POLITICA
El gobernador de Neuquén le otorgó personería jurídica a una comunidad mapuche en medio de un litigio territorial

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, otorgaron personería jurídica a una comunidad mapuche que atraviesa un severo conflicto judicial por la ocupación de las tierras donde reside.
La decisión administrativa se produjo mientras avanza el litigio por un predio ubicado en el paraje El Pedregoso, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. En la resolución, los funcionarios mencionaron como domicilio legal de la Lof Melo —la comunidad beneficiada— las tierras que son objeto de la disputa judicial y cuya ocupación fue considerada ilegal por distintos tribunales.
El decreto firmado por Figueroa y Tobares señala que el reconocimiento se ajusta a lo establecido en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras normativas. Además, avala el estatuto comunitario y sostiene que “no existen impedimentos” para otorgar la personería jurídica.
La decisión del Ejecutivo neuquino genera interrogantes entre las partes del litigio territorial y también dentro del ámbito mapuche. El principal punto de discusión es qué posición adoptará el Gobierno provincial si la Justicia convoca a la Policía de Neuquén —fuerza que depende del Poder Ejecutivo— para ejecutar el desalojo de las tierras ocupadas por la comunidad.

Un reconocimiento en medio de una orden de desalojo
La Lof Melo comparte territorio con la lof Kinxikew, integrada por la familia Quintriqueo. En relación con esta última comunidad, el juez de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, libró la semana pasada una orden para ejecutar el desalojo, según surge del expediente judicial.
La medida tiene en cuenta que la residencia de ambas comunidades en el lugar fue considerada ilegal por magistrados de distintos tribunales. La instancia judicial se encontraría agotada y el desalojo podría concretarse próximamente.
En ese contexto, el otorgamiento de personería jurídica a la Lof Melo podría introducir un nuevo elemento en la causa, aunque su incidencia concreta dependerá de las decisiones que adopten los tribunales. El reconocimiento no implica, por sí mismo, la validación de la ocupación territorial ni la suspensión de una orden de desalojo.
La personería jurídica permite a la comunidad ser reconocida como sujeto colectivo ante la Justicia y la administración pública. También le otorga herramientas para ejercer derechos procesales y sustantivos, como intervenir en un juicio, solicitar medidas cautelares y plantear cuestiones vinculadas con el relevamiento territorial y la consulta previa, en los términos que correspondan.
La decisión política resulta llamativa por el momento en que se produjo: mientras transcurre un litigio judicial en el que está en juego la permanencia de la comunidad en el territorio.
Fuentes con acceso al expediente calificaron el acto del Ejecutivo neuquino como “un verdadero delirio”.
La reacción de la Confederación Mapuche
La Confederación Mapuche de Neuquén también puso en duda el alcance de la medida y se preguntó si el reconocimiento constituye un verdadero acto administrativo de reconocimiento o una maniobra de distracción.
A través de las redes sociales, la organización consideró que la decisión “es tardía”, debido a que se trata de un planteo que la comunidad arrastra desde hace años.
En ese marco, planteó dos escenarios posibles: el primero contempla que, luego del reconocimiento, el Ejecutivo neuquino ponga a disposición las fuerzas policiales para ejecutar el desalojo del territorio. En ese caso, la Confederación sostuvo que la personería jurídica sería “un premio consuelo hipócrita”.
El segundo escenario supone que el objetivo del Gobierno sea “ajustarse a la ley y a la Constitución”. En ese caso, la organización consideró que la Provincia debería intervenir ante el juez que ordenó el desalojo y actuar como garante del derecho territorial de la Lof Melo.
“En cualquiera de los escenarios”, planteó la Confederación, el decreto genera confusión entre las partes, que buscan interpretar el objetivo de la decisión del Ejecutivo provincial.
El antecedente de otras dos comunidades
En julio de 2026, Figueroa y Tobares rechazaron el otorgamiento de personería jurídica a otras dos comunidades mapuche, luego de argumentar que no reunían los requisitos necesarios para obtener ese reconocimiento.
