POLITICA
Mientras Milei busca nacionalizar la campaña de 2027, los gobernadores analizan desdoblar las elecciones
A más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, los gobernadores empiezan a definir sus calendarios de votaciones, una de las piezas que puede condicionar la estrategia de Javier Milei para buscar la reelección. Mientras la Casa Rosada intenta concentrar la competencia provincial y nacional en una misma jornada, varios mandatarios avanzan en sentido contrario y preparan comicios propios antes de octubre.
Tucumán ya convocó para el 9 de mayo, Chubut confirmó que separará sus elecciones aunque todavía no fijó una fecha y Corrientes anticipó que seguirá el mismo camino. Tierra del Fuego, Chaco, Río Negro y Mendoza deberán realizar sus comicios provinciales en una fecha distinta de la nacional por disposición de sus respectivos marcos institucionales. Catamarca, en cambio, resolvió votar junto con la Nación, mientras otros distritos todavía analizan el escenario más conveniente antes de tomar una decisión.
La discusión del calendario se cruza además con la intención del Gobierno nacional de volver a suspender las PASO —ante las dificultades para eliminarlas— y con los cambios electorales que impulsa para 2027. Para La Libertad Avanza, que todavía tiene estructuras territoriales más débiles que muchos oficialismos provinciales, una elección simultánea permite concentrar recursos y aprovechar el peso de Milei como candidato presidencial para apuntalar las listas locales.
El cálculo de los gobernadores es diferente. Separar las fechas les permite llevar la campaña a la gestión provincial, reducir el peso de la discusión nacional y hacer valer estructuras partidarias propias que suelen tener mayor incidencia cuando no compiten al mismo tiempo las candidaturas presidenciales.
Las provincias que se encaminan a desdoblar
El avance del desdoblamiento no responde a una única estrategia. En algunos distritos, los gobernadores buscan preservar una campaña concentrada en la gestión local y evitar que la pelea presidencial termine ordenando también sus elecciones. En Tucumán, Osvaldo Jaldo firmó la convocatoria para el 9 de mayo de 2027, con el argumento de que la provincia mantiene el esquema electoral de los últimos años. “No estamos adelantando absolutamente ninguna fecha electoral”, aseguró.
La misma intención de preservar una campaña concentrada en los asuntos locales planteó Chubut, donde Ignacio Torres confirmó que los comicios estarán separados de los nacionales, aunque todavía no resolvió cuándo se realizarán. “En Chubut vamos a discutir Chubut”, planteó el gobernador al defender una estrategia que le permite al oficialismo provincial evitar que la competencia por la Presidencia ordene también su disputa territorial.
Ese criterio empieza a extenderse a otros distritos, aunque con distintos grados de definición. Juan Pablo Valdés anticipó que Corrientes “seguramente” desdoblará y dejó pendiente la fecha. “Cuando tengamos la decisión, anunciaremos”, afirmó. Mientras Santa Fe proyecta votar en junio y conservar las PASO provinciales, Córdoba, La Rioja, Neuquén, Misiones y Jujuy muestran señales también en favor de un esquema de desdoblamiento, aunque todavía no todos formalizaron sus convocatorias.
A ese grupo se suman jurisdicciones donde separar las elecciones provinciales de las nacionales no depende únicamente de una decisión política de sus gobernadores. Tierra del Fuego, Chaco, Mendoza y Río Negro deben celebrar sus comicios locales en una fecha distinta de la nacional por sus respectivos marcos institucionales. “En Mendoza las elecciones se hacen de manera desdoblada por norma, y no hay ninguna intención de modificar la ley que fija esos plazos”, argumentó Alfredo Cornejo, un aliado clave de Milei, que tampoco está dispuesto a eliminar ni suspender las PASO locales. No obstante, planteó que podría haber “algunos retoques”.
Catamarca, la primera en tomar el camino que busca la Casa Rosada
Raúl Jalil confirmó que Catamarca votará sus autoridades provinciales el mismo día que la Nación, una definición que coincide con el esquema que la Casa Rosada intenta extender a la mayor cantidad posible de distritos antes de 2027. “Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional”, escribió el gobernador en X.
