POLITICA
El Presupuesto 2027 entró a Diputados: comenzará a debatirse en octubre y condicionará otras negociaciones
El gobierno nacional envió este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Presupuesto 2027, tal como estipula la ley de Administración Financiera. El plan general de gastos e ingresos prevé un crecimiento del PBI del 4 por ciento, una inflación promedio del 21,1 por ciento y una suba del salario promedio del 25,4 por ciento.
Según destacaron desde el oficialismo, el Presupuesto 2027 contempla nuevamente resultado fiscal positivo, con lo que se consolidarán “por primera vez en la historia” cuatros años consecutivos de superávit financiero.
La popularmente conocida como “ley de leyes” también estima que Argentina exportará productos y servicios por USD 130 mil millones y que la balanza comercial será favorable por USD 15 mil millones.
Además, calcula que el tipo de cambio promedio anual será de $1728. Este número surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027.
“El Presupuesto que se presenta refuerza el compromiso inclaudicable de este Gobierno Nacional de sostener el equilibrio fiscal, condición necesaria para continuar el proceso de eliminación de la inflación y fortalecer los instrumentos de estabilización macroeconómica, que redundarán en la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y el desarrollo de la Nación”, señala el proyecto en su introducción.
En la misma línea, también concluye que “la política fiscal iniciada el 10 de diciembre de 2023 está generando los resultados esperados en términos de estabilización macroeconómica” y adelanta que “para el próximo año se prevé profundizar y continuar el proceso de mejora en la eficiencia y eficacia de las políticas públicas vinculadas con el acompañamiento social sin intermediaciones, incrementar la eficiencia de la obra pública, recuperar las capacidades en seguridad interior y defensa nacional y alcanzar la modernización y simplificación del Estado”.
Los principales puntos del Presupuesto fueron adelantados este mediodía por el ministro de Economía, Luis Caputo, a los integrantes de la mesa política que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De la reunión también participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
A diferencia de lo que ocurrió en 2024, cuando el propio presidente Milei presentó los principales puntos del Presupuesto en el recinto de la Cámara de Diputados, esta vez la responsabilidad quedará en manos del Secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, y del Secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
A pesar de que históricamente ha sido una responsabilidad del titular del Palacio de Hacienda, desde el oficialismo descartaron que el ministro Caputo asista al Congreso para contestar preguntas sobre la ley de leyes. La aversión del ministro a pisar el Congreso es conocida y siempre rechazó las invitaciones de la oposición a dar explicaciones sobre las políticas económicas.
Las planillas del Presupuesto 2027 eran esperadas con mucha expectativa por los aliados de la Casa Rosada y por los gobernadores dialoguistas, e influirá directamente en otras negociaciones legislativas importantes para el oficialismo como la eliminación de las PASO, el régimen de Zonas Frías, el Super RIGI y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, todas trabadas en el Senado.
“Tenemos mucha confianza en que vamos a conseguir la aprobación”, señalaron fuentes del bloque LLA, aunque reconocieron que las negociaciones en el Senado están “difíciles”.
Cabe destacar que el debate del Presupuesto se desarrollará en un clima electoral cada vez más intenso, tanto a nivel nacional como en las provincias, una situación que podría complicar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores y los bloques dialoguistas, que ya han dado señales concretas en ambas Cámaras de haber comenzado a priorizar sus propios intereses electorales.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con el respaldo de distintos bloques aliados con los que, además, busca construir una alianza electoral, entre ellos el PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Independencia y Producción y Trabajo. Sin embargo, esos respaldos no alcanzarían por sí solos para garantizar la aprobación del Presupuesto, por lo que el oficialismo necesitará sumar al menos una decena de votos adicionales en determinados tramos de la votación.
Fuentes parlamentarias del oficialismo adelantaron que el trabajo en la Comisión de Presupuesto, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, comenzarán en la semana del 5 de octubre, una vez que termine el debate sobre endeudamiento y emergencia en discapacidad.
POLITICA
Un fiscal impulsó una denuncia del Gobierno contra una petrolera que explora en las Malvinas
El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó formalmente una investigación contra la petrolera británica Desire Petroleum Limited por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que se desarrollan en el área de la plataforma continental próxima a las islas Malvinas, sin permiso de la Argentina.
