La reforma de la Ley de Salud Mental obtuvo media sanción en el Senado durante la madrugada de este viernes, con 42 votos a favor y 21 en contra. Sin embargo, para alcanzar ese resultado, Patricia Bullrich tuvo que negociar con los bloques aliados y aceptar cambios en el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El financiamiento de los servicios provinciales y la participación de los psicólogos en las decisiones sobre internaciones fueron los principales ejes de una discusión que se extendió hasta la madrugada.

La iniciativa había llegado a la sesión con diferencias que el oficialismo todavía no había conseguido resolver. Aunque La Libertad Avanza contaba con el acompañamiento del PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas, varios senadores condicionaban su respaldo a la incorporación de garantías presupuestarias y modificaciones en la integración de los equipos profesionales.

El proyecto ya había sufrido cambios durante su tratamiento en comisiones, pero Bullrich debió aceptar nuevas modificaciones para asegurar su aprobación y posterior giro a la Cámara de Diputados.

La negociación expuso una dificultad para el Gobierno: conseguir respaldo para modificar las reglas de atención sin que las provincias deban asumir mayores responsabilidades con recursos propios.

Los fondos para las provincias, la principal concesión de Bullrich

El financiamiento fue uno de los puntos que más complicó las negociaciones. Los senadores de las provincias reclamaban que la reforma estableciera obligaciones concretas para el Estado nacional, ante el riesgo de que los nuevos dispositivos de atención y las mayores exigencias profesionales quedaran bajo responsabilidad de los gobiernos locales.

Bullrich aceptó reforzar la obligación de cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La nueva redacción contempla la posibilidad de establecer convenios bilaterales para determinar los aportes destinados a implementar los cambios.

Los recursos deberán coordinarse en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) y estarán orientados al fortalecimiento del personal, los dispositivos comunitarios y el desarrollo de la telemedicina, entre otras necesidades.

La discusión tenía antecedentes en las comisiones. Varios legisladores habían firmado el dictamen de mayoría con disidencias porque consideraban insuficientes las garantías de financiamiento.

Por su parte, el bloque Convicción Federal presentó un dictamen de minoría. La senadora jujeña Carolina Moisés cuestionó la posibilidad de ampliar las internaciones sin asegurar previamente la infraestructura y los profesionales necesarios.

“Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios. Manteniendo en su propuesta, como en la de los libertarios, la internación involuntaria”, sostuvo en declaraciones a TN.

La legisladora también planteó uno de los interrogantes centrales de la reforma: cómo garantizar la atención de los pacientes si los establecimientos y los equipos profesionales continúan funcionando con limitaciones presupuestarias.

“Coincidimos en la necesidad de la internación obligatoria, sin embargo, si no están los espacios físicos ¿dónde van a internar a los enfermos? ¿Si no se establece el financiamiento adecuado, quienes van a atender a los pacientes en casos tan vulnerables?”, cuestionó.

Para despejar esas objeciones, el oficialismo aceptó una redacción más precisa sobre las obligaciones nacionales y la posibilidad de acordar aportes con las distintas jurisdicciones.

De todos modos, la implementación efectiva de esos compromisos dependerá de los convenios y los recursos presupuestarios disponibles, un aspecto que seguirá bajo discusión cuando el proyecto llegue a Diputados.

El reclamo de los psicólogos y los cambios que el oficialismo aceptó en el recinto

La otra concesión importante estuvo vinculada con la composición de los equipos profesionales encargados de evaluar las internaciones y las altas médicas.

El proyecto original del Poder Ejecutivo otorgaba un papel central a los psiquiatras. Esa propuesta generó cuestionamientos de las facultades de Psicología y de representantes provinciales, que reclamaban preservar la intervención de los equipos interdisciplinarios.

La presión obligó al oficialismo a modificar los requisitos para autorizar internaciones. El texto consensuado establece que la evaluación deberá contar con un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y un segundo profesional que deberá ser psicólogo.

Además, se reconoció la participación de estos profesionales en las evaluaciones y las decisiones sobre el alta de los pacientes.

El cambio fue uno de los puntos discutidos entre la Nación y las provincias en el COFESA, donde distintos representantes reclamaban una mayor equiparación entre ambas profesiones.

Durante el cierre del debate, Bullrich se refirió a esa discusión y rechazó la confrontación entre psicólogos y psiquiatras.

“Son dos miradas o formas de encarar el problema, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, sostuvo la jefa del bloque libertario.

La reforma también amplía los criterios para disponer internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de una persona o de terceros.

En los casos excepcionales en los que un solo médico indique una internación por riesgo grave, el plazo para revalidar la decisión mediante una evaluación interdisciplinaria pasa de 24 a 48 horas.