El mandatario sostuvo que la unificación permitirá reducir costos y dar previsibilidad a las fuerzas políticas. Jalil ya había anticipado en agosto que no tenía intención de desdoblar y terminó de formalizar una decisión que también preserva el vínculo político que mantiene con Milei desde el inicio de la gestión libertaria.
Para la Casa Rosada, evitar una sucesión de elecciones provinciales antes de octubre reduce el riesgo de atravesar una especie de plebiscitos que condicionen la campaña presidencial y, al mismo tiempo, obliga a los oficialismos locales a competir dentro de una discusión dominada por la figura de Milei. Esa lógica resulta especialmente favorable para La Libertad Avanza en provincias donde todavía tiene menos estructura territorial que los espacios que gobiernan.
La cuenta cambia para los mandatarios que prefieren separar. Un comicio propio les permite concentrar la campaña en la gestión provincial, apoyarse en intendentes y dirigentes locales y evitar que su resultado quede atado al humor social con el Gobierno nacional. Por eso el calendario se convirtió en una de las primeras disputas de 2027, incluso antes de que se definan las candidaturas.
Kicillof y Jorge Macri mantienen abierta la definición
La provincia de Buenos Aires concentra una de las discusiones más sensibles porque Axel Kicillof desdobló los comicios en 2025 y el resultado dejó una experiencia que todavía pesa dentro del peronismo. La estrategia le permitió al oficialismo bonaerense hacer una elección muy fuerte en el plano local, con los intendentes y las estructuras territoriales volcados a la campaña, pero semanas después La Libertad Avanza se impuso en la competencia por los cargos nacionales.
Ese resultado y su decisión de seguir en sentido contrario a lo que planteaba Cristina Kirchner alimentaron una de las principales críticas del kirchnerismo duro al gobernador. El cuestionamiento fue que el desdoblamiento concentró el esfuerzo de los jefes comunales en la disputa provincial y que ese mismo despliegue no se repitió con la misma intensidad cuando llegó la elección nacional, una diferencia que terminó favoreciendo al partido libertario.
La discusión de 2027 incorpora además un elemento que no estaba presente dos años antes. Kicillof es uno de los dirigentes con aspiraciones a competir por la Presidencia y, si finalmente enfrenta a Milei, necesitará que Buenos Aires juegue a fondo en una elección nacional en la que el peso del principal distrito del país puede ser decisivo para su competitividad.
Por eso, ante intendentes que vuelven a reclamar el desdoblamiento para preservar sus propias elecciones locales, se esboza un acuerdo político para garantizar que los jefes territoriales sostengan después la campaña presidencial con el mismo nivel de involucramiento que pongan en la elección bonaerense.
Pero la discusión bonaerense también depende de la eventual suspensión de las PASO y del armado presidencial del peronismo, especialmente en los sectores que observan que una eventual debilidad de Milei podría favorecer al PJ si compiten el mismo día.
En la Ciudad, Jorge Macri tampoco cerró el calendario y la decisión está ligada a las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza. Un acuerdo electoral podría favorecer la simultaneidad, mientras que una competencia entre ambos espacios volvería más atractiva la posibilidad de desdoblar.
Con pocas confirmaciones y varios gobernadores inclinados a definir fechas propias para las elecciones provinciales, la Casa Rosada enfrenta la posibilidad de atravesar distintos test antes de octubre. Para Milei, concentrar la competencia significa convertir su candidatura presidencial en el principal ordenador electoral; para los mandatarios que desdoblan, la apuesta consiste precisamente en impedir que la pelea por la Presidencia determine también quién gobierna sus provincias.
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POLITICA
Ultimátum del Gobierno: sólo habrá acuerdo electoral con los gobernadores que manden a votar contra las PASO
Los tiempos se acortan. El próximo martes se debatirá la reforma política en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El Gobierno tiene como como máximo objetivo la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para lograrlo, la Casa Rosada transmitió la orden de acelerar las negociaciones.
La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, titular de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, bajó la premisa que debe guiar las tratativas.
“La definición de Karina es que no va a haber acuerdo político con ningún gobernador o espacio que no apoye la reforma política”, dijo a una voz de Balcarce 50 muy cercana a la funcionaria. “Es una postura muy razonable, lógica”, completó otro miembro del Gabinete.
