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Se reactiva el juicio por la muerte del obispo Ponce de León y en la Iglesia piden “verdad y justicia”

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El Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina celebró el primer avance de la investigación judicial por la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida durante la dictadura militar. Dos civiles vinculados en aquel tiempo con el área de Inteligencia del Ejército deberán prestar declaración indagatoria el martes 29 de este mes, a 49 años de los hechos, por lo que los curas villeros convocaron “a un tiempo fuerte de oración por la verdad y la justicia sobre su muerte”.

Ponce de León era obispo de San Nicolás y acompañó a familiares de detenidos y desaparecidos durante el régimen militar. Su muerte se produjo el 11 de julio de 1977 en la ruta nacional 9, en un hecho que en su momento se presentó como un accidente vial, lo que llevó al cierre de la causa.

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El obispo Carlos H. Ponce de LeónTélam

La Cámara Federal de Rosario ordenó en 2023 reabrir el caso e investigarlo como un asesinato cometido por agentes de inteligencia de la dictadura militar, luego de que el obispo denunciara en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos que se registraban en la Argentina.

Ahora el juez federal Carlos Alberto Vera Barros dispuso las primeras indagatorias del proceso. Así, deberán presentarse Luis Antonio Martínez, conductor del vehículo que embistió al obispo, y Sergio Carlos Bottini, titular registral del rodado. Ambos tienen hoy más de 80 años, pero el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal determinó que se encuentran aptos para declarar.

Fueron determinantes para declarar “cosa juzgada írrita” la sentencia que había cerrado el caso una reconstrucción realizada por computadora del siniestro ocurrido el 11 de julio de 1977 en la ruta 9, que permitió establecer la mecánica del atentado, y los análisis forenses que determinaron que las heridas del obispo no eran las que se habían declarado, así como las presuntas lesiones de los conductores con los que había chocado.

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“Es posible inferir en grado de sospecha que Bottini junto a Luis Martínez podrían haber tenido el dominio material de los hechos delictivos, esto es, que la colisión, acorde a la hipótesis criminal, fue un atentado pensado y ejecutado por las autoridades militares contra la persona del Obispo Ponce de León y no un accidente”, argumentó la Cámara Federal al disponer la nulidad de la sentencia de 1978 que había cerrado el caso.

Así quedó el auto en el que viajaba el obispo Ponce de León en la ruta nacional 9Télam

“Pastor con olor a oveja”

“A casi 50 años del homicidio de Monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, durante la última dictadura militar, y en momentos en que la causa judicial vuelve a moverse tras años de demoras, convocamos a nuestras comunidades y a toda la Iglesia argentina a un tiempo fuerte de oración por la verdad y la justicia sobre su muerte”, declaró el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares en su pronunciamiento.

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“Para los que no lo conocen: Ponce de León fue un pastor del pueblo, comprometido hasta el fondo con los sacerdotes y comunidades que intentaron renovar la Iglesia argentina desde la cercanía con los más humildes. Al decir de Francisco, un pastor con olor a oveja, respondiendo con el evangelio al desafío del tiempo histórico que le tocó vivir”, dijeron los sacerdotes.

Recordaron, incluso, que el obispo “denunció ante el Vaticano las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura y sufrió la persecución del poder militar”. A raíz de ello, hoy la Justicia “encuadra su muerte como un posible crimen de lesa humanidad”.

En su pronunciamiento, los curas de las villas agregan: “Hasta hoy esperamos saber la verdad sobre su muerte” y subrayan que “su legado sigue siendo un llamado de Dios, aquí en la Argentina, para estar al lado de los que padecen injusticias y exclusión”.

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Y concluyen: “Prontos a la llegada de nuestro Papá León decimos con él que el cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social”.




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Luis Barrionuevo dijo que invirtió en Milei, pero que ahora la situación es “malísima” y no lo quiere ver más

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Luis Barrionuevo, jefe sin interrupciones desde 1979 de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), dijo que invirtió en 2023 en el entonces candidato a la presidencia Javier Milei, pero criticó la gestión y aseguró que no lo quiere “ver más”. Además, marcó una fuerte distancia con el kirchnerismo y lanzó: “Cristina [Kirchner] y [Sergio] Massa no existen”.