En el requerimiento ante el juzgado, que está interinamente a cargo del juez Ariel Lijo, el fiscal pidió una batería de medidas de prueba que incluye un exhorto al Reino Unido para reconstruir la estructura societaria de la compañía, sus autoridades desde 2012 y el modo en que obtuvo las licencias que explota en el área en disputa.
Stornelli reclamó información bancaria de la empresa y de las personas físicas que hayan actuado en su nombre o beneficio.
La causa se abrió a partir de la denuncia del canciller Pablo Quirno, sobre la base de la ley 26.659. La norma sanciona las actividades hidrocarburíferas “clandestinas” en la plataforma continental, pues dice que la explotación se realiza mediante una “licencia ilegítima”.
La presentación formó parte de la ofensiva judicial que el Gobierno amplió la semana pasada y que alcanzó a una veintena de ejecutivos y directivos de las compañías que participan de los proyectos petroleros en la zona. Hay casi media docena de denuncias en tribunales contra petroleras y empresas proveedoras de servicios.
El Estado ya sancionó dos veces a esta compañía. La Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades mediante la resolución 130/2012 y la calificó de clandestina por operar sin habilitación de las autoridades argentinas.
Un año después, la resolución 457/2013 la inhabilitó por 20 años para desarrollar actividades en el país, al tener por acreditado que se valía de una licencia ilegítima de exploración otorgada por las autoridades británicas instaladas en las islas.
Pese a esos antecedentes y al cambio de nombre, la empresa seguía figurando en marzo de este año entre las sociedades vinculadas a licencias otorgadas por Londres, junto a otras compañías del grupo Rockhopper.
El detalle de esa participación está en el dictamen: 32% en las licencias PL003a y PL003b; 30% en PL004a, PL004b (Área 1) y PL004c (Área 2); y 35% en PL005. Todas están ubicadas en las aguas de las inmediaciones de Malvinas.
Stornelli dijo que se violó la ley 26.659, que extiende la responsabilidad a las personas humanas que integran las sociedades y a las controlantes y controladas.
La escala prevé penas de 5 a 15 años de prisión, según se trate de exploración o de extracción.
Pero el fiscal dejó abierta la puerta a otras calificaciones. Tal como lo sugirió el funcionario denunciante, no descartó que el avance de la instrucción derive en delitos contra el medio ambiente, en infracciones aduaneras y en el lavado de activos provenientes de esas actividades.
Entre las diligencias, Stornelli solicitó a la Secretaría de Energía la remisión completa de los expedientes en los que se dictaron las resoluciones de 2012 y 2013, incluidos los trámites del Ministerio de Planificación y de la Cancillería, junto con todo informe o acta que documente los actos concretos de exploración, con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar.
También pidió que la Jefatura de Gabinete informe si existen denuncias o expedientes por actividades peligrosas para el medio ambiente atribuidas a la empresa desde 2012 hasta hoy, y que el Ministerio de Seguridad releve si alguna de las fuerzas bajo su órbita labró actuaciones vinculadas a las operaciones en la zona.
También requirió que se establezca si hay actuaciones en trámite en la Procuración del Tesoro y en la Procuración General de la Nación.
Por último, el fiscal ordenó verificar si hay otras causas que tramitan ante el juzgado interinamente a cargo de Julián Ercolini.
Según la Cancillería, ambos expedientes están vinculados, pues allí está la denuncia anterior sobre el proyecto Sea Lion, el más avanzado de los desarrollos petroleros en el área.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Confesión y condena: Jones Huala reconoció que impuso sus ideas por la fuerza a través de la RAM y podría seguir preso hasta 2030
El activista Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), sería condenado a 5 años y 2 meses de prisión por haber conducido esa organización e impuesto sus ideas mediante la violencia o la intimidación, según el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscalía, la querella y la defensa.
El entendimiento sería homologado esta semana por el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, y contempla una pena de cumplimiento efectivo. De acuerdo a la información a la que accedió Infobae, Jones Huala admitió haber liderado la RAM, organización que desde febrero de 2025 figura en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), creado por iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Si el acuerdo es homologado en los términos pactados, el dirigente mapuche podría permanecer detenido hasta agosto de 2030, tomando como punto de partida su aprehensión en junio de 2025. Se cree que el cómputo de la prisión preventiva deberá ser tenido en cuenta para determinar el vencimiento de la pena.
