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La Libertad Avanza quiere someter a juicio político a la jueza que frenó el nuevo régimen penal juvenil

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La representación bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) anunció que promoverá un pedido de juicio político contra la jueza Marta Pascual, la magistrada del departamento judicial Lomas de Zamora que suspendió la aplicación en la provincia de Buenos Aires del nuevo régimen penal juvenil.

Según adelantó LLA bonaerense en un comunicado, el fallo de Pascual, que suspende por 60 días la norma que efectiviza la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses”.

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“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, afirmó Sebastián Pareja, que preside el partido del presidente Javier Milei en territorio bonaerense.

Sebastián Pareja, presidente del partido La Libertad Avanza en Buenos AiresPilar Camacho

En su comunicado, LLA especificó que sus legisladores provinciales, “junto a un equipo técnico, trabajan en una presentación contra Marta Elba Pascual”.

“Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes. También lo hicieron durante la pandemia. Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, solo protegen a los delincuentes. Y la crisis que atraviesa la provincia de Buenos Aires en términos de seguridad responde justamente a ese modelo”, subrayó Pareja, diputado nacional.

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“Debemos pedir su enjuiciamiento. Una jueza que actúa como un peón del gobernador no cumple con las características básicas que debe reunir un juez. No puede anteponer una mirada política a una ley demandada por la gente y votada en el Congreso de la Nación”, subrayó Pareja. LLA cuenta con un bloque de 20 diputados bonaerenses y, en el Senado, tiene una bancada de diez legisladores. En ambas cámaras, es el principal grupo opositor al oficialismo del gobernador Axel Kicillof.

Para que el juicio político contra Pascual avance, LLA debería presentar una denuncia ante la Secretaría de Enjuiciamiento, un órgano que funciona en la órbita del Senado bonaerense y cuyo titular es Ulises Giménez, un dirigente del peronismo que es uno de los apoderados del Partido Justicialista. Cualquier ciudadano o institución puede presentar la denuncia.

Bordaisco, Vargas, Kogan y Lorences, parte del jurado en el juicio político contra MakintachNacho Amiconi

Para llegar al juicio político, en el que se juzgan cuestiones éticas o de ejercicio abusivo de las funciones del magistrado, la denuncia debe recorrer un camino que incluye audiencias públicas, hasta llegar al veredicto. En las audiencias, se utiliza una dinámica usual de juicio, con la presentación de pruebas y debate oral.

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En caso de que se llegue al juicio político, el jurado estará presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y estará integrado, por sorteo, por diez conjueces (cinco senadores o diputados que sean abogados, y cinco abogados de la matrícula, propuestos por los colegios de abogados provinciales).

En el transcurso de la jornada del martes, se oficializó un pedido de juicio político contra la jueza Pascual. Lo presentó Manuel Passaglia, diputado provincial (bloque Hechos) y exintendente de San Nicolás.

El último juicio contra un magistrado bonaerense fue el que se desarrolló contra la jueza María Julieta Makintach, que fue destituida el 18 de noviembre del año pasado. La magistrada estaba a cargo del juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona y fue denunciada por haber puesto en marcha la filmación de un documental sobre ella en la sala de audiencias, lo que provocó la suspensión del proceso, que debió reiniciarse.

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Los integrantes del jurado de enjuiciamiento contra Makintach fueron los legisladores bonaerenses Ariel Martínez Bordaisco, Sergio Vargas, Guillermo Castello, Abigail Gómez y Maite Alvado, junto con los abogados Fabián González, Pablo Grillo Ciocchini, Álvaro García Orsi, Mirta Daniela Greco y María Victoria Lorences. La jueza de la Corte bonaerense Hilda Kogan presidió el jurado.

El caso de Makintach fue expeditivo, dada la evidencia contra la jueza. En la situación de Pascual, en cambio, un legislador con experiencia en el desarrollo del mecanismo del juicio político en la provincia consideró que llevaría mucho más tiempo y que no sería un caso que amerite suspender a la magistrada.




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POLITICA

La “vecina” de Cristina Kirchner admitió que compró el primer piso de San José 1111 y dijo para qué lo adquirió

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La sindicalista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner y es dueña de otras propiedades, se presentó ante la Justicia para pedir su sobreseimiento en el marco de la causa que investiga el contrato de la empresa USEM con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante la gestión de Abel Furlán.

En ese contexto, Calle admitió la compra del primer piso en San José 1111, algo que había negado ante una consulta de , y argumentó que lo adquirió para “una fundación de estudios para el desarrollo argentino”.

