 pesos.

Para justificarlo, la Cámara aludió de forma genérica a que no convenía aplicar los porcentajes arancelarios de manera automática si llevaban a una desproporción con el trabajo realizado.

La Corte no aceptó ese argumento. Señaló que la Cámara se apartó del artículo 48 de la ley sin declarar su inconstitucionalidad ni elaborar argumentación plausible alguna que lo autorizara.

Recordó además que la ley establece que los jueces no pueden dejar de lado los mínimos legales porque son de orden público y que para las acciones de amparo rige una regulación mínima de 20 UMA cuando no se aplica la escala por monto.

Según el máximo tribunal, la Cámara no explicó los motivos que la llevaron a reducir a la mitad lo que había fijado el juez.

El otro fallo, del caso Martinuzzi, se refería a un amparo contra Omint. Allí, la Corte consideró arbitraria una decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal que había reducido a 14 UMA ($1.459.080) los honorarios de los abogados de la parte actora, sin explicar por qué se apartaba del mínimo de 20 UMA, lo que daba una diferencia de 625.320 pesos.

El máximo tribunal insistió en que la ley exige que toda regulación esté fundada y que la mera mención de las normas aplicables no constituye una fundamentación válida.

La disputa en el Consejo

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura votó en agosto pasado una sanción de multa del 35% de su sueldo para el juez en lo civil Carlos Goggi, del juzgado 91, por haber declarado de oficio la inconstitucionalidad de la ley 27.423.

En las resoluciones que se le cuestionan, el juez aplicaba en su lugar la ley anterior, la derogada 21.839, lo que modificaba el cálculo de los honorarios.

La consejera Jimena De la Torre, que impulsó la sanción, sostuvo que el expediente podría terminar en la Comisión de Acusación, la antesala de un juicio político.

La Asociación de Magistrados, en cambio, repudió que el Consejo pretendiera sancionar a un juez por el contenido de un fallo. El Colegio Público pidió en septiembre que el plenario del Consejo, presidido por Horacio Rosatti, trate con urgencia el dictamen, que, de ser aprobado, implicará un descuento en el sueldo del magistrado.