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Sudamérica produce entre 3.800 y 4.000 toneladas de cocaína por año, reveló la ministra Alejandra Monteoliva

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Argentina como sede de la cumbre antidrogas más grande del mundo y los preparativos para recibir al papa León XIV fueron los dos ejes de la extensa entrevista que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, concedió este miércoles a Eduardo Feinmann en radio Mitre.

En el tramo más denso de la charla, Monteoliva expuso datos que ubican a Sudamérica como el mayor productor de cocaína del planeta y explicó por qué la elección de Buenos Aires como sede de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas —el foro antinarcóticos más relevante del mundo, organizado por la DEA— representa, en sus propias palabras, “un voto de confianza muy importante para nuestro país” y “un mensaje al mundo”.

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Argentina en el epicentro del combate global al narcotráfico

La ministra fue categórica al describir el escenario regional: “Sudamérica es identificada hoy como el epicentro de la cocaína, el epicentro de la cocaína mundial”. Y aportó la cifra que sostiene esa afirmación: el continente produce entre 3.800 y 4.000 toneladas de cocaína por año.

El crecimiento no es homogéneo, pero sí generalizado. “Colombia hoy produce cinco veces más que hace diez años atrás. Bolivia produce más, Perú produce más”, enumeró Monteoliva. “Es un fenómeno muy significativo”, remató.

Frente a ese cuadro, la ministra trazó una distinción técnica que considera central para entender el rol de Argentina en la cadena del narcotráfico: “La producción es local, el tránsito es regional y el consumo es global”. Argentina, aclaró, es un país de tránsito, no de producción. “No es de producción como tal, de plantaciones de hojas de coca”, precisó.

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Pero la distinción no termina ahí. Monteoliva citó el último informe de la Organización Mundial de Aduanas para mostrar un cambio en el mapa de las incautaciones globales: cuando se analizan los puertos de procedencia de los cargamentos decomisados —ya sea en Sudáfrica, en puertos del norte de Europa o en el sudeste asiático— Argentina aparece en el último puesto del ranking.

“Antes era un colador, Argentina era una cosa impresionante”, intervino Feinmann. La ministra ratificó el contraste: “Argentina está en el último puesto. En el primer puesto está Brasil”. Uruguay, añadió, también se ubica por encima de Argentina en ese listado.

La nueva modalidad del “buque madre” y el cambio en la inteligencia criminal

La Policía Federal Argentina incautó una importante cantidad de drogas y elementos para su producción durante el allanamiento a una cocina de cocaína en la Villa Rodrigo Bueno de Puerto Madero.

Monteoliva describió una transformación en la logística del tráfico que obliga a repensar las estrategias de persecución. Los grandes cargamentos que antes llegaban completos a puerto cambiaron su dinámica. Ahora operan mediante lo que se denomina un “buque madre”: una embarcación que navega en alta mar cargada con grandes volúmenes de cocaína y, en pleno océano, distribuye porciones a distintos buques menores.

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“A un buque madre, voy a poner un ejemplo, que vaya con x cantidad de toneladas de cocaína, se desprenden distintos buques en alta mar”, explicó. “Mil kilos, ¿sí? Y distintos buques hacen una distribución en alta mar”. La ministra subrayó que esta modalidad “era algo que hace años atrás no venía” y que está implicando “un trabajo de inteligencia criminal distinto”.

La 40ª conferencia de la DEA: “Esto no había sucedido nunca en Argentina”

En ese contexto, Monteoliva presentó la 40ª edición de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) —que se desarrolla entre el martes y el jueves de esta semana en Buenos Aires, con el Ministerio de Seguridad como coanfitrión junto a la DEA— como un hito sin precedentes. “Es la cuadragésima, la versión número cuarenta. Esto es histórico en el país”, afirmó. “Tenemos presencia de ciento veinte países. Está el director de la DEA. Eso no ocurrió nunca en Argentina, nunca en Argentina”. La ministra describió el evento como una conferencia donde, durante tres días a puerta cerrada, “se definen las políticas de drogas globales”. Y destacó el peso político de la sede: “Hoy Argentina es sede de esa referencia”.

En ese marco, Monteoliva aprovechó para exponer el caso de Rosario ante los delegados presentes. “En la región nos miran”, sostuvo. Más allá de las sesiones plenarias, la conferencia incluyó una ronda intensa de reuniones bilaterales. “Hoy me reúno con mi par de México, con el de Colombia, con el de Bolivia. Nos vamos reuniendo de a dos países, y eso ayuda muchísimo, porque es sobre todo intercambio de información”, detalló.

