POLITICA
El Gobierno revisa su plan legislativo, otra vez: problemas con la política de alianzas y tensiones internas
La “mesa política” del oficialismo vuelve a su rutina por partida doble. La reunión de los martes es hábito libertario y eso no genera sorpresa como ámbito de decisión libertaria, naturalmente un escalón por debajo del círculo más estrecho de Olivos. En cambio, repetir el tema convocante expone problemas irresueltos: otra vez, se trata de revisar la agenda legislativa para intentar avances concretos. El desgaste exhibido el último jueves en el Senado, con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, alimenta esa necesidad. Y eso supera la idea repetida de fijar prioridades en cada ala del Congreso, al menos si es tomado en cuenta el crujido en su política con gobernadores y espacios dialoguistas.
Esta instancia de decisión oficialista, bastante por encima del Gabinete, tiene como eje a Karina Milei, aunque por lo general también participa Santiago Caputo, cuyo circuito de todas maneras es otro. La mesa no es un ámbito homogéneo, exclusivamente político. Es compartida por Diego Santilli, los Menem -Martín y Eduardo “Lule”- y también Patricia Bullrich, además de Luis Caputo, en lugares destacados. Esta vez, sumaría a Federico Sturzenegger, apuntado en el frente doméstico.
No es una novedad que la “mesa política” trate de procesar tensiones internas, aunque este capítulo tiene otras características. Fueron repetidas las fotos para mostrar durante tres meses el respaldo a Manuel Adorni -cuyo caso acaba de ser repuesto en el terreno judicial, con el requerimiento de explicaciones sobre sus saltos patrimoniales- y también para dar imagen de distensión entre Karina Milei y Patricia Bullrich, o entre la secretaria General y el principal asesor presidencial.
La diferencia es sustancial. En primer lugar, porque Sturzenegger estaba fuera de esa lógica y, en segundo lugar -y sobre todo- porque el enojo con el ministro fue extendido en todos los espacios del oficialismo. Los dos motivos son conocidos: el decreto sobre el practicaje, que paralizó durante cuatro días todos los puertos -hasta que el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás- y el desgaste provocado por el proyecto sobre propiedad privada. La iniciativa fue podada en varias entregas y, finalmente, logró la votación con alto costo para LLA.
Por eso mismo, y después de un fin de semana cargado de cuestionamientos al ministro de Desregulación -apenas cubiertos por la vía de los trascendidos-, resultó significativa la difusión desde el Gobierno sobre la convocatoria al encuentro de este martes. Se supone que expondría acerca de cuáles son a su juicio las prioridades en materia de reformas. Pero está claro que su presencia, en espejo, expone que las decisiones sobre el impulso legislativo serán tomadas en ese ámbito, encargado de “filtrar” -según el verbo elegido- las propuestas para ubicarlas, o no, en los primeros renglones del listado.
En ese contexto, como señal hacia la mesa, no fue un dato menor el gesto de Milei en apoyo de Sturzenegger: mensaje en X, para destacar una información sobre la desregulación aerocomercial. Nada cargado de adjetivos, pero significativo en medio de las cargas sobre el funcionario, que sugerían abiertamente un inicio de declive en la gestión. Por supuesto que queda golpeado, pero tal vez Olivos evaluó que no podía aparecer como el abandono de la promesa de una ola de reformas.
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada resultó disminuido en términos efectivos: dejó en el camino los capítulos sobre barrios populares, ley de tierras y manejo del fuego. Fue girado a Diputados, donde las prioridades son otras y los recelos sobre esa iniciativa abundan. El foco de interés del Gobierno parece corrido ahora a Diputados, aunque también el Senado tiene pendientes temas demandados por el Ejecutivo.
En lo inmediato, el oficialismo quiere motorizar la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la segunda versión de Inocencia Fiscal. En los dos casos, tiene que negociar para llegar a fin de mes con posibilidades ciertas en el recinto de la Cámara baja. Y en la otra ala del Congreso, espera mover la nueva iniciativa de RIGI, mientras sigue sondeando qué puede poner en la mesa para llegar a un trato sobre la reforma electoral.
