POLITICA
El frente que Milei no logra cerrar: la emergencia en discapacidad tensiona a los aliados y condiciona las negociaciones del Gobierno

La política de discapacidad se convirtió en un frente de batalla recurrente para el gobierno de Javier Milei. Desde el año pasado, el oficialismo atravesó siete votaciones adversas en el Congreso −incluida la insistencia contra un veto presidencial−, enfrentó decisiones judiciales que lo obligaron a reglamentar la emergencia y quedó alcanzado por una causa por presunta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.
El tema también genera cortocircuitos con aliados. Desde Pro y la UCR hasta gobernadores que suelen acompañar al oficialismo. Incluso la Iglesia Católica puso el foco sobre el sector: el itinerario de León XIV en noviembre contempla una visita al Cottolengo Don Orione, en el conurbano bonaerense.
Para la oposición es todo ganancia. No solo los aglutina cuando escasean temas en común, sino que quiebra la cohesión del gobierno con sus socios.
Quedó en evidencia esta semana en Diputados. Javier Milei venía de celebrar la centralidad que había adquirido su anuncio sobre la cuestión Malvinas, pero la oposición le marcó la cancha con una sesión para impulsar la discusión de una prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para aliviar el endeudamiento familiar.
Para desactivar la sesión, el oficialismo primero abrió el debate en comisiones y después intentó persuadir a aliados y gobernadores para que no dieran quorum. Pero frente a la inminencia de una derrota, los libertarios cambiaron de estrategia y terminaron por acompañar los emplazamientos impulsados por la oposición.
En LLA calificaron la jugada de “brillante”, al argumentar que consiguieron imponer el cronograma que habían promovido originalmente, además de excluir del debate los proyectos con costo fiscal.
“Votaron lo que Milei vetó”, replicó una diputada peronista.
No fue la primera vez que el Gobierno quedó en minoría por este tema. La emergencia fue aprobada el año pasado en Diputados con 148 votos y sancionada en el Senado con 55 afirmativos, ninguno en contra y los libertarios ausentes.
Después del veto de Milei, las mayorías se ampliaron: Diputados insistió con 172 avales y el Senado completó el rechazo al veto con 63 votos contra siete.
En ese recorrido, sectores de Pro y la UCR que inicialmente habían acompañado al Gobierno se fueron desmarcando.
En diciembre hubo otro revés: Diputados rechazó un capítulo entero del Presupuesto 2026 que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario.
La pelea judicial
El conflicto derivó después en la Justicia. A través del decreto 681/2025, el Gobierno promulgó la ley de emergencia, pero suspendió su aplicación con el argumento de que no contaba con fuentes claras de financiamiento.
Familias y prestadores presentaron amparos y llegaron a solicitar al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, la aplicación de sanciones económicas al jefe de Gabinete en caso de incumplimiento. Finalmente, en febrero de este año, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley.
La disputa, sin embargo, continúa. Las familias reclaman una nueva prórroga porque sostienen que todavía está pendiente el cumplimiento del artículo 13, que establece una compensación a prestadores por la inflación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó contemplada en las actualizaciones por inflación.
También reclaman incorporar a la base del nomenclador −que fija y actualiza los honorarios de los prestadores de los servicios como transportistas, terapias y centros de día− alrededor de un 30% que, según sostienen, quedó pendiente durante los primeros meses sin indexación.
El Gobierno desconoce estos reclamos. “La emergencia está cumplida”, sostuvo la diputada libertaria Silvana Giudici durante la última sesión y citó un fallo de la Cámara Federal de San Martín.
Esa resolución establece que la ejecución de la ley “se encuentra en curso”. El oficialismo interpreta que la emergencia se está cumpliendo y que no corresponde prorrogarla; las familias, los prestadores y la oposición sostienen que los pagos todavía no fueron completados.
Aliados y gobernadores
Incluso Pro y la UCR reclamaron al Gobierno precisiones sobre los pagos pendientes. Los radicales le reprocharon al oficialismo el cambio de estrategia y no ocultaron su malestar por haber quedado descolocados frente a su acuerdo con la oposición.