Además, se habilitan las teleconsultas en lugares donde no haya especialistas disponibles y se introducen cambios en el abordaje de los consumos problemáticos, con la inclusión de otras adicciones, como la ludopatía.

Pese a las modificaciones, el texto mantiene dos principios de la legislación vigente: la prohibición de crear manicomios y el carácter excepcional de las internaciones.

El senador libertario Pablo Cervi defendió la iniciativa y sostuvo que permitirá actuar con mayor rapidez frente a situaciones críticas.

“Esta reforma busca saldar una deuda histórica con las personas que atraviesan problemas de salud mental y sus familias, permitiendo intervenir a tiempo y, cuando sea necesario, facilitar internaciones que eviten situaciones de riesgo para los propios pacientes y para terceros”, afirmó.

La votación dejó un resultado favorable para el Gobierno, aunque también mostró el peso de los bloques dialoguistas en la definición del texto.

Javier Milei llevaba cuarenta minutos hablando solo. Había llegado con un semblante llamativamente distendido al Salón Eva Perón de la Casa Rosada, listo para arrancar la semana con un gabinete que esperaba, ante la ausencia de comunicados oficiales y posteos en redes, las definiciones de su líder sobre la agenda internacional.

Con un gesto mecánico que ni siquiera meditó, uno de los funcionarios que intentaba no distraerse escuchando el monólogo, manoteó el bolsillo interno de su saco y buscó, sin éxito, su teléfono celular. Enseguida recordó que, además del silencio extremo que hay que mantener cada vez que habla su jefe, una de las principales reglas de esos encuentros es dejar los aparatos electrónicos afuera. Sin dejar de mirar hacia el frente, recordó que tenía un asunto relevante para poner en común y procuró esperar una pausa para ponerlo sobre la mesa. En esas estaba cuando el tono elevado del Presidente le indicó que era momento de asentir con la cabeza una frase que ya había oído en decenas de oportunidades.

-¡No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad!

Milei siguió con su análisis hasta completar casi una hora sin pausas en la que dejó en claro, como ya había insistido otros lunes en ese mismo lugar, que el equilibrio fiscal es innegociable, que no hay chances de ningún “plan platita”, que no cuenten con él para introducir medidas que pudieran resultar electoralmente convenientes pero contrarias a sus principios y que no está dispuesto a modificar el rumbo económico bajo ninguna circunstancia, mucho menos si todo eso es para seducir votantes de cara a 2027. Nadie discutió sus argumentos. Nadie planteó matices. Nadie ni siquiera pidió la palabra. Y el dirigente que necesitaba oídos y atención de sus colegas terminó retirándose sin respuesta y a paso lento hacia su despacho mientras, ya con su Iphone en las manos, le llegaban videos del mandatario farmeando aura desde el balcón más famoso del país ante un grupo de estudiantes que paseaba por la zona.

La escena fue una síntesis perfecta del momento que atraviesa La Libertad Avanza: el primer presidente liberal libertario de la historia argentina está convencido de que su modelo es el correcto, que los resultados terminarán dándole la razón y que cualquier desvío en el camino elegido puede convertirse en una peligrosa concesión a sus adversarios. El problema es que esa determinación económica y discursiva convive con una realidad política para nada complaciente: el gabinete esconde cada vez más matices, parte de sus propios votantes cuestiona la esencia de sus formas y hasta los principales aliados se animan a marcar límites severos.

La última reunión de coordinación ministerial, que en definitiva no fue más que una declaración de principios de Milei, se produjo apenas horas después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, un resultado que el mandatario argentino evitó reconocer públicamente. En ese contexto, no pasó inadvertida una ausencia: Patricia Bullrich, la jefa del bloque oficialista en el Senado que venía de cuestionar duramente los insultos a medios de comunicación y periodistas, prefirió no participar del encuentro aduciendo motivos personales que ninguno de los presentes desmintió pero tampoco creyó, sobre todo porque la ausencia coincidía con una seguidilla de diferencias públicas que vienen inquietando a los integrantes de la mesa chica violeta. De hecho, no iba a ser el único desmarque de esas jornadas: todavía faltaba el reconocimiento de la victoria del Partido de los Trabajadores en Brasil sobre Flávio Bolsonaro. Una autonomía funcional que “Javier comprende y tolera mordiéndose la lengua pero que Karina no logra digerir y la tiene muy preocupada”, según define una altísima fuente gubernamental.

