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Tras su detención, Sergio Urribarri enfrentará nuevas causas por corrupción en la Justicia de Entre Ríos

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El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, tendrá que enfrentar dos procesos judiciales más por corrupción en los próximos meses. El ex mandatario provincial está alojado desde la semana pasada en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Allí cumplirá la condena firme de ocho años por delitos contra la administración pública. Vueltas de la vida: la cárcel se construyó en su primer mandato (2007-2011) y se refaccionó al final del segundo (2011-2015).

Una de las causas contra el ex embajador de Alberto Fernández en Israel y Chipre es por negociaciones incompatibles con la función pública. Este expediente ya se elevó a juicio y espera fecha de audiencia.

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La Justicia puso bajo la lupa si durante la gestión de Urribarri se favoreció a la empresa Relevamientos Catastrales. La vinculación entre el Estado provincial y la firma se habría extendido durante varios años bajo distintas modalidades: licitación de software, addendas, prórrogas y contratación directa.

En todas, según la pesquisa, se habrían pagado sobreprecios y salteado controles administrativos. La sospecha es que se utilizaron mecanismos para, en un doble movimiento, favorecer la empresa y generar perjuicio económico al Estado.

La acusación también sostiene la hipótesis de que Urribarri y los demás implicados recibían pagos directos de Relevamientos Catastrales. Los fiscales intervinientes, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, adelantaron que pedirán diez años de prisión.

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Urribarri cumple su condena a ocho años de prisión en una Unidad Penal de Gualeguaychú que se construyó durante su gobierno

Durante la semana pasada, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos cerró la última puerta para frenar el comienzo del juicio. El órgano rechazó la impugnación extraordinaria federal que había promovido la defensa del exmandatario. La intención de los abogados de Urribarri era que la Corte se expida sobre aspectos formales del proceso investigativo.

La otra causa

La denuncia por enriquecimiento ilícito se presentó en diciembre de 2015. La promovieron dos abogados radicales: Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Como base, se tomó una investigación de la revista Análisis. Urribarri había dejado la gobernación unas semanas antes. Y se había instalado en la Legislatura como presidente de la Cámara de Diputados.

La acción penal gira en torno a que el patrimonio de Urribarri creció durante su gestión más de lo que sus ingresos declarados permiten justificar. Según estimaciones de la Fiscalía, el acusado se habría enriquecido en una cifra cercana a los USD 7 millones.

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El expediente tuvo distintos vaivenes durante la última década. La Fiscalía cerró la investigación en 2025. Y en marzo de este año comenzaron las audiencias para elevar a juicio el caso.

Los defensores cuestionaron la validez formal del procedimiento. Esas presentaciones demoraron el proceso, que se retomará a mediados de octubre. Cuando esa etapa concluya, el caso quedará en condiciones de ser llevado ante un tribunal.

El tercer caso

Urribarri también está mencionado en un esquema de presunto desfalco al Estado. La maniobra se habría instrumentado mediante contrataciones fraudulentas de personal temporal en la Legislatura. Se trata de un mecanismo similar al que utilizó Julio “Chocolate” Rigau en la provincia de Buenos Aires.

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La operación implicaba que un grupo de personas cobraba el dinero. Luego, pasaba a un estudio contable responsable de administrarlo. Los supuestos contratados recibían una parte mínima, mientras que el resto habría ido a la política.

Según la Fiscalía de Estado, el monto de la defraudación que se habría producido entre 2008 y 2018 ascendería a $392 millones (a valores históricos).

Urribarri también fue notificado en la causa Contratos II, que investiga un presunto desfalco al Estado mediante contrataciones fraudulentas en la Legislatura de Entre Ríos. (Gobierno de la provincia de Entre Ríos)

Esta causa tuvo una primera etapa donde se juzgará a los supuestos responsables operativos del proceso. Uno de ellos es Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. Esta fase se conoce como “Contratos I”.

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La segunda, en la que se pone en foco a los presuntos autores políticos, es donde está mencionado el exgobernador. Se la llama “Contratos II”. El cargo es “peculado imprudente o doloso”. La pena máxima es una multa. Es decir: no incluye la prisión como sanción.

