POLITICA
Confirman que los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner están disponibles y piden decomisarlos por Vialidad
Luego de demoras y reclamos reiterados, la Justicia finalmente recibió un informe del Banco Galicia que confirma la disponibilidad de más de 5 millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner.
Es dinero que fue congelado hace más de 10 años, durante la instrucción de la causa Hotesur-Los Sauces, pero que ahora se reclama en el marco de Vialidad, la causa por la que Cristina Kirchner cumple una pena de seis años de prisión y en la que se desarrolla, por capítulos, un decomiso millonario que busca recuperar más de $680.000 millones.
Un primer listado de bienes transita la etapa final del decomiso y espera resoluciones de la Corte Suprema. Pero ese grupo podría no alcanzar para cubrir el monto total y, por estas horas, el Tribunal Oral Federal 2, encargado de llevar adelante la ejecución, tiene bajo análisis un segundo listado elaborado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Los más de US$5 millones de Florencia Kirchner forman parte de este segundo bloque, que incluye también 13 inmuebles de la familia Kirchner y otros 128 pertenecientes a sociedades vinculadas al empresario Lázaro Báez.
La demora del Banco Galicia en responder a la solicitud de la Justicia sobre el estado de ese dinero había generado inquietud en los tribunales, pero su disponibilidad fue finalmente confirmada este lunes por la entidad.
El primer grupo de bienes en la mira para ser decomisados abarca un total de 111 inmuebles: 84 están vinculados a Báez, 19 son de Máximo y Florencia Kirchner y uno pertenece a la expresidenta.
Su situación es distinta porque el TOF 2 ya ordenó su decomiso y la Cámara Federal de Casación confirmó esa decisión. Sin embargo, las defensas acudieron en queja ante la Corte Suprema, que todavía tiene planteos pendientes sobre la ejecución de algunos de esos bienes.
El máximo tribunal ya dejó firme, en cambio, el monto total que debe recuperarse, de $684.990 millones, aunque no se descarta que deba ser actualizado nuevamente por el efecto de la inflación y el paso del tiempo.
Además, la Corte debe definir si alguno de los inmuebles de ese primer grupo será destinado al funcionamiento del Poder Judicial.
Esto es así porque, al tiempo que se ponía en marcha el decomiso, la Corte dictó una acordada que estableció que los inmuebles decomisados deben ser puestos primero a disposición del propio tribunal para que determine si alguno puede ser destinado al Poder Judicial. Si no existe interés, se consulta al Consejo de la Magistratura y recién después el tribunal puede avanzar con la ejecución.
Pendiente
El decomiso es lo último que resta ejecutar de la condena por Vialidad, dictada por el tribunal en 2022 y confirmada por la Corte a mediados del año pasado.
El mecanismo se puso en marcha después de que ninguno de los condenados aportara voluntariamente el dinero para cubrir el monto de la condena, fijado originalmente en $84.835 millones.
Una vez actualizado a $684.990 millones, el TOF 2 los intimó a depositarlo en un plazo de diez días hábiles. Ninguno realizó el pago, por lo que el tribunal avanzó sobre los bienes que fueron, según la Justicia, producto del delito, incluso sobre aquellos que fueron transferidos a terceros, como es el caso de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner.
Los más de cinco millones de dólares de Florencia Kirchner que permanecen inmovilizados en el banco fueron embargados por el juez Julian Ercolini, en 2016.
Se componen de 4.664.000 de dólares encontradas en una caja de seguridad, y dinero que había en dos cajas de ahorro: 1.032.144 dólares y 53.280 pesos.
El juicio por Hotesur-Los Sauces, que es por presunto lavado y tiene a la expresidenta y a su hijo Máximo entre los principales acusados, tuvo su primera audiencia preparatoria la semana pasada y la fecha de inicio está próxima a definirse.
Florencia Kirchner no será juzgada en ese expediente porque fue sobreseída, pero la Justicia decidió mantener embargado el dinero al considerar que todavía estaba bajo sospecha el origen de esos fondos.
