La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que establece nuevas reglas para garantizar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y regularizar los pagos pendientes a los prestadores de salud.

La propuesta reunió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, en una votación que contó con el apoyo de buena parte de la oposición.

El resultado se definió después de intensas negociaciones durante la sesión. El oficialismo introdujo modificaciones a su texto original para incorporar reclamos de organizaciones vinculadas con la discapacidad, que finalmente expresaron su respaldo a la iniciativa.

Entre los cambios centrales, el proyecto fija por ley los requisitos para acceder a las pensiones, entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), atravesar una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.

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Además, mantiene el régimen de empleo protegido, establece que los fondos destinados a las prestaciones no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación y garantiza el acceso a servicios médicos básicos a través del programa Incluir Salud.

Otro punto clave es la deuda con los prestadores, estimada en $278.323 millones. El Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de regularización dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley y cancelar las compensaciones pendientes en un plazo máximo de 90 días.

El acuerdo también incluyó la actualización mensual del nomenclador de prestaciones según la inflación, un mecanismo que el proyecto de Presupuesto 2027 propone eliminar.

Pese al consenso alcanzado, desde la oposición reclamaron que el Gobierno retire las disposiciones presupuestarias que contradicen la nueva normativa. Ahora, el proyecto deberá ser tratado por el Senado para completar su recorrido legislativo.

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Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner se reunieron este jueves, más de dos meses después del último encuentro que protagonizaron, en el que trascendió un compromiso de las distintas vertientes del peronismo por mantener vigentes las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Al igual que en la cumbre anterior, confluirán con gobernadores y legisladores nacionales del justicialismo. Las PASO volvieron a estar en la agenda, al igual que el presupuesto nacional.

Las operaciones financieras acopladas a la economía con propósito de generar efectos sociales y ambientales positivos perdieron terreno en los últimos dos años en la Argentina, al menos en las modalidades de créditos bancarios y emisión de títulos de deuda, y según las conclusiones de un mapeo realizado por el Centro de Estudios en Sustentabilidad de Innovación Social (Cesis) de la Universidad Austral, conla Fundación Alimentaris.

“Los reyes de la mentira” se llamaban a sí mismos. Tenían un plan claro: infiltrarse en algún organismo del Estado vinculado a la Salud, como “troyanos”, y en unos años ganar lo suficiente para retirarse en Tenerife. Lo consiguieron; al menos la primera parte. Con Pablo Atchabahian, un exfuncionario de los gobiernos más diversos a la cabeza, colocaron a Daniel Garbellini en un puesto clave de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tomaron el control de las compras de medicamentos, direccionaron pagos y garantizaron “sobreprecios sistemáticos” a empresarios, de acuerdo con el dictamen que presentaron ayer los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.

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Daniel González anunció este jueves su salida del Gobierno, en el que se desempeñaba como secretario de Coordinación de Energía y Minería del ministro de Economía, Luis Caputo. La noticia se conoció por boca de él mismo, durante su participación en Las tres anclas, el programa del streaming oficialista Carajo. Fuentes del Palacio de Hacienda señalaron a que no será reemplazado.

El presidente Javier Milei se refirió este jueves a la reciente suba del riesgo país, que superó este jueves la barrera de los 700 puntos, y al estancamiento de la economía, que, admitió, no evoluciona como esperaba.

El primer mandatario adjudicó esta situación a un shock externo relacionado con la suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y las guerras en Ucrania e Irán. “Los indicadores no están evolucionando tan positivamente como esperábamos”, expresó en declaraciones radiales.

Un día antes de entrevistarse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, el influyente subsecretario de Estado, Christopher Landau, blanqueó la preocupación de las empresas norteamericanas por una parte de la ley de defensa de la soberanía nacional, impulsada por el Poder Ejecutivo en el Congreso: el proyecto no solo establecesanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que llevan adelante el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino también contra compañías asociadas a ellas en otros proyectos.

El Gobierno le restó importancia a la inquietud que dejaron trascender los enviados de Donald Trump en el país sobre el impacto que la ley de soberanía de Malvinas, aún en ciernes, podría tener sobre compañías estadounidenses.

El planteo de la Casa Blanca se hizo explícito ayer por la tarde, en una conferencia en el Palacio San Martín, cuando el número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, dijo ante una consulta: “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”.