Y todo esto sucede con la cuenta regresiva hacia la llegada del papa León XIV en su tramo final. El Gobierno necesita mostrar capacidad de diálogo, consolidar sus acuerdos parlamentarios y contener a figuras que empiezan a mirar con mayor atención sus propios proyectos políticos. En cambio, el Presidente no sólo mantiene intactas sus certezas económicas sino que redobla su confrontación con adversarios de todos los colores. En el mundo eclesiástico, donde la preocupación por las formas presidenciales ya no es ningún secreto, observan la escalada con una mezcla de incomodidad y resignación. La visita apostólica promete mensajes de encuentro y convivencia justo cuando la cúpula del poder en Argentina parece empeñada en practicar lo contrario.

Patricia Bullrich tiene motivos para estar preocupada. La experimentada dirigente, que construyó un estatuto de excepción dentro de La Libertad Avanza gracias a sus votos propios, su recorrido de décadas y un nivel de popularidad que sigue siendo superior al de la mayoría de sus compañeros de ruta, viene advirtiendo en privado que las perspectivas económicas no son las que esperaba. Y que, si la recuperación no empieza a sentirse en los bolsillos de la población, la campaña del año próximo podría convertirse en una aventura mucho más complicada de lo que imaginaban en el primer piso de la Rosada después de las legislativas de 2025. “No hay que romper, sino concentrarnos en mejorar”, promete ante quienes la consultan sobre sus movimientos. Pero tampoco piensa entregar un cheque en blanco ni someterse ante nadie.

La ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio no desconoce que buena parte de las encuestas que llegan a su despacho todavía muestran a Milei con capacidad de reunir importantes apoyos electorales, incluso frente a Axel Kicillof. Sin embargo, entre sus allegados empiezan a circular hipótesis que hasta hace poco parecían propias de una novela de ciencia ficción libertaria: más allá de la chance real de integrar la fórmula como vice, coquetean con la alternativa más extrema de disputar una interna dentro de LLA con el objetivo declarado de contener a los desencantados. ¿Y si el mismísimo Milei, acorralado por las penurias de las billeteras, desistiera de buscar su reelección? “Silenzio stampa”, juegan en su riñón por más que fantaseen con la pregunta. Son escenarios que la senadora baraja en la intimidad y que algunos de sus colaboradores analizan con creciente interés mientras ella cincela un eventual “plan B”.

En la Quinta de Olivos hacen cuentas. Según los cálculos que manejan cerca del primer mandatario, un duelo mano a mano entre ambos dirigentes se inclinaría en favor del Presidente, pero una candidatura autónoma de Bullrich podría quitarle entre cinco y diez puntos porcentuales al universo electoral que necesita conservar. Una amenaza que no pasa inadvertida para “El Jefe”, que hace tiempo acumula motivos para desconfiar de las ambiciones de “Pato”. Pese a la irritación que generan algunos de sus movimientos, el mensaje de Javier fue contundente: nadie debe salir a confrontarla; una tregua por conveniencia que permite mantener las diferencias debajo de la alfombra, aunque no necesariamente resolverlas.

Hay números concretos que explican la complejidad de la relación. La consultora Casa Tres, de Mora Jozami, viene estudiando la superposición de las imágenes de Milei y Bullrich y encontró que el 39% de los consultados tiene una valoración positiva de ambos, mientras que el 47% los evalúa negativamente. Es decir, el 86% comparte el mismo signo de opinión sobre las dos figuras. Además, apenas un 8% aprueba a la senadora y desaprueba al Presidente, mientras otro 6% manifiesta exactamente lo contrario. No es una medición de intención de voto, pero ofrece una pista valiosa: las diferencias entre ellos no necesariamente representan dos electorados completamente separados.

Más reveladores todavía son los resultados de una investigación nacional de QSocial, la consultora de Lucas Klobovs, realizada el 26 de octubre. El 68% de los argentinos considera que Milei debería reconocer la victoria de Lula, el 62% reclama que tome la iniciativa para normalizar las relaciones con Brasil y el 70% prefiere que Argentina priorice las buenas relaciones internacionales sin importar la ideología de los gobiernos de turno. Un zoom sobre los votantes de 2023 permite entender el problema que enfrenta Bullrich dentro del oficialismo: entre quienes la acompañaron en la primera vuelta, el 72% pretende que el Presidente acepte el resultado brasileño y nada menos que el 80% reclama que dé el primer paso para recomponer el vínculo diplomático.

Hay más: cuando se pregunta por las formas presidenciales, el 65% desaprueba su intervención en elecciones extranjeras y el 69% cuestiona el trato que dispensa al periodismo. Incluso hay diferencias entre los electores originales del libertario: el 37% rechaza su trato a los trabajadores de los medios y el 53% antepone las relaciones entre naciones a las coincidencias doctrinarias. “Los votantes apoyan el rumbo, no las formas”, concluye el estudio. Una sentencia que varios dirigentes libertarios leen con atención.

