La Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, un pedido para frenar la explotación de hidrocarburos impulsada por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte, donde avanza el proyecto Sea Lion.

La solicitud fue anunciada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado firmado por Javier Milei. El Gobierno pidió al organismo que dicte “medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido”.

La iniciativa llegó después de que venciera el plazo que la Argentina había dado a Londres para impedir el inicio o la continuidad de las actividades petroleras. La presentación se inscribe en el procedimiento arbitral que el Ejecutivo inició el 28 de septiembre, bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 13, 2026

Según explicó el Gobierno, el pedido se apoya en el artículo 290, inciso 5, de esa convención, que habilita al Tribunal del Mar a disponer medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral, para preservar los derechos de las partes o evitar daños graves al medio marino cuando existe urgencia.

En el comunicado, el Ejecutivo sostuvo que el país “reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. Y concluyó: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.

“Reiteramos una vez más nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional, e invitamos al Reino Unido a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, tal como lo establecen las resoluciones de las Naciones Unidas”, señaló el canciller Pablo Quirno al difundir la noticia.

El conflicto tiene como eje el desarrollo de Sea Lion, impulsado por las compañías Rockhopper y Navitas en aguas cuya soberanía reclama la Argentina. Aunque el tribunal puede intervenir sobre medidas provisionales, no tiene competencia para resolver la disputa de soberanía sobre las islas.

Se desploman las acciones de la petrolera que encabeza el proyecto Sea Lion en las Malvinas

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El envío del buque chileno Danstar con mercadería e insumos hacia las Islas Malvinas, desde la ciudad de Punta Arenas y programado para noviembre, reavivó una histórica disputa entre Argentina y Chile y escalonó una serie de declaraciones cruzadas que tensionan la relación política y diplomática. Mientras se mantiene la sintonía ideológica de Javier Milei con el presidente chileno, José Antonio Kast, la discusión se trasladó a los parlamentos de ambos países.

El frente de conflicto se da en paralelo a las acciones del gobierno argentino para presionar al Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, específicamente en el proyecto Sea Lion.

En este contexto, la semana pasada el Parlamento chileno aprobó siete resoluciones que podrían blindar la ruta marítima privada que se prepara entre Punta Arenas y el archipiélago: durante una sesión especial el 6 de octubre, la Cámara de Diputados emplazó al presidente José Antonio Kast a adoptar una posición más firme “en defensa de los intereses nacionales”.

Las iniciativas impulsadas por los legisladores exigen la derogación del Decreto 457/2021, una normativa de la gestión anterior en Argentina que definía al Estrecho de Magallanes y al Paso Drake como “espacios compartidos” para fines de exploración y control, una formulación que en Chile es calificada como “una violación de su soberanía”. Ante este panorama, solicitaron un reequipamiento urgente de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en la zona austral y la consolidación de una política de protección fronteriza con visión a 2040.

A pesar de la buena relación entre Milei y Kast, las resoluciones contaron con el respaldo del bloque oficialista. La N° 265, presentada por diputados como Diego Schalper, Luis Pardo y Juan Carlos Beltrán, ratificó la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes para el comercio internacional y el ejercicio del derecho de libre navegación conforme a los tratados vigentes.

Las siete resoluciones aprobadas no son homogéneas ni unánimes: reflejan un arco que va desde el consenso institucional hasta la ruptura con la sintonía oficial entre Santiago y Buenos Aires. La más transversal reafirma la plena vigencia de los tratados limítrofes y obtuvo 100 votos a favor y apenas una abstención. En el otro extremo, otra exige anteponer el interés nacional de Chile a la afinidad política con el gobierno argentino: tuvo 60 votos a favor, 31 en contra y 9 abstenciones. Es, en esencia, un mensaje político directo al Ejecutivo.

Las restantes resoluciones completaron el cuadro. Establece una política integral de resguardo con horizonte a 2040; revierte los recortes presupuestarios que afectan a la región de Magallanes; y exige la derogación formal e inmediata del Decreto 457/2021.

La resolución presentada por diputados del Partido Socialista fue las más ambiciosa: además de reclamar la derogación del Decreto 457/2021, exige gestiones diplomáticas para dejar sin efecto el Decreto 256/2010 y la elaboración de una Estrategia de Estado para la zona austral y antártica que incluya el Estrecho de Magallanes, el Campo de Hielo Sur, la plataforma continental y los derechos antárticos chilenos. Obtuvo 66 votos a favor, 4 en contra y 26 abstenciones.

