POLITICA
Malvinas: el Gobierno anunció que sancionará a otras 15 empresas y define los proyectos para endurecer las penas
El Gobierno reunió este martes nuevamente a su mesa política y sumó a los dos ministros con injerencia en el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas: Carlos Presti, titular de Defensa, y de Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores. Tras el encuentro se anunció que ambos viajarán este viernes a Tierra del Fuego, por la construcción de la base militar en la zona.
El conflicto de Malvinas ganó connotación en la agenda pública una semana atrás y desde entonces se trabaja en el proyecto legislativo que anunció el presidente Javier Milei, en cadena nacional el pasado jueves. El proyecto entrará la semana próxima al Congreso, vía Diputados.
En la mesa política de este martes, además, se repasaron distintos temas de gestión del Gobierno nacional y la agenda legislativa.
Presti y Quirno “detallaron los avances del proyecto de ley de soberanía nacional que será presentado la próxima semana en la Cámara de Diputados”, según informaron fuentes oficiales. La iniciativa, tal como adelantó el mandatario en su cadena nacional del jueves, buscará endurecer las sanciones a las empresas que realicen negocios en las islas Malvinas, entre otros puntos.
Presti también presentó el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico que se desarrollará en Tierra del Fuego. Tanto Presti como Quirno viajarán este viernes a la provincia “para realizar una recorrida por la zona donde estará ubicado el obrador, con el objetivo de acelerar la construcción de la base integrada”.
En el encuentro también se adelantó que las nuevas empresas internacionales que operan en las islas sin autorización serán sancionadas. Se notificaron hoy a otras 15 empresas, que se suman al listado de 45 anunciadas el viernes pasado. Se tratan de firmas que, para la administración nacional, habrían violado la ley 26.659.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, realizó un análisis sobre los distintos convenios viales que se vienen firmando con las diferentes provincias.
En tanto Martín Menem, presidente de la Cámara, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, analizaron los proyectos de ley que se encuentran actualmente en tratamiento en ambas cámaras del Congreso, trascendió al término del encuentro.
La participación de ambos ministros en la reunión de mesa política de hoy se trabajó ayer en el encuentro de Gabinete. La idea con la que se llegó al encuentro fue conseguir definiciones sobre los tiempos del envío del proyecto al Congreso, según explicaron a fuentes oficiales. Lo que se concretará la semana próxima, entrando por la Cámara de Diputados.
En paralelo, el Gobierno avanzó con una denuncia penal contra parte de las empresas involucradas en el proyecto Sean Lion. La presentación se sorteó esta mañana y recayó en el juzgado federal 12 de los tribunales federales de Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini. La empresa Navitas Petroleum es la principal accionista del proyecto y sus capitales son de Israel, uno de los países a los que Milei está alineado en el ajedrez internacional.
La mesa política estuvo, como sucede habitualmente, encabezada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Además de ellos, Bullrich y Menem, también estuvieron el vicejefe de Gabinete,Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.
La edición de este martes fue la tercera en que la habitual mesa política, conformada por nueve integrantes, suma ministros. La primera vez que lo hizo fue con Federico Sturzenegger, y la segunda con Sandra Pettovello.
Esta vez fue el turno de Presti y Quirno, que tienen bajo sus áreas parte de los anuncios que hizo Milei el jueves pasado, en cadena nacional.
Esa cadena se realizó tres días después de que la cuestión Malvinas volviera al centro de la escena la última semana. Fue luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera el lunes 31 de agosto que su administración podría retirar el apoyo a Gran Bretaña -un histórico aliado de Estados Unidos- en medio de la disputa con la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas.
Desde entonces, el Gobierno delineó una estrategia tanto a nivel político y judicial, como comunicacional, que incluyó la emisión de la cadena nacional del jueves.
Allí en un discurso en el que incluyó un pronunciado giro de Milei en su posición sobre la disputa con Gran Bretaña, se anunció el endurecimiento de las sanciones y penas contra las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas. Además, el proyecto estableció la creación del Consejo de Seguridad Nacional y la concreción de una base militar en Tierra del Fuego.
En el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, se trabaja parte de la letra que tendrá el proyecto legislativo sobre el tema que el Ejecutivo mandará al Congreso. En el texto también interviene la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal. En tanto que en Defensa se trabaja en lo que tiene que ver con la construcción de la Base Militar de Tierra del Fuego, que fue mencionada por el líder libertario en su cadena del jueves.