Se trata de las comunidades Raliñanco Cárdenas y Kelv Kura, cuyos integrantes realizaron distintas manifestaciones para expresar su rechazo a la decisión.
Fuentes del Gobierno neuquino señalaron que el rechazo se fundamentó en la falta de acreditación de exigencias previstas en el Decreto N.º 2462/13, relacionado con el convenio entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Gobierno de la Provincia del Neuquén.
Entre otras cuestiones, según las mismas fuentes, no se habían verificado una organización comunitaria autónoma, el desarrollo de una economía comunitaria, el ejercicio de prácticas culturales y espirituales ni una convivencia permanente.
El contraste entre ambos casos abre un interrogante político: qué criterios utilizó el Ejecutivo neuquino para reconocer a la Lof Melo mientras rechazó, meses atrás, las solicitudes de otras dos comunidades mapuche.
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POLITICA
El desdoblamiento electoral aceleró la campaña en Tucumán: candidaturas, internas y denuncias

Especulaciones, lanzamientos de candidaturas, denuncias judiciales y sospechas cruzadas florecieron vertiginosamente en Tucumán durante las últimas semanas, luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo anunciara el adelantamiento de las elecciones provinciales, que se celebrarán el 9 de mayo próximo.
La provincia, hasta ahora, es la única en la que el desdoblamiento de los comicios respecto del calendario nacional ya tiene fecha. El decreto que firmó el mandatario significó la bandera de largada de la campaña. A partir de aquel 27 de julio en que se publicó la medida, se desató una fuerte interna en el Partido Justicialista (PJ), que repite la fórmula de una vieja lucha en el peronismo tucumano. También se potenció la disputa de liderazgo en el universo opositor y se presentaron denuncias ante la Justicia con el fin de anular posibles candidaturas.
Un cuarto oscuro hoy revelaría cuatro aspirantes a gobernador: el mandatario peronista Jaldo; el exgobernador y senador nacional del bloque Justicialista, Juan Manzur; Lisandro Catalán, exministro del Interior de Javier Milei, quien se lanzó oficialmente tras la convocatoria a las elecciones; y Mariano Campero, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y exdirigente de la UCR. Desde 1999, la provincia está en manos del PJ. En 2023, estuvieron habilitados 1.267.045 votantes, lo que representó un 3,69 por ciento del padrón nacional.
“Con un voto te llevás la gobernación [no habrá PASO ni balotaje]. Es salvaje. Ya hay clima de campaña: están volando las denuncias y las operaciones. Tucumán es bien quilombero”, describió uno de los aspirantes al sillón de Lucas Córdoba, en diálogo con .
La peculiaridad del escenario provincial radica en el vínculo de colaboración que Jaldo y la administración mileísta construyeron en estos casi tres años de gestión, a raíz del cual los legisladores nacionales del tucumano acompañan los proyectos de LLA en el Congreso. La sociedad que supieron conformar abre el interrogante sobre una posible negociación de cara a las elecciones 2027, en las que tanto Jaldo como Milei buscarán la reelección.
Candidaturas y denuncias
Las candidaturas y los dardos vuelan en tierra tucumana. Con diferentes grados de convicción y difusión, los cuatro dirigentes se lanzaron a la contienda. Jaldo asegura que buscará la reelección; Manzur “anda con ganas” −dicen en su entorno−, aunque mantiene la cautela; Catalán presentó su postulación oficial en un acto reciente; y cerca de Campero afirman que será candidato, con o sin el apoyo de LLA.
En paralelo a estos anuncios, se multiplicaron las sospechas, acusaciones y denuncias cuando faltan ocho meses para los comicios.
Jaldo dice que a Manzur le falta “coraje” para lanzarse como candidato y lo desafía a competir en las urnas, mientras el exgobernador sostiene que el Presidente tendrá dos postulantes en la provincia: Jaldo y Catalán.
