El nuevo Régimen Penal Juvenil volvió a generar un fuerte debate político después de que la Justicia bonaerense suspendiera por 60 días su aplicación en la provincia de Buenos Aires. La medida dictada por la jueza Marta Elba Pascual quedó en el centro de la polémica y los legisladores Christian Castillo, del PTS/FIT, Gisela Scaglia, del PRO y Bárbara Andreussi, de LLA, discutieron en A Dos Voces (TN) sobre el alcance de la reforma y las consecuencias del fallo que frenó su implementación en territorio bonaerense.

Scaglia defendió la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria y cuestionó que se utilice la falta de lugares de detención como argumento para frenar la aplicación del régimen. “Yo creo dos cosas que hay que hacer en la Argentina que ninguna provincia está haciendo. Primero, construir más cárceles”, sostuvo la diputada del PRO.

La legisladora también cuestionó el argumento de que la edad de los adolescentes debería impedir que sean responsabilizados por sus actos y apuntó directamente contra el fallo de la jueza Pascual.

Respecto a las deficiencias en el sistema carcelario, Andreussi afirmó que, a pesar de eso, es un “disparate” la resolución judicial. “Una jueza no puede poner en pausa una ley que ha dictado el Congreso. La jueza tiene lo que tiene que hacer: hacer que se cumpla la ley”, afirmó.

“Esta ley se aprueba hace seis meses y en estos seis meses, si ella realmente era tan calificada para el tema, tendría que haber convocado al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para que, si ella previamente sabe que las cárceles van a colapsar, puedan hacer las obras que requieran”, sostuvo.

En la vereda de enfrente, Castillo rechazó la reforma y sostuvo que bajar la edad de imputabilidad no es el camino para bajar la delincuencia juvenil: “La ley es puro humo desde el punto de vista de que esto solucionaría algún tema vinculado a la inseguridad”.

“Estamos discutiendo magnitudes. Esto no lo resuelve”, sostuvo, y señaló que, según los datos que presentó durante el debate, hubo tres homicidios en ocasión de robo cometidos por menores en la Ciudad de Buenos Aires y 25 en la provincia de Buenos Aires durante el año anterior.

Tras el resultado de las pruebas PISA, Castillo también apuntó contra la falta de inversión en educación y planteó que el problema central debería ser cómo garantizar que los chicos permanezcan en las escuelas. “Esta gente está pensando cómo encerramos a los pibes, tendríamos que pensar cómo logramos que los pibes estén en la escuela y puedan aprender bien”, cuestionó.

A eso, Scaglia lanzó: “El garantismo bobo no funciona en la Argentina”. Inmediatamente después, el debate se tensó y Castillo respondió con firmeza: “¿Y el punitivismo bobo? Este es un país punitivista loco, vos porque estás colonizada por la mente de los punitivistas, por la mano dura, por los defensores del gatillo fácil».

Uno de los momentos más tensos del debate se produjo cuando la discusión pasó por el vínculo entre los adolescentes y las organizaciones criminales.

Castillo sostuvo que los menores que son utilizados por bandas narco también pueden ser víctimas y cuestionó el enfoque de mano dura. “¿Un pibe de 14 años que termina de soldadito te parece que no es una víctima del sistema?”, preguntó. “No, hay conciencia en lo que están haciendo, es un delito de adulto que sabe muy bien lo que está haciendo”, expresó Scaglia.

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Andreussi intervino y dijo que Castillo desarmó el argumento de la jueza Pascual al reconocer que son pocos los menores que cometen delitos graves para llegar a la cárcel. “Los menores delincuentes son víctimas del sistema como también lo son las víctimas que han sido atacadas. Usted se pone nada más en el lado del victimario ¿Qué pasa con la víctima?“, cuestionó.

“La ley es para definir cuál es el régimen penal que se aplica a los menores. A esto se llega porque hay menores que cometen delitos”, sostuvo la diputada de LLA. Castillo, por su parte, comenzó a repetir que era “puro humo” en varios momentos.