En las primeras horas del viernes, el Gobierno publicó tres decretos que amplían el presupuesto de la Cancillería, la SIDE y el Ministerio de Defensa.
Sobre el final de ese mismo día, se conoció el primer listado de empresas alcanzadas por las sanciones dispuestas por el Gobierno. En el listado hay 45 compañías y accionistas de empresas y accionistas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas ilegales en el entorno de las islas Malvinas, Reino Unido, Israel, Canadá, Islas Vírgenes Británicas, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, la isla de Jersey, Dinamarca, Estados Unidos y Países Bajos.
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POLITICA
Un fiscal bonaerense aseguró que aplicará la ley que baja la edad de imputabilidad pese al fallo que la suspendió
La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que permite imputar penalmente a adolescentes desde los 14 años. La medida fue dictada por la jueza de Lomas de Zamora Marta Elba Pascual, quien cuestionó la falta de infraestructura para alojar a los menores.
En este contexto, el fiscal Penal Juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, aseguró que en su jurisdicción continuarán aplicando la Ley 27.801 y cuestionó con dureza la resolución de Pascual. “La decisión de la jueza es un absurdo”, sostuvo en diálogo con TN.
Según explicó Zárate, la ley tiene carácter penal y, por lo tanto, sus disposiciones de fondo rigen en todo el país. A su entender, la resolución de una jueza bonaerense no puede dejar sin efecto la norma en toda la provincia.
“En este caso, a mi juicio, la decisión de la jueza no está dentro de sus atribuciones como juez. No puede suspenderla”, afirmó. Y agregó: “Ella puede decidir en un caso concreto no aplicar determinada norma declarando su inconstitucionalidad. Ahora, suspender la aplicación de una norma salida del Congreso de la Nación, una norma penal, es un absurdo procesal, un absurdo constitucional y un absurdo jurídico”.
Qué dijo sobre la aplicación de la ley
Ante la consulta sobre qué ocurrirá si un adolescente de 14 o 15 años comete un delito grave en San Isidro, Zárate fue contundente: la nueva ley será aplicada. “A mi juicio es plenamente vigente”, indicó.
El fiscal también rechazó el argumento de que la falta de establecimientos específicos impida cumplir con el nuevo régimen. “También quedaban detenidos con medidas de seguridad. No iban a ser condenados, no iban a ser procesados por ese delito, pero sí se disponía judicialmente de ellos. E iban a institutos también”, explicó sobre la aplicación antes de la reforma.
Además, señaló que la Ley 27.801 contempla penas alternativas y un máximo de 15 años de prisión para los adolescentes, por lo que la privación de libertad no se aplica en todos los casos.
“Difícilmente un fiscal o un juez coherente en la provincia de Buenos Aires le dé el alcance que ella quiso darle”, concluyó el fiscal.
Leé también: Un cura villero presentó el hábeas corpus que frenó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires
La resolución de la jueza Pascual establece una suspensión preventiva durante 60 días y convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre. En esa instancia, funcionarios del Gobierno bonaerense deberán explicar qué medidas adoptaron y cuáles proyectan para adecuar el sistema provincial al nuevo régimen.
baja de imputabilidad, fiscal
A 50 años del último golpe de Estado, antesala de la dictadura militar más sangrienta, presenta el documental “El camino de Borges”, que reconstruye los desencadenantes del quiebre institucional, el clima de violencia que se había cristalizado a partir del tercer gobierno de Juan Domingo de Perón y la parábola social que vivió la sociedad argentina durante la larga noche del Proceso.
La cronología de aquel 24 de marzo que marcó a fuego la historia nos llega desde el análisis de Joaquín Morales Solá, Carlos Pagni, Jorge Fernández Díaz, Camila Perochena, Marcelo Larraquy y Pablo Sirven. Testimonios de protagonistas de aquellos días, como Jesús Rodríguez, Diego Guelar, Lito Vitale, María Eugenia Estenssoro y José Ignacio López, entre otros.
El video, de 35 minutos, repasa el contexto internacional de guerra fría en el que se desencadenó el golpe, la crisis económica que estalló a partir del Rodrigazo, las negociaciones secretas, y a la postre fallidas, para evitar la caída del gobierno de Isabel Perón y el avance de la conjura militar que se hizo imparable al iniciarse 1976.