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El mensaje que Argentina lleva a esas mesas bilaterales, según la ministra, tiene tres pilares: “Somos un socio que está, que colabora, somos un socio que comparte información y somos un socio que está dispuesto a actuar”. La organización del evento implicó además un operativo de seguridad de envergadura. “Tengo a los ministros de Seguridad de buena parte del mundo, están los jefes de policías, están todos los delegados, directores de la DEA de ciento veinte países”, describió Monteoliva.

La primera reunión en Casa de Gobierno por la visita del papa León XIV

El segundo bloque de la entrevista giró en torno a los preparativos para recibir al papa León XIV, cuya visita apostólica está prevista del 8 al 11 de noviembre próximo. Monteoliva participó de la primera reunión formal de coordinación celebrada en Casa de Gobierno, que definió como “bien importante” y “aclaratoria”. De la mesa participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello; el canciller Pablo Quirno; funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires; el nuevo nuncio apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach —presente en el país desde hace pocas semanas—; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; y otros sacerdotes con tareas específicas en la organización. El primer punto que la reunión dejó en claro fue la distribución de roles. “La agenda la termina y la cierra el Vaticano”, subrayó Monteoliva.

Ese fue, dijo, uno de los puntos centrales que hacía falta explicitar. El segundo: que el evento en su conjunto —desde la llegada del Santo Padre hasta el miércoles 11 de noviembre— lo organiza el Gobierno de la Nación Argentina, en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

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Tres sedes para las misas masivas y una avanzada el 30 de agosto

La ministra confirmó los tres lugares que concentrarán las celebraciones eucarísticas multitudinarias: el Monumento de los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires, la Basílica de Nuestra Señora de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) en Córdoba. Este último tiene para Monteoliva una resonancia personal: en 1987, cuando Juan Pablo II visitó el país, ese mismo predio fue sede de la misa cordobesa. Sobre la posibilidad de que el estadio Monumental de River Plate sea uno de los escenarios, la ministra fue escueta: “No está definido”. La próxima fecha clave en el cronograma de preparativos es el 30 de agosto, cuando llega al país la segunda avanzada vaticana. “Ahí vamos a definir con mayor precisión lugares específicos, porque cuando estuvieron a finales de junio hicimos un relevamiento de varios lugares, pero no todos se iban a utilizar”, explicó. Los horarios de las misas, aclaró, tampoco están fijados aún: “La hora de la misa todavía no la sé”.

El dispositivo de seguridad y las dos resoluciones que prepara Monteoliva

La ministra detalló la arquitectura del operativo de seguridad. La protección inmediata del Santo Padre estará a cargo de la Gendarmería del Vaticano y la Guardia Suiza. El Ministerio de Seguridad tendrá bajo su responsabilidad el diseño de los dispositivos a partir de los requerimientos del Vaticano, el control y manejo de multitudes, y el cuidado de “la investidura del Santo Padre” en conjunto con la seguridad vaticana. Pero el alcance del operativo excede ampliamente la Ciudad de Buenos Aires. “Va a implicar un despliegue especial en rutas, en fronteras. Van a venir personas de los países vecinos, en puertos, en aeropuertos”, enumeró. Y añadió que los movimientos por tierra de todas las provincias requerirán coordinación específica. Monteoliva señaló que está próxima a firmar dos resoluciones de “comandos unificados”, el instrumento legal que le permite organizar formalmente el despliegue. “Es lo que a mí me permite empezar a organizar el despliegue”, explicó. El pedido que la Iglesia llevó a la reunión fue, según la ministra, uno solo: coordinación entre todas las jurisdicciones. “Creo que se fueron muy satisfechos con la respuesta”, evaluó. “Es imposible hacerlo en solitario”.

“Nunca me imaginé que me tocaría tener esta tarea”

Monteoliva no ocultó la dimensión personal que tiene para ella la organización de esta visita. A los 17 años estuvo en Córdoba como “servidora” —una figura que se había instalado en el país desde el Encuentro Internacional de la Juventud de 1985— durante la visita de Juan Pablo II en 1987. Aquella noche, ella y otros jóvenes hicieron la vigilia cantando frente al arzobispado de avenida Hipólito Yrigoyen, donde el papa pernoctó antes de la misa en el predio de FADEA. “Yo no sé cómo durmió ese hombre, porque cantábamos toda la noche”, recordó entre risas. Casi cuatro décadas después, esa misma mujer integra la mesa que organiza la llegada de un nuevo pontífice. “Nunca me imaginé que me tocaría algún día tener esta tarea”, admitió. Y sobre lo que implica la visita más allá de su rol institucional: “Para mí es algo muy especial. Yo creo que para todos los argentinos es una bendición, independientemente de católico o no católico”. Feinmann sintetizó el arco: “A los diecisiete años estaba ahí en la visita de un papa. Y ahora usted está en la mesa de organización de la visita de un papa”. Monteoliva respondió con una sola palabra: “Exactamente”.

