La senadora nacional Juliana Di Tullio acusó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de haberle mentido al Senado sobre el destino de las reservas de oro enviadas al exterior. Aseguró que los lingotes están depositados físicamente en Londres, aunque vinculados a una cuenta del Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea, Suiza.

“Bausili le mintió al Senado. El oro está en Londres, en el Bank of England”, sostuvo la legisladora en diálogo con Infobae. La controversia se generó después de que el titular del BCRA afirmara ante los senadores que el oro había sido depositado en el BIS “en Suiza, donde sigue estando”.

Di Tullio anticipó dos medidas a partir de la documentación que recibió de la Auditoría General de la Nación (AGN): ampliará una denuncia penal presentada contra Bausili por el caso del oro y promoverá una nueva citación del funcionario a la Cámara alta.

“Vamos a ampliar la denuncia que ya le hicimos a Bausili”, afirmó la senadora. Precisó que se trata de una presentación penal realizada hace aproximadamente dos años, que será complementada con la nueva documentación de la AGN.

También adelantó: “Vamos a pedir la citación porque, según la Carta Orgánica del Banco Central, se puede pedir. Quiero que venga y que me diga en la cara otra vez lo que me dijo”.

La AGN aún analiza la trazabilidad de las reservas de oro

El nuevo elemento de la disputa es una nota oficial que el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, le envió este jueves a Di Tullio en respuesta a dos consultas sobre el estado de los balances del Banco Central y el avance de la auditoría específica sobre la trazabilidad del oro colocado en el extranjero.

El documento establece que la AGN aprobó los estados contables de 2023 y 2024 mediante las resoluciones 100/2024 y 40/2026. En cambio, el balance de 2025 “se encuentra en proceso de análisis” y todavía no fue tratado por el Colegio de Auditores Generales.

La nota agrega que el BCRA entregó toda la información solicitada para la evaluación específica sobre la trazabilidad de las reservas de oro del Estado colocadas en el exterior.

Sin embargo, Olmos aclaró que la revisión no terminó: “La información remitida por el BCRA se encuentra aún en proceso de análisis por la demora —más de un año— incurrida por la autoridad monetaria en dar acceso a la misma”.

“A pesar del carácter reservado de la información, no ha concluido el análisis pertinente de la documentación remitida por el BCRA”, completó el presidente de la AGN.

Para Di Tullio, esa respuesta contradice uno de los argumentos de Bausili durante su exposición en el Senado: que la operación había sido auditada y que no existían observaciones.

La senadora marcó una diferencia entre la auditoría de los estados contables generales del Banco Central de 2024 y la revisión específica que el Congreso encomendó a la AGN sobre los movimientos y la trazabilidad del oro.

“La de 2024 es solamente sobre los balances del Banco Central. No tiene nada que ver con el oro”, explicó. Según reconstruyó, la AGN no pudo completar durante más de un año el trabajo específico por las dificultades para acceder a la información requerida.

“Por eso me mintió. Nos mintió”, afirmó.

Di Tullio sostiene que los lingotes están bajo custodia en Londres

El punto central de la controversia es la ubicación física de los lingotes. Bausili sostuvo ante los legisladores que el oro había sido trasladado y depositado en el Banco de Pagos Internacionales, cuya sede se encuentra en Basilea.

Di Tullio afirma, en cambio, que la ubicación física es Londres. “Vos no me podés decir que está en Basilea cuando está en Londres. Vos lo que me podés decir es: está en el BIS, pero con asiento en Londres”, sostuvo.

“Nunca estuvo en Basilea, siempre estuvo en Londres”, añadió.

Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso a la información vinculada con la auditoría, la diferencia radicaría entre la titularidad o cuenta bajo la cual están registrados los activos y su custodia física. La trazabilidad analizada ubicaría el recorrido de los lingotes desde la Argentina hacia Londres, y no hacia Basilea.

Es decir, los activos pueden estar vinculados operativamente al BIS, pero el oro físico estaría depositado en el Bank of England. Ese es el punto que Di Tullio sostiene que Bausili omitió cuando respondió en el Senado.

La legisladora vinculó la forma en que el Gobierno presentó la información con el reciente endurecimiento del discurso oficial alrededor de la cuestión Malvinas. “Lo que yo creo es que con esta sobreactuación malvinera repentina no quieren decir que el oro no está en Basilea, sino que está en Londres”, dijo.

“No quieren decir que está en Londres”, insistió. Y agregó: “Que el oro tuyo lo tenga tu colonizador no está muy bueno”.

Durante su presentación ante el Senado, Bausili explicó que el Central mantuvo bajo reserva determinados detalles de la operación para impedir que otros participantes del mercado operaran contra la entidad.

“Cuando el Banco Central expone sus posiciones financieras, está invitando al resto de los agentes a operar en contra; le hace más difícil y costoso al Banco Central, entonces se resguarda cierta información para que no le operen en contra, se publica con rezago por los controles”, sostuvo.

