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Uno de cada cinco laboratorios habilitados en la Argentina no tiene inspecciones hace más de cinco años

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La fiscalización de los medicamentos que consumen los argentinos muestra grietas por donde se filtra el riesgo sanitario. Durante cinco años, el 21,70% de los laboratorios habilitados en el país no ha recibido una inspección para certificar en profundidad sus condiciones de producción, las denominadas Buenas Prácticas de Fabricación.

Así se desprende de un informe oficial que será incorporado a la causa abierta por el fentanilo contaminado, donde se investiga la muerte de al menos 90 personas.

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La deficiencia de las insepecciones no son un hecho aislado, sino que convive con una inercia administrativa que permite que los reportes por desvíos de calidad permanezcan archivados, sin resolución efectiva ni medidas de seguridad, por períodos que llegan a superar los 600 días.

Los datos surgen de una auditoría oficial sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) al que accedió por fuentes del propio organismo.

El informe fue elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) luego del caso del fentanilo contaminado, como un análisis del mundo farmacéutico en general.

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El juez Ernesto Kreplak, que lleva adelante la investigación por las muertes de fentanilo, pidió integrarlo al expediente.

El juez Ernesto Kreplak en la Cámara de Diputadoswww.hcdn.gob.ar

El principal acusado por el fentanilo contaminado es Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo y de la droguería Alfarma, con la que le vendía al Estado.

Ariel García Furfaro, propietario de HLB PharmaCamila Godoy –

Las conclusiones de la SIGEN confirman las peores sospechas. La falta de control y de respuesta del Estado frente al caso del fentanilo no fue una excepción.

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El trabajo de campo, según datos confirmados por , se extendió entre octubre de 2025 y enero de 2026, dentro del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), el organismo responsable de controlar la calidad de todo lo que se vende como remedio en el país y que ejerce como brazo operativo de la ANMAT.

Las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) son el conjunto de normas que garantizan que un medicamento se elabore, envase y controle de manera uniforme, con la pureza, potencia y estabilidad que su rótulo promete. Es el estándar mínimo para que un comprimido o una ampolla lleguen a un paciente siendo lo que dicen ser.

La verificación de ese estándar está regulada por la Disposición ANMAT N° 4159/2023, la norma vigente que aprueba la “Guía de Buenas Prácticas de Fabricación para Elaboradores, Importadores/Exportadores de Medicamentos de Uso Humano”.

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Nélida Agustina Bisio, exdirectiva de la ANMAT, tras declarar por la causa del fentaniloMarina Espeche

El problema, según constató la auditoría de la SIGEN, es que esa misma disposición no fija ningún plazo obligatorio para realizar esas inspecciones. No hay una periodicidad mínima escrita. Y en la práctica, uno de cada cinco laboratorios habilitados quedó fuera del radar de control por más de cinco años.

El propio texto de la Disposición 4159/2023 establece en sus considerandos que las acciones de fiscalización y control son responsabilidad de ANMAT, que debe asegurar “el control de las industrias con uniformidad de criterio” y “la neutralidad, simetría y reciprocidad en el tratamiento y aplicación de las normas de regulación”.

La auditoría concluye que ese principio no se cumplió: no hubo un accionar proactivo de fiscalización que garantizara que todos los establecimientos —sin excepción— fueran revisados con una frecuencia razonable.

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Al momento de presentarse la auditoría, uno de cada cinco laboratorios no habían recibido una inspección.

A esto se suma un problema documental. La ANMAT informó a los auditores el listado de inspecciones por número de orden, en un archivo de Excel, y remitió a un sistema de consulta pública para verificar los cierres de cada una. Pero cuando se cotejó esa información contra las actas de inspección propiamente dichas —el respaldo documental de lo que efectivamente se controló en cada visita— constató que esas actas no estaban disponibles ni en el link público ni en el sistema informático interno del organismo. Es decir que existe un registro de que la inspección ocurrió, pero no siempre existe el documento que prueba qué se encontró en el laboratorio.

La auditoría destacó que la ausencia de una fiscalización periódica “impide verificar el cumplimiento efectivo de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control por parte de los establecimientos habilitados”, lo que conlleva “un riesgo sanitario, derivado de la posible elaboración, acondicionamiento o importación de especialidades medicinales sin el debido cumplimiento” de esas prácticas.

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Gabriela Mantecón Fumadó y Agustina Bisio

Consultada por los auditores, la gestión que asumió en enero de 2026 respondió que las inspecciones se planifican según un modelo de “evaluación en base a riesgo”, detallado en un manual interno (1000-MAN02) y en un procedimiento específico para BPF (2120-POE043-01). Según ese esquema, la frecuencia de cada inspección se define ponderando tres factores: la cantidad de establecimientos a inspeccionar, la disponibilidad de comisiones de inspectores y el propio procedimiento de inspección, además de un cálculo de riesgo intrínseco y extrínseco de cada planta, que se guarda en legajos de papel y, parcialmente, en un sistema digital que el organismo reconoció que todavía está “en proceso de actualización”.