Asimismo, el mandatario provincial advierte que “Catalán no va a pasar de candidato”. El exministro de Milei también recibe munición pesada de Campero, quien, a través de un alfil provincial, promovió una denuncia judicial según la cual Catalán tendría domicilio en Tucumán pero viviría en Buenos Aires, con el objetivo de fondo de frenar su candidatura.
Entre los cuatro, Catalán es el dirigente con mayor nivel de desconocimiento en la provincia. Según una encuesta reciente de Hugo Haime, histórico consultor del peronismo, el 17,4% no lo conoce y el 32,1% no sabe o no contesta. De acuerdo a un informe de agosto de Isasi/Burdman, consultora ligada a Catalán, el 52,2% elige la opción “no sabe” para responder sobre la imagen del exministro.
Campero, exintendente de Yerba Buena, también analiza una jugada judicial para frenar la reelección de Jaldo, dado que ya fue dos veces vicegobernador y una vez gobernador. En cambio, LLA Tucumán anunció que, por el momento, no presentará una acción en la Justicia contra el mandatario.
La rebelión del delfín
Tras el impulso de Manzur a Jaldo y del festejo conjunto ante el triunfo del hoy gobernador en 2023, los exsocios se distanciaron y, ahora, también podrían convertirse en enemigos en las urnas.
El exgobernador especula y mide sus movimientos, mientras Jaldo lo desafía a que se postule oficialmente. Aunque persisten las dudas sobre si finalmente sellarán un acuerdo, como sucedió en las legislativas de 2025, en el campamento de Manzur descartan de plano ese escenario. “Ya no hay chance [de acordar]. Mintió mucho. Tiene la palabra devaluada”, dijeron a .
La campaña del senador se enfoca en “mostrar que Jaldo está con el Gobierno”. “Jaldo es Milei”, es el mensaje que busca transmitir, según su entorno, en alusión al eslogan que utilizó LLA en las elecciones pasadas para posicionar a sus candidatos.
Manzur ya inició una serie de recorridas por la provincia con foco en ese mensaje. ¿Será candidato? “Anda con ganas”, especulan cerca de Manzur. “Estamos en tiempos de construcción. Antes de fin de año, lo tendremos decidido”, agregan.
Hoy la oferta peronista está dividida, entonces, por el enfrentamiento entre Jaldo y Manzur, que recuerda a la disputa de Manzur con José Alperovich, exgobernador (2003-2015) condenado a 16 años por abuso sexual agravado. Manzur, apadrinado en 2015 por Alperovich, lo derrotó en 2019 (50% a 11%) y gobernó hasta 2023, cuando le dio lugar a Jaldo, su entonces vice.
Fractura en el universo opositor
El predominio del PJ en Tucumán −gobierna la provincia desde 1999− no anula la fractura en el universo opositor.
Catalán preside LLA en la provincia y, según dijo en una entrevista con , cuenta con el apoyo de Karina Milei, titular del espacio a nivel nacional. No obstante, fuentes partidarias afirmaron que, aunque Catalán “probablemente termine siendo, todavía no está definido al 100% el candidato de LLA” en Tucumán.
Al contrario, dejarán “caminar hasta el final” a los posibles candidatos. “¿Por qué voy a frenar a Campero si me está apoyando en Diputados?”, plantearon. “Lo importante es el sello, por encima de las personas”, concluyeron, en conversación con .
Además, el Gobierno entiende que necesita el apoyo de Jaldo en el Congreso para impulsar los proyectos legislativos del oficialismo. Por lo que, de momento, no auspicia una confrontación con el gobernador. Incluso deslizaron que, si Jaldo apoyara la reforma política −algo que parece difícil dado que rechaza la eliminación de las PASO, el objetivo central del proyecto de LLA−, “se negociará”. ¿Cómo? La fuente consultada negó que vayan a jugar a medias por la gobernación, pero remarcó que el 9 de mayo Tucumán renovará todos los cargos −legisladores provinciales, intendentes y concejales−: “Eso abre a las negociaciones”.
De todos modos, la fuente de LLA planteó que “es una provincia complicada [para ganar] por el aparato electoral del peronismo”.