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Calle compró el inmueble el 20 de agosto del año pasado, apenas dos meses después que el Tribunal Oral Federal dos le otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta. ¿Para qué lo hizo? había revelado que durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”. En su presentación judicial, la sindicalista no dio detalles de la supuesta Fundación.

María Soledad Calle junto con Axel Kicillof

En cambio, le adjudicó otro de sus bienes, un BMW M135 X Drive, a su actual pareja, Federico Darío Monzón, que también adquirió una moto de la misma marca valuada en US$ 20.000.

“Fue adquirido por su pareja conviviente, quien decidió compartir con ella la titularidad registral, aunque es él quien lo utiliza personalmente”, dice el escrito firmado por el abogado Slonimsqui.

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Junto a Monzón, Calle creó su segunda empresa, Grupo Vertice Global.

La presentación judicial aclara que esa firma estaba vinculada a “un proyecto empresarial estrictamente privado y familiar” y que “la sociedad no llegó a desarrollar actividad comercial efectiva.

Cuando reveló la compra del departamento de San José 1111, Calle negó la operación y hasta una vinculación con la UOM. “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, dijo ese día.

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Luego se confirmó que fue empleada de la UOM entre abril de 2021 y junio de 2026, cuando fue despedida por decisión del actual interventor, Alberto Biglieri.

Ahora confirmó, también, que era dueña del departamento que negaba.

Soledad Calle se compró un departamento en el barrio La Reserva de Cardales, donde paga más de $600 mil pesos de expensas.

reveló que Calle también es propietaria de un dúplex de unos 170 m2 en el barrio privado La Reserva de Cardales y de una casa de tres plantas en el centro de la ciudad de Campana, justo al lado de un edificio en construcción del sindicato. Solo esas dos propiedades suman al menos US$450 mil dólares, según inmobiliarias de la zona y fuentes oficiales consultadas por este medio.

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La casa de la calle Belgrano tiene un enorme paredón blanco que no permite ver el interior. Pero las imágenes del drone revelan que tiene varios ambientes, y una terraza con vista al jardín y a la pileta.

Sobre esos bienes, Calle solo dijo que “fueron adquiridos con anterioridad a la constitución de USEM S.A y a la celebración del contrato” con la UOM.

casa de la calle UOMgentileza

La semana pasada, el juez Julián Ercolini levantó el secreto fiscal de Calle y Furlán y solicitó una batería de medidas de pruebas para investigar el patrimonio de ambos que incluyen pedidos de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la ARCA, Anses, Migraciones y hasta la Prefectura Naval.

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Esa causa tiene como objeto una presunta administración fraudulenta por el contrato firmado en 2023 entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la empresa USEM, que administró los aportes de los afiliados al gremio. Su ganancia equivalía al 0,5% del total de los fondos administrados (un negocio estimado en $100 millones mensuales, según la denuncia).

La defensa de Calle sostiene que la contratación de USEM “fue una decisión del secretariado general de la UOM” y que la empresa “dispuso de una organización funcional, personal asignado, oficinas, equipamiento y asesoramiento externo destinados a la ejecución del contrato”.

El contrato no cedió a USEM S.A. la conducción económica de la UOMRA ni le permitió disponer libremente de su patrimonio. Su objeto fue gestionar, dentro del marco del fideicomiso UOMRA-BNA, la apertura y operatoria de cuentas bancarias correspondientes a las seccionales y al Secretariado Nacional, y atender excepcionalmente pagos por cuenta y orden de la entidad cuando ésta lo requiriera”, completa la presentación judicial.

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LA NACION había revelado que durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”,compra del departamento de San José 1111,una casa de tres plantas en el centro de la ciudad de Campana,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Cristina Kirchner,Conforme a

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Las universidades nacionales anunciaron nuevas medidas de fuerza tras el paro de este martes

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La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) informó que el paro en las universidades nacionales tuvo un acatamiento cercano al 100%.

La medida fue dispuesta por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales tras el rechazo a la propuesta salarial oficial de un 3% de aumento para septiembre.

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El dirigente Daniel Ricci afirmó que “ofrecer un 3%” resulta insuficiente frente a la pérdida acumulada. Los gremios exigen una recomposición salarial del 32% para recuperar el poder adquisitivo y reclaman además la actualización efectiva de las becas estudiantiles universitarias.

El conflicto responde a la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Ricci advirtió que “vamos a continuar con el plan de lucha” y ratificó que las medidas de fuerza se profundizarán durante la próxima semana si no hay respuestas.

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Las tensiones se intensificaron luego de que fracasara la última reunión paritaria. Ante este escenario de confrontación gremial, las partes fijaron una nueva instancia de negociación para el próximo 17 de septiembre, fecha clave para destrabar el conflicto salarial en todo el país.