El ecosistema digital también muestra algunas señales de desgaste. Según un monitoreo de Ad Hoc, los cruces con Lula y el respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro concentraron un 58% de menciones negativas, mientras que su reciente visita a España y las acusaciones a Pedro Sánchez registraron un 51% de publicaciones desfavorables. Los datos no sirven para pronosticar resultados electorales, pero sí para medir el clima de una discusión pública que el oficialismo supo dominar con mucha mayor comodidad.

El desencuentro con Brasil no quedó encerrado en las redes. La decisión de Milei de no felicitar a Lula después de su reelección por el 52% de los votos, quedó rápidamente opacada por una controversia delicada: el operativo que permitió al derrotado candidato brasileño abandonar su país pese a una restricción judicial que le impedía viajar al exterior. La historia es conocida, pero los pormenores que rodean al affaire prometen nuevos capítulos: Migraciones confirmó que el dirigente del Partido Liberal y su familia ingresaron a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50 por Puerto Iguazú y que apenas cuarenta minutos después abordaron un Gulfstream G400 de la empresa Baires Fly rumbo a Guayaquil, primera escala de un recorrido que terminó en Miami. El organismo aseguró que los pasajeros contaban con documentación válida y que no registraban impedimentos migratorios.

El episodio generó un vendaval de preguntas, especialmente teniendo en cuenta que en mayo de 2025 el propio Milei había endurecido las reglas de ingreso de extranjeros mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/25, con disposiciones que contemplan antecedentes penales y requerimientos judiciales. ¿Cómo se compatibilizan esas restricciones con el paso de Bolsonaro por territorio argentino? En el Gobierno responden que no existía una alerta roja de Interpol ni un pedido de captura internacional que obligara a detenerlo. “Una prohibición de salir de Brasil obliga a controlar su salida, no equivale a una orden de detención”, se apuró en postear una de las cuentas de X atribuídas a Santiago Caputo: @CarrieLarrsen09. Por las dudas, también publicó: “Una demostración sobresaliente de capacidad operativa, precisión y discreción de la SIDE, que les hizo tragar el sapo (una vez más) a más de un periodista”. La sospecha sobre una participación activa del poder libertario se alimentó, precisamente, por la presencia de “El Mago del Kremlin” en Misiones, que se movía con todo el sigilo que pudo en una camioneta de la Entidad Binacional Yacyretá.

La controversia ya ingresó a los tribunales. En Puerto Iguazú, el fiscal federal Fabián Martínez pidió informes a organismos nacionales para reconstruir los movimientos de Bolsonaro. Y, en Comodoro Py, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó medidas preliminares solicitadas por la fiscal Paloma Ochoa, entre ellas la preservación de imágenes de cámaras de seguridad del aeropuerto y consultas sobre las comunicaciones recibidas desde Brasil.

La compañía que trasladó al perdedor del balotaje aparece mencionada en otro expediente incómodo para el oficialismo: el de las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El fiscal Franco Picardi investiga un supuesto circuito de facturación en el que está implicado el empresario aeronáutico Sergio Mastropietro, procesado en la causa, para dar apariencia legal a fondos provenientes de proveedores médicos. La hipótesis involucra operaciones millonarias y vínculos con Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los articuladores de las contrataciones bajo sospecha. “La conexión no significa que Baires Fly haya participado de un delito ni que esté acusada por el viaje del brasileño. Pero bueno, las casualidades en la política vernácula siempre merecen una segunda mirada”, dice un operador judicial que conoce esas fojas sensibles.

La causa acaba de sumar una novedad de alto impacto. Un peritaje de Gendarmería Nacional, que todavía no fue incorporado formalmente, no pudo acreditar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo: los especialistas detectaron discontinuidades, posibles regrabaciones y problemas con la cadena de custodia que impidieron establecer una conclusión definitiva sobre su origen y las voces registradas. La noticia fue celebrada en sectores del oficialismo, donde desde el comienzo sostuvieron que las grabaciones estaban manipuladas. Pero hay un detalle central: la pesquisa está basada en contratos, transferencias, y documentación independiente de esos archivos sonoros. “Por lo tanto, la imposibilidad de autenticar el material no equivale a demostrar que todo su contenido es falso ni provoca automáticamente el cierre del expediente”, confirman cerca de Picardi.

Algo distinto ocurrió con Libra. El juez Marcelo Martínez de Giorgi resolvió sobreseer a Javier y Karina Milei, junto con otros involucrados clave como Hayden Davis y Mauricio Novelli, en la investigación por la criptomoneda que el Presidente promocionó en febrero de 2025. Fue una victoria judicial importante para la Casa Rosada. La decisión coincidió, curiosamente, con el comienzo del juicio oral de las causas Hotesur y Los Sauces, que tiene entre sus acusados a Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo.