Frente a esa diversidad de temas -políticos y económicos-, surgen reforzadas las prevenciones libertarias sobre el comportamiento de sectores considerados aliados, cuando no socios. Ya se venían advirtiendo dificultades con algunas iniciativas -por ejemplo, el objetivo de eliminar las PASO-, en los sondeos y conversaciones con gobernadores, que mezclan cuestiones de plata y también electorales propias de cada distrito. El costoso trámite del proyecto de propiedad privada extremó la sensación de que poco estaba asegurado en el paño de tales negociaciones.
Fueron varias las provincias “amigas” que dejaron sin aire los puntos más polémicos: Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, Neuquén, Chubut, Corrientes. Y eso expuso el costado débil del modo de entender los acuerdos por parte del Gobierno, sobre todo ya en clima de campaña y en un contexto económico y social preocupante. No se trataría solo del cuestionamiento específico, por parte de dialoguistas, a proyectos que incluyen reformas a diversas y sensibles leyes.
El oficialismo tiende a buscar adhesiones antes que entendimientos más o menos amplios. Y la negociación proyecto por proyecto encarece los acuerdos, cuando, a la vez, va creciendo el cálculo electoral de cada gobernador, y no solo del Presidente.
Después de más de dos años y medio de gestión, el Gobierno puede exponer algunos logros legislativos en base a ese sistema de negociaciones, pero sin garantías de continuidad. Lo que cada tanto cruje es la lógica de los acuerdos puntuales. La votación del Senado habla de un problema que no se resuelve con facturas exclusivas para Sturzenegger. Se trata de un problema político: el oficialismo busca alineamientos, es decir, nada parecido a un sistema de alianzas.
POLITICA
El Gobierno designó a un nuevo secretario de Discapacidad tras el accidente de Pablo Di Liscia
El Gobierno designó este martes a Diego Masaragian como nuevo secretario Nacional de Discapacidad en reemplazo de Pablo Di Liscia, tras el accidente de tránsito que este sufrió a fines de septiembre.
La nueva designación, aseguraron desde el Ministerio de Salud, responde a la necesidad de “garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área”. A través de un comunicado, señalaron que la prioridad de Masaragian será “fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorias para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad”.
Hasta el momento, el funcionario se desempeñaba como Administrador Nacional de Establecimientos de Salud, cargo para el que fue designado en julio de 2025. Desde esa función, estuvo al frente de la gestión los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofisica del Sur (INAREPS).
Previamente, se desempeñó como Director Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación.
Noticia que está siendo actualizada.-
Gobierno, Discapacidad
POLITICA
El Gobierno envió a Guberman a Diputados para defender el Presupuesto, pero chocó con los reclamos por mayor financiamiento a la discapacidad y a las universidades
Con una ambiciosa agenda parlamentaria, el Gobierno inició la semana en el Congreso con el desembarco del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para dar comienzo al debate del Presupuesto 2027. El funcionario confirmó la intención del oficialismo de sesionar el 18 de noviembre después de la visita del papa León XIV, un cronograma que dejaría al Senado con escaso margen para tratarlo antes del cierre del período de sesiones ordinarias.
La jornada estuvo marcada por fuertes críticas al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, reclamos por mayores partidas para discapacidad y cuestionamientos a las proyecciones de inflación del Gobierno, además de pedidos de explicaciones por la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase.
El debate en la Comisión de Presupuesto, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, comenzó con un pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sobre la hoja de ruta. En respuesta, se confirmó la visita de mañana del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el objetivo del Gobierno de obtener dictamen a fines de octubre para luego llevar el proyecto al recinto.
Acto seguido, Martínez anunció que su bloque presentó ante la presidencia de la comisión un pedido al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para dar cumplimiento a la ley de financiamiento universitario, uno de los focos críticos para el Gobierno cuando faltan dos días para la quinta marcha federal en reclamo de mayor presupuesto.