Scaglia sostuvo que la reforma también puede servir para evitar que los adolescentes sean utilizados por delincuentes mayores. “Vos tenías que hacer algo con un menor que cometía delitos. No estamos hablando de robar una gallina. Estamos hablando de un pibe que mata”, afirmó. Y agregó: “Muchas veces lo pueden extorsionar y agarrarlo como bandera para decir: ‘Meto a un menor y me salvo’”.

Finalmente, Andreussi remarcó: “Ayer la jueza decía: ‘Roban un celular, lo vamos a encerrar’. Eso no es verdad, eso no es lo que dice la ley. El encierro es la última de las alternativas”. Castillo insistió, sin embargo, en que el problema no se resuelve con más encierro y sostuvo que la prioridad debería estar puesta en sacar a los jóvenes de situaciones de pobreza y marginalidad.

Scaglia concluyó: “No hay que ponerse colorado cuando hay que construir más cárceles, hay que tener mejores sistemas penitenciarios, hay que hacer cumplir la ley”.

A dos voces, baja de imputabilidad

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Con una votación que reunió a la oposición y a La Libertad Avanza, la Cámara de Diputados abrió el camino para discutir proyectos sobre morosidad y emergencia en discapacidad. El diputado nacional Esteban Paulón, de Provincias Unidas, sostuvo que el respaldo expuso el reconocimiento parlamentario de problemas que afectan a familias endeudadas y a personas con discapacidad.

El diputado nacional Esteban Paulón, de Provincias Unidas, interpretó que el acompañamiento oficialista reconoció dos problemas que afectan a sectores de la población. “El libertarianismo parlamentario reconoce que con discapacidad y endeudamiento hay problemas”, afirmó en diálogo con Infobae Al Amanecer.

Qué aprobó Diputados y por qué todavía no hay una ley nueva

La Cámara de Diputados no aprobó una ayuda para quienes tienen problemas para pagar créditos, tarjetas o préstamos. Tampoco aprobó la extensión de la emergencia en discapacidad durante 2027. En esta oportunidad votaron para que las comisiones comiencen a discutir esos proyectos. Esa etapa resulta necesaria antes de que cualquier iniciativa vuelva al recinto para una votación general.

La comisión reúne a legisladores de distintos bloques. Allí analizan los proyectos, proponen cambios y buscan acuerdos sobre un texto común. Después de ese debate, las comisiones elaboran un dictamen. Ese documento deja el proyecto listo para que la Cámara de Diputados lo discuta en una nueva sesión.

El dictamen tampoco convierte una propuesta en ley. Los diputados deben votar el proyecto en el recinto y, si lo aprueban, el Senado deberá hacer lo mismo.

La discusión sobre morosidad y endeudamiento incluye cerca de 50 proyectos. Esas iniciativas buscan ofrecer alternativas a las familias y personas que no pueden cumplir con sus pagos.

El debate sobre la emergencia en discapacidad apunta a definir si el Congreso extiende por un año la norma vigente. Paulón sostuvo que las provincias afrontan prestaciones que la Nación no paga. “Con discapacidad pasa lo mismo. Es un tema donde hoy las provincias se están haciendo cargo con los magros recursos que tienen”, dijo el diputado nacional.

Paulón relacionó esa situación con la baja de la recaudación y de los fondos de coparticipación. También afirmó que el endeudamiento afecta a “millones de personas y familias en Argentina”.

Paulón afirmó que el oficialismo aceptó discutir dos problemas

El legislador de Provincias Unidas afirmó que la oposición contaba con entre 137 y 138 diputados dispuestos a sostener la sesión. Con 129 presentes, el recinto alcanzaba el quórum.