La reacción presidencial al sobreseimiento fue feroz. Durante un encuentro de la Fundación Faro, Milei volvió a cargar contra los periodistas que investigaron el caso, mencionó a varios de ellos por sus nombres y lanzó una frase que provocó una inmediata catarata de repudios: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”. La referencia, formulada durante su defensa frente a lo que considera una campaña de calumnias, se sumó a una colección de insultos que atraviesa buena parte de sus apariciones públicas. Semanas antes, Luis “Toto” Caputo había agregado otra imagen religiosa al debate económico cuando sostuvo que los mercados veían al kirchnerismo como “el infierno” y a Axel Kicillof como “el anticristo”. Estos conceptos no pasaron inadvertidos en un país que se prepara para recibir al máximo representante de la Iglesia Católica.

Las reacciones no llegaron únicamente desde los adversarios políticos. La Academia Nacional de Periodismo rechazó los agravios presidenciales, difundió una solicitada en la que subrayó que “la violencia institucional afecta a la democracia” y actualizó su contador de ataques: ya superan los 860 registros. Por su parte, Amnistía Internacional anunció que llevará los episodios ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y hasta IDEA, una de las organizaciones empresarias más representativas del Círculo Rojo, reclamó públicamente que las discusiones se desarrollen dentro de parámetros de respeto y responsabilidad institucional.

En el episcopado argentino siguen cada una de esas expresiones con particular atención. “Las formas del Gobierno y de Milei para nosotros son un motivo de preocupación permanente”, reconoce un eclesiástico que viene trabajando intensamente en la organización de la visita de León XIV. La definición permite comprender una particularidad de la relación entre la Casa Rosada y las máximas autoridades católicas: las diferencias existen, son profundas en algunos asuntos sociales y económicos, pero la decisión predominante es evitar que escalen hasta convertirse en un enfrentamiento institucional en pleno aterrizaje del Pontífice.

“Hay una suerte de acuerdo implícito para convivir, porque lo necesitamos”, agrega otro de los involucrados en los preparativos eclesiales. Y, pese a las serias diferencias que reconoce con La Libertad Avanza, deja una advertencia sobre las interpretaciones que empezaron a circular en distintos sectores de la oposición: “El que piensa que el Papa va a venir a criticar personalmente a Milei en un viaje apostólico no entiende cómo funciona la Santa Sede. Eso no quiere decir que no vaya a hablar de la cultura del encuentro y eso incomode a la gestión actual por obvias razones”. Los organizadores reconocen que están atravesando jornadas de exigencia logística extrema, concentrados en los traslados, los actos multitudinarios, los aspectos vinculados a la seguridad y las actividades pastorales.

Y si bien ni en el Gobierno ni en la Conferencia Episcopal quieren transformar una visita que se espera desde hace décadas en un nuevo capítulo de la pelea cotidiana entre el oficialismo y sus detractores, lo cierto es que todos los actores que están abocados al desafío papal descuentan que a León lo van a querer zambullir en la grieta. “Una cosa es la diplomacia vaticana y otra, bastante distinta, el contenido de los documentos que se están preparando para la llegada de León XIV”, conceden los argentinos que pisaron la Santa Sede en los últimos meses. Un ejemplo: Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), le entregó al sucesor de Pedro un informe de 74 páginas sobre la situación social argentina. La presentación contiene un apartado particularmente contundente, titulado “El odio como práctica de gobierno”, en el que los movimientos populares denuncian que la violencia verbal, la descalificación y la estigmatización de los sectores vulnerables se convirtieron en herramientas habituales de la administración libertaria.

El documento va mucho más allá de las cuestiones discursivas. Sus autores ponen en tela de juicio el recorte de políticas alimentarias, el funcionamiento de los comedores comunitarios, la realidad de las personas con discapacidad, el endeudamiento de los hogares, la precarización laboral, el aumento de la demanda de atención en salud mental y la eliminación del programa Volver al Trabajo. También discuten la metodología utilizada para calcular la pobreza y presentan estimaciones alternativas a las cifras oficiales. No son conclusiones que puedan considerarse automáticamente validadas por el Vaticano: representan el diagnóstico que las organizaciones de la economía popular decidieron poner a consideración del ilustre visitante.

La otra señal llegó durante el Encuentro Regional de Movimientos Populares, realizado en La Matanza con la participación de representantes eclesiásticos argentinos y de la prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Alessandra Smerilli. La religiosa retomó las imágenes bíblicas de Babel y la reconstrucción de Jerusalén para diferenciar los proyectos basados exclusivamente en la eficiencia y la concentración del poder de aquellos que ponen el acento en la responsabilidad compartida. Su mensaje a las organizaciones fue construir comunidad, fortalecer los vínculos y acompañar a los sectores excluidos. Una línea que también atraviesa la declaración final del encuentro, que reivindica la tierra, el techo y el trabajo como derechos fundamentales. No hace falta imaginar un discurso papal contra el Presidente para encontrar diferencias entre ambas visiones.