En diferentes terminales del oficialismo advierten que el escenario para tener los 37 votos en el Senado que demandan las reformas electorales no es fácil. Y por delante se espera una fuerte negociación por los distintos aspectos del proyecto.
Para el oficialismo, la meta es una: que la oposición no tenga la herramienta de las PASO para dirimir sus internas en 2027. Inicialmente, el objetivo trazado era la eliminación de las PASO. Desde hace semanas, en la Casa Rosada se plantearon como meta posible la suspensión, como lo lograron en 2025.
La idea de supeditar cualquier entendimiento electoral al apoyo a la reforma política en el Congreso había circulado en el oficialismo cuando se presentó el proyecto de ley, en abril. Pero el desgaste que la Casa Rosada y la imagen presidencial experimentaban por la marcha de la actividad económica y el caso Adorni, entre otros factores, morigeraron las ambiciones. También pospusieron el debate del proyecto, que no tuvo avances desde mayo.
Ahora, con los tiempos parlamentarios acortándose hacia el comienzo del año electoral, la Casa Rosada volvió a lanzar la embestida, presentándola como un ultimátum.
La propia Patricia Bullrich, líder del bloque de LLA en el Senado, lleva semanas advirtiendo sobre las dificultades para reunir los votos. En Balcarce 50 contraponen el “optimismo” del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien encabeza el diálogo con los gobernadores y los partidos dialoguistas.
Junto a Santilli opera el subsecretario de Gestión Institucional y armador político de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, Eduardo “Lule” Menem.
En el mapa de aliados con los que Santilli y Lule Menem buscan negociar se inscriben Pro, un sector de la UCR y una parte de los mandatarios provinciales.
“Se están acelerando conversaciones. Santilli viene hablando hace mucho y no hay que volver a hacer agenda de bilaterales [con gobernadores]”, explicaron cerca del ministro coordinador.
Ficha limpia
La Casa Rosada ya ensayó distintas alternativas para que el proyecto de ley de reforma política mostrara algún avance parlamentario. La primera fue incluir la “ficha limpia” dentro del proyecto, un anzuelo para captar el apoyo de Pro y la UCR, que entonces aún despotricaban por el giro de dos senadores misioneros −aliados de LLA− que, un año antes, habían hecho caer la ficha limpia en el recinto.
La segunda fue ofrecer reinstaurar el sistema de listas colectoras, para que los gobernadores pudieran colgar a sus candidatos de la boleta presidencial de Javier Milei, a la vez que “colectarían” votos para la reelección del Presidente. Pero esa opción requería un salto de fe de los gobernadores: que llegado el momento del cierre de listas, LLA los aceptaría como colectoras. El desgaste de la imagen libertaria tampoco colaboró con la idea, que fue descartada.
Ahora, en la Casa Rosada hay quienes apuntan a revivir una tercera alternativa si la suspensión de las PASO se complicara más de la cuenta; que las primarias sean optativas para los partidos.
“Se va por la suspensión de las PASO y se deja abierta también la posibilidad de, llegado el caso, avanzar con una PASO no obligatoria, una PAS”, deslizó un hombre que orbita en torno a la mesa política libertaria.
Más que como una alternativa, en algunos sectores del oficialismo evalúan la opción de las PAS también como una chicana para exponer al peronismo: “Si utilizaran las primarias no obligatorias, lo más probable es que vaya a votar el 20% del padrón. Sería un papelón”, apuntan.
De lograr los apoyos para suspender las PASO, en el Palacio de Gobierno señalan que se definirán entonces los diferentes tipos de acuerdo según las negociaciones con cada gobernador y partido aliado.
“Hay gobernadores que quieren ir juntos; otros que plantean una competencia con LLA con límites, con golpes pero ‘por arriba del cinturón’; mientras algunos piden colectoras”, describen en la Casa Rosada.
En cuanto a los plazos, fines octubre aparece como un momento deseable para la discusión de la reforma.
“Ni para después de octubre, ni antes de noviembre”, bromeó un funcionario con responsabilidades políticas, que no dejó pasar un nuevo ingrediente que podría complicar o facilitar la discusión, según las artes que emplee el oficialismo: con esos plazos, la discusión electoral se verá entrelazada con el debate y los intercambios alrededor del presupuesto 2027, que debería enviarse al Congreso este martes.
