El PRO también impulsará el pedido de juicio político contra la jueza Marta Pascual, quien suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días, junto con La Libertad Avanza. En ese sentido, el partido libertario había anticipado que buscarían la destitución.

El presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, habló con la prensa a la salida de una reunión en la Casa Rosada con funcionarios del oficialismo y aseveró: “Hablamos sobre lo que está pasando en la provincia en el ámbito de la inseguridad, de la importancia que tiene hoy que el Ministerio de Seguridad de la Nación trabaje. Realmente no podemos entender, básicamente en términos políticos, cómo el gobernador, la verdad que se concentra mucho más en la interna de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. No da respuestas”.

Además, apuntó contra la magistrada: “Tanto desde Libertad Avanza como desde el PRO se ha presentado un juicio político para la magistrada”. Ritondo justificó que la normativa es “muy importante” y agregó: “En el Congreso se discutió muchísimo tiempo y que, después de ocho meses de discusión permanente, la ley salió. Que la provincia de Buenos Aires no se adecúe, que es justamente el lugar donde más delitos y más menores participan en el delito”.

La decisión que desencadenó la reacción política fue firmada por Pascual en su rol como titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial. La jueza hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con patrocinio letrado de la doctora Patricia Liguori, en beneficio de adolescentes privados de su libertad.

En la cautelar, Pascual planteó que “lo que se debe resolver es si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia”. La misma resolución convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10.00 horas, en la sala de juicios orales del tribunal, para que los responsables de las principales áreas del poder ejecutivo provincial informen sobre las medidas tomadas y previstas para implementar la ley.

De elevarse el pedido de jury, deberá presentarse ante la Secretaría de Enjuiciamiento, organismo con competencia para recibir denuncias de cualquier ciudadano o institución contra magistrados y funcionarios del Ministerio Público. El presidente de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, sostuvo que la decisión de la magistrada busca frenar la entrada en vigencia de una norma que ya atravesó el tratamiento legislativo. “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, expresó Pareja, quien calificó el fallo como una resolución “profundamente antidemocrática”.

La resolución también abrió una discusión dentro del propio Poder Judicial bonaerense. El fiscal del fuero penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, sostuvo que la medida de Pascual carece de alcance general y anticipó que continuará aplicando la legislación vigente en su jurisdicción. “Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza”, afirmó en declaraciones radiales. Zárate argumentó que un juez penal puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en un expediente concreto, pero no dejarla sin efecto para toda la provincia.

Como respaldo de su postura, mencionó que la nueva ley ya produjo efectos en causas judiciales: citó el caso de un condenado por el crimen de Matías Urbani, asesinado en Tigre en 2009, cuya situación fue revisada por aplicación del principio de ley penal más benigna. Según su interpretación, si el régimen puede emplearse para revisar condenas a favor de acusados, también debe regir para los procesos nuevos.

Pascual cuenta con más de 35 años de trayectoria en áreas vinculadas con niñez y adolescencia. Nacida y criada en Almirante Brown, es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata con posgrados en Derecho Público y Magistratura. Desde fines de la década del 80 trabajó en problemáticas ligadas a la vulnerabilidad infantil, lo que la acercó a la función pública bonaerense. En esa etapa, se desempeñó junto a Hilda “Chiche” González de Duhalde e integró el Consejo Provincial del Menor y la Familia, el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, y fue designada ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires. También trabajó como consultora de Unicef y presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia, desde donde representó al país en encuentros en América Latina, Europa y Asia.

Desde hace varias semanas, el presidente Javier Milei tomó la decisión de involucrarse de manera directa en la dinámica legislativa cuando se trata de proyectos clave para el Gobierno. Con la presentación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el envío del Presupuesto 2027 y la habilitación del debate de la reforma electoral, el mandatario convocó a la tropa completa para ordenar la estrategia y definir los próximos pasos de la gestión.

Este lunes, a las 10, el libertario encabezará una reunión de Gabinete, que en las últimas dos semanas funcionó como ámbito para ordenar el cronograma en torno a las iniciativas en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas. Luego recibirá a diputados y senadores, a las 15 en Casa Rosada, para alinear la hoja de ruta del Congreso, que esta semana tendrá una intensa actividad.

Los legisladores esperan que el mandatario, que estará escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, exponga sobre la situación económica y brinde detalles del programa libertario. Al término, los diputados se darán cita para un nuevo intercambio en el local partidario que La Libertad Avanza bonaerense tiene en el barrio porteño de San Telmo.

Asimismo, el Poder Ejecutivo enviará durante la jornada a la Cámara de Diputados el proyecto por Malvinas cuyo articulado contempla el endurecimiento de sanciones a distintas actividades, entre las que en los últimos días se resolvió incluir a la pesca -pese a la existencia de la Ley Federal de Pesca- además de la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Luego de un extenso debate, el oficialismo resolvió postergar el envío de funcionarios para cuando el proyecto se trate en comisiones.