León XIV llegará el domingo 8 de noviembre y a las pocas horas tendrá su primer encuentro con Milei en la Casa Rosada. Por fuera de los actos institucionales protocolares, en La Libertad Avanza despiertan especial preocupación las homilías de las celebraciones masivas en el Monumento a los Españoles de Buenos Aires, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba y en la Basílica de Luján. “Y ni hablar de lo que pueda suceder en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, con el Pontífice rodeado de personas con discapacidad”, adelanta uno de los miembros de la mesa interdisciplinaria de coordinación.

¿Qué esperan los fieles como ejes centrales del mensaje apostólico? Un estudio del Observatorio de las Creencias en Argentina, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires (UBA), aporta una hoja de ruta interesante: el 43,2% desea que el Papa priorice definiciones sobre la pobreza.

Mientras el mundo católico prepara la visita y el oficialismo hace todo lo posible para salir indemne, en el Congreso los negociadores libertarios enfrentan desafíos que bien podrían requerir oraciones. La reforma electoral que pretende eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) volvió a empantanarse a pesar de los esfuerzos de Diego Santilli, que lleva meses conversando incansablemente con gobernadores y referentes de partidos provinciales. El jefe de Gabinete asegura que tiene buena parte de los respaldos necesarios, pero dentro de la propia mesa política reconocen que todavía existen diferencias importantes, especialmente con algunos mandatarios radicales. Y que el calendario se está convirtiendo en un adversario tan peligroso como los bloques opositores.

El desafío no pasa solamente por conseguir 37 votos en el Senado y 129 en Diputados para modificar las reglas electorales. También hay que resolver qué recibirá cada cacique del interior a cambio de acompañar una iniciativa que puede alterar las condiciones en las que competirán sus propios espacios el año que viene. En la UCR, por caso, reclaman un esquema de listas colectoras que permita respaldar una eventual reelección de Milei sin resignar sus estructuras partidarias. “El Colo” y varios mandatarios aliados quieren acelerar las definiciones, pero los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem se resisten a cerrar acuerdos que comprometan la expansión territorial de La Libertad Avanza. Una disputa que termina trasladándose a las negociaciones legislativas.

La situación empezó a incomodar incluso al karinismo. La hermana presidencial había convertido la muerte de las PASO en una bandera central de su estrategia hacia 2027, con el convencimiento de que dificultaría la organización de sus adversarios y ordenaría mejor la oferta electoral libertaria. Pero ahora algunos dirigentes temen que un eventual fracaso parlamentario termine siendo interpretado como una señal prematura de debilidad. El oficialismo instaló el proyecto con tanta intensidad que corre el riesgo de que su eventual rechazo adquiera una dimensión política mayor que la importancia que la enorme mayoría de la sociedad atribuye a las primarias.

Para complicar todavía más el panorama, la Cámara Nacional Electoral (CNE) viene advirtiendo sobre los riesgos de modificar las reglas del proceso cuando los comicios están cada vez más cerca. “Quedan cinco semanas de sesiones ordinarias y para colmo algunas provincias ya van a poner en marcha sus calendarios electorales desde febrero. Estamos al horno”, confía un ladero de Santilli. Hay dirigentes libertarios que especulan con una convocatoria a extraordinarias, pero las necesidades de los gobernadores no se suspenden por decreto. Y las diferencias dentro del oficialismo tampoco: hasta Patricia Bullrich, que debería conducir la negociación parlamentaria desde la cámara alta, mantiene reparos sobre la conveniencia de avanzar con la reforma electoral.

No es el único expediente complicado. El oficialismo tampoco logró reunir las firmas necesarias para emitir dictamen sobre el Presupuesto 2027, el instrumento central con el que Luis Caputo pretende ordenar las cuentas públicas del año próximo. Los aliados del PRO, la UCR y los bloques provinciales reclamaron respuestas sobre infraestructura, recursos previsionales, transferencias y partidas destinadas a universidades y programas sociales. Por ahora, el tratamiento en Diputados podría trasladarse al 18 o al 25 de noviembre, con la posibilidad de que el Senado termine discutiendo la ley durante el verano. Una nueva prueba para quienes sostienen que el equilibrio fiscal es innegociable pero necesitan convencer a legisladores que llevan meses reclamando fondos para sus distritos.