Por eso, el Tribunal Oral Federal 5 podría plantear reparos a que desde Vialidad se disponga de ese dinero, puesto que los dólares permanecen cautelados en Hotesur-Los Sauces y podrían resultar de interés para ese proceso.
Hotesur-Los Sauces,Federico González del Solar,Corrupción,Conforme a
POLITICA
Sebastián Galmarini habló sobre la deuda de las familias: “El Gobierno decía que no existía el problema”
La Cámara de Diputados avanzó con el tratamiento de los proyectos vinculados al endeudamiento de las familias y las empresas. La oposición consiguió emplazar a las comisiones de Defensa del Consumidor y de Finanzas para comenzar a trabajar sobre los más de cincuenta expedientes presentados y definir una iniciativa para llevar al recinto. Para Sebastián Galmarini, el problema ya no admite postergaciones y expone una situación que el Gobierno, hasta hace poco, negaba.
“Hoy se votó el emplazamiento a las comisiones para trabajar, de los cincuenta y pico de proyectos que existen, cuál va a ser el despacho que vamos a llevar al recinto para votarlo y darle media sanción”, explicó en Infobae al Regreso, y apuntó: “Hasta hoy, te diría hasta hace algunas horas, el Gobierno oficialmente decía: ‘No existe problema’”.
Galmarini sostuvo que los niveles de morosidad reflejan un deterioro que atraviesa a distintos sectores. Mencionó un 12% y pico de irregularidad entre las familias dentro del sistema bancario, alrededor de un 3,5% en las empresas y más de un 33% en el universo de las fintech. En ese escenario, advirtió sobre el recorrido que puede hacer una persona cuando deja de acceder al crédito tradicional: “No pudiste cumplir con el banco, vas a buscar a la fintech, que tiene otro mecanismo de scoreo”.
Según explicó, las fintech evalúan variables diferentes a las de los bancos tradicionales y pueden otorgar financiamiento a personas que ya quedaron afuera del sistema bancario formal. “Básicamente, la fintech lo que hace es que scorean por tu nivel de consumo. No están mirando cuál es tu ingreso formal, cuál es tu recibo de sueldo”, señaló.
El riesgo, planteó, aparece cuando ese circuito desemboca en el crédito informal. “El final de esa rueda termina yendo al financista del barrio, que te cobra el 5.000% y además viene con un arma y te dice: ‘Si no me pagás, te mato a un chico’”. Por eso rechazó las explicaciones que reducen el endeudamiento a consumos considerados innecesarios.
Para Galmarini, el punto central es que una parte importante de las familias se endeuda para afrontar gastos cotidianos. Citó que el 73% de los endeudados destina esos recursos a alimentos y servicios y señaló que existen asalariados con ingresos promedio de $1,3 millones que acumulan deudas de unos $500.000 y no pueden afrontarlas. “Estás hablando de asalariados de un promedio de un millón trescientos mil pesos, que tienen una deuda media de quinientos mil pesos y que no la pueden pagar”, sostuvo.
La mora, además, puede cerrar el acceso a todo el sistema financiero. “Cuando vos estás irregular en la tarjeta, la irregularidad te toma todos los demás créditos que vos tengas en todo el sistema”, explicó. Y resumió el impacto que tiene quedar registrado como deudor: “El día que entraste al Veraz, al NOSIS, no volviste más”.
El diputado defendió una política que permita regularizar las obligaciones sin convertirla en una condonación generalizada. “No es salvarnos. Yo creo que lo que hay es que generar incentivos”, afirmó. En esa línea, sostuvo: “No te están diciendo: ‘No la quiero pagar ni me regales nada’. Hay que darle condiciones”.
Entre las herramientas posibles, mencionó mecanismos de refinanciación y crédito que permitan aliviar la situación de los hogares y, al mismo tiempo, sostener la actividad económica. “No me traigás a la noche los 100 pesos que me tenés que depositar, depositame 90 y con eso da líneas de crédito a refinanciación, de crédito para inversión productiva, para capital de trabajo”, explicó.