Lo que la respuesta oficial no hizo, señala expresamente la auditoría, fue referirse de forma directa a que los auditados “no emiten opinión respecto de los establecimientos habilitados (51 de un total de 235) que no han sido inspeccionados desde hace más de cinco (5) años”.

El informe encomendó que la máxima autoridad de ANMAT incorpore plazos formales de inspección, algo que hoy la norma no exige. Además, que el INAME instruya la realización de inspecciones priorizando justamente a los establecimientos que llevan más tiempo sin ser controlados, y que garantice —esta vez sí— que las actas de cada visita queden archivadas y disponibles en el sistema institucional, para que la transparencia del proceso pueda auditarse en el futuro.

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Marcha de familiares de las víctimas del fentanilo en el Monumento a la Bandera de RosarioMarcelo Manera

El propio informe clasifica el impacto de esta falencia como “Alto”, la categoría más grave dentro de la escala que utiliza la auditoría para calificar sus observaciones. Es la misma calificación que recibieron los principales incumplimientos vinculados a laboratorios individuales detectados en el resto del documento, lo que indica que, para los auditores, se trata de una falla estructural que afecta, potencialmente, a cualquiera de los 235 laboratorios que hoy producen medicamentos en la Argentina —sepa o no el paciente cuál de ellos fabricó lo que está tomando.

Actualmente, Nélida Agustina Bisio, extitular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, exresponsable del Instituto Nacional de Medicamentos se encuentran imputadas en la causa por el fentanilo contaminado. Fueron detenidas este mes y liberadas bajo fianza.




Camila Dolabjian,Conforme a

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La CGT ya recibió señales positivas sobre la visita del Papa, pero podrían reprogramarse algunas actividades

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Una veintena de dirigentes de la CGT ya está recibiendo las invitaciones de la Conferencia Episcopal Argentina para el encuentro con el Papa León XIV que está programado para el 9 de noviembre en el Campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), que contará con la participación de representantes del empresariado y de los movimientos sociales.

Se trata de la señal más concreta que tiene la CGT de que la gira del Sumo Pontífice por la Argentina, Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, no se cancelaría a pesar de que fue operado por un cáncer de pulmón hace una semana, tras lo cual los médicos aseguraron que el tumor que le extirparon no se había extendido y que él no requerirá de ningún tratamiento adicional.

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Aunque el viaje no está confirmado oficialmente, tampoco fue suspendido e incluso hubo indicios de que se mantendrán los planes de León XIV. Por un lado, reapareció este domingo para encabezar el Ángelus en el Vaticano luego de ser operado. Por otro, durante la audiencia general del miércoles en la plaza de San Pedro, el Papa se detuvo ante una pareja de recién casados santafesinos, escuchó su pedido de que visite el país y respondió con una sonrisa: “Argentina, allá vamos”.

El Papa León saluda antes de celebrar su primera audiencia general en la Plaza de San Pedro tras su operación de cáncer (Foto: Reuters/Yara Nardi)

En nuestro país incluso se pusieron en marcha los preparativos para las actividades programadas en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Por lo pronto, el gobierno porteño arrancará este sábado un operativo especial que impondrá cortes de tránsito durante tres semanas en el barrio de Palermo por el montaje de estructuras y actos previstos en la zona.

Las autoridades del Episcopado Argentino ya comenzaron a enviar las invitaciones a los sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales que participarán del encuentro del Papa con el mundo del trabajo, previsto para el lunes 9 de noviembre.

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En ese sentido, los dirigentes de la CGT tendrán el martes próximo un encuentro de su mesa chica para avanzar con los detalles organizativos de otros contactos con León XIV, como la presencia sindical en la misa que oficiará el 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de seguir viaje a Perú.

La mesa chica de la CGT, en la última reunión realizada en la UOCRA

De todas formas, a los sindicalistas ya les anticiparon que el Papa reprogramará su agenda en nuestro país a raíz de su cuadro de salud, por lo que se prevé que haya cancelaciones de algunas actividades planeadas.

La CGT se movilizó el 8 de este mes en defensa de la industria nacional y sus líderes advirtieron que “la lucha se va a seguir profundizando” si no hay rectificaciones en la política socioeconómica del Gobierno, aunque, en la práctica, el plan de lucha quedó postergado hasta la finalización de la visita del Papa a la Argentina.

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Los líderes cegetistas buscan que León brinde algún mensaje en nuestro país que pueda ser interpretado en contra de la política socioeconómica de Javier Milei y no descartan realizar el quinto paro general en la gestión libertaria durante la segunda quincena de noviembre.