En el Gobierno tomaron nota de la advertencia que lanzó la semana pasada la Cámara Nacional Electoral (CNE). A través de una acordada, indicó que cambiar las leyes electorales en pleno período de comicios va contra los estándares internacionales.
En otras palabras, la Cámara señaló que la reforma electoral debería concretarse antes de fin de año, ya que el próximo habrá elecciones en todo el país.
“El plazo idóneo para introducir cambios es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso, para otorgar un tiempo razonable y suficiente, tanto a las autoridades electorales como a los actores políticos, de adecuar su propia reglamentación interna para armonizarla con la respectiva modificación legislativa”, dice el Manual para la Observación de Sistemas de Justicia Electoral de la Organización de Estados Americanos, citado por los magistrados federales.
La convocatoria del martes
Al momento de convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Bullrich volvió a advertir las dificultades que enfrenta el proyecto oficialista para suspender o eliminar las PASO.
“No hay consenso, hoy lo estamos construyendo, pero todavía no los tenemos”, respondió la senadora ante una consulta de sobre si ya había conseguido los votos para suspender las primarias.
“Por eso vamos, a empezar con la reforma a paso moderado, trayendo invitados, especialistas, discutiendo todas las reformas de la ley de los partidos, políticos, la digitalización de las afiliaciones, y el financiamiento”, agregó la legisladora la pasada semana.
Además de eliminar las PASO e instaurar la ficha limpia, el proyecto del oficialismo reduce el aporte estatal a los partidos y eleva la participación de los aportantes privados, a la vez que impulsa la afiliación digital y eleva los requisitos mínimos de presencia territorial para que los partidos puedan competir en las elecciones
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POLITICA
“No se puede tratar”: ante la alerta global por la IA, el Gobierno pierde apoyo para impulsar un proyecto clave en el Congreso
Es el tema del momento en medios de todo el mundo. El exinvestigador de IA, Jacob Coxon, publicó un hilo en X luego de renunciar a su cargo en Anthropic (la desarrolladora de Claude), en el que advirtió que pronto podría haber sistemas superinteligentes que podrían “matarnos a todos” para finales de la década. A esta advertencia se sumó la de Evan Hubinger, jefe de un equipo de seguridad de esa compañía, quien calculó en más del 10% la probabilidad de extinción de la raza humana en una década, si no se consiguen alinear los desarrollos de los próximos modelos de Inteligencia Artificial.
Argentina no está ajena a este debate que ya tienen repercusión en el plano político. Una de esas discusiones tiene basamento en el Senado: por esta agenda que creció exponencialmente desde el martes, legisladores de distintos bloques aseguran que el oficialismo de La Libertad Avanza deberá frenar la totalidad o al menos una parte central del proyecto de Ley General de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; se trata de una de las iniciativas que emociona al propio presidente Javier Milei.
El proyecto busca poner fin a la Ley 19.550 que data de 1972 y promueve la digitalización, flexibiliza el objeto social e introduce las “sociedades automatizadas”, aquellas que desarrollan su actividad mediante “sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria”.
El Gobierno ingresó ese proyecto el 1 de junio de este año y desde entonces se ha debatido en la comisión de Legislación General, presidida por la senadora nacional por Neuquén Nadia Márquez. Fuentes de La Libertad Avanza y de tres bloques aliados al oficialismo han admitido en privado que el debate, que había encontrado algunos cauces en las últimas semanas, seguramente se estanque producto de este nuevo contexto.
“Yo no lo voy a votar”, se sinceró una banca libertaria en estricta reserva. Mirando el panorama, otra figura cercana al oficialismo marcó: “Es el mismo fenómeno que la Ley de Tierras, no se puede tratar”. Una fuente gubernamental solamente se ocupó de aclarar que para la Casa Rosada “era una oportunidad importante” para tratar esta temática, pero que entienden que “la discusión pasa por otro lado hoy”. “El proyecto está disponible para cuando consideren oportuno tratarlo”, concluyen.
Hacia finales de agosto, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, había anunciado cambios a la ley de Sociedades para poder garantizar el apoyo de bloques aliados que no estaban convencidos de firmar el dictamen. Si bien no se especificó el nuevo texto, la dirigente violeta apuntó a que quede clara la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.
