POLITICA
Malvinas: la Justicia federal se declaró competente para intervenir en una causa contra las empresas petroleras

EL CALAFATE.- La Justicia Federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en la acción preventiva por daño ambiental colectivo contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development, en tanto que admitió la jurisdicción internacional de la justicia argentina.
En un dictamen de alto impacto, la jueza federal Mariel Borruto dio el primer paso en una causa que apunta a frenar la ejecución de obras del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la costa de las Islas Malvinas.
El dictamen de Río Grande da lugar así a la demanda presentada en los tribunales fueguinos la semana pasada —dos días antes de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las Islas—, por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, AAdeAA, y el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata, CECIM, quienes reclaman la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras destinadas al proyecto petrolero.
El dictamen de la jueza federal Borruto adhiere al dictamen del Ministerio Público Fiscal y destaca desde el aspecto ambiental que el emprendimiento “se emplaza en aguas del Atlántico Sur que por su dinámica oceanográfica, corrientes y conectividad ecosistémica, integran las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, de modo que la degradación denunciada recaería sobre recursos ambientales interjurisdiccionales”.
En cuanto a la infraestructura que se impugna, se refiere a que la misma “se instala materialmente sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a la jurisdicción marítima de la Nación”; en tanto que sostiene que la controversia excede lo meramente técnico, donde el nudo del debate está enfocado en la defensa de la soberanía nacional como un bien colectivo indivisible, “que reviste la calidad de interés federal por antonomasia”.
Por su parte, a través de un comunicado, el CECIM consideró el dictamen de hoy como “un paso de enorme relevancia porque reconoce la dimensión federal, ambiental y soberana del conflicto planteado”, y sostuvo que este reconocimiento resulta central tanto para el Cecim como para la AAdeAA que concurren en esta acción “desde sus respectivas trayectorias institucionales para la defensa de bienes colectivos que aquí aparecen profundamente entrelazados”. “La soberanía aparece jurídicamente vinculada con la protección del territorio, sus bienes naturales y el derecho colectivo de nuestro pueblo a decidir sobre ellos”, señaló el CECIM.
En el marco del proceso, la magistrada dispuso otorgar intervención procesal a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a través de su Fiscalía de Estado, con el objetivo de resguardar sus intereses patrimoniales y ambientales del Estado provincial, dado que el proyecto impugnado corresponde a territorio de la provincia según lo establece el artículo 1 de la Ley 23.775 que define que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos existentes”, al igual que las competencias ambientales.
Presidencia
A su vez, resolvió diferir la resolución sobre las medidas cautelares solicitadas e intimó a los querellantes a presentar en el plazo de 5 días una declaración jurada sobre la inexistencia de otros juicios idénticos, además de las traducciones oficiales al idioma nacional y las copias digitales de la documentación redactada en lengua extranjera.
Mientras esta causa avanza en el Sur, en el juzgado federal 12 -que está vacante y es subrogado por el juez Julián Ercolini– recayó la denuncia penal presentada por el Gobierno nacional contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y, según explicaron fuentes judiciales a , en las próximas horas se definirá si la causa queda en Comodoro Py o es enviada a Río Grande, Tierra del Fuego.
Con la colaboración de Hernán Cappiello
en la acción preventiva,proyecto hidrocarburífero,empresas extranjeras,Mariela Arias,Conforme a
POLITICA
Malvinas: el Gobierno evalúa extender las sanciones a las pesqueras en la ley que enviará al Congreso