Es en esa línea que el diputado de UP reclamó aumentar las partidas destinadas en el Presupuesto 2027 y propuso compensar ese incremento con una reducción de otros gastos del Tesoro, a fines de “no alterar el resultado financiero”.
La queja del bloque peronista ante Benegas Lynch se sustenta en un reciente fallo del juez Martín Cormick, que exigió al Gobierno la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución declaró inconstitucional parte del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había frenado la implementación de la norma, pese a que el Congreso había rechazado el veto presidencial el año pasado.
El texto oficial presentado por el Gobierno proyecta para el año que viene una partida de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades, mientras que los rectores advierten que para ajustarse a la ley se necesitaría casi un 50% más de lo contemplado. En concreto, exigen un financiamiento de $11 billones.
Si bien Benegas Lynch consideró “razonable” la petición, esquivó la cuestión al asegurar que “no es la competencia” de la comisión dar indicaciones de gestión a la Jefatura de Gabinete. Después se aclaró que aquellas precisiones se darán con la exposición de invitados de la cartera de Educación.
Durante su exposición, el funcionario evitó dar detalles sobre el financiamiento educativo. En cambio, se centró en la situación económica que encontró el Gobierno al asumir, especialmente apuntó al déficit financiero, la elevada brecha cambiaria y el riesgo país.
En cuanto a las proyecciones económicas, Guberman anticipó un crecimiento del 4% para el próximo año, frente al 3% previsto para este, una inflación del 18% y un tipo de cambio de $1.848.
Noticia en desarrollo
ambiciosa agenda parlamentaria,,pic.twitter.com/uBVrkJvSDO,October 13, 2026,Delfina Galarza,Conforme a
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Presupuesto: comenzó el debate y ya se prevé el llamado a sesiones extraordinarias para aprobarlo
La Cámara de Diputados y el bloque de La Libertad Avanza ya planteó un cronograma estableciendo una posible fecha para llevar el debate por la ley de presupuesto 2027 al recinto.
Esa hoja de ruta que estableció Diputados confirma que el Gobierno nacional llamará nuevamente a sesiones extraordinarias, ya que con este esquema el Senado sólo tendría una semana para tratar el proyecto de ley en Comisión y llevarlo al recinto antes del 30 de noviembre que es cuando termina el período ordinario.
Esto no sería posible teniendo en cuenta que el reglamento establece que, como mínimo, la Cámara Alta necesita dos semanas para el tratamiento de una ley ya que señala de manera expresa que tienen que pasar 7 días corridos entre el dictamen y que el proyecto sea tratado en el recinto.
Como sucede desde hace tres años, la oposición reclamó la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, algo que el presidente de la Comisión de Presupuesto, “Bertie” Benegas Lynch, adelantó que solo sería posible “si queda algo en el tintero”, dejando entrever que se mantiene la negativa del ministro de asistir al Congreso de la Nación.
En lo que será el recorrido de la comisión, el bloque de LLA planteó que hoy expondrá el secretario de Presupuesto, Carlos Guberman; y mañana por la mañana el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
El debate se retomará el martes 20 de octubre y se espera la asistencia de “alguien de Educación”. Continuará con otra reunión informativa el 27 de octubre sin anunciar la presencia de ningún funcionario.
Por último, el bloque de LLA adelantó que el miércoles 28 de octubre se buscará dictaminar y que pediría una sesión para el 18 de noviembre.
“Entre el dictamen y la sesión tenemos la visita del Papa León XIV y están las elecciones de los Estados Unidos que muchos diputados hemos sido invitados, por eso la intención es la de ir a una sesión a mediados de noviembre”, explicó el presidente de la Comisión.