Según Paulón, La Libertad Avanza intentó evitar la sesión hasta último momento. Después, el oficialismo acompañó el tratamiento al advertir que la oposición tenía los votos necesarios. “Si no puedes con tu enemigo, únete”, expresó al describir la decisión del oficialismo. Y consideró que la votación mostró un cambio en la dinámica parlamentaria.

También señaló una diferencia entre la postura de diputados libertarios y las declaraciones públicas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía. Afirmó que el Parlamento adoptó una mirada más cercana a los problemas cotidianos. “La política va por otro lado”, sostuvo. “En el Parlamento, los libertarios y las libertarias saben que para aprobar otras leyes necesitan ir manteniendo un cierto funcionamiento del Congreso”, precisó.

Al mismo tiempo afirmó que diputados oficialistas le solicitaron los proyectos sobre endeudamiento. Según relató, algunos legisladores preguntaron por las propuestas y las alternativas para las familias en mora. “Todos preguntan: ‘Che, pasame el proyecto, ¿qué estás pensando? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se podría hacer?’”, contó. El diputado indicó que los bloques opositores ya trabajan en posibles acuerdos.

Asimismohizo referencia a medidas provinciales frente al endeudamiento. Para Paulón, esas decisiones reflejan un problema que atraviesa a gobiernos de distintos espacios políticos. “Si no se interviene, este problema, que hoy es de millones, puede ser incluso de todo el sistema”, advirtió.

Los proyectos sobre deudas buscan facilitar acuerdos de pago

Paulón sostuvo que la oposición acordó que los proyectos no impliquen costo fiscal. El diputado explicó que ese criterio intenta evitar un veto del Poder Ejecutivo por un eventual gasto estatal. “El primer consenso que tuvimos los bloques de la oposición fue proyecto sin costo fiscal”, afirmó. También aclaró que no buscan rescatar bancos ni comprar deudas privadas con recursos públicos.

El diputado planteó que las personas endeudadas necesitan mejores condiciones para regularizar sus pagos. La propuesta no busca eliminar obligaciones, sino permitir una renegociación entre deudores y acreedores.

Paulón mencionó como alternativa el pequeño concurso. Según explicó, ese mecanismo permite que una persona se reúna con todos sus acreedores para revisar las condiciones de pago.

El esquema contempla un informe del Banco Central de la República Argentina y una intervención administrativa. De acuerdo con el legislador, el Estado puede actuar como árbitro sin reemplazar a las partes involucradas.

“El Estado como un árbitro, te diría, poniendo ciertas condiciones, equilibrando la cancha”, señaló. También sostuvo que el Gobierno debe participar cuando decisiones económicas afectan el nivel de endeudamiento.

Paulón se refirió a los préstamos ofrecidos por billeteras digitales y empresas de tecnología financiera. Reconoció que esos servicios ampliaron el acceso al crédito para sectores sin vínculos con bancos tradicionales.

A la vez, pidió reglas para evitar que las condiciones profundicen la mora. “Tiene que haber algún tipo de regulación, algún tipo de orden”, afirmó.

El diputado cuestionó las declaraciones que dejan el debate sobre tasas y costos financieros en manos del sector privado. “El ministro no es comentarista de la realidad, no es panelista en un programa de televisión, es el ministro de Economía”, expresó.

Las comisiones tienen fechas para tratar discapacidad y endeudamiento

Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto tratarán la prórroga de la emergencia el 16 de septiembre. El cronograma prevé que firmen un dictamen el 23 de septiembre.

Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor analizarán los proyectos sobre morosidad y endeudamiento el 15 y el 22 de septiembre. El programa prevé un dictamen para el 29 de septiembre.

Paulón estimó que la Cámara de Diputados podría llevar ambos temas al recinto durante los primeros días de octubre. Ese paso dependerá de los acuerdos que alcancen las comisiones y los bloques. “Hay que sentarse, hay que discutirlo”, sostuvo el diputado. Y afirmó que el objetivo consiste en permitir que las familias regularicen sus deudas y recuperen acceso al crédito.

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esteban paulón