El Gobierno nacional evalúa extender las sanciones en el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuya letra final se encuentra en plena redacción, a otras áreas más allá de las de hidrocarburos, como contempla la legislación actual. Entre los sectores que se verían alcanzados con las modificaciones está el de la pesca, según confirmó a una fuente oficial de Casa Rosada.
El proyecto legislativo ingresará el lunes próximo al Congreso, por la Cámara de Diputados, según fuentes oficiales. La iniciativa contempla estos cambios a la Ley 26.659, sancionada durante el Gobierno de Cristina Kirchner, con la búsqueda no solo de penas más duras, sino también de alcanzar a otras áreas, como la pesca. La normativa vigente solo contempla sanciones al área de hidrocarburos.
La extensión de sanciones a la actividad pesquera que evalúa por estas horas el Poder Ejecutivo, busca también ser incluida en la discusión por parte del bloque peronista. En tanto, la ley federal de Pesca ya prevé sanciones para la pesca en el área, pero nunca se aplicó.
“La idea es apuntar no solo a endurecer las sanciones a empresas y sujetos que operen en Malvinas, sino también ir más allá de las vinculadas a hidrocarburos, yendo a todo el resto de los negocios en el área, entre ellos el de la pesca”, detallaron desde el palacio de gobierno a .
En su mensaje del jueves pasado, el presidente Javier Milei mencionó sin dar precisiones que habría un endurecimiento de las sanciones a las empresas de hidrocarburos que operen en la zona. Fue durante la cadena nacional en la que se refirió al tema y anunció no solo el envío del proyecto de ley, sino también la construcción de una Base Militar en Tierra del Fuego.
Los cambios en la ley buscan acelerar el proceso y endurecer las penas para que las empresas que operan en el proyecto Sean Lion no puedan hacerlo en Argentina. También se extenderá a sus proveedoras.
Desde que Milei realizó el anuncio el jueves, ya se hicieron dos tandas de procesos sancionatorios. Primero a 45 empresas, en tanto que este martes se extendió a 15 más.
“La idea es que las sanciones no solo sean más duras, también que abarquen al resto de los negocios en la zona, más allá de los hidrocarburos”, dijeron a fuentes al tanto de lo que se redacta.
En las últimas horas, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) había realizado un reclamo para que se incorporen los recursos pesqueros al igual que los de los hidrocarburos.
“Si la Argentina sostiene que resulta inadmisible la explotación unilateral del petróleo en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, el mismo principio debería alcanzar a los recursos pesqueros que desde hace décadas son explotados mediante permisos británicos”, se mencionó en el comunicado.
La ley, que el Gobierno busca modificar para tener mayores alcances, es la 26.659 que fue sancionada por unanimidad el 16 de marzo de 2011. Corría por entonces el primer mandato de Cristina Kirchner y se la conoció como “Ley Pino Solanas”, en reconocimiento al cineasta y dirigente Fernando “Pino” Solanas, quien la impulsó.
Hasta ahora, la ley fue aplicada en diferentes oportunidades: en 2013, 2021 y 2022, pero sin mayores consecuencias en la práctica para las empresas alcanzadas.
El Gobierno busca cambiar eso tanto con sanciones más duras y consecuencias más tangibles, así como con el alcance a los otros sectores que explotan la zona. La letra de la ley redactada por Solanas apunta exclusivamente a las de hidrocarburos.
El endurecimiento creen que estará dado por la posibilidad que hay en la actualidad, a diferencia de lo que sucedía en 2011, que es la herramienta que ofrece el potencial de Vaca Muerta como instrumento de negociación.
“Que operar en Malvinas se traduzca en dejar de operar en Argentina”, recalcaron en referencia a las sanciones que busca imponer el Gobierno, con consecuencias directas para empresas y sujetos que operen en la zona.
La letra de la ley también contemplará darle más facultades al Consejo de Seguridad, que se conformará a partir de la ley.
El detalle del proyecto que enviará el Ejecutivo está en manos de la Secretaría Legal y Técnica, bajo la órbita de María Ibarzábal; de la Cancillería, en cabeza de Pablo Quirno, y de la cartera de Defensa, de Carlos Presti. En el proyecto también está involucrado de lleno el estratega presidencial, Santiago Caputo.
La cuestión de Malvinas ganó connotación en la agenda pública una semana atrás y desde entonces se trabaja en el proyecto legislativo que anunció el presidente el pasado jueves y que se enviará al Congreso el lunes.
procesos sancionatorios,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
El oficialismo no consiguió el apoyo de los aliados para avanzar este jueves con la sesión de Biocombustibles en el Senado

El oficialismo tuvo que desactivar en el Senado una sesión que tenía pensaba para este jueves para aprobar cambios en la Ley de Biocombustibles. La decisión se tomó este miércoles por la tarde tras un encuentro de jefes de bloque en el maro de una reunión de Labor Parlamentaria.
Las diferencias con los aliados provinciales en torno al proyecto impidieron avanzar con la convocatoria de una sesión de la Cámara alta. La traba principal surgió de los distritos involucrados en la producción y abastecimiento de biocombustibles.
Las diferencias por la Ley de Biocombustibles
La disputa clave está entre los impulsores de los cambios con los representantes de Salta y Tucumán. Las espadas de las provincias en el Senado son las legisladoras Flavia Royón (Primero los salteños), Carolina Moisés (Convicción Federal) y Beatriz Ávila (Independencia), con terminales en los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo.
El dictamen firmado la semana pasada establece un aumento de los porcentajes de corte obligatorio: el bioetanol pasaría al 15% y el biodiesel al 10%. Sin embargo, la propuesta recibió fuertes cuestionamientos de pequeñas y medianas empresas regionales y productoras, principalmente de Santa Fe y La Pampa.
A ese posicionamiento se sumó Buenos Aires. Las tres provincias reclamaron modificaciones que beneficien a las Pymes, planteo expresado por los senadores radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto, de Santa Fe, y los pampeanos Victoria Huala (Pro) y Daniel Kroneberger (UCR).
También se sumaron a los reclamos los senadores por San Luis: Fernando Salino, por el peronismo, y Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, de La Libertad Avanza. Las diferencias dificultaron la posibilidad de alcanzar puntos en común durante la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles.
Era en ese ámbito en el que Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, que convocar a la sesión para este jueves, luego del dictamen de la semana pasada. Sin embargo, los intereses provinciales postergaron la convocatoria.
Qué cambios propone el proyecto de Biocombustibles
La iniciativa elimina los cupos discrecionales y los reemplaza por mecanismos de licitación pública, con el objetivo de aportar mayor transparencia y competitividad al sector, además de garantizar neutralidad fiscal y estabilidad normativa.
En cuanto al bioetanol en las naftas, se mantiene durante los primeros doce meses desde la sanción de la norma el corte actual del 12%. Luego, el porcentaje obligatorio se elevaría al 15%.
Leer más: Endeudamiento y discapacidad: cómo fue la sesión en la que el oficialismo y la oposición acordaron el calendario de debate
Para el biodiésel en el gasoil, las bancadas alcanzaron un principio de entendimiento para llevar el corte obligatorio al 10%. El esquema prevé pasar del 5% actual al 7,5% y, un año después de la sanción de la ley, elevarlo al 10%.
La Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación, podrá modificar excepcionalmente y mediante resolución fundada ese porcentaje obligatorio para asegurar el abastecimiento ante situaciones comprobadas de escasez que afecten al mercado interno o por cuestiones técnicas y de calidad.
Otro de los artículos consensuados establece: “A los fines de garantizar la competencia, la participación por empresa elaboradora no excederá 20% del total de la cantidad anual de bioetanol comercializado en el corte obligatorio durante el año calendario correspondiente”.
Senado, BIOCOMBUSTIBLES, Banco Central
POLITICA
Morosidad y discapacidad: tras la sesión, Karina Milei se reunió con diputados y con Sturzenegger