La profundidad del análisis político y social corre en paralelo con imágenes de archivo de los minutos previos y posteriores a la jura de la Junta Militar liderada por Videla, Massera y Agosti. Un viaje en el tiempo para entender cómo se vivieron esas horas críticas, la reacción de una población desbordada por la violencia y por qué hay heridas que no terminan de cerrar.
>LA NACION,>Política,Golpe de estado de 1976,Derechos Humanos,Documentales,Conforme a
POLITICA
La “vecina” de Cristina Kirchner admitió que compró el primer piso de San José 1111 y dijo para qué lo adquirió
La sindicalista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner y es dueña de otras propiedades, se presentó ante la Justicia para pedir su sobreseimiento en el marco de la causa que investiga el contrato de la empresa USEM con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante la gestión de Abel Furlán.
En ese contexto, Calle admitió la compra del primer piso en San José 1111, algo que había negado ante una consulta de , y argumentó que lo adquirió para “una fundación de estudios para el desarrollo argentino”.
Calle compró el inmueble el 20 de agosto del año pasado, apenas dos meses después que el Tribunal Oral Federal dos le otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta. ¿Para qué lo hizo? había revelado que durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”. En su presentación judicial, la sindicalista no dio detalles de la supuesta Fundación.
En cambio, le adjudicó otro de sus bienes, un BMW M135 X Drive, a su actual pareja, Federico Darío Monzón, que también adquirió una moto de la misma marca valuada en US$ 20.000.
“Fue adquirido por su pareja conviviente, quien decidió compartir con ella la titularidad registral, aunque es él quien lo utiliza personalmente”, dice el escrito firmado por el abogado Slonimsqui.
Junto a Monzón, Calle creó su segunda empresa, Grupo Vertice Global.
La presentación judicial aclara que esa firma estaba vinculada a “un proyecto empresarial estrictamente privado y familiar” y que “la sociedad no llegó a desarrollar actividad comercial efectiva.
Cuando reveló la compra del departamento de San José 1111, Calle negó la operación y hasta una vinculación con la UOM. “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, dijo ese día.
Luego se confirmó que fue empleada de la UOM entre abril de 2021 y junio de 2026, cuando fue despedida por decisión del actual interventor, Alberto Biglieri.
Ahora confirmó, también, que era dueña del departamento que negaba.
reveló que Calle también es propietaria de un dúplex de unos 170 m2 en el barrio privado La Reserva de Cardales y de una casa de tres plantas en el centro de la ciudad de Campana, justo al lado de un edificio en construcción del sindicato. Solo esas dos propiedades suman al menos US$450 mil dólares, según inmobiliarias de la zona y fuentes oficiales consultadas por este medio.
La casa de la calle Belgrano tiene un enorme paredón blanco que no permite ver el interior. Pero las imágenes del drone revelan que tiene varios ambientes, y una terraza con vista al jardín y a la pileta.
Sobre esos bienes, Calle solo dijo que “fueron adquiridos con anterioridad a la constitución de USEM S.A y a la celebración del contrato” con la UOM.
La semana pasada, el juez Julián Ercolini levantó el secreto fiscal de Calle y Furlán y solicitó una batería de medidas de pruebas para investigar el patrimonio de ambos que incluyen pedidos de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la ARCA, Anses, Migraciones y hasta la Prefectura Naval.
Esa causa tiene como objeto una presunta administración fraudulenta por el contrato firmado en 2023 entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la empresa USEM, que administró los aportes de los afiliados al gremio. Su ganancia equivalía al 0,5% del total de los fondos administrados (un negocio estimado en $100 millones mensuales, según la denuncia).
La defensa de Calle sostiene que la contratación de USEM “fue una decisión del secretariado general de la UOM” y que la empresa “dispuso de una organización funcional, personal asignado, oficinas, equipamiento y asesoramiento externo destinados a la ejecución del contrato”.
“El contrato no cedió a USEM S.A. la conducción económica de la UOMRA ni le permitió disponer libremente de su patrimonio. Su objeto fue gestionar, dentro del marco del fideicomiso UOMRA-BNA, la apertura y operatoria de cuentas bancarias correspondientes a las seccionales y al Secretariado Nacional, y atender excepcionalmente pagos por cuenta y orden de la entidad cuando ésta lo requiriera”, completa la presentación judicial.
LA NACION había revelado que durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”,compra del departamento de San José 1111,una casa de tres plantas en el centro de la ciudad de Campana,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Cristina Kirchner,Conforme a
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