Galmarini también cuestionó las modificaciones recientes en la Carta Orgánica del Banco Central y las vinculó con la discusión sobre el financiamiento. “Eso es lo que el Gobierno, diciendo que no existe el problema, eliminó hace algunos días, por ejemplo, con la reforma de la Carta Orgánica”. Y marcó lo que considera un giro en el discurso oficial: “Dos semanas después dicen: ‘El problema existe, vamos a trabajarlo’”.
El diputado remarcó que cualquier respuesta deberá contemplar las diferencias entre las entidades financieras y sus clientes. “Es un universo muy heterogéneo. Hay deudas de distinta naturaleza”, sostuvo. Y agregó: “No es la misma cartera de clientes la de un banco privado que la de un banco público. El nivel de ingreso de los clientes no es el mismo, el nivel de deuda no es el mismo, la irregularidad no es la misma”.
Baja de la edad de imputabilidad
Galmarini también cuestionó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en los términos en que está planteado. Recordó que el Frente Renovador acompañó la reducción de la edad, pero sostuvo que una modificación legal no alcanza para resolver el problema si no está acompañada por infraestructura y políticas de reinserción.
“El punto crítico por el cual todos votamos en contra de esta ley en particular fue porque ni bajar la edad de imputabilidad ni dejar a los chicos en la calle resuelve el problema”, afirmó.
Su principal reclamo apunta a la falta de establecimientos adecuados para los menores que ingresan al sistema penal. “Lo que nosotros necesitamos es que se hagan las obras para reinsertar a esos chicos que entraron al delito a esa edad, siendo más o menos conscientes de lo que están haciendo y del tipo de delito”.
Por eso, reclamó que los plazos previstos para la implementación de una reforma estén acompañados por un cronograma concreto de obras y aperturas: “Pongamos un plazo de obra, pongamos una rendición de que se vayan haciendo, que se vayan abriendo toda la infraestructura que se necesita”.
Massa, las PASO y el futuro del peronismo
Sobre el escenario electoral de 2027, Galmarini evitó anticipar una candidatura de Sergio Massa. “Todavía el que te diga que es candidato te está mintiendo”, sostuvo. Sí destacó el rol que el exministro de Economía conserva dentro del Frente Renovador: “Sergio siempre estuvo laburando mucho, siempre fue el líder del Frente Renovador, de nuestro partido, de nuestro espacio”.
Galmarini planteó que el peronismo debe concentrarse en ampliar su representación y sostener la unidad. “El peronismo tiene que ir unido porque lo que nos reclama gran parte de la sociedad es que hay que ganarle a Milei”, afirmó.
También pidió revisar discusiones internas que considera agotadas. “Nosotros tenemos que ampliarnos, tenemos que dejar un montón de peleas en el pasado que ya no tienen sentido, que están prescritas”. Como ejemplo, mencionó la Ley de Medios y cuestionó que el espacio siga concentrado en un debate que, a su entender, quedó desactualizado frente a los cambios tecnológicos.
Para ordenar la competencia interna, defendió un mecanismo que permita resolver las candidaturas y respaldó las PASO. “Las PASO es un buen mecanismo, lo conocemos todos, es legítimo. Lo hizo presidente a Milei, entre otras cosas”.
Consultado sobre un eventual respaldo de Cristina Kirchner a Massa, respondió: “No lo he hablado, no tengo idea”. De todos modos, consideró que la expresidenta conserva un lugar relevante dentro del peronismo: “Es un actor político importante del peronismo, sin ninguna duda”.
Una propuesta contra la impunidad
En materia de corrupción, Galmarini reclamó fortalecer las herramientas institucionales para investigar y resolver los casos con mayor rapidez. “Hay que generar instituciones, organismos y mecanismos para que se investigue y se resuelvan rápido, porque lo peor de todo es la sensación de impunidad”.