“Estamos pensando, desde el oficialismo y algunos bloques más, hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas con responsables físicos. Eso le va a dar más seguridad jurídica”, señaló Bullrich. La sugerencia de que se incorpore una persona jurídica había sido realizada también por el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez. Por su parte, Sturzenegger había visto con buenos ojos esta modificación y aclaró que solo “la gestión operativa de esa sociedad no la hacen humanos, sino programas, softwares, robots, o lo que fuera”.
El proyecto original que provino desde la Casa Rosada contiene tres capítulos y 277 artículos en total. Se trata de una reforma más amplia que la incorporación de sociedades con sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial. Es por eso que se multiplican las voces entre las bancadas senatoriales de que “es más fácil aprobar el proyecto en general que el capítulo particular que contiene el apartado de la automatización de sociedades”.
El debate que se puede generar sobre esta reforma en particular se inserta en un contexto, cuanto menos, hostil para las pretensiones de Milei, Sturzenegger o los principales impulsores del oficialismo. La discusión que se generó a partir de las declaraciones del exinvestigador en IA de Anthropic ha colocado a la Inteligencia Artificial en el centro del debate global, así como a las capacidades que tienen los Estados Nacionales o las mismas corporaciones para poder evitar que los modelos presentes muten en esquemas superinteligentes a partir de la automejora recursiva.
Para oficialistas y opositores que tienen una banca en el Congreso, la discusión sobre la letra chica del proyecto ya no es viable en términos políticos. Al menos no en el corto y mediano plazo. Es un panorama similar al de la Ley de Tierras hacia comienzos de agosto. Hubo senadores que habían firmado el dictamen de la iniciativa pero que con la cercanía de la sesión para darle media sanción al proyecto dieron marcha atrás y rechazaron capítulos importantes de la misma. Hay senadores que ya afirman en el off the record que no apoyarán la automatización de las sociedades.
En ese contexto, la administración nacional de Milei le ha dado importancia al rol de la Inteligencia Artificial para el desarrollo de la economía para las próximas décadas. En una entrevista reciente publicada por The Economist, el Presidente volvió a prometer que la Argentina adoptará la IA como ningún otro país y que cree que podría ayudarla a “convertirse en una potencia mundial líder como Estados Unidos” en tan solo 20 años.
El Presidente no ha sido ajeno a este tipo de debates. El proyecto ideado en las usinas de Sturzenegger recibió una respuesta por parte del historiador y escritor Yuval Noah Harari —conocido por libros como Sapiens y Homo Deus, entre otros—, quien advirtió en una columna en el Financial Times que otorgar personería jurídica a agentes de IA les daría una “llave maestra” para acceder a los sistemas financieros, económicos y políticos con capacidades de poseer bienes, contratar personal, iniciar procesos judiciales y hasta de financiar campañas sin que exista una responsabilidad directa detrás de esas decisiones.
La respuesta epistolar del Presidente no tardó en llegar. A través de un texto publicado en el FT, Milei calificó de “inesperada” la preocupación de Harari por esa temática y remarcó que dotar de marco jurídico a las empresas gestionadas por IA “parece ser una característica necesaria” del porvenir tecnológico. Ahí sostuvo que una empresa autónoma sujeta a un marco legal que puede disolverla, embargar sus activos o exigirle responsabilidad “no está escapando de la ley. Está sometiéndose a ella”. Además, consideró que, si las empresas de IA implican riesgos mayores que las dirigidas por humanos, “el argumento a favor de la personalidad jurídica se fortalece, no se debilita”, porque estarían sujetas a las mismas sanciones, embargos y posibilidad de disolución que rigen para cualquier compañía no automatizada.
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POLITICA
Senado: el oficialismo reanuda esta semana el debate de la reforma política y la oposición dialoguista presiona por la ficha limpia
Sin los votos para eliminarla y con la amenaza latente de la Casa Rosada a gobernadores aliados y colaboradores de que no habrá sociedad electoral en 2027 si no votan la derogación de las elecciones primarias (PASO), el Senado retomará este martes el debate en comisión del proyecto de ley de reforma política enviado por el Poder Ejecutivo a fines de abril último.