Por su parte, aunque en Diputados integra el bloque LLA, Campero tiene su propio partido, Cambia Tucumán. Quienes orbitan su armado aseguran que “va a ser candidato sí o sí” y que mantiene conversaciones con otros espacios −nacionales y provinciales− para constituir un frente. Consideran que acordar con LLA será “difícil” si Catalán forma parte del armado.
A las recorridas que realiza por el territorio se sumaron, desde hace una semana, los afiches que con su rostro empapelan las calles, al menos, de San Miguel de Tucumán.
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Malvinas: “Argentina se puede gastar miles de millones de dólares y no va a ganar esa guerra”, planteó Moreno Ocampo

El debate sobre las islas Malvinas volvió a tomar impulso con la discusión sobre la defensa, la seguridad y las alternativas para sostener el reclamo de soberanía. A más de cuatro décadas de la guerra de 1982, el punto de partida sigue siendo el mismo: Argentina no tiene una opción militar viable para recuperar el archipiélago administrado por Gran Bretaña.
En ese contexto, el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional que intervino en un juicio relacionado con el conflicto, Luis Moreno Ocampo, pidió revisar la estrategia. En diálogo con Infobae Al Amanecer señaló que la conducción militar de entonces calculó mal la reacción británica y la de Estados Unidos. “Argentina no tenía plan”, afirmó al referirse a la preparación previa a la guerra.
La disputa por las islas Malvinas enfrenta a Argentina y Gran Bretaña desde hace décadas. En 1982, la dictadura militar argentina ocupó el archipiélago y el Reino Unido respondió con una operación militar que terminó con la rendición argentina, el 14 de junio de ese año. Desde entonces, el reclamo argentino de soberanía continúa, mientras Londres administra el territorio y rechaza negociar su transferencia.
El exfiscal recordó que, en mayo de 1982, Gran Bretaña aceptó una propuesta para congelar la situación durante un año y establecer una administración de las Naciones Unidas. A su entender, esa salida habría evitado el desenlace bélico. “Argentina tenía opciones mucho mejor que perder la guerra”, expresó.
En su evaluación, una acción contra la infraestructura militar británica exigiría una inversión de miles de millones de dólares que no cambiaría el resultado: “Argentina se puede gastar miles de millones de dólares y no va a ganar esa guerra”.
Priorizar la seguridad interna
El jurista planteó que la discusión sobre defensa debe partir de las necesidades más urgentes del país. La seguridad interna, dijo, debería estar antes en la agenda de Argentina y de América Latina que la cuestión Malvinas, a la que ubicó en un segundo o tercer plano de prioridades.
Con seguridad interna se refirió, entre otros problemas, al avance del crimen organizado, es decir, redes que cometen delitos de manera estable y coordinada, como el narcotráfico, el lavado de dinero o la trata de personas. Para investigarlas y llevar sus casos a juicio, consideró indispensable contar con tribunales independientes y con capacidad de hacer cumplir sus resoluciones.
“Un proyecto de investigar y juzgar necesita justicia”, afirmó. Explicó que una sentencia argentina puede requerir reconocimiento en otros países si se busca recuperar dinero o bienes que se encuentran fuera del territorio nacional. Por eso, sostuvo, reforzar el sistema judicial es una condición para que las sanciones tengan efectos concretos.
Moreno Ocampo aplicó ese razonamiento a las compañías que extraen petróleo cerca de las islas. Argentina puede dictar normas o promover investigaciones, pero esas medidas dependen de una Justicia capaz de avanzar sobre empresas y fondos que operan en el exterior. El exfiscal aclaró que no conoce el contenido completo de iniciativas específicas porque no trabaja actualmente en el país.
También cuestionó la relación entre la política y los jueces. “Los jueces no son el problema”, señaló, y atribuyó las dificultades a prácticas de protección política y a hechos de corrupción que, según dijo, debilitan la independencia judicial.