En diálogo con Carlos Pagni en LN+ en el programa Odisea Argentina, Barrionuevo dijo que invirtió en la candidatura de Milei por su interés en que no gane el kirchnerismo. “Nos hicimos cargo de 10 provincias logísticamente. A mí me interesaba que no gane Massa, me interesaba que no gane el kirchnerismo”, indicó. Sin embargo, luego explicó las razones de su distanciamiento. “Tuve una reunión con Javier de dos horas. Me alcanzó para saber que no lo quiero ver más, me alcanzó para analizar lo que es. Vi un personaje. Una cosa es Javier, que me reservo lo que pienso, y la otra cosa es el presidente”, expresó.

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A su vez, sostuvo que le pidió a Milei que “hable con todos” los sectores. “No puede decir que no acompañamos, porque tampoco te podés hacer cargo de los problemas que tiene este señor, de la crisis que lleva, que yo no sé si no lo saben o se hacen los boludos, pero ya te digo, estamos en una situación malísima”, insistió.

Fue así que criticó también al kirchnerismo: “Massa no existe. Acá hay elementos que no existen. El kirchnerismo tampoco existe. Acá hay dos personas que son dañinas. Una es Cristina [que cumple una condena a seis años de prisión por la causa Vialidad] y la otra es [el expresidente Mauricio] Macri”.

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Respecto a las elecciones presidenciales del 2027, Barrionuevo manifestó su apoyo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que mantiene una interna con la rama más dura del kirchnerismo, La Cámpora, por las candidaturas de cara al año próximo. “Kicillof es el único candidato. Cómo le están pegando. ¿Qué va a hacer el gobernador si dos delincuentes, o tres, o una banda matan a alguien? ¿La culpa la tiene el gobernador? No. ¿O te olvidás de la maldita policía?“, preguntó.

Al ser consultado sobre la situación económica actual, sobre todo en relación a los rubros que nuclea su sindicato, el gremialista sumó: “Desde mediados del año pasado a agosto [de este año] hay 5000 establecimientos gastronómicos cerrados. ¿Sabés cuánto significa? 82.000 puestos de trabajo. Y en salud estamos gastando más. Entonces, vos no tenés trabajo, no hay reactivación, y la recaudación me cayó 35%“, enumeró.

Luis BarrionuevoMauro V. Rizzi

Fue así que mencionó la crisis en salud, en particular, en las obras sociales. “Hoy el Gobierno, no sé si es como los chicos, son inconscientes o se hacen los boludos, pero el sistema está retrotrayéndonos a la época de los 90. En ese momento estaban las obras sociales fundidas. ¿Por qué? Porque sacaron la plata del sindicato para ponerla en la obra social. El negocio que hay de los laboratorios, las droguerías, es sideral. Nos están fundiendo. Estamos en una crisis terminal de la salud», advirtió.

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Hacia el final de la entrevista, el sindicalista anunció su candidatura a senador nacional por Catamarca, su provincia natal y dio sus razones. “No le voy a permitir a los Saadi que vuelvan, cuando yo los combatí”, expresó. Y es que el actual gobernador, Raúl Jalil, anunció que no irá por la reelección y respaldará la candidatura del intendente de la capital, Gustavo Saadi, cuyo difunto hermano (Ramón) fue gobernador de la provincia.




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Tensión entre los gobernadores de Mendoza y La Pampa por la represa Los Nihuiles: “Es muy fácil hacer política con un río”

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El decreto del presidente Javier Milei de otorgarle las regalías a Mendoza por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles recrudeció el viejo conflicto con la provincia de La Pampa por el control del curso de agua y su fuente de energía. En un intenso intercambio por redes sociales, el gobernador Alfredo Cornejo (UCR) y el de La Pampa Sergio Ziliotto (PJ), volvieron a discutir sobre el tema, con reproches cruzados sobre quién tiene razón en el diferendo que lleva más de cinco décadas.

Ayer, Ziliotto presentó ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del decreto 982/2026 que “vulneran nuestros derechos”, dijo en su cuenta oficial de X. “Nos respaldan leyes, acuerdos y sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: los fallos de la CSJN de 1987, 2017 y 2020 establecen y ratifican su interprovincialidad. Así, la represa Los Nihuiles genera energía con agua pampeana”, planteó.