El acuerdo judicial representa el cierre de una investigación que, en su etapa inicial, contempló acusaciones más graves. Jones Huala había sido detenido en junio de 2025, en el marco de una denuncia por presunta asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público.
Sin embargo, el entendimiento alcanzado entre las partes contempla únicamente la acusación de imponer ideas mediante la fuerza o la intimidación, sin que se configure el delito de asociación ilícita.
El acuerdo y el cambio en la acusación
De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, las partes debatieron durante varias jornadas los alcances del acuerdo para definir la pena y el encuadre jurídico de la conducta atribuida a Jones Huala.
La acusación había buscado inicialmente aplicar el artículo 210 bis del Código Penal, una figura que contempla la organización de estructuras destinadas a cometer delitos contra el orden constitucional, con una estructura de tipo militar. Ese encuadre, de mayor gravedad, finalmente no fue el elegido para el acuerdo.
El líder de la RAM será condenado, en cambio, por el artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona a quienes organizan o toman parte en agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor.
La pena prevista para ese delito es de 3 a 8 años de prisión. El acuerdo fija para Jones Huala una condena de 5 años y 2 meses, que deberá ser homologada por el juez federal.
Voceros de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, a cargo de la defensa de Jones Huala, confirmaron el avance del acuerdo entre las partes, aunque anticiparon que sus alcances serán informados una vez que el magistrado lo homologue.
La investigación federal
Jones Huala fue detenido el 6 de junio de 2025 en El Bolsón, luego de la presentación de su libro en una biblioteca de Bariloche. La imputación original incluyó intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y apología del crimen.
Desde el inicio de la investigación, la fiscalía buscó encuadrar su rol como líder de la RAM en el artículo 213 bis del Código Penal, por integrar una organización destinada a imponer o combatir ideas mediante la fuerza o el temor. El Ministerio Público Fiscal también impulsó la investigación de figuras penales de mayor gravedad.
El expediente fue declarado de investigación compleja durante las audiencias iniciales. Esa decisión permitió extender el plazo de prisión preventiva de Jones Huala, quien permaneció detenido mientras avanzaban las medidas de prueba y se definía el alcance de la acusación.
La prisión preventiva fue prorrogada trimestralmente. La última extensión se produjo a fines de agosto, cuando el juez federal Leandro Gómez Constenla, en su primera audiencia al frente del caso, autorizó la continuidad de la medida hasta noviembre próximo.
En las audiencias anteriores, la fiscalía había insistido en la complejidad de la investigación, mientras que la defensa procuraba concretar el traslado de Jones Huala desde la Unidad 6 de Rawson hacia la Unidad 14 de Esquel, donde permanece alojado actualmente.
Casi un año después de la detención, la fiscalía de Bariloche profundizó la acusación. Le atribuyó a Jones Huala haber integrado la RAM desde 2011, con el objetivo de imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local. Esa conducta fue encuadrada en el artículo 213 bis.
Además, sumó la acusación de integrar una asociación ilícita destinada a cometer delitos contra el orden constitucional, bajo una estructura de tipo militar, en los términos del artículo 210 bis. En esa línea, el Ministerio Público Fiscal señaló presuntas conexiones con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización que actúa en Chile.
El acuerdo alcanzado ahora entre las partes deja fuera esa acusación más grave y concentra la responsabilidad penal en la conducción de la RAM y la imposición de ideas mediante la fuerza o la intimidación.
Seguirá preso hasta 2030
La defensa de Jones Huala ya realiza el cómputo del tiempo que su asistido podría permanecer tras las rejas. Si se contabiliza la prisión preventiva desde su aprehensión en junio de 2025, la pena de 5 años y 2 meses se agotaría en agosto de 2030, según el cálculo que surge del acuerdo.
La condena será de cumplimiento efectivo. La situación procesal del dirigente mapuche también está condicionada por su condición de reincidente, que le impediría acceder a la libertad condicional.