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El Gobierno asegura que no colaboró con la fuga de Bolsonaro y mantendrá silencio sobre su asilo en EE.UU.

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El Gobierno busca evitar una nueva escalada diplomática con Brasil en medio del escándalo por la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. La Casa Rosada descarta realizar nuevos pronunciamientos sobre el excandidato presidencial brasileño y mantiene como posición oficial que no existen registros de su ingreso a la Argentina. La decisión se produce después de que circularan versiones sobre una presunta salida del senador a través de Puerto Iguazú, pese a la prohibición judicial que le impedía abandonar su país.

En la primera línea del Ejecutivo aseguran que no está previsto que el Gobierno se pronuncie cuando Bolsonaro llegue a Estados Unidos. Buscan mantener una posición de reserva y evitar que el episodio genere nuevas fricciones con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, que acaba de conseguir la reelección en el balotaje del domingo.

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La Dirección Nacional de Migraciones informó oficialmente que no registra ningún ingreso de Flávio Bolsonaro a territorio argentino. El organismo difundió un comunicado después de que trascendiera la presencia de una aeronave privada en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, que tenía previsto realizar un vuelo hacia Estados Unidos durante la madrugada de este martes.

El organismo explicó que, ante la repercusión del caso, las autoridades iniciaron controles sobre la aeronave y su tripulación. Según el informe, la documentación de la compañía se encontraba en regla y no se había presentado ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

La aeronave involucrada es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por la empresa argentina Baires Fly, que salió el lunes por la noche desde Aeroparque y aterrizó cerca de la medianoche en Puerto Iguazú. El avión había sido contratado para trasladar a cuatro ciudadanos brasileños hacia Estados Unidos, pero el viaje fue cancelado antes de que los pasajeros abordaran. Hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el senador integrara ese grupo.

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Lula da Silva y Javier Milei en la cumbre del Mercosur de Buenos Aires (Foto: Reuters).

En las fuerzas federales argentinas también niegan haber participado de un operativo de colaboración con la Policía Federal brasileña para localizar al dirigente. Fuentes consultadas por TN en Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otras áreas de seguridad aseguraron que no tenían registradas comunicaciones específicas relacionadas con su presunto ingreso al país.

“Nosotros no tenemos nada aún. No creo que cambie porque también se consultó a Migraciones, que son los que registran los ingresos”, explicó una fuente de las fuerzas federales. Desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria también descartaron contactos propios con sus pares brasileños. Las respuestas corresponden a las áreas consultadas y no permiten descartar que otras dependencias hayan recibido requerimientos de información.

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El Gobierno oficializó la disolución de Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas

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El Gobierno oficializó este miércoles la disolución de Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante el Decreto 1286/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida dispone “el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del Iosfa a cargo del Administrador que designe el Ministerio de Defensa”.

Según la normativa, “el Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) determinará, conforme su estructura vigente y las necesidades operativas del organismo, los puestos de trabajo requeridos y su dotación necesaria”.

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En esa dirección, el decreto establece que, “en función de ello, identificará al personal del Iosfa que resulte necesario para el adecuado cumplimiento del objeto de la OSFA con el fin de formalizar su transferencia, conforme el régimen jurídico aplicable a la situación de revista del personal”.

La medida publicada en el Boletín Oficial tuvo lugar luego de que, a principios de octubre, el gobierno de Javier Milei anunciara que destinará fondos del Tesoro nacional a la cancelación de la deuda de la obra social de los militares, que alcanza los $210.000 millones, a partir de acuerdos con unos 2000 proveedores y prestadores que, por falta de pago, mantienen casi paralizada la atención médica de los afiliados.

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Se estima que hay unos 30 grandes acreedores de la obra social, aunque la deuda se extiende a un amplio número de clínicas, farmacias, cadenas de farmacias, laboratorios, asociaciones y colegios profesionales, proveedores de prótesis e insumos y profesionales que prestan atención médica.

Ese anuncio, realizado por el Ministerio de Defensa y publicado por la Oficina del Presidente, se conoció en momentos en que la crisis de la OSFA se agudizó. En septiembre, había renunciado el administrador de la estructura residual del antiguo Iosfa, coronel retirado Ariel Guzmán, quien trabajaba en el proceso de liquidación del organismo.