Al mismo tiempo, el exfiscal advirtió que un aumento del gasto militar argentino podría producir respuestas de países vecinos y alimentar una carrera armamentística, es decir, una competencia para acumular armas y capacidades militares. Consideró que ese camino no se corresponde con la realidad regional, ya que Argentina no tiene conflictos bélicos con Brasil ni con Chile.

“No nos vamos a pelear con Brasil o con Chile”, afirmó. También vinculó las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible mediación entre Argentina y Gran Bretaña con la relación de Washington con Londres y con los intereses de la industria armamentística.
Moreno Ocampo mencionó, además, una hipótesis de administración compartida entre Gran Bretaña, Argentina y Estados Unidos. Aclaró que no conoce sus condiciones ni sus alcances, pero dijo que una conversación vinculada con el petróleo de Malvinas podría abrir un espacio de negociación. “Eso es un plan interesante”, evaluó, sin presentarlo como una propuesta cerrada.
Mientras tanto, el jurista trabaja en una plataforma de inteligencia artificial junto con la Universidad de San Pablo, con el objetivo de aportar herramientas para mejorar el funcionamiento de la Justicia y revisar los mecanismos de designación de magistrados. En ese marco, volvió a rechazar el empleo de las Fuerzas Armadas contra delitos internos: “Argentina sufrió por usar nuestros ejércitos contra argentinos”.
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La trampa

Milei está a punto de decidir cómo salir de la trampa en la que está metido.
Ya entendió que la economía no crece a mayor velocidad porque los inversores, a pesar de todos sus logros, están enviando la misma señal que, en su momento, le mandaron a Macri.
“Espero, miro y después decido”
Idéntica conducta están adoptando los miles de argentinos que tienen, en su conjunto, cerca de 250 mil millones de dólares fuera del sistema. Por eso, esta semana, el ministro Caputo les pidió a los estudiantes de la Di Tella, mitad en broma, mitad en serio:
“Traten de convencer a sus padres para que saquen los dólares del colchón”.
Y lo más peligroso de la trampa es que, cuantas más señales de volver al pasado emite la oposición, más se beneficia del pánico a volver al pasado.
Esto vale tanto para el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien amenazó con expropiar todo lo expropiable, como para Axel Kicillof, quien calificó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una “cesión de soberanía clara y evidente”.
Porque si Kicillof está prometiendo romper todos los contratos, ¿qué incentivo tendrían los inversores locales y extranjeros para enterrar dinero en la Argentina?
Milei dice que, para salir de “la trampa”, no romperá ningún contrato.
Que no se traicionará ni traicionará a los argentinos.
Que prevalecerá sin Plan Bonex, sin pesificación asimétrica ni corralito, ni “reperfilamiento de la deuda en pesos”, como hicieron los gobiernos anteriores.
Por supuesto, en privado sigue siendo optimista. Y afirma:
“A no desesperar. El 70 por ciento de los argentinos no quiere volver al pasado”.
¿Y si su determinación no le alcanza para ganar en primera vuelta y pone a Kicillof o Sergio Massa en condiciones de volver a gobernar nuestro país?
Milei insiste: para la Argentina será un verdadero desastre. Sin embargo, para él no, porque se dedicará a dar charlas por el mundo.
Este año, la actividad económica terminaría creciendo entre un 2,5 y un 2,7 por ciento.
El consenso para el año que viene es que mantendría el mismo ritmo de crecimiento.
El Presidente es más optimista. Pero, aun así, se pregunta con vehemencia:
“Hace tres años que venimos creciendo por encima del promedio de la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). ¿No sería esta una buena noticia, junto con la baja de la inflación?”.
Y se sigue preguntando:
“¿Acaso los procesos de estabilización, hasta llegar a una inflación cero y una economía de tasas de crecimiento elevadas, no demoran, en promedio, unos ocho o nueve años?”.
Una señora jubilada, a la que un medio kirchnerista le quiso hacer decir lo contrario, lo explicó muy bien:
“Si durante tantos años han robado tanto, si han hecho semejante desastre, no le puedo pedir a un gobierno que yo no voté que cambie en dos años el robo de 40 años”.
