POLITICA
Se agota el tiempo de las reformas

Faltan poco más de dos meses para que se cierre el período legislativo. Ese plazo es importante porque el Gobierno parece obsesionado con cambiar la legislación electoral vigente, sobre todo con la eliminación o suspensión de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO). Resulta, y de ahí lo perentorio de aquel plazo, que la Cámara Nacional Electoral dictó una acordada en la que advierte que las reglas del juego deben respetarse cuando se avecinan las elecciones. Los jueces de esa Cámara (Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas) escribieron la oportuna resolución porque el proyecto de reforma política que ahora debate el Senado incluye algunos cambios esenciales para los comicios, justo cuando falta un año para las elecciones presidenciales en las que Javier Milei aspira a renovar su mandato.
La acordada, si se la lee bien, no tiene ningún sentido partidario ni fue escrita para beneficiar a un sector u otro de la panoplia ideológica. Fue simplemente un llamado de atención que podría sintetizarse de esta forma: no es democrático cambiar las reglas del juego cuando está por comenzar el partido. ¿Significa que ya pasó el tiempo para aplicar esas reformas que no refieren solo a las PASO? Expresa, más bien, una exhortación distinta: háganlo ahora o no lo hagan el año próximo.
En rigor, la condición inalterable de las reglas electorales en un año de elecciones es una tradición muy arraigada, o una imposición legal en varios países. Pecadora y transgresora, la política argentina suspendió el año pasado, en febrero, las elecciones primarias meses antes de que se realizaran las elecciones legislativas de mitad de mandato. Ese es el antecedente que suele exponer el Gobierno para insinuar que está pensando en alargar el debate y pasarlo para marzo del próximo año. Eduardo “Lule” Menem, el influyente colaborador de Karina Milei, estaría sondeando esa posibilidad. Hasta ahora, no le llevó buenas noticias a su jefa.
Los aliados suelen hacerles una aclaración a tales sugestiones: no son lo mismo elecciones legislativas que las presidenciales y, además, ya es necesario decirles basta a las arbitrariedades. Los propios senadores oficialistas o aliados reciben mensajes distintos del Gobierno. Mientras Karina Milei, una referente política insoslayable de la administración, les anticipa a los gobernadores y partidos aliados o amigables que no habrá alianzas electorales si ellos no ayudan a sancionar la eliminación de las PASO, ahora o en marzo, otras voces que dicen representar al propio Presidente aseguran que este ya no está seguro de seguir batallando contra las primarias obligatorias. Milei prefiere insistir con sus reformas económicas antes que pelearse con los aliados solo por una elección más o menos.
El principal argumento público del Gobierno, al menos formalmente, es que esas elecciones primarias son impopulares para la gente común y que también consumen mucho dinero del Estado. Todo eso es cierto, pero el proyecto de eliminación o suspensión de las PASO no prevé una alternativa que garantice la vida democrática de los partidos o de las alianzas. ¿Primarias simultáneas, pero no obligatorias para la sociedad, por ejemplo? ¿O, acaso, se sugiere el regreso a los tiempos en que las candidaturas las decidía una estirpe política constituida por unos pocos dirigentes?
La razón real, confesada por funcionarios mileístas, señala que la inexistencia de las PASO perjudicaría al peronismo porque le impediría resolver sus luchas internas en una elección primaria y, por lo tanto, debería presentarse con distintos candidatos en los comicios generales. La división del adversario es siempre una buena novedad. Pero es solo una hipótesis que carece de pruebas. El peronismo suele encontrar los atajos para resolver sus discordias. ¿Esa es la única razón para la eventual eliminación? En otros rincones del gobierno se acota que Karina Milei está también pensando en el territorio propio. La eliminación de las PASO, dice esa versión, les impediría a dirigentes que coinciden con las políticas de Milei, aunque no con sus formas, imaginar otro u otros candidatos que compitan dentro del mismo espacio político con el Presidente en elecciones primarias. “Algunos ya piensan en una gran PASO entre las corrientes políticas sensatas del país”, imagina, no sin cierta paranoia, un funcionario cercano al Presidente.