Otro de los elementos que emergen de la decisión del Ejecutivo es que el administrador del Iosfa deberá evaluar “la situación de revista de su personal que no resulte transferido a la OSFA y dispondrá las medidas que correspondan, conforme el régimen jurídico aplicable en el ámbito de su competencia”.

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IOSFA, a punto de ser disuelta por el Poder Ejecutivo

En el documento también se hace alusión a la situación de las diversas fuerzas a partir de la nueva reglamentación. “El personal perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina y a la Prefectura Naval Argentina que revista en comisión de servicios o se encontrare adscripto prestando servicios en el Iosfa deberá reincorporarse a su respectivo organismo de origen”, consignó el Poder Ejecutivo.

Finalmente, la resolución que lleva la rúbrica del presidente Javier Milei y de los principales ministros del Gabinete alude al paso siguiente una vez concretada la supresión del Iosfa. “Concluida la liquidación, los compromisos y obligaciones pendientes derivados de la situación del personal que no hubiera sido transferido serán asumidos por el Ministerio de Defensa. El personal de planta permanente con estabilidad que a esa fecha se encuentre en situación de disponibilidad continuará en ella en el ámbito de dicho Ministerio hasta su reubicación o baja, conforme la normativa aplicable”, finaliza el decreto.



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El Ministerio de Seguridad creó un programa para priorizar la captura de prófugos con mayor peligrosidad

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El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Programa “Los Más Buscados”, una estructura que reunirá información oficial y aplicará criterios de análisis para ordenar la búsqueda de personas prófugas o evadidas de la Justicia según su nivel de peligrosidad. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1089/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El programa funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), que depende de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales. Su objetivo será consolidar una base de datos y definir prioridades operativas para las fuerzas federales encargadas de localizar a personas con pedidos de captura.

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La nueva herramienta será alimentada de manera permanente con información del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el Programa Nacional de Recompensas y otras bases oficiales. Además, el Ministerio de Justicia fue invitado a aportar los registros disponibles sobre antecedentes penales, rebeldías y órdenes de captura vigentes a través de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

Según la norma, el sistema deberá clasificar los casos a partir de criterios técnicos y variables objetivas. Entre ellas figuran la gravedad de los delitos imputados o por los que existan condenas, las penas previstas o aplicadas, los antecedentes de reincidencia y el eventual vínculo con organizaciones criminales.

De acuerdo con lo que fija el anexo de la normativa, el sistema automatizará la clasificación de prófugos y evadidos según su nivel de peligrosidad. También prevé que la Mesa de Evaluación defina, valide y actualice los parámetros objetivos para ese cálculo. La resolución no publica la fórmula específica ni el peso que tendrá cada variable, ni identifica a las personas que integrarán inicialmente la nómina de mayor prioridad.

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El Ministerio sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de contar con mecanismos de localización e identificación más coordinados frente al crimen organizado y al número de personas que se encuentran fuera del alcance de la Justicia.

La Resolución 1089/2026 también dispone la creación de una Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas, que funcionará dentro del nuevo programa. La mesa tendrá como función analizar los casos y contribuir a la definición de prioridades. De ese modo, la información reunida por las distintas dependencias y fuerzas deberá convertirse en decisiones sobre los objetivos de búsqueda y recaptura.

El espacio estará integrado por representantes de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.

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También participarán áreas especializadas de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. La medida habilita, además, la convocatoria de representantes del Poder Judicial de la Nación, de los ministerios públicos y de otros organismos competentes, en calidad de colaboradores.

El responsable del desarrollo, mantenimiento y actualización del sistema será el titular de la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad. La resolución le asigna también el fortalecimiento de las políticas de protección de datos y de gestión de la información, un punto vinculado a la centralización de registros personales y judiciales en una misma herramienta.

En sus considerandos, el Ministerio menciona modelos implementados en Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y México. Entre los antecedentes citados aparecen el Crime Severity Score británico, las listas de fugitivos buscados por el FBI y el U.S. Marshals Service, las notificaciones rojas de Interpol y los listados de personas buscadas elaborados por fuerzas de seguridad de países latinoamericanos.

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La medida también reconoce antecedentes locales. Entre ellos, el Programa Nacional de Recompensas, regulado por disposiciones de 2012 y 2022, y la lista de “Los más buscados” que el Ministerio de Justicia puso en marcha en 2016. La nueva resolución plantea que esos instrumentos requieren mayor articulación y una metodología de priorización sistematizada.

La implementación dependerá ahora de la provisión regular de datos por parte del SIFCOP, el Programa Nacional de Recompensas y los organismos que adhieran al esquema. La Subsecretaría de Investigación Criminal será la encargada de establecer los criterios bajo los cuales esa información ingresará al sistema y se utilizará para clasificar los casos.

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