Estas resoluciones parlamentarias no son vinculantes. Son un encargo político transversal, con votos cruzados, que le exige al Gobierno de Kast pasar de la retórica a los hechos.

“Nosotros vemos con buenos ojos cualquier comercio de chilenos, y si tiene que ser con las Malvinas y se puede hacer, que se haga”, declaró el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, a la cadena TVN. El funcionario restó importancia a los riesgos regionales al comparar la situación con la operación de yacimientos mineros en zonas fronterizas, subrayando que es un negocio entre privados donde el Estado debe limitarse a garantizar condiciones de seguridad y reglas claras.

En la misma línea, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, descartó de plano los rumores de un eventual “interceptación” de la armada argentina y la posibilidad de escoltar al Danstar, al reiterar que “la navegación fuera del Estrecho de Magallanes no puede ser restringida ni condicionada” por ningún actor externo. No existe, hasta el momento, un anuncio oficial de Buenos Aires sobre una medida de ese tipo.

El peronismo sube la apuesta

Desde Buenos Aires la presión no es diplomática; también es parlamentaria. El diputado nacional Guillermo Michel, del peronismo entrerriano, presentó un proyecto de ley que propone retirar beneficios fiscales a las empresas chilenas. “La posición es muy clara, si Chile quiere hacer negocios con los isleños, no le demos beneficios económicos nosotros a sus empresas acá. Nada más que eso. O sea, una cuestión de reciprocidad”, afirmó Michel a Infobae.

De manera puntual, la iniciativa dispone que el Poder Ejecutivo argentino denuncie dos acuerdos bilaterales vigentes con Chile: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones (Ley 24.342) y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio (Ley 27.274). El proyecto apunta directamente a las empresas chilenas que invierten o generan rentas en territorio argentino, que hoy se benefician de topes a las retenciones sobre dividendos, intereses y regalías. Si los acuerdos fueran denunciados, esas ventajas desaparecerían.

Al presentar la iniciativa, el legislador aclaró que la propuesta no busca romper las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino trasladar el reclamo de soberanía al plano económico. “El circuito comercial de Montevideo con Malvinas es ínfimo, ellos le exportan lana a Uruguay, pero de Uruguay importan muy poco. El apoyo logístico fundamental, más allá de las exportaciones, es de Chile, con el el vuelo una vez por semana y, ahora, con la nueva ruta marítima”, amplió el diputado a este medio.

La respuesta parlamentaria chilena fue inmediata. Los diputados republicano, la fuerza política del presidente Kast, rechazaron en bloque la propuesta y exigieron una respuesta diplomática enérgica de la Cancillería. Stephan Schubert, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó la iniciativa de “bastante irresponsable” y pidió precisiones sobre si refleja la postura oficial de Buenos Aires o es una posición exclusivamente parlamentaria.

Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, fue más duro: “La propuesta de retirar beneficios a empresas chilenas no es solo un atentado al libre comercio, es una agresión directa a la estabilidad jurídica y a los acuerdos de mutuo respeto entre Chile y Argentina”, afirmó. En tanto, Catalina Del Real, que también integra la Comisión de Defensa, habló de “chantaje económico” y exigió una protesta diplomática formal.

“Yo creo que este gobierno todo lo que hace con la causa Malvinas es una farsa. No tiene ninguna iniciativa real de cambiar esta situación. Porque si quisieran hacer algo real, harían lo que yo propongo. O con el Reino Unido, ¿por qué no denunciaron el convenio de doble imposición con Reino Unido? A los ingleses le dan un convenio de doble imposición fiscal que le permite a las empresas inglesas que invierten en Argentina ahorrar cincuenta millones de dólares al año. Es la mitad de lo que gasta Reino Unido en seguridad en las Islas Malvinas», cuestionó Michel.

En paralelo, un grupo de más de una docena de senadores y diputados kirchneristas envió el 29 de septiembre una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, solicitando que sus gobiernos impidan que puertos, aeropuertos e infraestructura de sus territorios sean utilizados para abastecer o facilitar actividades de empresas que participen en la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y el Sándwich del Sur. Esto es, a quienes apoyen con logística al proyecto Sea Lion.

La misiva fue firmada por Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Agustín Rossi, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta y Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros. El documento invoca la Resolución 2065 de la ONU, que reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y la Resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de modificaciones unilaterales mientras el proceso de negociación recomendado por las Naciones Unidas esté en curso.

