La Municipalidad de José C. Paz, exigió este miércoles al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que refuerce la seguridad, tras el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, el joven al que dos delincuentes le dispararon por la espalda para robarle la moto. El comunicado fue difundido en X durante la misma tarde en que amigos y vecinos de la víctima marcharon por el centro del distrito y se concentraron frente a la sede municipal para reclamar justicia y mayores medidas de prevención del delito.

“Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito”, sostuvo el municipio en el documento, firmado por la intendenta interina, Lorena Espina, y el director general de Seguridad del distrito, Miguel Narváez.

El municipio sostuvo que se necesitan “acciones inmediatas” y señaló que, en el marco del crimen de Ojeda Vázquez, el gobierno bonaerense debe asumir la “total y completa responsabilidad” de la seguridad de los vecinos del distrito.

Las autoridades también expresaron su “profundo pesar” por el fallecimiento de Ojeda Vázquez y transmitieron su solidaridad a la familia. A su vez, defendieron los recursos que destina la administración local a la seguridad: “El municipio continúa haciendo un enorme esfuerzo con recursos propios”, sostuvieron.

Según precisaron, el distrito cuenta con más de 250 efectivos y 70 móviles de la Patrulla Urbana Municipal, además del sistema de monitoreo de cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM). También destacaron los operativos diarios con participación de personal municipal, de tránsito y de la policía, así como la provisión de combustible y la reparación de patrulleros para sostener el funcionamiento de la Policía Bonaerense.

El pronunciamiento se conoció en medio de la conmoción por el homicidio. Como informó , este miércoles, pocas horas después de la despedida de los restos de Ojeda Vázquez, sus amigos y vecinos marcharon por las calles céntricas de José C. Paz y se concentraron frente a la municipalidad para exigir justicia y mayores medidas de seguridad. Durante la manifestación, en la que hubo quema de neumáticos, los participantes portaron carteles con la imagen del joven y reclamos por la captura de los responsables.

A Ojeda Vázquez, a quien sus allegados llamaban “Tito”, lo asesinaron este lunes por la noche cuando llegaba a su casa. A las 21.20 había salido de un gimnasio y, ocho minutos después, en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, fue atacado por dos delincuentes. Le dispararon por la espalda, lo que lo obligó a detenerse y se llevaron su moto.

A partir de videos aportados de manera voluntaria por vecinos, los investigadores de la Subdirección de Investigaciones de José C. Paz pudieron ver el momento del crimen y lograron reconstruir parte del recorrido que hicieron después los asaltantes. No obstante, todavía falta precisar la vivienda en la que se refugiaron o si, allí guardaron las motos y después, huyeron a pie. Hasta el momento, esta es la principal pista.

Hasta el momento, los investigadores no encontraron imágenes que permitan ver los rostros de los atacantes. Una vecina que se los cruzó cerca del lugar donde cayó herido Ojeda Vázquez tampoco pudo reconocer sus facciones porque llevaban cascos.

El Gobierno nacional evalúa extender las sanciones en el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuya letra final se encuentra en plena redacción, a otras áreas más allá de las de hidrocarburos, como contempla la legislación actual. Entre los sectores que se verían alcanzados con las modificaciones está el de la pesca, según confirmó a una fuente oficial de Casa Rosada.

El proyecto legislativo ingresará el lunes próximo al Congreso, por la Cámara de Diputados, según fuentes oficiales. La iniciativa contempla estos cambios a la Ley 26.659, sancionada durante el Gobierno de Cristina Kirchner, con la búsqueda no solo de penas más duras, sino también de alcanzar a otras áreas, como la pesca. La normativa vigente solo contempla sanciones al área de hidrocarburos.

La extensión de sanciones a la actividad pesquera que evalúa por estas horas el Poder Ejecutivo, busca también ser incluida en la discusión por parte del bloque peronista. En tanto, la ley federal de Pesca ya prevé sanciones para la pesca en el área, pero nunca se aplicó.

“La idea es apuntar no solo a endurecer las sanciones a empresas y sujetos que operen en Malvinas, sino también ir más allá de las vinculadas a hidrocarburos, yendo a todo el resto de los negocios en el área, entre ellos el de la pesca”, detallaron desde el palacio de gobierno a .

En su mensaje del jueves pasado, el presidente Javier Milei mencionó sin dar precisiones que habría un endurecimiento de las sanciones a las empresas de hidrocarburos que operen en la zona. Fue durante la cadena nacional en la que se refirió al tema y anunció no solo el envío del proyecto de ley, sino también la construcción de una Base Militar en Tierra del Fuego.

Los cambios en la ley buscan acelerar el proceso y endurecer las penas para que las empresas que operan en el proyecto Sean Lion no puedan hacerlo en Argentina. También se extenderá a sus proveedoras.

Desde que Milei realizó el anuncio el jueves, ya se hicieron dos tandas de procesos sancionatorios. Primero a 45 empresas, en tanto que este martes se extendió a 15 más.

“La idea es que las sanciones no solo sean más duras, también que abarquen al resto de los negocios en la zona, más allá de los hidrocarburos”, dijeron a fuentes al tanto de lo que se redacta.

En las últimas horas, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) había realizado un reclamo para que se incorporen los recursos pesqueros al igual que los de los hidrocarburos.

“Si la Argentina sostiene que resulta inadmisible la explotación unilateral del petróleo en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, el mismo principio debería alcanzar a los recursos pesqueros que desde hace décadas son explotados mediante permisos británicos”, se mencionó en el comunicado.

La ley, que el Gobierno busca modificar para tener mayores alcances, es la 26.659 que fue sancionada por unanimidad el 16 de marzo de 2011. Corría por entonces el primer mandato de Cristina Kirchner y se la conoció como “Ley Pino Solanas”, en reconocimiento al cineasta y dirigente Fernando “Pino” Solanas, quien la impulsó.

Hasta ahora, la ley fue aplicada en diferentes oportunidades: en 2013, 2021 y 2022, pero sin mayores consecuencias en la práctica para las empresas alcanzadas.

El Gobierno busca cambiar eso tanto con sanciones más duras y consecuencias más tangibles, así como con el alcance a los otros sectores que explotan la zona. La letra de la ley redactada por Solanas apunta exclusivamente a las de hidrocarburos.

El endurecimiento creen que estará dado por la posibilidad que hay en la actualidad, a diferencia de lo que sucedía en 2011, que es la herramienta que ofrece el potencial de Vaca Muerta como instrumento de negociación.

“Que operar en Malvinas se traduzca en dejar de operar en Argentina”, recalcaron en referencia a las sanciones que busca imponer el Gobierno, con consecuencias directas para empresas y sujetos que operen en la zona.

La letra de la ley también contemplará darle más facultades al Consejo de Seguridad, que se conformará a partir de la ley.

El detalle del proyecto que enviará el Ejecutivo está en manos de la Secretaría Legal y Técnica, bajo la órbita de María Ibarzábal; de la Cancillería, en cabeza de Pablo Quirno, y de la cartera de Defensa, de Carlos Presti. En el proyecto también está involucrado de lleno el estratega presidencial, Santiago Caputo.

La cuestión de Malvinas ganó connotación en la agenda pública una semana atrás y desde entonces se trabaja en el proyecto legislativo que anunció el presidente el pasado jueves y que se enviará al Congreso el lunes.