El titular del Central aseguró que los movimientos estaban registrados y auditados. También explicó que el BCRA tenía distintos tipos y calidades de lingotes, algunos fundidos décadas atrás, y que a comienzos de 2024 surgió una oportunidad para mejorar esos activos a un costo inferior al habitual.

“En el mercado, cuando hay más o menos escasez, ese costo se achica o agranda. A nosotros se nos dijo que había alta demanda por lingotes de oro y, en ese contexto, se bajaron costos de aceptación de lingotes viejos de menor calidad. Al final, todos se analizan”, afirmó.

Luego dio la explicación que originó la nueva controversia: “Era óptimo aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo más bajo que el histórico, convertir ese oro de calidad más baja en oro de calidad más alta. Entonces se trasladó y depositó en el BIS de Suiza, donde sigue estando”.

Di Tullio cuestionó esa descripción y el argumento de que la operación buscaba mejorar la calidad de los lingotes. “¿Por qué no traés el oro? Si ya hiciste el negocio”, planteó.

Según la senadora, si el objetivo era cambiar o certificar lingotes de menor calidad y ese procedimiento ya finalizó, el BCRA debería explicar por qué el metal permanece fuera del país. “Traelo”, resumió.

La reforma de la Carta Orgánica abrió otra discusión sobre las garantías

La discusión coincide con el tratamiento legislativo de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya obtuvo media sanción en Diputados. Di Tullio puso especial atención sobre el artículo 13 de la iniciativa y las modificaciones relacionadas con las garantías que puede otorgar la autoridad monetaria.

La senadora sostiene que la normativa vigente prohíbe utilizar el oro como garantía y considera que el nuevo texto modificaría esa situación. “Hoy está prohibido usar el oro como garantía”, señaló.

Di Tullio planteó como hipótesis que los activos ya podrían haber sido utilizados para respaldar una operación financiera. “Yo creo que es lo que hicieron, obviamente”, afirmó. Luego aseguró: “Efectivamente, usaron el oro como garantía. Cosa que está prohibida”.

Ese último punto constituye una acusación de la senadora y no surge acreditado en la carta enviada por la AGN. Según explicó, será uno de los aspectos sobre los cuales buscarán profundizar tanto en sede judicial como en el Senado.

Di Tullio relacionó esa sospecha con el proceso de análisis y certificación de los lingotes. “Para eso, necesitás ver la calidad del oro, si no, ¿para qué va al Bank of England?”, sostuvo.

La utilización de las reservas como garantía fue uno de los temas planteados durante el debate parlamentario de la reforma. La oposición busca determinar si las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo habilitarían únicamente operaciones futuras o si podrían estar vinculadas con decisiones adoptadas desde 2024.

El traslado del oro había sido reconocido públicamente en julio de ese año por el ministro de Economía, Luis Caputo, después de una serie de pedidos de información del Congreso. “Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera, donde te pagan algo”, sostuvo entonces para justificar la decisión.

Desde entonces hubo pedidos para conocer la cantidad trasladada, el destino de los lingotes, las empresas involucradas, las condiciones de custodia y el eventual rendimiento obtenido por el Central.

La controversia se profundizó porque la auditoría específica encargada por el Congreso no pudo completarse durante más de un año. La carta de Olmos establece ahora que el BCRA entregó toda la información solicitada, pero también que el análisis continúa y que la evaluación específica de la trazabilidad del oro todavía no concluyó.

Di Tullio considera que esa precisión alcanza para cuestionar la afirmación de Bausili de que el tema ya había sido auditado sin observaciones. “Bausili le mintió al Senado”, insistió.

La senadora exige que el funcionario vuelva al Congreso y responda sobre tres cuestiones: dónde están físicamente los lingotes, por qué siguen fuera del país y qué utilización tuvo el oro desde que salió de la Argentina.

La respuesta será reclamada por dos vías: la judicial, mediante la ampliación de la denuncia penal ya existente, y la parlamentaria, a través de un pedido formal para que el presidente del Banco Central vuelva a presentarse ante el Senado. “Quiero que venga y que me diga en la cara otra vez lo que me dijo”, resumió Di Tullio.

mario mosca / comunicación ins

El Tribunal Oral Federal 5, a cargo de Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, dará a conocer este lunes el veredicto en la causa Sueños Compartidos, que investiga el presunto desvío de fondos públicos del programa de viviendas sociales gestionado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

La sentencia, que estaba prevista para el viernes, quedó a 24 horas de la fecha que el Ministerio Público Fiscal considera límite para que prescriba la acción penal respecto de la mayoría de los acusados.

Sucede que, según el cómputo de la fiscalía, el martes 15 de septiembre se cumplen seis años desde el último acto procesal que esa parte considera válido. Las defensas, en cambio, sostienen que la acción penal ya se extinguió.

La prescripción sobrevuela el juicio desde su inicio. La causa comenzó en 2011 y recién llegó a debate oral en marzo de 2026, 15 años después, cuando la acción penal ya estaba cerca de extinguirse por el paso del tiempo. El plazo de prescripción es de seis años, tope previsto para el delito que se juzga en la causa y se cumple este martes.