El antecedente que pesa en su contra es la condena que le impuso el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, en Chile, en diciembre de 2018, por el incendio de una propiedad en el fundo Pisu Pisué y por tenencia ilegal de armas.
La reincidencia, sumada a la pena acordada en la causa federal de Bariloche, determina que Jones Huala deba cumplir la totalidad de la condena en prisión, sin acceso a los beneficios que había obtenido —y luego perdido— durante su detención en Chile.
La homologación del acuerdo por parte del juez federal será el próximo paso procesal. Una vez que se concrete, quedará formalizada la condena y comenzará a regir el cómputo definitivo de la pena.
POLITICA
Reforma electoral: organizaciones civiles piden preservar el debate presidencial obligatorio
La reforma electoral que el Gobierno impulsa abrió un nuevo frente de cuestionamientos. Nueve organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el proyecto, tal como está redactado, elimina del Código Electoral Nacional la obligatoriedad de los debates presidenciales y reclamaron a los legisladores que modifiquen ese punto antes de avanzar con la iniciativa.
“Una reforma electoral que elimine el debate presidencial deforma las elecciones”, plantearon Argentina Debate, Fundación Avina, CIPPEC, Club Político Argentino, Constituya, Directorio Legislativo, Integridad Republicana, Poder Ciudadano y Ser Fiscal en una petición enviada a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde este martes se reanudó la discusión del proyecto.
El cuestionamiento apunta específicamente al artículo 30 de la iniciativa, que propone suprimir esta instancia de discusión entre candidatos. La modificación dejaría fuera del Código los artículos que regulan la obligatoriedad, organización, realización y transmisión de los debates presidenciales, además de establecer su autoridad de aplicación.
Las organizaciones solicitaron preservar esos artículos y modificar únicamente las referencias a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Gobierno pretende eliminar o suspender.
“La reforma del sistema electoral puede modificar o eliminar las PASO. Lo que no debería producir, como efecto colateral, es la eliminación de los debates presidenciales”, señalaron. Y definieron al debate como una institución que garantiza a los ciudadanos el acceso “directo, simultáneo y en condiciones de igualdad” a las propuestas de quienes aspiran a la presidencia.
Es lo que subrayó Belén Amadeo, referente de Argentina Debate, quien remarcó que sería “muy contraproducente” perder esta instancia. “Son reglas de juego acordadas y firmadas por todos los candidatos y esto lo convierte en sí mismo en un bien público”, sostuvo.
La obligatoriedad de los debates fue incorporada al Código Electoral en 2016, mediante la ley 27.337, aprobada con amplias mayorías en ambas cámaras. Hasta entonces, su realización dependía de un acuerdo entre los candidatos. La ley buscó convertirlos en una regla permanente del proceso electoral y obligar a los postulantes presidenciales a exponer y confrontar públicamente sus plataformas y propuestas.
Para las organizaciones ese carácter obligatorio es central. Sostienen que el debate no constituye un derecho de los candidatos sino de los ciudadanos y que dejar su realización librada a la voluntad de los postulantes permitiría que un dirigente decida no participar por conveniencia electoral.
También destacan que permite comparar propuestas bajo las mismas reglas y garantiza una transmisión pública, gratuita y federal.
Y subrayan el fortalecimiento a la rendición de cuentas. Sostienen que deja un registro de los compromisos asumidos por quienes compiten por llegar a la Casa Rosada, que luego puede ser contrastado durante el ejercicio del gobierno.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano sumó otro eje: el interés social. “Es uno de los eventos televisivos con más rating de la Argentina, a nivel de un partido de fútbol de la Selección Nacional”, señaló a .
Secchi puso el foco, además, en el formato. Sostuvo que su dinamismo contribuye al “voto informado”. Y concluyó: “Sacar el debate le resta calidad al debate público y le resta información a los ciudadanos que tienen que decidir su voto”.
El planteo de las organizaciones llegó a los senadores que tienen en sus manos la discusión de la reforma. Su pedido se enfoca en separar la discusión sobre las PASO de la continuidad de los debates presidenciales obligatorios. “Una reforma electoral no debería implicar un retroceso en ese derecho ciudadano”, sintetizaron.
Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a
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