El diputado recordó que presentó un proyecto de ética pública para crear un organismo apartidario, con autonomía y autarquía, que pueda llevar adelante investigaciones. “¿Por qué no armamos un organismo que sea apartidario, que tenga cierta autonomía y autarquía para que pueda investigar?”.
Para Galmarini, la discusión no debería quedar limitada a los discursos políticos, sino traducirse en instrumentos concretos que permitan avanzar sobre las denuncias. “Lo que tenés que hacer es generarle instrumentos para que eso se pueda investigar y a veces rápido”.
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sebastián galmarini
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Nuevo traspié legislativo del Gobierno: se suspendió la sesión en el Senado para aprobar cambios al régimen de biocombustibles
En un giro sorpresivo, que muestra la inestabilidad que impera en el Senado, se suspendió la reunión de Labor Parlamentaria que se había convocado para esta tarde y, por lo tanto, la Cámara alta no sesionará este jueves como pretendían el oficialismo y algunos bloques de la oposición dialoguistas.
La decisión de suspender la reunión de jefes de bloque se tomó como consecuencia de la falta de votos para aprobar el proyecto que modifica la ley de biocombustibles, iniciativa impulsada por la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, que había obtenido dictamen la semana pasada.
Con la postergación de la sesión para la semana próxima, también quedarán en suspenso dos acuerdos firmados entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación por el traspaso del fuero penal juvenil al ámbito porteño.
También quedarán para una próxima sesión, que podría ser el jueves 17, los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, los candidatos a camaristas del fuero contencioso administrativo acusados de ser “amigos de la AFA” de Claudio Tapia cuyas nominaciones estuvieron congeladas durante casi cuatro meses por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El tema de biocombustibles divide a los bloques del Senado de manera transversal en una suerte de pulseada entre las provincias productoras de bioetanol y aquellas que hacen biodiesel.
“Los que empujan el proyecto no terminaron juntando los votos”, explicaron desde el oficialismo sobre la postergación del tratamiento del proyecto. La frase apunta a las senadoras de las provincias productoras de azúcar (bioetanol) que, a priori, serían las más beneficiadas con los cambios al régimen vigente.
En esa lista se anotan, entre otros, las peronistas Flavia Royón (Salta) y Carolina Moisés (Jujuy), que responden al gobernador Gustavo Sáenz; y Beatriz Ávila (Tucumán), alineada con el mandatario de su provincia, Osvaldo Jaldo. Las tres habían acordado con Bullrich avanzar con cambios en la ley de biocombustibles.
Pero el proyecto genera también polémica en torno a cómo se reparte el mercado ampliado, en especial en el biodiésel.
Las empresas no integradas en una cadena productiva, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas (Pymes) que dependen del cupo obligatorio, reclaman una mayor protección frente a las compañías con mayor escala de producción y capacidad exportadora.
Esta pelea pone en estado de alerta a los senadores de provincias como Santa Fe, La Pampa, San Luis y Buenos Aires, que reclaman algunos cambios ya que, sostienen, el texto dictaminado en comisiones perjudica a las Pymes al obligarlas a comprar materia prima a las aceiteras, cuya cadena productiva está integrada, sin asegurarles cuotas de mercado.
En este reclamo coinciden senadores de diferentes bloques como los radicales de Santa Fe, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, y de La Pampa, Daniel Kroneberger, la también pampeana María Victoria Huala (Pro), y libertarios como el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis). Todos votos indispensables para aprobar el proyecto.
El texto intenta equilibrar esas posiciones con cupos transitorios, topes por empresa y una apertura progresiva, aunque el acuerdo sigue sin despejar las tensiones entre provincias productoras, petroleras, cámaras agroindustriales y bloques políticos.