Este lunes, la audiencia comenzará con las últimas palabras de Castellano, Freidin y los Nasif, y recién después se conocerá el veredicto.

Entre los nueve acusados están los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, apoderados de la fundación, el exministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obra Pública, José López y el exsubsecretario de ese organismo, Abel Fatala. También están imputados los exfuncionarios Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano. Hebe de Bonafini estuvo procesada, pero falleció en 2022.

El único que habló el viernes fue Sergio Schoklender. Agradeció a sus abogados, defendió el alcance del programa de viviendas y, al pasar, aludió a la expresidenta Cristina Kirchner: “No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver”. De Vido, López, Pablo Schoklender y Fatala no hicieron uso de la palabra.

La Fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de $206 millones. El juicio oral se desarrolló en seis meses.

Qué penas pidió la fiscalía

El fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron que los nueve acusados sean condenados por administración fraudulenta agravada contra la administración pública. Para Sergio y Pablo Schoklender, De Vido, López y el exfuncionario Abel Fatala solicitaron seis años de prisión.

Para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin pidieron cuatro años. En el caso de los exfuncionarios, además, reclamaron inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los acusadores también solicitaron el decomiso de bienes por $206 millones, el monto que, según la investigación, fue desviado de los fondos destinados al programa. La Fiscalía pidió que esa cifra se actualice por inflación cuando la sentencia quede firme y que el dinero sea destinado a programas de viviendas sociales.

El PRO también impulsará el pedido de juicio político contra la jueza Marta Pascual, quien suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días, junto con La Libertad Avanza. En ese sentido, el partido libertario había anticipado que buscarían la destitución.

El presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, habló con la prensa a la salida de una reunión en la Casa Rosada con funcionarios del oficialismo y aseveró: “Hablamos sobre lo que está pasando en la provincia en el ámbito de la inseguridad, de la importancia que tiene hoy que el Ministerio de Seguridad de la Nación trabaje. Realmente no podemos entender, básicamente en términos políticos, cómo el gobernador, la verdad que se concentra mucho más en la interna de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. No da respuestas”.

Además, apuntó contra la magistrada: “Tanto desde Libertad Avanza como desde el PRO se ha presentado un juicio político para la magistrada”. Ritondo justificó que la normativa es “muy importante” y agregó: “En el Congreso se discutió muchísimo tiempo y que, después de ocho meses de discusión permanente, la ley salió. Que la provincia de Buenos Aires no se adecúe, que es justamente el lugar donde más delitos y más menores participan en el delito”.

La decisión que desencadenó la reacción política fue firmada por Pascual en su rol como titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial. La jueza hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con patrocinio letrado de la doctora Patricia Liguori, en beneficio de adolescentes privados de su libertad.

En la cautelar, Pascual planteó que “lo que se debe resolver es si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia”. La misma resolución convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10.00 horas, en la sala de juicios orales del tribunal, para que los responsables de las principales áreas del poder ejecutivo provincial informen sobre las medidas tomadas y previstas para implementar la ley.

De elevarse el pedido de jury, deberá presentarse ante la Secretaría de Enjuiciamiento, organismo con competencia para recibir denuncias de cualquier ciudadano o institución contra magistrados y funcionarios del Ministerio Público. El presidente de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, sostuvo que la decisión de la magistrada busca frenar la entrada en vigencia de una norma que ya atravesó el tratamiento legislativo. “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, expresó Pareja, quien calificó el fallo como una resolución “profundamente antidemocrática”.

La resolución también abrió una discusión dentro del propio Poder Judicial bonaerense. El fiscal del fuero penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, sostuvo que la medida de Pascual carece de alcance general y anticipó que continuará aplicando la legislación vigente en su jurisdicción. “Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza”, afirmó en declaraciones radiales. Zárate argumentó que un juez penal puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en un expediente concreto, pero no dejarla sin efecto para toda la provincia.

Como respaldo de su postura, mencionó que la nueva ley ya produjo efectos en causas judiciales: citó el caso de un condenado por el crimen de Matías Urbani, asesinado en Tigre en 2009, cuya situación fue revisada por aplicación del principio de ley penal más benigna. Según su interpretación, si el régimen puede emplearse para revisar condenas a favor de acusados, también debe regir para los procesos nuevos.

Pascual cuenta con más de 35 años de trayectoria en áreas vinculadas con niñez y adolescencia. Nacida y criada en Almirante Brown, es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata con posgrados en Derecho Público y Magistratura. Desde fines de la década del 80 trabajó en problemáticas ligadas a la vulnerabilidad infantil, lo que la acercó a la función pública bonaerense. En esa etapa, se desempeñó junto a Hilda “Chiche” González de Duhalde e integró el Consejo Provincial del Menor y la Familia, el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, y fue designada ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires. También trabajó como consultora de Unicef y presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia, desde donde representó al país en encuentros en América Latina, Europa y Asia.