El debate quedó desactivado en mayo pasado al encontrarse la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich (Capital), con la negativa de amplios sectores de la oposición dialoguista (la UCR y Pro, sobre todo) a eliminar las primarias, una herramienta que, aseguran, les serviría para ordenar sus internas y alianzas en el camino hacia las presidenciales del año próximo.
Sin el apoyo de los dialoguistas y con el PJ alineado en su totalidad en contra de derogar las PASO, el Gobierno y sus 21 senadores propios no tienen forma de alcanzar la mayoría absoluta que exige la Constitución Nacional para aprobar una reforma electoral, que en el caso del Senado son 37 votos afirmativos.
El escenario no ha cambiado, pero presionada por un sector de la oposición, que reclama aprobar un proyecto de ficha limpia (prohibición a los condenados en segunda instancia judicial puedan ser candidatos a cargos nacionales), y el apuro del Gobierno, Bullrich aceptó retomar la discusión y convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para esta semana.
Hasta el momento, la intención del oficialismo es realizar reuniones informativas para escuchar la opinión de especialistas a la espera de que el Gobierno consiga los votos para destrabar el debate por las PASO. Esta misión quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien hasta el momento no ha logrado mostrar avances significativos en la materia.
El proyecto
El denominado proyecto de ley de Reforma Electoral Integral consta de un total de 79 artículos estructurados en siete títulos principales y entre sus modificaciones centrales destacan la derogación de las PASO y la aplicación de la ficha limpia no sólo para cargos electivos, sino también para puestos en el Poder Ejecutivo y en la Administración Pública.
También impone nuevas condiciones, más estrictas, para la creación de partidos de distrito. Si se aprueba la iniciativa, toda agrupación nueva deberá reunir en un plazo improrrogable de 180 días corridos afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón local.
Durante el proceso, las agrupaciones se consideran partidos en formación, estado en el cual tienen expresamente prohibido presentar candidaturas a cargos electivos y no pueden percibir aportes públicos de ningún tipo.
Para obtener la personería como partido de orden nacional, una fuerza política deberá contar con reconocimiento definitivo en al menos 10 distritos (elevando el mínimo actual, que exige cinco) y sumar afiliados que representen el 0,1% del Registro Nacional de Electores, debiendo mantener permanentemente esta presencia territorial.
También hay medidas más estrictas para la permanencia de la personería jurídica de las agrupaciones. Así, es causa de caducidad automática no alcanzar el 3% del padrón electoral en al menos una de dos elecciones nacionales consecutivas, la inasistencia a dos comicios nacionales sucesivos, la falta de elecciones internas de autoridades durante cuatro años y la violación de la paridad de género en los órganos partidarios.
En el caso de la denominada ficha limpia, el texto inhabilita a las personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección, así como los imputados o condenados por genocidio o crímenes de lesa humanidad. Se crea en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral un Registro Público de Ficha Limpia, y se precisa que la interposición de recursos judiciales no suspenderá la inelegibilidad.
Se incluye de manera definitiva la boleta única de papel (BUP) en el Código Electoral Nacional como herramienta en todos los comicios nacionales y se contemplan casilleros específicos para el voto individual por categoría y un casillero para el voto por lista completa. Este último punto es también motivo de rechazo para las fuerzas provinciales.
Respecto al desarrollo del proceso electoral, se establece que la campaña electoral iniciará 60 días antes de los comicios y finalizará 48 horas antes, prohibiendo los actos de gobierno que promuevan el voto durante los 25 días previos.
En materia de financiamiento público, se reestructura el uso del Fondo Partidario Permanente regulado en la ley 26.215, permitiendo que el aporte ordinario anual se utilice no solo para desenvolvimiento institucional y capacitación (donde es obligatorio destinar al menos el 10%), sino también para financiar campañas electorales.
Pero, como contrapartida, se eliminan los aportes públicos extraordinarios específicos que el Estado otorgaba para cada contienda electoral.
En cuanto al financiamiento privado, se fija un límite de aportes por persona humana o jurídica del 35% del módulo electoral por elector registrado, manteniendo la prohibición absoluta de recibir donaciones de contratistas del Estado, concesionarios, empresas de juegos de azar, sindicatos o personas procesadas/condenadas por delitos graves como lavado de dinero o corrupción.
Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a
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