La iniciativa de sanciones y la decisión de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego se enmarcan en las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre el tema, luego de calificar de “desastre potencial” un eventual conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido por las islas y de presentarse como posible mediador. La discusión también se produce en medio del impulso de líderes de partidos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte en favor de la independencia de sus territorios.

“Es un tema de ellos”, expresó una fuente oficial al respecto, que evitó inmiscuirse en un tema complejo. En los últimos días, el mandatario resolvió suspender su viaje a Londres, programado para mediados de octubre, a raíz de la tensión generada en los últimos días a raíz de la tensión generada por los recientes dichos de Trump, quien admitió que está dispuesto a “revisar” la histórica posición neutral de Estados Unidos.

Sin embargo, el cineasta presidencial, Santiago Oria, a cargo de la comunicación digital del partido y uno de los dirigentes más replicados por el mandatario, se mostró menos cauto al respecto. “El curso de los acontecimientos está empujando hacia un punto de inflexión”, celebró a través de su cuenta de X.

Con motivo del viaje de Milei a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, previsto para el 22 de septiembre, en Balcarce 50 no descartan una reunión con el mandatario republicano para tratar el reclamo sobre las islas. Además, anticipan que durante el discurso que brindará ante la ONU hará mención al tema.

En la agenda de la semana, la administración libertaria tiene una parada importante este martes. Por un lado, enviará el Presupuesto 2027 a Diputados, que será presentado por el equipo económico. Al igual que en ediciones anteriores, el acto no contará con la presencia del mandatario ni del ministro de Economía, Luis Caputo. Si bien el detalle se mantiene en reserva, los objetivos son consolidar el superávit fiscal y sostener la prioridad de las partidas destinadas a la acción social.

Por el otro, la Cámara de Senadores tratará por primera vez la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata de una iniciativa clave que condiciona los acuerdos electorales de La Libertad Avanza con los gobernadores y espacios aliados rumbo a las elecciones 2027. Pese a que el oficialismo todavía no tiene garantizados los votos para avanzar con la iniciativa, los alfiles libertarios se muestran optimistas de cara a las próximas semanas.

“No sé cómo lo vamos a destrabar, pero estamos en eso”, admitió a Infobae un integrante de la mesa política que busca eliminar las PASO antes de diciembre para complicar el escenario del peronismo.

Con el cronograma definido, la mesa política se reunirá a las 13, como cada martes después de la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. Al cierre de esta nota, no estaba prevista la asistencia de otros funcionarios. De la última edición participaron también los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) para avanzar con la redacción de la iniciativa por Malvinas. Ambos se reunieron luego con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, para avanzar en la construcción de la base en Ushuaia.

El intercambio del reducido círculo se dará luego de que la oposición lograra reunir en el Congreso el número suficiente para emplazar a las comisiones a discutir una batería de proyectos para hacer frente las deudas de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Sobre el cierre de la semana, el mandatario tiene prevista una nueva visita a Bahía Blanca, con la intención de conocer los avances del proyecto de Mega bajo el RIGI. Lo hará escoltado por la menor de los Milei y su ministro coordinador. Sus últimas visitas a la localidad fueron con motivo de catástrofes climáticas para evaluar la situación de la zona tras las fuertes lluvias.

El intendente bahiense, el peronista Federico Susbielles, mantiene un vínculo institucional con la Casa Rosada, pero cuestionó en el último tiempo la determinación del oficialismo de modificar el régimen de Zonas Frías y reclamó por la situación vinculada al peaje en la ruta 3.

Con la reelección de Javier Milei como principal objetivo, el oficialismo también busca imponerse en la provincia de Buenos Aires. Para eso, aún sin los cronogramas electorales definidos, los libertarios proyectan la candidatura de Diego Santilli para disputarle la gobernación a Axel Kicillof.

Ante la anticipación del calendario electoral, la Casa Rosada trabaja para intentar sancionar la mayor cantidad de proyectos posibles antes de que el Congreso quede condicionado por la lógica electoral de 2027. En ese contexto, el mandatario busca ordenar sus prioridades y consolidar una estrategia que trascienda lo legislativo, pero que le permita cerrar los acuerdos políticos necesarios para llegar fortalecido a los comicios presidenciales del año próximo.

La Justicia de Neuquén ordenó completar el desalojo de un predio ubicado a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, donde permanece un grupo de integrantes de una comunidad mapuche. La medida había comenzado a ejecutarse el 19 de agosto, pero quedó inconclusa luego de que la Policía desalojara una parte del terreno y suspendiera el operativo antes de avanzar sobre otro sector en el que se encontraban menores.

El juez Francisco Astoul Bonorino libró ahora un nuevo mandamiento de desalojo para completar la diligencia, aunque no estableció una fecha para su ejecución.