En la Casa Rosada, como única respuesta, destacaron la segunda mitad de la frase, sobre el “respeto al proceso legislativo”. Pero un importante dirigente de la cúpula violeta dio una mirada más amplia, entre risas para restarle relevancia al planteo que transmitió el número dos del secretario de Estado, Marco Rubio. “Dijo lo obvio. Estados Unidos mira los intereses de sus empresas, como cualquier país. Y también dijo que respeta el proceso legislativo argentino. ¿Qué más que eso se pretende?“, sostuvo.

El Gobierno no cree que esté siendo presionado a modificar el proyecto que Milei transformó en uno de sus caballitos de batalla. “La ley de soberanía protege recursos argentinos en Malvinas. Las empresas que quieran operar en la Argentina tienen que cumplir la ley argentina, y fin”, afirmó a este medio un alto dirigente del oficialismo, en reserva.

Poco después de la conferencia de Quirno, Santiago Caputo, autor del proyecto, escribió la sigla “TMAP” —Todo Marcha Acorde al Plan—, en alusión a la publicación con imagen con la que el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró a posteriori su propia reunión con Landau.

Excepto en los encuentros semanales de la mesa política, Santiago Caputo suele trabajar tras bambalinas, pero esta vez también se sumó también a la mesa en la sede de Economía para intercambiar con los delegados de Rubio. “Fue porque es el asesor presidencial”, fue la explicación que dieron en Gobierno. Pero evitaron precisar si se habló allí del asunto Malvinas. “No tenemos información al respecto”, dijeron. Después se tomaron una foto con la comitiva, esta vez sin Quirno.

Además del ministro y del consultor, del encuentro participaron los asistentes de Landau, Juan Pablo Segura -de origen argentino- y William Herter; la asesora Viviana Bovo; el consejero económico Matt Stokes; el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y su par estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas.

El episodio tiene un antecedente inmediato. El 15 de octubre, en la Cuarta Comisión de la ONU, Washington pidió disolver el Comité de Descolonización, el foro donde la Argentina reclama cada año por la soberanía del archipiélago. Como informó Infobae, el vocero Adrián Ravier admitió que la postura nacional estaba en revisión y no descartó cambios en la ley durante el debate parlamentario. En la conferencia de ayer, Landau encuadró la propuesta dentro de una reforma general de Naciones Unidas, mientras que Quirno calificó el reclamo como “innegociable” y sostuvo que la eventual desaparición del foro no afecta la posición argentina sobre la soberanía.

El oficialismo está sobre el borde del asiento con el tema Malvinas desde que lo transformó Malvinas en un tema central para la gestión. Milei buscó llevarlo al tope de la agenda en cadena nacional el jueves 3 de septiembre, con todo el Gabinete y una gran expectativa, y lo presentó como una “causa” nacional y sagrada, convencido de que no habría espacio para los cuestionamientos opositores.

Hace tres semanas, Santiago Caputo envió a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, de su círculo íntimo, a defender en comisión la iniciativa. Pero la firma del dictamen acaba de postergarse otra vez. El plenario de comisiones previsto para el martes fue cancelado, luego de cuatro reuniones sin acuerdo.

La iniciativa, entre otras cosas, reemplaza la ley de 2011 por un esquema más amplio, alcanza a quienes faciliten esas actividades y crea un Consejo de Seguridad Nacional.

Existe consenso en torno a las penalidades para las firmas que exploten recursos en la zona, pero la oposición por ahora sólo está dispuesta a acompañar esa primera parte de la iniciativa. Una de las controversias gira en torno al artículo 111, que contempla hasta 12 años de prisión para quienes impulsen “campañas de desinformación financiadas desde el exterior”, una medida que los opositores leen como una herramienta contra el periodismo. La otra es por el Consejo de Seguridad Nacional, que integrarían el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

En el Gobierno, como planteó Caputo en X, sospechan que el kirchnerismo pretende “meterse” en ese cuerpo que, para el oficialismo, no debería incluir representantes del Congreso. Sí admiten, en cambio, una comisión de seguimiento o, eventualmente, una bicameral. Pero por ahora los opositores duros no dieron el brazo a torcer y las negocaciones siguen.

Hoy será el turno de Javier Milei de recepcionar, en Balcarce 50, a los funcionarios del Departamento de Estado. El encuentro tendrá lugar una semana después de la conversación a distancia que tuvo por medios virtuales, desde Olivos y a poco de su regreso de Washington, con Marco Rubio. En Casa Rosada dicen que no es un problema que su principal aliado internacional -junto a Israel– muestre preocupación frente a uno de los proyectos más ambiciosos que el Presidente, además, decidió transformar en insignia de su administración.

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