El 12 de septiembre pasado, dos dirigentes de la CGT (Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo) y el titular de la el titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, participaron de una audiencia privada con el Papa en el Vaticano luego del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur, junto a representantes sindicales y empresariales de distintos países.

El Papa León XIV, entre señales de que confirmará su gira por la Argentina, Uruguay y Perú (Foto: Kike Rincón/Europa Press)

Respecto de la visita de León a la Argentina, hasta ahora está previsto que llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16.30, procedente de Uruguay. Ese día rendirá homenaje al general José de San Martín, participará de una ceremonia en la Casa Rosada, mantendrá una audiencia con Milei y se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

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La agenda del lunes 9 incluirá una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y una misa multitudinaria ante el Monumento de los Españoles, prevista para las 11.30. También están agendados el encuentro con representantes del mundo del trabajo en la UCA, una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y la celebración de las vísperas con el Episcopado y un homenaje al Papa Francisco en la Catedral Metropolitana.

El Papa León XIV, con Alejandro Gramajo, del sindicato de los movimientos sociales, en el Vaticano

El martes 10 viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y reunirse con integrantes de la Iglesia local. Por la noche regresará a Buenos Aires para encabezar, a las 20.15, una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11, León XIV visitará un establecimiento penitenciario federal y celebrará la misa frente a la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú.

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Pietro Parolin,Fratelli tutti,Vaticano,papa

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El acusado de amenazar a Waldo Wolff reconoció el delito, pidió disculpas en un video y visitará dos museos

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La causa judicial iniciada contra un hombre que amenazó al legislador porteño Waldo Wolff y a su familia con mensajes antisemitas a través de Instagram llegó a su fin tras una mediación penal en la que el acusado reconoció el delito, expresó su arrepentimiento y aceptó cumplir una serie de compromisos que incluyen visitas al Museo Ana Frank y al Museo del Holocausto de Buenos Aires.

El caso se remonta a marzo de este año, cuando Santiago Peralta, de 29 años, envió una serie de mensajes intimidatorios a la cuenta privada de la red social del diputado, en los que dirigió insultos antisemitas y amenazas contra su esposa e hijos. Wolff presentó la denuncia el 6 de marzo, lo que activó el trabajo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, que rastreó el origen de las comunicaciones.

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Las tareas de investigación digital permitieron vincular los mensajes a un domicilio ubicado en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Con la intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del fiscal Miguel Kessler y la autorización del Juzgado PCyF N° 12, bajo la titularidad del juez Juan Neumann, se concretó un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Durante el operativo, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares que fueron sometidos a peritaje.

Una vez avanzada la instrucción, el proceso derivó en una instancia de mediación penal. Allí, Peralta reconoció la autoría de los hechos y formalizó su arrepentimiento en un testimonio grabado. Como parte del acuerdo, aceptó cumplir una probation que contempla la visita a dos espacios de memoria vinculados con el Holocausto.

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En una carta dirigida al legislador y a su familia, el acusado escribió: “Quiero expresar mis más sinceras disculpas por las expresiones inoportunadas vertidas en la red social Instagram”.

En el mismo texto, Peralta señaló que ya había concurrido al Museo de Ana Frank y al Museo del Holocausto durante el mes de octubre, y admitió que “esas expresiones son totalmente inaceptables y que las posiciones políticas nunca pueden justificar un insulto y mucho menos agravios y amenazas hacia nadie”.

Wolff valoró el desenlace del proceso y aceptó las disculpas. “Acepto su arrepentimiento y espero que su experiencia sirva para que otros entiendan que se puede y debe discutir de política sin pasar límites inaceptables. Toda acción trae sus consecuencias”, expresó el legislador porteño.

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El caso no es un hecho aislado en la trayectoria judicial del diputado frente al antisemitismo en plataformas digitales. En mayo, la justicia porteña resolvió otra causa iniciada por Wolff contra un usuario de la red social X que le había escrito “gordo jabón” en el marco de una discusión política. Esa expresión constituye una referencia directa a una de las prácticas del régimen nazi durante el genocidio: la fabricación de jabón con los restos de los cuerpos de las víctimas asesinadas en los campos de exterminio.

En aquella oportunidad, el propio legislador lo explicó: “Saben lo que es el término jabón. Es lo que hacían los nazis con los judíos después de pasarlos por la cámara de gas”. La causa fue encuadrada en el artículo 71 del Código Contravencional porteño y tramitada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 13, especializada en discriminación, a cargo de la fiscal Andrea Scanga, bajo la conducción del fiscal general Martín López Zabaleta.

También en ese caso, el agresor —identificado como Marcelo Fredes— reconoció los hechos, pidió disculpas y se comprometió a participar de una jornada de reflexión en el Museo del Holocausto.