En ese entramado, el jefe de Gabinete intenta consolidar protagonismo institucional. El ministro coordinador acordó con Bullrich presentarse ante el Senado el próximo 25 de noviembre para brindar su primer informe de gestión, una decisión que permitió desactivar una iniciativa del peronismo para citarlo formalmente. Hace más de un año que un ministro coordinador no concurre a la cámara alta para cumplir con la obligación constitucional de informar sobre la marcha de la administración. El último había sido Guillermo Francos, que terminó abandonando el recinto en medio de un enfrentamiento con una senadora opositora; su reemplazante espera evitar semejante espectáculo y aprovechar su paso por el Palacio Legislativo para mostrar capacidad de interlocución con los distintos bloques.

Hubo, de todos modos, otra negociación parlamentaria en la que el oficialismo consiguió avanzar a costa de modificar sus pretensiones originales. Un plenario de comisiones de Diputados emitió dictamen favorable para la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con 60 firmas, después de una intensa discusión que involucró a Santiago Caputo, a la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy y a la diputada Silvana Giudici. En el sector del asesor presidencial celebran haber conseguido protagonismo sobre un proyecto asociado a la cuestión Malvinas, mientras que el menemismo venía de atribuirse parte del éxito de los acuerdos legislativos vinculados con discapacidad.

El detalle más llamativo de la negociación es que el Gobierno aceptó modificar el alcance de las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales argentinos en las islas después de recibir objeciones desde Estados Unidos. La paradoja quedó a la vista: un texto presentado como herramienta para defender la soberanía tuvo que ser reformulado después de que una potencia extranjera cuestionara sus alcances. La nueva redacción concentra el castigo sobre determinados actores directamente involucrados en esas actividades y excluye a parte de quienes participan de manera indirecta. Por supuesto, en la Casa Rosada justifican las modificaciones como una manera de evitar consecuencias sobre compañías que no tienen injerencia directa en la controversia territorial. Hay un bonus: aunque LLA introdujo cambios para excluir expresamente la actividad periodística de determinadas figuras penales, persisten objeciones sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión.

La respuesta del Gobierno a semejante colección de roscas inconclusas fue mostrar gestión y actividad productiva. Milei viajó a Catamarca junto con Karina, Santilli y Luis Caputo para inaugurar la expansión “Fénix 1B” y “Sal de Vida” de Río Tinto, dos desarrollos mineros que representan inversiones cercanas a los USD 1.400 millones y que permitirán incorporar unas 25.000 toneladas anuales de capacidad de producción de carbonato de litio. La foto con el gobernador peronista Raúl Jalil fue celebrada por el oficialismo como una muestra del acompañamiento que todavía conserva el programa económico entre dirigentes de distintos colores políticos.

La fragmentación peronista sigue siendo uno de los activos políticos que los Milei identifican al mirar hacia 2027. La ausencia de un liderazgo unificado, las diferencias entre sus dirigentes y la disputa entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof le permiten al oficialismo confiar en que su principal adversario podría llegar debilitado al momento de definir candidaturas.

El periplo catamarqueño permitió actualizar un dato curioso de la agenda presidencial: con su desembarco en Catamarca, Milei redujo a siete la cantidad de provincias que todavía no visitó desde su llegada al poder: le faltan Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, San Luis, La Rioja y Salta. Tres de ellas están gobernadas por mandatarios opositores de relación conflictiva con la Balcarce 50, como Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto y Ricardo Quintela. Las otras cuatro tienen gobernadores con vínculos mucho más fluidos con la Casa Rosada, una particularidad que vuelve todavía más llamativa la lista de ausencias.

Karina intentó compensar la falta de despliegue territorial con otra postal de gobernabilidad: la participación este jueves junto con Santilli y Caputo en una ronda de negocios del Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) en Rosario, donde coincidieron con una docena de mandatarios provinciales. La actividad sirvió para exhibir las posibilidades de inversión en minería, energía e infraestructura y para mantener abiertos los canales políticos con quienes deberán aportar votos en el Congreso. El ministro de Economía volvió a ratificar allí la instrucción presidencial de no alterar el programa: “No podemos movernos de este camino. No hay opción de tomar un atajo, hay que seguir”. La fotografía de los gobernadores tenía una lógica de apertura política; las palabras de Caputo volvieron a subrayar la rigidez de la estrategia económica. En esas aguas turbulentas y llenas de contradicciones navegará Milei en busca de su sueño de quedarse cuatro años más en el Sillón de Rivadavia.

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La Casa Rosada buscó este jueves una nueva foto política con gobernadores aliados durante una ronda de negocios en Rosario, mientras continúa al frente de las negociaciones para destrabar en el Congreso proyectos clave como el Presupuesto 2027 y la eliminación de las PASO. Sin embargo, pese a la buena sintonía, las negociaciones políticas siguen en curso y diferentes actores en juego reconocen que la discusión por el futuro de las primarias podría postergarse para el próximo año.