Pro manifestó su malestar a través de un comunicado. Pidió públicamente un “cronograma claro de pago a los prestadores”. Su jefe de bloque, Cristian Ritondo, repitió el reclamo en el recinto.
También se desmarcaron gobernadores cuyos diputados suelen acompañar al Gobierno. Entre ellos, Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Rolando Figueroa, de Neuquén; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba.
En los bloques provinciales explican que hay también un problema presupuestario: cuando las prestaciones no son cubiertas a nivel nacional, parte de esa demanda termina en hospitales e institutos provinciales. Para los gobernadores, por lo tanto, la discusión tiene un impacto directo sobre sus distritos.
Muchos gobernadores buscarán revalidar su mandato y no les hace gracia pagar el costo político del ajuste con el que Milei se vanagloria.
La causa Andis
Esta puja legislativa que derivó en los tribunales fue catalizada por otra causa radicada en Comodoro Py, donde se investiga al poder por posible corrupción.
Ese expediente indaga sobre presuntos sobreprecios y direccionamientos de licitaciones en la ex-Andis, actualmente reconvertida en la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Es decir, mientras el Gobierno se negaba a cumplir con los pagos a los prestadores de servicios de discapacidad fijados por la emergencia, la Justicia investigaba −e investiga− posibles maniobras de funcionarios para sobrefacturar y quedarse con un porcentaje de la diferencia.
Esta investigación salpica a la hermana del Presidente, así como a su círculo más cercano.
La semana pasada, el fiscal federal Franco Picardi citó como testigo a Nadia Beller, víctima del atentado por el que está detenido en Bolivia Fernando Cerimedo, exasesor de Milei. Beller sostiene que Cerimedo le contó que Karina Milei está involucrada en los presuntos hechos de corrupción que se investigan y asegura que cuenta con grabaciones que lo prueban.
La declaración de Beller fue fijada para el 23 de septiembre y será por videoconferencia. Es otro frente abierto del Gobierno en materia de discapacidad que podría complejizarse.
La causa comenzó a mediados del año pasado tras la filtración de audios en los que una voz atribuida a Diego Spagnuolo, entonces titular de la Andis, hablaba de presuntas irregularidades en el organismo y hacía referencia a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
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POLITICA
El Senado comienza a debatir la reforma electoral y el Gobierno pone en marcha su estrategia para conseguir los votos

Apurado por la Cámara Nacional Electoral, el oficialismo iniciará este martes el debate por la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El proyecto, considerado clave para la reelección de Javier Milei, todavía no cuenta con los votos de sus aliados para uno de los puntos centrales: la eliminación de las PASO.
En esta discusión, el tiempo se vuelve un factor clave. En una acordada publicada el martes pasado, el máximo tribunal electoral advirtió que cualquier cambio en el sistema de votación vigente deberá comunicarse con anticipación para ser implementado en los próximos comicios.
En ese sentido, la Casa Rosada -a través de la mesa política que conduce Karina Milei- quiere acelerar en las próximas semanas su estrategia para reunir las voluntades necesarias y avanzar con el proyecto que permanece sin cambios en la cámara alta desde el 22 de abril.
“La eliminación de las PASO no va a suceder”, sentenció en diálogo con este medio un legislador oficialista que sigue de cerca la discusión. Las razones van más allá de la disputa electoral del próximo año: ningún actor político quiere desprenderse de una herramienta que podría serle útil.
Por eso, en Balcarce 50 consideraron la posibilidad de la suspensión, tal como se logró para las elecciones de 2025. Otra alternativa, menos atractiva para La Libertad Avanza, es la incorporación al debate de las primarias optativas para los espacios que necesiten dirimir sus internas.
“Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó a A24 a fines del mes pasado Patricia Bullrich, principal arquitecta de las negociaciones del oficialismo. Y agregó: “Lo que no queremos es que se acorte cuatro meses el Gobierno, el año que viene está casi perdido”.
Aún así, no está claro que los aliados vayan a acompañar al Gobierno. “Están demorando. Al único al que le conviene eliminar las PASO es al Gobierno. Por eso hay que negociar, pero (los aliados) no quieren otras leyes, quieren acuerdos en sus distritos”, remarcó la misma fuente libertaria.