Sin embargo, una parte de la “mesa política” considera que esto no sería suficiente para lograr la reelección en primera vuelta.
“¿Y qué nos quedaría por hacer?”, se preguntan una y otra vez.
“Bajar la incertidumbre política”, se respondieron.
¿Cómo?
“Cerrando los acuerdos con los 10 o 12 gobernadores que están dispuestos a hacerlo ya”.
“Suspendiendo las PASO y evitando que, en distritos como la ciudad de Buenos Aires, se vote cinco o seis veces en un año”.
¿Y para qué y por qué habría que hacerlo ahora?
“Para que La Libertad Avanza no llegue mal parada a las presidenciales. Para que las derrotas previas en algunas provincias no agreguen más incertidumbre electoral a la que ya existe y perjudiquen todavía más a la economía real”.
Los acuerdos que, según nuestras fuentes, deberían cerrarse cuanto antes, distrito por distrito, son los siguientes.
Con los gobernadores y referentes de Pro, en:
Con los gobernadores de la Unión Cívica Radical, en:
Con los gobernadores provenientes de partidos locales:
Sabiendo que sería muy difícil no ir a competir fuerte en:
Y estableciendo algún tipo de pacto de “no agresión” con Martín Llaryora en la provincia de Córdoba.
Por supuesto, cada distrito es un mundo. Y tiene su lógica.
El candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires sería Diego Santilli.
En la ciudad, La Libertad Avanza espera que Mauricio Macri se ponga de acuerdo con el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, y empiecen a negociar como un solo bloque.
En Entre Ríos, las conversaciones con el gobernador Rogelio Frigerio avanzan fuerte. Igual que en Chaco, con Leandro Zdero, y en Corrientes, con Juan Pablo Valdés.
En San Juan, el gobernador Marcelo Orrego está dispuesto a acordar los términos de la competencia con los candidatos de La Libertad Avanza. Muestran la misma predisposición Maximiliano Pullaro, en Santa Fe; Alfredo Cornejo, en Mendoza; y Carlos Sadir, en Jujuy.
Por eso, en la mesa política, el ministro Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se preguntan:
“¿Qué estamos esperando para acordar?”.
Caputo piensa:
“Tenemos que demostrar cuanto antes que no hay ninguna posibilidad de volver al pasado”.
Y Santilli sostiene:
“Si hoy la mayoría de los gobernadores y muchos de los legisladores que les responden están de acuerdo con el rumbo económico, ¿cuál es el sentido de seguir esperando para terminar de ponernos de acuerdo?”.
No le achacan la demora a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Parece que los que prefieren esperar más de la cuenta serían Martín Menem y Lule Menem.
Lo curioso es que todos manejan las mismas encuestas.
Para dar dos ejemplos:
Hoy no hay ninguna posibilidad de que los candidatos libertarios prevalezcan frente a los de Pullaro, en Santa Fe; a los del gobernador Ignacio Torres, en Chubut; a los que proponga Rolando Figueroa, en Neuquén; o Alberto Weretilneck, en Río Negro.
En cambio, si van separados contra el peronismo, es muy probable que les suceda lo que pasó en Marcos Juárez.
Allí ganó Germán Font, cercano a Llaryora, pero con un “sello vecinal” denominado Generación MJ. Al mismo tiempo, el voto “libertario”, que había alcanzado en 2025 el 44,2 por ciento, fue dividido en tres partes.
Y perdió.
Por mucho.
A esto le teme Caputo, aunque su especialidad es la economía.
Por otra parte, junto con Milei, sostiene que el laburo que le toca para evitar una corrida como la de 2025 ya está hecho.
Porque contaría con un total de más de 60 mil millones de dólares para enfrentarla.
Milei, para salir de la trampa, va a terminar de decidir si acordar ahora o esperar 60 días más dentro de muy poco.
Será cuando mire a los ojos a la mayoría de la docena de gobernadores con los que se encontrará cara a cara durante la Semana Argentina en París, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.
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