Tras el primer acercamiento exitoso que implicó el viaje con 13 mandatarios provinciales a París por la Argentina Week, el Gobierno aseguraba que se acelerarían las conversaciones por la reforma electoral para lograr llevar la iniciativa al recinto a fines de octubre. Llegado el plazo, fuentes de la bancada libertaria en el Senado reconocieron a TN que el proyecto continúa congelado.

En ese contexto, figuras de la plana mayor del Gabinete como Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem -todos con incidencia en las negociaciones electorales con las provincias- coincidieron este jueves con una docena de gobernadores dialoguistas en la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Además del anfitrión, Maximiliano Pullaro, participaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Pese a los gestos de cercanía, un funcionario que participó del evento sostuvo que las conversaciones entre los representantes nacionales y provinciales giró principalmente alrededor de la articulación de las empresas mineras con Pymes y proveedoras de servicios. “Sí se habló de RIGI y super-RIGI”, señalaron, mientras que cerca de uno de los mandatarios presentes aseguraron que “de la suspensión de las PASO no se habló nada”.

“La verdad que no creo que se trate en el corto plazo. No veo que haya acuerdo”, se sinceró en diálogo con este medio uno de los gobernadores que está en plenas negociaciones con La Libertad Avanza.

Cerca de uno de los integrantes de la mesa política del Gobierno coincidieron con esta mirada, e incluso no descartaron que la suspensión de las PASO -la eliminación ya no aparece dentro de las posibilidades- termine por definirse en febrero de 2027. Ese plazo iría en contra de los planteos de la Justicia Electoral, que ha advertido en varias oportunidades que no se realicen los cambios en el sistema de votación tan próximos a los comicios. “Sería desprolijo, pero posible. Fue lo que pasó en 2025″, señalaron a TN desde el oficialismo, en referencia a la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas del año pasado.

“Eso fue una excepción que no estuvo bien y fue muy criticado”, sostienen desde otros sectores del Gobierno, que ponen en duda ese escenario y remarcan que el objetivo es apurar el tratamiento para antes de fin de año. “Hay un código implícito de que las reglas no se cambian durante el año electoral”, agregaron.

La demora detrás del proyecto radica principalmente en el pedido de los gobernadores a Diego Santilli para que se respeten sus territorios y su representación en el Congreso en las negociaciones electorales. Esto genera diferencias internas en la mesa política del Ejecutivo, con un grupo integrado por Luis Caputo, Patricia Bullrich, Santiago Caputo y Diego Santilli que puja por llegar a un acuerdo político lo antes posible con las provincias y los bloques aliados; y los primos Eduardo y Martín Menem, que se resisten a resignar el armado político para no perder poder de presión a la hora de cerrar eventualmente esas alianzas.

“Algunos gobernadores dicen de ir a febrero, otros que no. Todo pasa por los acuerdos electorales. Si el Gobierno avanza y cierra los acuerdos, las PASO las puede sacar. Mientras más los postergue, más se complica la cancha. Porque esa idea de que van a negociar con mayor fortaleza en febrero es optimista. Y en esto tenés que ser realista, si tenés los votos ahora, tenés que sacarla ahora”, enfatizó por su parte otra fuente ligada al Gabinete al tanto de las negociaciones.

Quienes tienen esa mirada en el Gobierno, no descartan que pueda avanzarse sobre las primarias entre noviembre y diciembre, en un próximo llamado a sesiones extraordinarias que también contemplaría el Presupuesto 2027, entre otras iniciativas. “Si no sale en estas próximas semanas, no sale directamente”, sentenció otro integrante de la mesa política a TN, que remarcó el pedido de la CNE y el inicio del calendario electoral en algunas provincias como principales impedimentos.

Para modificar una ley electoral, el oficialismo necesita reunir 37 voluntades en la Cámara alta. Con sus 20 bancas, si logra incorporar al radicalismo (que cuenta con diez) y al PRO (que tiene tres), estaría a cuatro votos de los bloques provinciales para lograr la media sanción. “El resto está”, afirmaron.

Sin embargo, la Casa Rosada se resiste a cerrar acuerdos que contemplen todas las variables -candidatos, lugares en los gabinetes locales, listas legislativas, entre otros puntos- a falta de tanto tiempo para las elecciones. “No se van a definir nombres propios ahora, sí el paraguas electoral, los trazos gruesos con cada uno”, explicaron. Esa propuesta no satisface a los gobernadores, especialmente a algunos radicales, que quieren tener todas las garantías sobre la mesa antes de acompañar un cambio en las reglas de juego.