“Ningún país latinoamericano debería convertirse, aún involuntariamente, en plataforma logística de actividades económicas que contribuyan a consolidar una situación colonial” en la región, sostiene el texto. Los legisladores argumentaron que Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay poseen, por su ubicación geográfica y su infraestructura portuaria y aeroportuaria, una capacidad estratégica para privar a las empresas involucradas del apoyo necesario para operar en el archipiélago.

En las últimas horas, el canciller Pablo Quirno denunció que hay sectores y actores externos que intentan hacer pelear a la Argentina y Chile, y aseguró que el Gobierno no va a entrar ahí. En A24, destacó la excelente relación con el Presidente Kast y su Canciller: “En este momento no tenemos notificación oficial de un barco chileno yendo a Malvinas. Lo que sí es muy importante destacar es la relación con Chile, a pesar de que hay varios jugadores, algunos externos. Por eso también es importante entender la Ley de Soberanía Nacional y las influencias externas. Y hay ciertos sectores chilenos que están tratando de hacernos pelear. Nosotros con Chile tenemos una posibilidad y una oportunidad histórica en varios ámbitos”, afirmó .

Lejos de posición, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, le envió una carta al embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, para transmitirle “malestar y preocupación” por la actividad comercial en Punta Arenas.

“Chile es nuestro hermano, nuestro amigo y nuestro aliado estratégico. En la isla de Tierra del Fuego tenemos una historia y un futuro común. Por eso nos preocupa que en Punta Arenas se realicen actividades empresariales que terminan ayudando y asistiendo a los ocupantes ilegales de nuestras islas Malvinas“, indicó en X.

Y agregó: “Esas actividades van en contra de todo lo que, desde hace décadas y décadas, costó tanto construir juntos entre argentinos y chilenos. El Reino Unido, una vez más, intentando dañar la hermandad de nuestras naciones”.

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El gobierno de China volvió a apoyar el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas. Lo hizo este lunes en la ONU, durante el debate general sobre descolonización de la Cuarta Comisión de la Asamblea General. El embajador y representante permanente adjunto de China ante el organismo, Sun Lei, pidió a Gran Bretaña que responda al reclamo argentino y que acepte negociar cuanto antes.

“La Parte china reiteró su firme respaldo al reclamo de soberanía de la República Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas, y siempre sostiene que las disputas territoriales entre Estados deben resolverse mediante negociaciones pacíficas”, publicó la Embajada de China en la Argentina en sus redes sociales, junto a una foto del diplomático en la sesión.

Según el texto del discurso que difundió la misión china ante la ONU, Sun Lei dijo que el conflicto por Malvinas debe tener una solución “pacífica, justa y duradera”, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. También describió el caso como un problema heredado del colonialismo, igual que el del Sáhara Occidental, y pidió acelerar las tareas de descolonización que todavía siguen pendientes.

El diplomático pidió además que se respeten la igualdad soberana entre los Estados y la no injerencia en los asuntos internos. Dijo que su país va a trabajar junto con los demás miembros de la ONU, “especialmente los países del Sur Global”, para terminar con el colonialismo.

La tensión creciente a nivel internacional

El respaldo de Pekín llega en medio de una fuerte tensión entre la Argentina y el Reino Unido por el proyecto Sea Lion. Este martes, el Gobierno pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Alemania, que dicte “medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”. La presentación llegó un día después de que venciera el plazo que la Argentina le había dado a Londres para frenar las actividades del proyecto.

Según el comunicado de la Oficina del Presidente, el pedido forma parte del arbitraje internacional que la Argentina inició el 28 de septiembre bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El canciller Pablo Quirno invitó al Reino Unido “a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, tal como lo establecen las resoluciones de las Naciones Unidas”.

Del otro lado, el secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, autorizó las perforaciones del proyecto, que llevan adelante la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper. Las compañías prevén empezar a perforar a principios de 2027.

Gran Bretaña anunció nuevas medidas para proteger a las empresas que operan en las Islas Malvinas

Horas después, el gobierno del primer ministro Andy Burnham anunció medidas para proteger a las empresas que operan en las islas de lo que llamó “coerción económica” argentina. “El apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es inquebrantable”, dijo Miliband, y advirtió que su país no se va a quedar “de brazos cruzados mientras la Argentina intenta aplicar su legislación nacional para obstaculizar los intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas”.

Por su lado, el comunicado de la Casa Rosada, firmado por el presidente Javier Milei, planteó que la Argentina “reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, y que “por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.

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