Para poder acusar a Urribarri y los otros implicados por el perjuicio al Estado, antes hay que demostrar que el daño se produjo. El paso necesario para eso es que en “Contratos I” se compruebe el peculado y la asociación ilícita que se investiga.

Luego, se deberá corroborar que, por un actuar descuidado o con desidia, los responsables políticos de la Legislatura provincial permitieron que se produjera el desfalco. El ex gobernador ya fue notificado de este tercer proceso y designó su abogado defensor.

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Granja Penal El Potrero,Gualeguaychú,Sergio Daniel Urribarri,placa conmemorativa,Entre Ríos

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Milei aseguró que no desplazarán a Bullrich de La Libertad Avanza: “Cómo la vamos a echar, es mi socia”

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El presidente Javier Milei dejó varias definiciones políticas en medio de las negociaciones con la oposición por la reforma electoral y defendió a Patricia Bullrich. Destacó la visita del papa León XIV y reivindicó su gestión.

“Cómo la vamos a echar, es mi socia”, aseguró respecto de la polémica con la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

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“Cuando hablo de la moral como política de Estado reniego del relativismo moral, pero no de una manera tonta. No se me ocurre ir a la India y pedirles que coman vacas. Hay valores que no son negociables: no es negociable el derecho a la vida, no es negociable la libertad, no es negociable la propiedad. La base es el principio de no agresión”, aseguró Milei en diálogo con A24.Noticia que está siendo actualizada.-

Javier Milei

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Milei habló de las versiones de una interna con Bullrich: “Echarla es el deseo del círculo rojo”

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El presidente Javier Milei habló este miércoles de las versiones de una interna con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y negó un desplazamiento de la funcionaria, al afirmar que ese sería el “deseo” del “círculo rojo”.

“¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política. Es el deseo del ‘círculo rojo’ eso, porque gran parte del ‘círculo rojo’ es parte del status quo que pierde con este modelo», afirmó el mandatario en diálogo con el canal A24.

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El mandatario habló de Bullrich poco después de realizar una publicación en Instagram que muchos interpretaron como un mensaje hacia la exministra de Seguridad. En ese entonces, había escrito: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”.

Milei explicó su mensaje y apuntó contra la oposición en el Congreso. “Se lo escribí al kirchnerismo. Hay personas que, con tal de ver mal al otro, prefieren estar mal o peor ellos, porque la envidia es monstruosa. El envidioso llega a un caso tan extremo que no tiene problema de destruir todo y estar peor con tal de ver mal al otro. El año pasado mandaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal, intentaron siete juicios políticos y pudrirla en la calle. Intentaron un golpe de Estado y no lo lograron por los argentinos. Porque le sacamos 17 puntos al kirchnerismo”, expresó.

Luego, insistió con los comicios presidenciales y contra el “círculo rojo”: “Ganamos con el 41%. Si fuera hoy, eso sería primera vuelta. El círculo rojo se olvida de eso porque erraron las encuestas y pronósticos”.

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Noticia en desarrollo



Javier Milei,La Libertad Avanza,Conforme a

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El Senado sesiona mañana para sancionar las leyes de discapacidad, propiedad privada y el Tratado sobre Patentes

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Los jefes de bloque del oficialismo y la oposición acordaron sesionar mañana, desde las 11, para sancionar tres leyes: discapacidad, con libertarios que tuvieron que ceder en casi todo en Diputados, aunque se saldrá de la emergencia, que vence a fin del corriente año; la que volvió en segunda revisión sobre propiedad privada, que reactivaría el 15% de límite para la venta de tierras a extranjeros; y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que pide Estados Unidos, que incluye un guiño a laboratorios locales contemplado en la Cámara baja.

El temario fue consensuado en la reunión de Labor Parlamentaria que comandó la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. En la agenda también se incorporó y obtendrá luz verde final la iniciativa denominada “Joaquín”, que impone la “obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados”.

