Oficialismo y oposición aceleran las conversaciones. El próximo miércoles se deberían dictaminar los proyectos sobre la emergencia en discapacidad en medio de la “bomba” -como lo catalogó Patricia Bullrich– que fijó el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 que desfinanciaba al sector.

En ese marco, la oposición encabezada por el bloque de Unión por la Patria emplazó a las comisiones para tratar la prórroga de la emergencia, algo que según votaron los diputados por unanimidad se tiene que realizar este miércoles.

Por un lado, la oposición buscará avanzar con la prórroga. Por el otro, el oficialismo que asegura que trabaja en una ley “superadora” pero que tiene que desandar decisiones políticas.

“Está casi todo listo”, señaló una fuente del bloque de LLA que está al tanto de lo que sería el texto que llevarán a la comisión. “Mantuvimos reuniones con las áreas de discapacidad y salud, con Economía y con Legal y Técnica de la Nación y también con el ala política, que es el que definió que avancemos, y acordamos los lineamientos básicos. Ahora estamos en conversaciones con los aliados para terminar de pulir el texto”, contó la misma fuente.

Tuvieron un rol clave Martín Menem, Diego Santilli y, con menos visibilidad pero con mayor exposición pública, Patricia Bullrich; avaló estos avances frente a los sectores “técnicos” que armaron el Presupuesto.

Uno de los puntos más importantes que elimina el proyecto de Presupuesto y que generó el reclamo fue el nomenclador, algo fundamental porque establece precios que deben cobrar los prestadores y obliga a las obras sociales y prepagas a pagar ese piso. Es decir, universaliza la prestación.

“Volveríamos con el nomenclador”, señaló la fuente libertaria. El punto no es solo reponerlo sino cómo será el ajuste del mismo. En el texto del Presupuesto se establece que será trimestral y que lo fijará de manera discrecional la Secretaría de Discapacidad –hasta ahora era mensual y atado al IPC–. El proyecto de ley iría por un ajuste bimestral atado a la inflación.

El otro punto es el acceso a la pensión por discapacidad. En ese sentido, el proyecto libertario endurece los requisitos. Aún resta saber si se mantiene que una persona con pensión por discapacidad pueda mantener el beneficio si consigue un trabajo registrado o si, como establece el proyecto del Presupuesto, no son compatibles.

El oficialismo apura las conversaciones con los aliados. La encargada es Laura Rodríguez Machado y Silva Giudici, dos ex PRO que se encolumnan con Patricia Bullrich, la senadora libertaria que lanzó fuertes críticas al Gobierno por el texto que incluyeron en el Presupuesto.

Un dato no menor y que tiene que ver con el apoyo del PRO y de la UCR es que estos están pidiendo que el gobierno salde la deuda con los prestadores que acumula desde que asumió en diciembre de 2024 y hasta finales de 2024. Tanto es así que en la última sesión, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, solo tomó la palabra para exigirle al oficialismo que regularice la situación.

El oficialismo le baja el tono a la discusión. “El Presupuesto se armó cuando no estaba en el debate la prórroga de la ley”. Muchos entienden que eso no es así -como por ejemplo Bullrich- ya que todos los legisladores se enteraron cuando empezaron a leer el documento que envió Casa Rosada.

Lo que resta es una discusión política. Si prima el posicionamiento de los sectores que avanzaron con el ajuste o si los que vienen trabajando en una ley “superadora”.

Por las dudas avisan que si la oposición se impone “van seguro al veto, porque si la Casa Rosada lo vetó el año pasado lo hará este. Y nosotros este año tenemos el número para resistirlo”; y señalan que es mejor “tener una ley y salir de la emergencia. Que quede en el plexo normativo”.

La primera definición de esta discusión que tiene a tres actores políticos: (la oposición, el oficialismo parlamentario y la Casa Rosada) será este miércoles cuando haya que dictaminar. Quien junte la mayor cantidad de firmas del plenario de comisión de Discapacidad y Presupuesto se ganará el derecho a ser tratado primero en el recinto.

procesó a,Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi,Hernán Cappiello,Conforme a

La Justicia resolvió extender la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner, quien seguirá cumpliendo en el departamento de San José 1111 la condena a 6 años de prisión que recibió en la causa Vialidad.

En el fallo, el juez federal Rodrigo Giménez Uriburu del Tribunal Oral Federal 2 sostuvo que la exmandataria “ha cumplido adecuadamente” con el deber de permanencia y con las pautas establecidas para las visitas.

El magistrado había solicitado medidas para conocer con precisión sus movimientos dentro del departamento y concluyó que acató las reglas impuestas, de acuerdo con los informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

Según el informe trimestral de la DCAEP, en las entrevistas domiciliarias realizadas de manera aleatoria, Kirchner “respondió a los requerimientos formulados con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso hacia los profesionales intervinientes”. En ese período tuvo una única salida autorizada por la Justicia, para una consulta médica, que se realizó “sin inconvenientes”.

Las visitas “se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal”, con la demora de una visitante que fue debidamente explicada, y el monitoreo electrónico no registró irregularidades.

El tribunal también señaló que, pese a las movilizaciones que hubo frente al domicilio, no se registraron comportamientos que “hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario” ni quejas de los vecinos. El pasado 1 de septiembre, Máximo Kirchner encabezó un acto en San José 1111 en el que aseguró que la expresidenta se está preparando para competir en 2027. La semana pasada, los abogados de Cristina Kirchner encabezaron una conferencia de prensa en la que aseguraron que hay pruebas nuevas en la causas que podrían beneficiar a la expresidenta.

“Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”, agregó el juez.

La decisión se conoce luego de que el TOF 2 confirmara el embargo preventivo de varios bienes de la expresidenta y de los otros condenados en la causa, entre ellos el departamento de San José 1111.

La medida apunta a alcanzar un decomiso de alrededor de $685.000 millones, correspondientes al perjuicio económico causado al Estado por los delitos juzgados en el expediente. Por otra parte, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó dos recursos de Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia para frenar un posible decomiso de inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

En paralelo, se investiga la compra del departamento ubicado debajo del que ocupa la expresidenta por parte de María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora cercana a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Ante la Justicia, Calle dijo que lo adquirió para que funcione una fundación, sin dar mayores precisiones. También se supo que el senador nacional del PJ Mariano Recalde es propietario de un departamento en el primer piso del mismo edificio.

cristina kirchner, Vialidad