El dictamen firmado la semana pasada propone un nuevo marco regulatorio de los biocombustibles que establece elevar el corte obligatorio de bioetanol en naftas al 15%, distribuido entre caña de azúcar, maíz y un tramo sujeto a competencia, y llevar el biodiésel en gasoil al 10% de manera gradual.
También incorpora límites a la concentración empresarial, habilita mecanismos de contratación más abiertos y busca dar previsibilidad de largo plazo a las inversiones del sector.
Gustavo Ybarra,Conforme a
POLITICA
Malvinas: la Justicia de Tierra del Fuego se declaró competente para intervenir en la demanda contra Sea Lion
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la demanda presentada contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP) por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, en aguas del Atlántico Sur.
La magistrada fundó su decisión bajo el criterio del Ministerio Público Fiscal que reconoció la competencia federal “en razón de la materia y del territorio” y afirmó la jurisdicción internacional de los tribunales del país respecto de empresas con domicilio en el extranjero.
La jueza también ponderó el carácter interjurisdiccional de los recursos involucrados. Señaló que el emprendimiento se emplaza en aguas del Atlántico Sur y que esas áreas integran las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, de modo que una eventual degradación podría afectar bienes nacionales.
El emprendimiento “por su dinámica oceanográfica, corrientes y conectividad ecosistémica, integran las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, de modo que la degradación denunciada recaería sobre recursos ambientales interjurisdiccionales”, sostuvo la jueza al respecto en el fallo, al que tuvo acceso TN.
Borruto explicó que “la infraestructura impugnada —pozos subsea, unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, líneas de flujo y risers— se instala materialmente sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a la jurisdicción marítima de la Nación”.
La acción fue promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). El planteo pide que las compañías se abstengan de iniciar o continuar obras, instalaciones, perforaciones y demás intervenciones vinculadas con el proyecto Sea Lion, hasta tanto se cumpla, ante la autoridad ambiental nacional, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Ley General del Ambiente.
Si bien la jueza se declaró competente para intervenir, las medidas cautelares pedidas para suspender el proyecto aún no fueron resueltas. Su tratamiento quedó pendiente hasta que se completen requisitos procesales pendientes, como la verificación de acciones paralelas, la traducción de documentación extranjera y el aporte de piezas incorporadas mediante enlaces.
La magistrada dispuso, además, dar intervención a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de su Fiscalía de Estado, al considerar que el espacio marítimo e insular forma parte del territorio provincial y que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales.
El proyecto Sea Lion
Sea Lion es un yacimiento offshore ubicado en el Atlántico sur, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a 450 metros de profundidad. De avanzar según lo previsto, sería el primer desarrollo de crudo en aguas cercanas al archipiélago.
El proyecto es impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
El hallazgo del yacimiento se remonta a mayo de 2010, cuando Rockhopper anunció el descubrimiento de crudo en la zona. Tras años de estudios, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025, lo que implica que el proyecto es considerado viable desde el punto de vista técnico y económico.
Según datos de Navitas, al 31 de julio pasado el yacimiento contaba con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables. La primera fase apunta a una producción de 50.000 barriles diarios, con el primer petróleo previsto para marzo de 2028.
La inversión inicial será de USD 1.800 millones hasta la obtención del primer crudo, a los que se sumarán otros USD 2.100 millones para el resto de la explotación, que se proyecta a 30 años.
Leer más: Malvinas: el Gobierno acelera el proyecto de la Base Naval Integrada y enviará a Quirno y a Presti a Tierra del Fuego
El plan de Sea Lion está organizado en fases y áreas. La primera etapa se concentrará en el Área de Desarrollo Norte (NDA), con la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). Tres años después, comenzará la “fase 2” en la misma área, con otros 12 pozos.
Además, está previsto el desarrollo del Área de Desarrollo Central (CDA), cuya primera fase contempla la perforación de 20 pozos y el inicio de la producción hacia fines de 2030. Luego, se sumarán otros 18 pozos en una segunda etapa. En total, el proyecto prevé más de 60 pozos submarinos.
malvinas, petrolera, Justicia
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