El conflicto judicial se inició en 2011, cuando integrantes de la lof Melo ingresaron sin autorización a un predio y, según la denuncia de la propietaria, impidieron su ingreso al lugar. A comienzos de 2012, María Cristina Broers denunció la usurpación de las tierras, un lote pastoril de aproximadamente 625 hectáreas.

Con el paso del tiempo, integrantes de la familia Quintriqueo se sumaron a la ocupación y conformaron la comunidad identificada como Lof Kinxikew. A partir de entonces, el expediente atravesó distintas instancias judiciales, en las que los planteos de la defensa fueron rechazados y se mantuvo la orden de restitución del inmueble.

El operativo iniciado en agosto permitió desalojar a integrantes de la Lof Melo de uno de los sectores del predio. Cuando las fuerzas de seguridad se disponían a avanzar sobre el resto de las tierras, la presencia de menores y la ausencia de funcionarios vinculados a organismos de minoridad llevaron a interrumpir la diligencia.

El nuevo mandamiento judicial apunta precisamente al sector en el que permanecen integrantes de la Lof Kinxikew.

Un predio atravesado por la Ruta 40

Las tierras en conflicto se encuentran entre Bariloche y Villa La Angostura y son atravesadas por la Ruta Nacional 40. La Lof Melo ocupaba un sector del perilago, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. La nueva etapa del operativo se concentrará en el sector opuesto del predio.

Después del desalojo parcial del 19 de agosto, una numerosa caravana de vehículos llegó hasta el lugar en señal de acompañamiento a los integrantes de la comunidad que permanecían en las tierras.

Broers sostiene que es propietaria del inmueble desde 1969 y cuenta con documentación que acredita la titularidad registral. Su reclamo atravesó distintas instancias judiciales hasta obtener resoluciones favorables que dejaron firme la orden de restitución.

Un expediente que lleva más de una década

La causa tuvo distintos capítulos antes de llegar a la instancia de ejecución. En marzo de este año, una comitiva integrada por alrededor de una decena de funcionarios judiciales de Neuquén se trasladó hasta la zona para avanzar con el desalojo. Sin embargo, el operativo no pudo concretarse por la falta de efectivos de la Policía provincial destinados a cumplir la medida.

En ese momento, fuentes vinculadas a la parte denunciante atribuyeron la ausencia de efectivos a una eventual decisión política del gobierno neuquino para evitar el costo que podía generar un operativo de estas características. Esa interpretación no fue confirmada oficialmente.

En abril de 2025, la Justicia había reiterado la orden de efectivizar el desalojo. “El proceso judicial está cumplido en un 100 por ciento, no hay instancias por delante, sólo queda ejecutar el desalojo, pero es el gobierno provincial el que no dispone los recursos logísticos para concretarlo”, señalaron entonces a Infobae fuentes cercanas a los denunciantes.

La situación procesal quedó consolidada luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara, en julio de 2023, un recurso presentado por la comunidad contra la sentencia que había ordenado el desalojo. Esa decisión confirmó el fallo de primera instancia y dejó habilitada la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.

En octubre de 2024, el TSJ de Neuquén declaró inadmisible el recurso presentado por la parte ocupante contra la sentencia. De ese modo, quedó firme la orden de restitución del inmueble y expedita su ejecución.

El conflicto por la ocupación

Broers sostiene que los integrantes de la familia Melo ingresaron al inmueble alegando una preexistencia ancestral sobre las tierras. Según la documentación invocada por la propietaria, los ocupantes tampoco cuentan con reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Posteriormente, integrantes de la familia Quintriqueo se incorporaron a la ocupación y comenzaron a identificarse como Lof Kinxikew.

Desde el sector denunciante sostienen que, una vez agotadas las instancias judiciales, la discusión dejó de estar centrada en la validez de la orden de desalojo y pasó a concentrarse en su ejecución.

La respuesta de la Confederación Mapuche

Luego del operativo del 19 de agosto, la Confederación Mapuche de Neuquén difundió un comunicado en el que denunció un “violento despojo” de las comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo y cuestionó el despliegue de fuerzas de seguridad provinciales.

La organización acusó al Gobierno neuquino de haber intervenido directamente en el operativo y cuestionó las decisiones que derivaron en el desalojo.

Desde la otra parte del conflicto remarcaron que el procedimiento policial respondió a una orden judicial y que las fuerzas de seguridad actuaron para cumplir una medida dispuesta por la Justicia.

La Confederación Mapuche también cuestionó al ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, a quien acusó de haber mantenido conversaciones con integrantes de las comunidades mientras se preparaba el operativo.

Por ahora, la Justicia no fijó una fecha para completar el desalojo. La parte denunciante evalúa gestionar nuevamente el acompañamiento necesario para garantizar la ejecución de la medida, mientras en el predio todavía permanece el grupo de ocupantes alcanzado por la orden judicial.