En ese contexto debe leerse la posición de Pro de no contribuir con sus votos en el Congreso a la eliminación de las PASO. Es una decisión que el partido de Mauricio Macri tomó hace mucho tiempo, y que la ratificó en las últimas horas. “Esperemos hasta ver qué pasa en el Senado, donde nosotros tenemos muy poca influencia”, agrega un dirigente que suele escuchar al expresidente. Los legisladores de Pro son mucho más decisivos numéricamente en la Cámara de Diputados. En el Senado mandan los gobernadores.
Aquella advertencia de Karina Milei sobre un canje entre la eliminación de las PASO por una alianza electoral con gobernadores y Pro, no llegó muy lejos. El Pro confirmó su oposición y los gobernadores no negocian cuestiones electorales. “Pueden negociar hasta el dinero que reciben de la Nación, pero nunca negocian el sistema electoral”, dice uno de los principales líderes parlamentarios.
Las votaciones por cuestiones electorales son complicadas porque necesitan la mayoría absoluta de las dos cámaras. Esto es: se requiere el voto de 37 senadores, no importa cuántos estén en el recinto, y de 129 diputados a favor de la propuesta del Gobierno, también sin que importe cuántos diputados estén presentes. Algunos funcionarios (¿cercanos a Karina Milei?) dicen en voz baja que tales dilaciones son la culpa de Patricia Bullrich, ahora que el proyecto está en el Senado. El rumor es tan injusto como increíble. Ella no está en condiciones de encarar por sí sola semejante negociación con gobernadores y partidos aliados.
El proyecto de reforma política no refiere solo a la eliminación de las PASO, aunque el debate político se haya encerrado en la opción sobre si habrá elecciones primarias o no habrá. El gobierno nacional también incluyó la instalación en el país del llamado sistema de “ficha limpia”, que significa que no puede ser candidata ninguna persona con condena firme por delitos dolosos. La primera idea era más amplia y comprendía a los imputados, pero luego la política llegó a la opinión unánime de que la sola imputación (que la decide un fiscal) era abrirle paso a la parcialidad. “Cualquiera con poder podría conseguir un fiscal amigo para imputar a un adversario”, concluyeron. Es consecuencia también de la mala fama de la Justicia.
La “ficha limpia” es una vieja bandera de Pro, que en su momento hizo conocida a la impecable diputada Silvia Lospennato, autora del proyecto que la Cámara de Diputados no pudo tratar en su momento, aunque el tema estaba previsto en el orden del día. Todavía se recuerda la foto de Lospennato, sola en el recinto, con los ojos desbordados de lágrimas, luego de la fracasada reunión. En los últimos tiempos, el partido de Macri presentó sendos proyectos nuevos sobre la aplicación de la “ficha limpia” en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Significa entonces que los macristas deberán votar la reforma política para que se apruebe la “ficha limpia”? No, necesariamente. Los diputados de Pro podrían votar a favor en general la reforma política, pero negarle el voto en particular al artículo que elimina o suspende las PASO.
Otra disposición actual quedaría anulada si prosperara la reforma política tal como está redactado el proyecto enviado al Congreso. Se trata de la que obliga a los candidatos presidenciales a debatir públicamente sus ideas (o a intercambiar sus chicanas); el debate tuvo una particular importancia en las últimas elecciones presidenciales, aunque existía el precedente del debate que protagonizaron en 2015 Mauricio Macri y Daniel Scioli, también significativo. Tal vez por eso, el Gobierno se cuidó de no hacer explícita la eliminación de los debates; simplemente anuló en el proyecto el capítulo que los incluía.
Un rumor no confirmado aún indica que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estaría dispuesto a unificar las elecciones provinciales con las nacionales el año próximo. Las últimas elecciones legislativas fueron separadas y, en verdad, fue una mala maniobra del gobernador, porque él ganó por un buen margen las elecciones legislativas provinciales, pero perdió ampliamente las elecciones de legisladores nacionales un mes y medio después. El principal problema consiste en que las formas de votación serían distintas en la provincia de Buenos Aires. Mientras las elecciones nacionales se votan con boleta única, en el distrito bonaerense se sigue votando con el viejo sistema de las boletas partidarias. La gente común deberá votar, si se unificaran los comicios, en un mismo cuarto oscuro con dos sistemas diferentes. Será necesario un tiempo previo de enseñanza sobre cómo los ciudadanos deberán votar según los candidatos, provinciales o nacionales. Los caudillos del conurbano bonaerense no permitieron nunca que la modernidad (y, sobre todo, la transparencia) mojara sus antiguos modos de hacer política y de enfrentar elecciones. La boleta única significa para ellos un salto al vacío.