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Y agregó: “Sus regalías también son pampeanas: mediante Acuerdo del año 1992, firmado entre el Estado Nacional y las dos provincias y homologado por la CSJN, Mendoza se obliga a pagar regalías a La Pampa, calculadas según porcentajes fijados por Ley 15.336 y Decreto 1560/73″.

Ningún Decreto puede anular un acuerdo de partes. Lo dijimos, lo ratificamos. No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece. Fieles a nuestra historia, defendemos La Pampa, todos los días, donde sea, ante quien sea”, concluyó.

Los mandatarios provinciales se cruzaron a través de la red social X.

Ante el comentario, Cornejo argumentó que si bien el curso de agua atraviesa las dos provincias, la represa está radicada en Mendoza. “Gobernador, mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas”, apuntó el mandatario radical. “Por eso la legislación -continuó-, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro sostienen que las regalías corresponden a la provincia de Mendoza donde está ubicada la fuente hidroeléctrica”.

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También sostuvo: “Para generar energía no basta con el agua, necesita pendiente e infraestructura. Y todo eso está en nuestra provincia”.

Cornejo se quejó por la decisión de la provincia vecina por llevar la cuestión al ámbito de los tribunales: “Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene”.

Es muy fácil hacer política con un río y convertirlo en slogan de gestión. Lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos. Mendoza eligió ese camino y está haciendo su parte. Sería bueno que La Pampa también mostrara qué inversiones realizó para mejorar el aprovechamiento de los recursos que dice defender”, remató Cornejo.

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“Inentendible que moleste reclamar”

Con un nuevo mensaje, el gobernador peronista ratificó la postura de La Pampa y le recriminó a Cornejo que, “aunque para usted sea mezclar temas, cumplan con el fallo de 2020 de la propia Corte Suprema, por el que ordena garantizar el ingreso de agua del Río Atuel en forma permanente a nuestra provincia”.

El mandatario pampeano aseguró que “hace 6 años lo incumplen, a pesar de que como usted bien lo dice, el Río Atuel es interprovincial y sus aguas, abundantes o escasas, también nos pertenecen”.

Los gobernadores, Alfredo Cornejo, de Mendoza, y su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, enfrentados por un decreto de Javier Milei (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, justificó: “Resulta inviable invertir para potenciar ese recurso ya que Mendoza mantiene cortado el Río Atuel hace casi 80 años”. “Solo pedimos que se cumplan las leyes y se respeten nuestros derechos”, agregó y cerró: “Tan simple, como inentendible que moleste reclamar lo que nos pertenece”.

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El conflicto entre Mendoza y La Pampa por el río combina al menos dos disputas distintas, aunque relacionadas: una por el uso del agua y otra por las regalías que genera su aprovechamiento hidroeléctrico. La semana pasada, el Gobierno nacional tomó una decisión sobre el segundo de esos frentes y benefició a Cornejo, que es un mandatario aliado en las votaciones en el Congreso.

La Pampa reclamó que Mendoza garantice el ingreso permanente de agua del río Atuel, al citar jurisprudencia de la Corte Suprema

La decisión oficial firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, deja sin efecto el Decreto 1560/73, la norma que durante 53 años reguló el reparto de las regalías entre ambas provincias. Desde su entrada en vigencia, esas regalías serán percibidas en su totalidad por el distrito cuyano.

La instrucción del Poder Ejecutivo define que la provincia cuyana pasará a cobrar el 12% establecido como regalía hidroeléctrica sobre la energía generada por el complejo, un porcentaje que hasta ahora se dividía en partes iguales con La Pampa.

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Ziliotto denunció que el río Atuel permanece cortado hacia La Pampa desde hace casi 80 años

La pelea escaló luego de que en julio se lanzara una nueva licitación para privatizar el complejo hidroeléctrico. Junto a Mendoza, el Gobierno busca un nuevo concesionario del complejo compuesto por cuatro centrales sobre el río Atuel, cuyas concesiones originales vencieron hace más de dos años. El actual operador es Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA), empresa en la que Pampa Energía, el conglomerado controlado por el empresario Marcelo Mindlin, tiene una participación directa del 52 por ciento.