Tal como adelantó TN en agosto, Karina Milei considera la eliminación de las primarias un eje central para el proyecto de reeleción del Presidente y por esa misma razón puso como condición el acompañamiento a la iniciativa para comenzar a hablar de acuerdos electorales en los distintos distritos.
Sin embargo, en la práctica no se observaron grandes modificaciones. “La Libertad Avanza no quiere acordar hasta que no voten la ley y los aliados no quieren votar hasta no acordar”, sintetizó un senador.
En ese contexto, la reunión programada para este martes a las 15.30 en el Senado será meramente de carácter informativo, pero servirá para comenzar a empujar el debate y tantear las posiciones de los aliados. Sin embargo, a diferencia de otros proyectos, la discusión estará en manos de la Casa Rosada.
POLITICA
“Te voy a matar”: un intendente de Neuquén y su antecesor se agarraron a las piñas durante una reunión

El intendente de Pilo Lil, Andrés Infante, y el exjefe comunal Eliseo Díaz protagonizaron una violenta pelea durante una reunión de trabajo realizada el último viernes al mediodía en el salón comedor de un parador turístico de esa localidad neuquina. El enfrentamiento incluyó golpes, empujones y, según la denuncia presentada por Infante, la exhibición de un cuchillo. El episodio es investigado por la Policía y la Justicia.
Del encuentro también participaron la coordinadora regional de la zona Sur, Eliana Rivera, y Raquel Fantini, pareja del actual intendente. De acuerdo con la denuncia policial, la discusión comenzó a partir de un pedido de Díaz para utilizar un camión de la Comisión de Fomento con el objetivo de trasladar fardos de pasto.
Infante explicó que, como responsable de cuerpo, le solicitó a Díaz que presentara una nota formal para justificar el gasto que implicaría el traslado. Según su versión, ese requerimiento provocó la reacción del exintendente.
“Su primera reacción fue de mucha agresión. Me dijo: ‘hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’. Y cuando las mujeres le pidieron que se calmara, las insultó también”, relató Infante en diálogo con el medio local LM Neuquén.
El jefe comunal aseguró que la discusión se prolongó durante unos 20 minutos. A los gritos y los insultos se sumaron los empujones. En medio del enfrentamiento, Infante intentó sacar a Díaz del lugar, pero no lo logró. Según denunció, fue entonces cuando el exintendente sacó un cuchillo que llevaba en la cintura.
“Forcejeamos. Ahí es donde él saca de la cintura un cuchillo, un arma blanca de unos veinte a veinticinco centímetros. Y sigue gritando que me iba a matar. Si estiraba el brazo, me apuñalaba”, sostuvo.
Ante esa situación, Fantini se interpuso entre los dos hombres. “Mi compañera me agarra, me pone detrás de ella y se pone de barrera. Él le dice: ‘Dejame que ese concha de su madre a ese lo voy a matar’”, contó Infante.
Tras el episodio, se dio aviso a la Policía. Hasta el parador se trasladaron efectivos del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes. Allí mismo, Infante presentó la denuncia. Díaz, por su parte, se dirigió al destacamento para hablar con las autoridades. Sin embargo, fue interceptado en pleno viaje y demorado.
El intendente aseguró que, después del primer episodio, un hijo del exjefe comunal se presentó en su oficina para amenazarlo. “Vino de forma muy de matón a apretarme, diciéndome que me va a hacer cagar. Volví a hacer otra denuncia. Si le pasa algo a alguien de mi familia, los hago responsables”, afirmó.
Infante también vinculó el enfrentamiento con la disputa política y con la forma en que, según su visión, se manejó durante años la Comisión de Fomento: “Son doce años vinculados a la Comisión, cuatro como presidente y ocho como tesorero, acostumbrados a hacer lo que quieren. Hoy buscamos ser ordenados. Es lamentable que en el siglo XXI todavía se piense que a través de la agresión se puede solucionar algo”.
Díaz, en tanto, no realizó declaraciones públicas sobre el episodio. Su esposa, Belén Griselda Alfonso, dio otra versión de lo ocurrido ese mismo viernes. En diálogo con el medio local, negó que hubiera existido un cuchillo durante la pelea.