El oficialismo sufrió un traspié este miércoles en la Cámara de Diputados cuando la oposición logró imponer un cronograma para dictaminar antes de fin de mes los proyectos sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad. Al término de la sesión, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo una serie de reuniones con Martín Menem, funcionarios de Desregulación y un grupo reducido de legisladores de La Libertad Avanza.
Fuentes libertarias señalaron que la visita de la hermana del Presidente no estuvo vinculada con la derrota legislativa sino que buscó fortalecer los vínculos con el bloque, discutir sobre la agenda legislativa del oficialismo y analizar la actualidad en los diferentes distritos. Algunos de los diputados que tuvieron su mano a mano con “El Jefe” fueron Gabriel Bornoroni, Romina Diez, Sebastián Pareja, Carlos Zapata, Manuel Quintar y Federico Tournier.
“Ella viene una vez por mes para monitorear el avance de la agenda legislativa”, explicaron fuentes oficiales que desligaron su presencia de la derrota de este mediodía.
Luego la Secretaria General también se reunió con el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el Secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. Según pudo saber Infobae, allí también conversaron sobre la agenda legislativa, entre otros proyectos, el de reforma del mercado de capitales.

El próximo lunes todos los miembros del bloque visitarán la Casa Rosada para un encuentro con el presidente Javier Milei donde conocerán de primera mano detalles sobre los proyectos sobre Malvinas y el Presupuesto 2026. También revisarán el libro “La economía en una lección”, de Henry Hazlitt, que el mandatario les obsequió en el último encuentro.
La reunión de Karina Milei con legisladores comenzó inmediatamente después de la sesión en la cual la oposición logró imponer un cronograma de trabajo para que las comisiones de la Cámara de Diputados traten los proyectos de ley sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. El esquema prevé que la propuesta sobre discapacidad se dictamine el miércoles 23 y las iniciativas sobre mora, el martes 29. Con los textos listos para ir al recinto, la oposición prevé que convocará a una sesión especial con ambos temas en la primera semana de octubre.
Los debates comenzarán la semana que viene. Las comisiones de Defensa del Consumidor y Finanzas harán dos encuentros plenarios de carácter informativo el 15 y el 22 de septiembre. Por su parte, las comisiones de Presupuesto y Discapacidad harán lo propio el miércoles 16, allí los libertarios adelantaron que presentarán un proyecto “superador” para “salir de la emergencia”.
Hasta el momento, tanto opositores duros como bloques aliados aseguran que no conocen ningún detalle de la propuesta libertaria. Desde el peronismo aseguran que cualquier propuesta “superadora” será bienvenida pero desconfían del oficialismo. En ese sentido, recuerdan que Milei vetó la ley de Emergencia en Discapacidad, luego sancionó la ley pero dejó su aplicación en suspenso por falta de fondos y luego la aplicó a medias cuando fue obligado por la Justicia.
“Si realmente quisieran aplicar la ley, lo más fácil es tener la Emergencia que te otorga mayor discrecionalidad para reasignar partidas. Nosotros queremos ver qué es lo que mandan, y si es ‘superador’ lo apoyaremos”, explicó un diputado de Unión por la Patria.
En cuanto a los proyectos sobre endeudamiento, los libertarios festejaron que ninguno tendrá giro a la comisión de Presupuesto, por lo tanto no tendrán costo fiscal.
Por su parte, la oposición deberá encarar un arduo trabajo para unificar cerca de 50 propuestas. Solamente el bloque peronista presentó más de veinte iniciativas. Ante la consulta de Infobae, desde la bancada que conduce Germán Martínez adelantaron que ya tienen dos textos trabajados que recopilan las principales propuestas. Aunque todavía no empezaron a buscar consensos con otros espacios.
En términos generales, adelantaron que no se perdonarán deudas ni se usarán fondos públicos para rescatar a los deudores. En cambio, se propondrán mecanismos para reestructurar las obligaciones existentes como extender los períodos de gracia, imponer topes a los intereses o establecer cuotas máximas en relación con los salarios de los deudores.
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