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El Gobierno denunciará a más empresas por exploraciones ilegales en Malvinas y dijo que los F16 custodiarán la base en Tierra del Fuego

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El gobierno de Javier Milei anunció este martes que ampliará la denuncia presentada la semana pasada contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas ilegales en la Plataforma Continental Argentina en las islas Malvinas.

“Se presentarán nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la Ley N°26.659, que prohíbe la actividad petrolera en la Plataforma Continental Argentina sin autorización”, detalló el vocero presidencial Adrián Ravier en la conferencia de prensa de esta mañana.

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Según explicó, se sumarán nuevas compañías a las que ya habían sido afectadas en la acusación previa. Sin embargo, no dio los nombres de las nuevas empresas denunciadas. “Para nuestro gobierno, es una convicción irrenunciable por historia y por derecho que las Malvinas son argentinas. Recordamos la ocupación británica e insistimos sobre el pedido de la ONU de no realizar trabajos sobre el territorio”, reiteró el portavoz.

Ravier también se refirió a la Base Naval Integrada que el Gobierno construirá en Ushuaia, Tierra del Fuego, y que prevé que esté finalizada para 2029. “Incorporará funciones logísticas; será un punto estratégico para la proyección, para vigilar y controlar recursos naturales, de apoyo a la logística”, enumeró Ravier.

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Afirmó además que la base será custodiada por el avión Lockheed P-3 Orion y los aviones F-16 comprados a Dinamarca. La compra —realizada en 2024 al Ministerio de Defensa danés— demandó una erogación total para el Estado de US$301.200.000, que se pagarán en cinco cuotas anuales, de acuerdo a lo detallado. A ese monto se sumarán luego otros US$350 millones por el equipamiento militar que proveerá Estados Unidos, por lo que el costo final ascenderá a US$650 millones.

“Tomamos las acciones que estamos tomando, y que están avaladas por gran parte de la población, para tratar de evitar que ciertas empresas se lleven recursos que son nuestros, de nuestra soberanía. La base cumple esa función y las acciones tienen que ser inmediatas si no queremos perder nuestros recursos”, señaló Ravier, ante una consulta sobre por qué el Gobierno financiaba la base.

En la anterior denuncia presentada por el Gobierno a principios de septiembre, 15 empresas y personas fueron imputadas por actividades supuestamente ilegales en el entorno de las islas Malvinas. En su mayoría se trató de accionistas de compañías o firmas relacionadas con ellas, según pudo confirmar .

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El presidente Javier Milei, en cadena nacional

En el listado aparecían Shlomo Eliahu Holdings Ltda., accionista israelí de Navitas Petroleum; y cuatro accionistas más de Rockhopper Exploration PLC —Abeeeden Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd (de Reino Unido), Smr Advisors Sam (de Mónaco) y Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (de Israel)—. Navitas y Rockhopper son los dos nombres detrás del proyecto Sea Lion, que planea comenzar con las perforaciones en los próximos meses y con la extracción en 2028.

Además, se le aplicarán sanciones a David Williamsom Dobson, de Reino Unido, quien aparece en los registros oficiales como accionista y “presidente no ejecutivo” de Borders & Southern, otra de las compañías registradas en la primera tanda de penalidades.

Se suman a esta lista representantes de la compañía Eco: Gil Holzman, como accionista y CEO; Keith Hill, Peter Nicol y Alan Friedman, como accionistas y directores; Alice Carroll, como accionista y miembro; y Gabi Levin, como accionista y CFO. Sus nacionalidades no están detalladas.

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En el documento hay además una firma de Países Bajos de nombre Bluewater Energy Services BV, que figura como “proveedor estratégico de infraestructura”. Con el mismo mote aparece Bluewater Sea Lion Production Company Limited, de Reino Unido. Por último, ingresó al proceso sancionatorio Noble Corporation UK Ltd., también de Reino Unido, como “matriz de proveedor estratégico de infraestructura”.

Estas se sumaron al listado de 45 anunciadas por primera vez tras la cadena nacional del presidente Javier Milei del jueves 3 de septiembre. La conferencia del primer mandatario estuvo centrada en reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago y en anunciar la implementación de una serie de medidas a raíz de las acciones ilegales o sospechosas de actores extranjeros que se desarrollarían en las cercanías de las islas, tanto en materia de hidrocarburos como de pesca.




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