Según Alfonso, el intercambio derivó en empujones y golpes de puño, pero no hubo ningún arma blanca. Además, dijo que fue Infante quien inició la agresión al tomar a Díaz del pecho.
La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal. La Justicia deberá analizar las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de los cuatro testigos presenciales para establecer cómo se desarrolló el enfrentamiento y determinar las eventuales responsabilidades penales.
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POLITICA
Reforma electoral: el Gobierno activa el debate, admite que no tiene los votos y apuesta a conseguirlos

Con la reelección del presidente Javier Milei como principal objetivo, el Gobierno impulsará esta semana el tratamiento de la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, pese a que admiten que aún no cuentan con los votos necesarios para su aprobación. Con los números en contra, el oficialismo se muestra optimista y confía en que resolverá la encrucijada con los aliados.
“No sé cómo lo vamos a destrabar, pero estamos en eso”, confesó a Infobae un integrante de la mesa política que impulsó el debate del ambicioso proyecto que contempla la eliminación de las elecciones PASO, una herramienta clave para que el peronismo pueda ordenar su interna. “Tenemos que dar la discusión. Si nos basamos en los apoyos previos, no deberíamos intentar tratar nada entonces. Después de la reunión de la comisión vamos a tener un panorama más claro”, coincidió un funcionario.
En Casa Rosada detectaron que los gobernadores y partidos aliados utilizan la reforma para acelerar las discusiones electorales de cara al próximo año y fuerzan al Poder Ejecutivo al diálogo en la materia. “Terminó siendo una herramienta de negociación por parte de los aliados para anticipar el cierre de alianzas electorales y, naturalmente, los oficialismos tenemos menos incentivos para cerrar en años no electorales”, explicó una fuente ante este medio.
Asimismo, en Balcarce 50 aseguran que el PRO y los gobernadores del Norte se muestran más reticentes a dar el brazo a torcer respecto de la eliminación o eventual suspensión de las primarias. Sin embargo, ante ese escenario, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, instruyó a los alfiles violetas a impartir una orden clara: quien no acompañe la reforma, no será tenido en cuenta para futuras conversaciones rumbo a 2027.

“Gobernador que no apoye, gobernador que no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos”, reafirmó ante este medio un funcionario del entorno de la menor de los Milei. No es la primera vez que alguien del entorno de la funcionaria plantea que las negociaciones electorales estarán supeditadas al apoyo a la eliminación de las PASO.
En los últimos días, el diputado Cristian Ritondo, que en representación del PRO dialoga con La Libertad Avanza para cerrar alianzas de cara a 2027, dejó abierta la posibilidad de “discutir alternativas”, debido a que el espacio que fundó y lidera formalmente Mauricio Macri no terminó de procesar el debate.
Se trata de uno de los principales proyectos de la administración libertaria para lo que resta del año, que contempla además el tratamiento de Ficha Limpia y supone un debate en torno al financiamiento de los partidos políticos. Luego de la advertencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que planteó que los cambios en el sistema de votación deberán avisarse con anticipación si quieren aplicarse a los próximos comicios, la mesa política intenta acelerar las conversaciones.
A cargo del diálogo con los mandatarios provinciales está el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien tiene habilitados los giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem. “Lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran tratar la reforma”, sostuvo un alfil libertario.

Patricia Bullrich habilitará este martes la discusión en la Cámara Alta, donde la bancada libertaria percibe un panorama complejo y plantea que las conversaciones deberán encararse directamente desde el Ejecutivo. “Todo depende 100% de los acuerdos que haga o deje de hacer la Rosada. A nosotros, como bloque, nos excede”, sostuvo un legislador libertario. “No hay proyecto si no hay acuerdos políticos confiables y estables. Nadie va a abandonar la herramienta, pero el martes vamos a tener un mejor diagnóstico”, coincidió otro senador.
El Ejecutivo tiene dos meses para intentar transformar la falta de votos en capacidad de negociación. Con la reforma ya en trámite en el Senado, Karina Milei y los principales operadores libertarios deberán buscar que el debate electoral sirva también para ordenar el mapa de alianzas que La Libertad Avanza pretende construir de cara a 2027.
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