Guberman comenzó su exposición haciendo referencia a “lo que nos encontramos y lo que hicimos estos tres años”. En ese esquema arrancó señalando que el gobierno obtuvo “rápidamente” superávit financiero y luego hizo foco en el proceso inflacionario. “Mientras en promedio los habitantes del planeta se volvieron 20% más ricos, nosotros nos volvimos 10% más pobres los últimos 12 años antes de iniciar la gestión”, agregó.
El funcionario señaló que los dos “grandes ejes” de la gestión son “el ordenamiento cambiario y financiero y el otro recuperar la competitividad”, e hizo referencia a la eliminación del cepo, la prohibición de la emisión, etc.
En un tono monocorde, Guberman fue enumerando los logros económicos de la administración de Javier Milei. En ese sentido, se refirió a uno de los puntos más discutidos en el Presupuesto y es la obra pública. “Recibimos 2239 ‘cosas’, se realizó una auditoría y se dieron de baja 1683 contratos o convenios”. Además se transfirieron 457 obras y quedaron 199 bajo gestión directa, de las cuales 55 se han finalizado y el resto está en ejecución este año que forman parte del presupuesto que estamos discutiendo».
Como el Ejecutivo no planea enviar muchos funcionarios a defender el proyecto, Guberman amplió su exposición a sectores que no están bajo su órbita. En este punto, y luego que Benegas Lynch confirmara que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, no asistirá a explicar el programa financiero, Guberman señaló que “creció el porcentaje del Presupuesto asignado a Servicios Sociales. Estamos duplicando la partida presupuestaria para la atención de salud para las personas con discapacidad, con la previsión del financiamiento en el 100% de la partida que se demande. Si se duplica la cantidad de personas que se ven necesitadas, está previsto el gasto de cobertura de salud”. Tanto es así que dijo que “por más que se duplica el gasto en Pensiones No Contributivas, si todos los individuos que tienen CUD deciden pedir la pensión y cumplen los requisitos, está cubierto el 100% de las pensiones”.
Recesión, trabajo y discapacidad
El debate comenzó con la diputada Julia Strada preguntándole a Guberman si entiende que el tercer trimestre va a tener recesión. El funcionario negó con la cabeza que vayan a caer en recesión por lo que la diputada señaló que “es una pena que vengas a mentirnos porque tenes los números que dicen que sí”.
Luego la diputada señaló que la proyección de inflación “establece un piso de 1,4% acumulativo por mes. Esto significa que no habrá inflación 0% como promete Milei”.
Además, señaló que el Gobierno proyecta un incremento de 60% para el 2027 en el Impuesto a los Combustibles Líquidos. La pregunta de la oposición es si esto va a impactar en el precio de los combustibles.
Respecto de este punto, la diputada Tolosa Paz hizo referencia a que en el texto que presentó el oficialismo “derivan el 50% -del impuesto a los combustibles- a la timba financiera y nos devuelven 160 km de autopista y 10 km de rutas”.
Guberman respondió que prevén un alza del empleo formal y del salario real para compensar la caída en la recaudación. “El empleo formal va a seguir creciendo, no hay destrucción de empleo formal” aseveró el funcionario.
El funcionario respondió respecto del impuesto vial que “en la Dirección Nacional de Vialidad están contemplados 28.445 kilómetros para mantenimiento y construcción de rutas nuevas por más de 1.000 kilómetros”, en respuesta a Tolosa Paz.
Respecto de Discapacidad, Tolosa Paz preguntó si se mantiene el articulado del proyecto original que desmantelaba el sistema o si se tomaba el dictamen del oficialismo que dejaba afuera estos artículos y armaba un proyecto nuevo.
Aunque en una primera instancia el funcionario de Economía evitó responder, frente a la insistencia Guberman respondió de una manera llamativa.
En la previa a la movilización del jueves, el funcionario dejó en claro que no van a retirar el articulado original y que la Casa Rosada mantiene su posición. “Siempre es el proyecto de ley del Ejecutivo, El Congreso puede opinar algo diferente. Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa -mantener los artículos que eliminan el nomenclador único y propone la incompatibilidad laboral-, los bloques del Congreso tienen una posición distinta”.
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