La existencia o inexistencia de los debates, o de las primarias obligatorias, o de las elecciones simultáneas en la provincia de Buenos Aires, son cuestiones que pronostican un enorme trabajo logístico, más que nada para la justicia electoral. Tampoco por eso se pueden hacer los cambios a último momento. Quedan poco más de dos meses para que establishment político decida de una buena vez qué quiere hacer para elegir o ratificar al próximo presidente de los argentinos.
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POLITICA
El diputado que rompió con LLA dijo que quiere ser gobernador de Tucumán y respaldó una candidatura presidencial de Patricia Bullrich

Tras romper con el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Mariano Campero anunció este jueves que quiere ser gobernador de Tucumán. Además, acusó a un sector del Gobierno de querer correr a Patricia Bullrich, su referente política, y dijo que le gustaría que ella “pueda ser presidente”.
Líder del grupo que en 2024 se conoció como “radicales con peluca”, por su salto del bloque de la UCR a La Libertad Avanza, Campero oficializó su renuncia a la bancada oficialista tras denunciar un acuerdo político del partido liderado por Karina Milei en Tucumán con el gobernador peronista Osvaldo Jaldo.
“Quiero tener la determinación clara con el partido Cambia Tucumán, que es el que me hizo intendente en la ciudad de Yerba Buena y me hizo diputado nacional en el frente que me llevó con Patricia Bullrich. Quiero ser gobernador de Tucumán y estos acuerdos que tiene me lo impiden”, sentenció.
Según el legislador, el artífice del pacto fue el exministro del Interior Lisandro Catalán, que busca competir con el sello de La Libertad Avanza en 2027. “Apretó a uno de los partidos que firmó con nosotros la presentación judicial en contra de Jaldo y lo obligó a desestimarla. Ahí queda explícito el acuerdo de LLA Tucumán con el gobernador”, sostuvo.
El respaldo a una candidatura presidencial de Patricia Bullrich
Sin embargo, Campero fue más allá. Alineado políticamente con Patricia Bullrich, el diputado integró la reunión de la jefa de la bancada oficialista en el Senado con sus principales colaboradores que en la Casa Rosada fue leída como un desafío a la conducción de Karina Milei.
“Yo fui con Patricia Bullrich en 2023 y la verdad que me parece medio injusto hacia Patricia, que lo único que ha hecho es poner todo lo necesario para que le vaya bien al Gobierno. Por eso destaco las palabras del presidente, que ayer la puso en valor a Patricia, pero hay algunos sectores que pueden haberse sentido perturbados. Hay muchos actores en el Gobierno que intentan generar un problema donde no lo hay”, sentenció el tucumano en diálogo con LN+.
En ese contexto, en medio de las crecientes tensiones de algunos integrantes del Ejecutivo con Bullrich, dijo: “Si me preguntaras, ‘¿a vos te gustaría que sea presidente? Que sería una pregunta válida. Si fue mi candidata en el 23, por supuesto, me gustaría. Me gustaría que pueda ser presidente«.
Para Campero, el planteo no es una “antinomia” a una candidatura de Javier Milei, ya que sostuvo que la Argentina “va en un rumbo correcto”. Sin embargo, subrayó la puesta en valor de Patricia Bullrich y dejó la puerta abierta sobre lo que pueda pasar en 2027.
POLITICA
Aprueban la nueva ley de Discapacidad y reclaman que el Gobierno cumpla con su reglamentación

En una maratónica sesión atravesada por un temario variopinto, el Senado convirtió en ley uno de los temas más sensibles para el Gobierno: el proyecto sobre discapacidad que regulariza el esquema de atención y prestaciones del sector. La propuesta, que surgió inicialmente como respuesta a la emergencia, adquirirá a partir de ahora carácter permanente.
Con 71 votos a favor y en 0 en contra, el proyecto, que ya había obtenido un respaldo casi unánime en Diputados, con 237 avales, quedó definitivamente sancionado esta tarde.
Durante la jornada, tanto el oficialismo como la oposición coincidieron en la urgencia de avanzar con la ley, aunque desde algunas bancadas opositoras advirtieron que el debate está lejos de quedar saldado y que la iniciativa aún es “perfectible”.