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Financiamiento de las Universidades,Paritarias,Paro,Universidades públicas

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El Gobierno acelera los contactos con aliados regionales para sumar apoyos al reclamo por las islas Malvinas

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Satisfechos por los recientes apoyos de Israel, Chile y el Brasil de Lula da Silva- desde el gobierno de Javier Milei van por más: desde la Casa Rosada y la Cancillería aceleran los contactos en la búsqueda de respaldo de los países aliados de la región al reclamo de soberanía por las islas Malvinas.

Fuentes oficiales afirmaron a que, en principio, se trata de una “idea posible” que comenzará a plasmarse en los próximos días. El canciller Pablo Quirno conversó hoy sobre este y otros proyectos vinculados con Malvinas como invitado en la reunión de la mesa política, que nucleó a las principales figuras del Gobierno salvo el Presidente.

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La idea de distintos funcionarios es reeditar, con los mismos aliados, una declaración conjunta como la que en mayo del año pasado promoviera el Gobierno por la situación de inestabilidad política en Bolivia. Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Honduras firmaron una declaración expresando su “preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, y brindaron apoyo al presidente Rodrigo Paz. Esos mismos países, incluido Bolivia y también Colombia, donde hoy gobierna el derechista Abelardo de la Espriella, podrían apoyar una declaración similar, pero de respaldo a la postura argentina sobre Malvinas y su decisión de sancionar a las empresas que exploten recursos naturales en las islas.

“No nos ha llegado ningún pedido concreto, pero por supuesto lo apoyaríamos”, comentaron desde las delegaciones diplomáticas de dos de esos países. En su conferencia de prensa semanal, el portavoz presidencial Adrián Ravier detalló los distintos apoyos a la posición argentina que en los últimos meses dieron el Mercosur, la OEA, el Comité de Descolonización de la ONU y la Celac, y afirmó que “no hubo un pedido concreto” a los países que se expresaron en las últimas horas, “pero el Presidente sí dijo que espera una reacción positiva de los aliados”.

En las últimas horas, poco antes y poco después de la cadena nacional del jueves pasado, el Gobierno recibió tres respaldos concretos.

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En su encuentro con Javier Milei en Chile, el presidente de ese país, José Antonio Kast, aprobó el jueves una declaración conjunta en la que “reiteró el respaldo del gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. El mismo día que Kast estuvo con Milei, el diario local El Mercurio informó sobre un acuerdo entre la localidad chilena de Punta Arenas y el gobierno isleño para abrir a partir de noviembre una ruta comercial marítima. Hoy solamente existe una, y es la que une Montevideo con Puerto Argentino.

Luego de la declaración presidencial, el influyente ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar ben Gvir afirmó que “es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”. De todos modos, explicaron distintas fuentes, no se trata de la posición oficial del gobierno aliado que encabeza Benjamín Netanyahu. La postura oficial de Israel, según pudo saber , es que se trata de “una disputa que debe encontrar una solución mediante negociaciones bilaterales directas entre la Argentina y el Reino Unido”. Una de las empresas petroleras que invierte en Malvinas es de Israel.

Anoche, quien sorprendió no fue precisamente un aliado. El encargado de Negocios de Brasil en el país, Eduardo Uziel, dio una muestra concreta de apoyo al reclamo argentino sobre Malvinas.

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En el salón dorado del Teatro Colón, donde se desarrolló el festejo por la independencia del país vecino, el diplomático brasileño –a cargo de la representación brasileña en el país-fue más allá y dio como prueba de la amistad entre Argentina y Brasil “el invariable apoyo, desde 1833, a la soberanía argentina en las Islas Malvinas”. El canciller Quirno sostuvo la semana pasada reuniones bilaterales con sus pares de Uruguay, Mario Lubetkin, y de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, aunque buena parte de lo conversado con sus dos socios del Mercosur se mantuvo en reserva.

Sin comentarios sobre ese sorpresivo apoyo-ningún diplomático de alto rango de la Cancillería participó del ágape—, y mientras el Presidente recibía en su despacho al canciller italiano, Antonio Tajani, Ravier reiteró hoy una frase que el asesor presidencial Santiago Caputo escribió en sus cuentas de X, luego tomada por el propio Presidente. “El Reino Unido es el pasado, Argentina es el futuro”, destacó, y utilizó términos como “potencia ocupante” para referirse a Gran Bretaña, aunque al mismo tiempo sorprendió al no descartar, en una fecha a precisar, un eventual viaje de Milei a Londres.




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