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Con ambas resoluciones, Wolff subrayó que este tipo de procesos judiciales marca un antes y un después en el tratamiento de los discursos de odio en Argentina. “Esto sienta un precedente enorme en la Argentina. Tenés que saber que a partir de ahora que alguien te diga jabón es un delito”, afirmó el diputado en referencia al caso de la plataforma X, una advertencia que cobra mayor dimensión a la luz del cierre de la causa por las amenazas recibidas a través de Instagram.

La resolución de ambos expedientes dejó en evidencia que las herramientas de investigación digital disponibles permiten identificar a los responsables de mensajes de odio y amenazas, incluso cuando operan desde cuentas anónimas o privadas. En el caso de Peralta, la denuncia presentada ante la Policía de la Ciudad fue suficiente para que los especialistas en ciberdelitos rastrearan la dirección IP vinculada a la cuenta utilizada y determinaran el domicilio desde el que se enviaron los mensajes.

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Malvinas: el Gobierno busca modificar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional tras los pedidos de aliados y de EE.UU.

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El oficialismo convocó para este martes a las 16 al plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, con el objetivo de avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsó el presidente Javier Milei. La iniciativa tendrá modificaciones a partir de los planteos de los bloques aliados y de las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que podría tener la norma en sus empresas.

La negociación está coordinada por la diputada libertaria Silvana Giudici, quien mantiene conversaciones con los sectores cercanos al oficialismo para acercar posiciones antes de la reunión. Para La Libertad Avanza, el encuentro podría ser el último paso antes de la firma de los dictámenes, aunque todavía no hay un acuerdo cerrado.

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El plenario está encabezado por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, titulares de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, respectivamente.

“En cada reunión de comisiones, nosotros tenemos la intención de firmar los dictámenes”, le dijo a TN una de las autoridades del plenario.

Desde el Congreso y la Casa Rosada aseguran que el tratamiento continúa activo y que el oficialismo trabaja para consensuar los cambios con los bloques dialoguistas, que ya presentaron sus propuestas.

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Silvana Giudici, diputada nacional de La Libertad Avanza, lleva adelante las negociaciones del dictamen con los aliados. Foto: Cámara de Diputados.

Argentina Federal advierte que podría votar en contra

Uno de los principales desafíos para el oficialismo es conseguir el respaldo de Argentina Federal, la bancada que conduce Oscar Herrera Ahuad y que mantiene vínculos con los gobernadores de Misiones y Salta. El espacio tuvo un papel relevante en las negociaciones por la nueva ley de discapacidad, pero ahora mantiene objeciones al proyecto sobre soberanía.

El diputado misionero Alberto Arrúa, uno de los nueve integrantes del bloque, anticipó que votará en contra de la iniciativa.

“El proyecto no se limita a proteger los recursos argentinos vinculados con Malvinas: también modifica normas de defensa, seguridad interior e inteligencia. El Gobierno obliga al Congreso a discutir la causa Malvinas junto con reformas que deberían tener tratamiento autónomo. Según la versión debatida, contempla penas de prisión de cinco a doce años vinculadas con la alteración de procesos electorales y las campañas de desinformación”, advirtió el legislador.

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La reunión del martes será clave para determinar si La Libertad Avanza consigue las firmas necesarias para un dictamen de mayoría. Si no alcanza ese objetivo, Zapata podría convocar a un nuevo plenario, aunque el oficialismo perdería impulso político en la discusión de la iniciativa.

Santiago Caputo ratificó que la ley es una prioridad

El asesor presidencial Santiago Caputo defendió la importancia que el Gobierno le asigna al proyecto y sostuvo que la iniciativa forma parte de su estrategia sobre la cuestión Malvinas.

Asesor presidencial Santiago Caputo.(Foto: Nicolás González / Videolab).
Asesor presidencial Santiago Caputo.(Foto: Nicolás González / Videolab).

“La Ley Malvinas es prioridad de este Gobierno porque la causa Malvinas como ya ha dicho el Presidente es una causa sagrada para los argentinos y ningún gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro. La mayoría de los gobernadores ya han expresado su apoyo al proyecto como así también la mayoría de los bloques aliados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores”, afirmó.

Sin embargo, el oficialismo debe resolver los cuestionamientos de sus aliados y las observaciones formuladas desde Estados Unidos sobre el alcance de las sanciones previstas en el texto.

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Los cambios que negocia el Gobierno tras los planteos de EE.UU.

El viernes hubo reuniones en la Casa Rosada entre el presidente Javier Milei y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Durante esos encuentros, la administración estadounidense advirtió sobre las posibles consecuencias para sus empresas de las sanciones contempladas en el primer capítulo del proyecto.

Ese apartado apunta contra las compañías vinculadas con el proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y alcanza también a empresas asociadas con ellas en otros emprendimientos.

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