A su vez, varios legisladores retomaron en sus discursos las palabras del papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole. “El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes” fue una de las frases más repetidas durante el debate.
En alusión a ello, la senadora del PJ Ana Marks pidió que “no se transformen en palabras vacías”, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad llamó a traducir el mensaje en acciones. “Tenemos que sembrar la esperanza del papa León con decisiones concretas que transformen la vida de los sectores más vulnerables”, sostuvo.
Sin embargo, no faltaron quienes expresaron su escepticismo sobre la posibilidad de un entendimiento entre el sumo pontífice y Milei en torno a esta cuestión. Entre los más críticos, desde la bancada peronista pusieron en duda las intenciones del Gobierno y hablaron de un “repentino y simulado interés”. Entonces, plantearon sus sospechas sobre el efectivo cumplimiento de la ley, al recordar el veto anterior del Poder Ejecutivo, que fue rechazado por ambas cámaras y derivó en una posterior judicialización.
“Hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen. Porque cuando uno sigue el discurso del Presidente lo que escucha es un desprecio permanente a las personas con discapacidad”, señaló el diputado de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro.
Sin embargo, el consenso alcanzado en ambas cámaras representa un obstáculo para un eventual veto del Ejecutivo, ya que el oficialismo difícilmente podría reunir los apoyos necesarios para sostenerlo. Además, una decisión de ese tipo pondría en una encrucijada a varios legisladores libertarios que se pusieron al frente de las negociaciones para avanzar con un proyecto “superador”.
Tal es el caso de la diputada María Laura Rodríguez Machado, una de las principales espadas legislativas de Martín Menem en Diputados, que encabezó las conversaciones para alcanzar un acuerdo. Incluso durante la sesión en la Cámara baja, la legisladora cordobesa y su par libertaria Giselle Castelnuovo, con llegada directa a Karina Milei, activaron el diálogo con representantes de Unión por la Patria para ultimar una serie de cambios que terminaron por garantizarles el respaldo de casi toda la bancada peronista que hasta entonces impulsaba la prórroga de la emergencia.
Por parte del Senado, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich fue quien aceleró el tratamiento en el recinto al difundir por redes sociales un mensaje en el que ratificaba que su bancada ya estaba “lista” para tratar la ley de discapacidad en el Senado, un día después que el Papa finalizara su visita al país.
Sus declaraciones se dieron en medio de una serie de desmarques legislativos y después de que el proyecto de discapacidad motivara uno de sus cruces más fuertes con el Gobierno. Es que, entre los varios vaivenes que sufrió la iniciativa, el más resonante se produjo cuando el Ejecutivo giró al Congreso el Presupuesto 2027, que incluía entre sus artículos modificaciones que derogaban aspectos centrales del proyecto que, en paralelo, negociaban algunos diputados libertarios.
Una contradicción que provocó la furia de Bullrich, quien por entonces lanzó una advertencia: “No me tomen por tonta”. Sus achaques iban dirigidos a parte de la mesa política, que según aseguró la ex-Pro, no le informaron sobre la publicación de un articulado que iba en dirección contraria a lo que se venía trabajando en el Congreso.
Entre los aspectos más relevantes, la ley garantiza la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones, un mecanismo que había sido eliminado en el proyecto de Presupuesto 2027.
El proyecto establece por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, que hasta ahora eran definidos por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
Asimismo, mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y refuerza el respaldo presupuestario. En caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. También establece mecanismos para evitar que los recursos asignados por beneficiario pierdan valor frente a la inflación.
Otro de los ejes centrales es la deuda acumulada con los prestadores. Para regularizar los pagos, el Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes.
En cuanto a las pensiones por invalidez, la iniciativa asegura a todos sus beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud.
Al comienzo de la sesión, el peronismo tomó la palabra y logró acordar porque durante la próxima sesión del jueves 26 de noviembre, en la que se prevé se trate la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se incluya en el temario la media sanción que busca prevenir la ludopatía, así como una prórroga del Estatuto del Periodista.
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La Corte Suprema ordenó al Gobierno entregar los resultados de las pruebas Aprender por escuela

La Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno entregar los resultados de las evaluaciones Aprender y Enseñar desagregados por establecimiento educativo correspondientes a los años 2016 y 2017 de la provincia de Salta.
Rechazó así el argumento oficial de que publicar esos datos permitiría armar rankings y estigmatizar a escuelas, alumnos y docentes.