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Sobre los representantes del Cuerpo en el Consejo de la Magistratura no hubo novedades al inicio del convite. Más tarde, los líderes del kirchnerismo y oficialismo, José Mayans y Patricia Bullrich -respectivamente-, quedaron en resolver la compulsa para que Villarruel informe, en los próximos días, los cuatro nombres.

Infobae corroboró que, en las últimas horas, la Unión Cívica Radical designó vía nota -el que le corresponde, de un total de cuatro- al bonaerense Maximiliano Abad. Resta saber cómo se repartirán las tres sillas restantes entre el kirchnerismo -tiene una leve ventaja numérica- y La Libertad Avanza, que también pretende dos. La moneda caería del lado cristinista.

Discapacidad

Se ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado. Por pedido de los aliados en la Cámara baja se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

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También se garantizó que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). En tanto, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y se previeron compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclaró que el Gobierno se compromete a que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En otro tramo del proyecto se introdujeron mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

El libertario y presidente de Diputados, Martín Menem, tuvo que ceder en casi todo a la oposición cuando se trató discapacidad. Hoy no logró juntar quorum para el proyecto de soberanía relacionado con las islas Malvinas (Gustavo Molfino)

Por último, el texto añade que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.

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Propiedad privada

Se reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y 30% por nacionalidad, más 1.000 hectáreas máximo en zona núcleo. Y, sobre expropiaciones, en el articulado se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”.

Sobre esta cuestión se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

En ese sentido, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.

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La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue uno de los funcionarios mileístas más criticados desde la oposición por el tratamiento de la ley de propiedad privada (Jaime Olivos)

Un último ítem de ese capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.

Para los desalojos, “si es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”, se plantea.

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Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.

“Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”, se enfatiza.

Durante la discusión original en el Senado, los dialoguistas forzaron el adiós al capítulo completo sobre tierras -venta casi libre a extranjeros y luego tope de 25%, que tampoco se aceptó-, tras varios tropiezos del oficialismo senatorial y de la Casa Rosada vía el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Junto a ello fue a olvido la propuesta de modificaciones sobre el manejo del fuego -ley de Máximo Kirchner-, por lo que el articulado final quedó fileteado.

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La ley de propiedad privada incluye el límite de venta de tierra a extranjeros que impulsó Máximo Kirchner en 2011 (Infobae en Vivo)

Patentes

La Argentina lo firmó el siglo pasado y el Senado aprobó en 1998, pero que Diputados recién lo trató y votó en agosto. Al haber modificado el texto en la Cámara baja -se hizo reserva del capítulo II-, regresó en segunda revisión. La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos.

Esto además figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de firmar un dictamen, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros.

De hecho, desde dicho sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.

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Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.

Joaquín

El texto lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero del corriente año en Junín de los Andes, Neuquén. Durante un campamento, un arco de fútbol sin fijación al piso cayó sobre él, provocándole lesiones que derivaron en muerte encefálica.

La ley

Quienes queden dentro de la ley tendrán que “asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumplan con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el órgano coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación”.

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Cabotaje

Entre sus ítems más importantes amplía el transporte de cargas por agua, incorpora nuevos operadores, simplifica trámites y aprovecha los puertos argentinos para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales.

Más temas

Durante el convite, según lo acordado, se avanzará con una propuesta de la macrista Andrea Cristina (Chubut) que plantea que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social, recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, sea público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes deberá diseñar e implementar, en conjunto con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren niñas, niños y adolescentes, conforme lineamientos nacionales trabajados y aprobados en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.

En el encuentro, que se prevé extenso, aparecen las designaciones en el Comité contra la Tortura, un ramillete de tratados internacionales y, de no caerse, el pliego de ascenso del actual jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez. El kirchnerismo pediría tratar sobre tablas el proyecto de ludopatía que aprobó Diputados -que ningún gobernador quiere, por goteo diario de fondos desde lo impositivo, entre otras cosas-, y el oficialismo responderá con una potencial convocatoria a comisiones para la semana próxima, al filo del término de las sesiones ordinarias.

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Martín Menem,Cámara de Diputados de la Nación Argentina,sesión legislativa,política argentina

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