El expresidente Mauricio Macri cuestionó este miércoles a la jueza bonaerense que resolvió frenar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

A través de un posteo en X, Macri calificó de “inaceptable” que una medida cautelar dictada por un juzgado provincial haya impedido la vigencia de una ley nacional y remarcó: “Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas”. “Simplemente, no puede hacer eso. Los tribunales solo ejercen el control de constitucionalidad en el marco de causas”, agregó.

En ese sentido, el expresidente apuntó directamente contra los fundamentos de la magistrada y sostuvo que “la jueza reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones”, en referencia a un pasaje del fallo donde la funcionaria argumentó que “el Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir”. Según el expresidente, “esos elementos que dice tener no fueron presentados”.

Para Macri, el resultado de esa resolución generó una “controvertida situación”: una norma sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, y vigente en todo el país, “quedó sin efecto en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del territorio argentino, por decisión de un juzgado de primera instancia”.

Finalmente, sentenció: “Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado. La Argentina que soñamos solo se construye con jueces que respeten la Constitución”.

El fallo que generó la polémica en la provincia de Buenos Aires

La resolución cuestionada por Macri fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de los adolescentes privados de su libertad. La suspensión llegó apenas dos días después de la entrada en vigencia del régimen penal juvenil.

La jueza Pascual centró su decisión en la falta de infraestructura del Estado bonaerense para absorber el aumento de adolescentes que ingresarían al sistema penal tras la baja de la edad de imputabilidad. La Ley 27.801, sancionada en febrero y reglamentada por el Gobierno nacional, establece la responsabilidad penal desde los 14 años, prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, además de contemplar medidas alternativas y monitoreo electrónico.

Otras reacciones políticas y judiciales

Las críticas de Macri se suman a las de referentes de La Libertad Avanza, que ya adelantaron su rechazo a la medida. El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, calificó el fallo como una resolución “profundamente antidemocrática” y el espacio libertario anunció que impulsará un juicio político contra la magistrada. En la misma línea, el diputado bonaerense Manuel Passaglia presentará un pedido de jury contra Pascual por su decisión.

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En el plano judicial, la resolución también fue apelada. La Fiscalía de Lomas de Zamora recurrió el fallo y acusó a la jueza de avanzar sobre facultades que le corresponden al Congreso, al tiempo que pidió que la cautelar pierda efecto mientras se resuelve el recurso ante la Cámara de Apelación y Garantías.

La jueza Pascual, por su parte, defendió su decisión y afirmó que, ante la falta de mecanismos para aplicar la norma, esta “no es más beneficiosa para la comunidad”. La medida cautelar suspende la aplicación de la ley por un plazo de 60 días y no implica su anulación definitiva.

Mauricio Macri, Provincia de Buenos Aires

Gustavo Ybarra,Banco Central,Senado de la Nación,Conforme a

En pleno proceso de redacción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el Gobierno evalúa ampliar el alcance de las sanciones a otras actividades, como la pesca, según confirmó una fuente oficial a Infobae. Se trata de un reclamo que levantó la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) al argumentar que el mismo criterio utilizado contra las petroleras debía aplicarse a las licencias de pesca que el Reino Unido otorga desde hace décadas.

A partir de los anuncios del presidente Javier Milei, la administración libertaria analiza extender los alcances de la Ley 26.659, conocida popularmente como “Ley Pino Solanas”, aprobada por unanimidad el 16 de marzo de 2011 durante el primer mandato de Cristina Kirchner. El articulado establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina solo pueden realizarse bajo habilitación emitida por autoridad competente argentina.

En Casa Rosada discuten la posibilidad de endurecer las penas y ampliar las actividades “de negocios” en las islas. La alternativa fue conversada en la última reunión de la mesa política, que tuvo lugar el pasado martes, y la eventual ampliación podría sumarse al esquema de sanciones contra las empresas que buscan extraer petróleo en Malvinas. Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció a 60 firmas, en coordinación con la Procuración del Tesoro.

Si finalmente se avanza, quedará contemplada en el proyecto que actualmente atraviesa la última instancia de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy.

El planteo también pone el foco en la Ley Federal de Pesca, que regula el uso, la protección y la administración de los recursos vivos marinos en las aguas, aunque existen reclamos en torno a su aplicación.

El peronismo pide que las empresas y actores vinculados con la explotación de los recursos pesqueros en las islas sean alcanzados por el régimen de sanciones. El pedido se suma al de las entidades del sector, que buscan que la pesca sea incorporada expresamente al proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso.

Esta mañana, durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, el mandatario aseguró que con la nueva normativa “los que provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”. Además, reveló que incluirá otras herramientas necesarias para fortalecer las capacidades del Ejército y el ejercicio de la soberanía, como la creación del Consejo de Seguridad Nacional.

Por estas horas, el asesor presidencial, Santiago Caputo, termina de definir el formato que tendrá la presentación legislativa del próximo lunes, que ingresará por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayores apoyos para avanzar. El Poder Ejecutivo evalúa dos alternativas: girar el proyecto de manera tradicional o enviar a un funcionario al Congreso para explicar los detalles del articulado.

En ese escenario, los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), que participaron directamente en la redacción del texto, figuran entre los potenciales expositores. Más allá de esa eventual participación, en Casa Rosada descuentan que asistirán al Congreso cuando el proyecto se trate en comisión.

El oficialismo apunta a que el tratamiento legislativo comience entre fines de septiembre y principios de octubre. “Es un tema que no debería suponer resistencia, por lo que descontamos que tendrá dictamen rápido. Para la última de septiembre y la primera de octubre debería comenzarse a tratar”, expresó ante este medio una fuente de mesa política.

La discusión legislativa se da en paralelo a la ofensiva del Gobierno contra las empresas vinculadas a supuestos negocios petroleros ilegales en las Islas Malvinas, en el proyecto Sea Lion. Milei anunció además la construcción de una Base Naval integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento estará contemplado en el Presupuesto 2027 y que, según planteó el mandatario, “no pone en juego el superávit”. En ese marco, Quirno y Presti viajarán este viernes a la provincia para recorrer la zona y avanzar en las obras.

“El lobby petrolero es clave. Que los ingleses sienten a la Argentina en una mesa de negociación a hablar de compartir regalías, bloques conjuntos, lo que sea, supone un avance. Esta es nuestra última oportunidad”, expresó una fuente con acceso al despacho presidencial.

En las filas oficialistas aseguran que la cadena nacional en la que el mandatario anunció el paquete de medidas en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas generó buena repercusión en las redes sociales, una evaluación que el Gobierno celebró. Aún con los resultados sobre la mesa, evitan “gastar el recurso”, y dejan en manos de los dos ministros la explicación de los detalles del proyecto.