En cambio dijo que “hacer pública la información requerida, por lo tanto, apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades, antes que a estigmatizar alumnos y docentes; en efecto, que la comunidad cuente con herramientas idóneas para conocer resultados en materia de educación importa otorgarle la posibilidad de peticionar a las autoridades públicas políticas concretas para revertir resultados deficitarios y, con ello, mejorar la situación de sectores desaventajados”.
“Esto es exactamente lo contrario de lo que postula la demandada [el entonces Ministerio de Educación], quien pretende echar sombra en donde tiene que haber claridad”, escribió la mayoría.
El fallo apunta contra el entonces Ministerio de Educación (hoy absorbido por Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello) y fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Carlos Vallefin y Juan Fernando Perozziello Vizier.
El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, pero adhiriendo casi en su totalidad al dictamen de la Procuración.
De este modo, el máximo tribunal confirmó una sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Salta en el amparo que inició en 2019 Rafael Aurelio Argañaraz Olivero, padre de un estudiante.
El salteño había pedido los “Reportes de Resultado” de todas las escuelas e institutos de formación docente de la provincia que participaron en los operativos de 2016 y 2017.
El Ministerio le había negado la información. Sostuvo que se había obtenido con carácter confidencial y le ofreció, como alternativa, resultados agregados por municipio, siempre que hubiera al menos dos escuelas en cada uno.
En el juicio, el Estado agregó que difundir los datos por escuela expondría en forma indirecta información sobre los chicos, porque las pruebas también revelan si el hogar es pobre, migrante o indígena.
Argumentó además que eso habilitaría clasificar escuelas en “mejores” y “peores”, lo que llamó “moralmente condenable”.
También dijo que pondría en riesgo el propio sistema de evaluación porque alumnos y docentes dejarían de responder con honestidad. Y mencionó la oposición de los gremios docentes Ctera y Sadop.
La Corte respondió que el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional dispone que la difusión de los resultados “resguardará la identidad” de alumnos, docentes e instituciones “a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”.
Según el voto de la mayoría, esa reserva rige “si y solo si” es necesaria para evitar la estigmatización, y el Estado debe demostrar ese riesgo en cada caso.
La resolución del Consejo Federal de Educación que prohibió cualquier dato desagregado puso en el mismo plano “identificar” y “estigmatizar”, y eso, dijo el tribunal, no se ajusta al texto de la ley.
La Corte también descartó que rigiera el secreto estadístico de la ley del Indec, porque el ministerio no demostró que los datos se hubieran reunido con fines exclusivamente estadísticos.
Calificó la negativa oficial de “genérica, abstracta y conjetural”. Sobre el temor a que el sistema de evaluación se derrumbe, dijo que la postura del ministerio “parece claudicante y esquiva” frente a su responsabilidad legal.
El argumento de fondo es el control de la política educativa. Para los jueces, los operativos Aprender “no son una gracia o favor del gobierno”. Conocer sus resultados por escuela permite verificar si hay establecimientos que persisten en malos resultados y si el Estado diseñó planes para revertirlo.
También permite controlar si se envía a los docentes más calificados a las escuelas más desfavorecidas o si se garantiza la educación bilingüe e intercultural a los pueblos originarios, como manda la ley.
La Corte sostuvo que publicar los datos apunta a “efectivizar la igualdad real de oportunidades antes que a estigmatizar alumnos y docentes”.
Ahora, los jueces de Salta deberán delimitar la entrega para que no se difunda información que permita identificar a personas que participaron de los operativos, en especial a menores de edad.
El juez Rosenkrantz votó por revocar la sentencia y devolver el caso a la Cámara de Salta para que dicte un nuevo fallo.
Hizo suyos los fundamentos del dictamen de la procuradora fiscal ante la Corte, que también había aconsejado revocar, con excepción de un párrafo de ese dictamen.
Rosenkrantz escribió que es admisible que el ordenamiento jurídico establezca restricciones al acceso a la información, siempre que sean “verdaderamente excepcionales” y estén “establecidas previamente en términos claros y precisos” la ley de acceso a la información pública.
El caso tardó siete años en llegar a sentencia firme, pues en primera instancia, el juzgado federal 2 de Salta había rechazado el amparo, la Cámara de apelaciones lo revirtió y la Corte ahora confirmó ese fallo.
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