POLITICA
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para endurecer las penas por explotar recursos en las Islas Malvinas
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas luego de que repudiaran el inicio del proyecto Sea Lion, impulsado por dos petroleras extranjeras en territorio argentino. Asimismo, propusieron crear un sistema de seguridad nacional bajo conducción presidencial.
De acuerdo con la iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), propone derogar la Ley N° 26.659, vigente desde 2011 para penalizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en el área en disputa.
No obstante, las autoridades remarcaron que “la medida no se limita, como el régimen vigente, a las actividades hidrocarburíferas, sino que resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.
En este sentido, ese esquema plantea que toda explotación de recursos naturales renovables y no renovables realizada en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de una autoridad nacional.
A raíz de esto, las autoridades propusieron que las personas o empresas que desarrollen actividades prohibidas podrían recibir multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y una inhabilitación de entre cinco y 20 años.
La escala penal se endurecerá para los casos vinculados con hidrocarburos. La exploración o explotación de recursos no renovables sin habilitación tendría penas de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos, la condena prevista ascenderá a entre 15 y 20 años, con multas de hasta 3 millones de barriles de petróleo.
También quedarían alcanzados los proveedores que entreguen bienes o servicios considerados esenciales para esas actividades, siempre que conozcan su destino. Así, el proyecto contempla penas de cinco a siete años para esas conductas.
De la misma forma, las sanciones se extenderían a las sociedades que participen en los hechos. Entre otras medidas, podrían sufrir la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la imposibilidad de contratar con el Estado y, en casos determinados, su disolución o liquidación.
La inhabilitación alcanzaría contratos, beneficios fiscales y operaciones en Argentina
El régimen propone que una empresa inhabilitada no pueda desarrollar actividades económicas en el país durante el plazo de la sanción. Además, se revocarían sus permisos, cesarían beneficios impositivos o previsionales otorgados por actos particulares y se rescindirían contratos con ejecución total o parcial en territorio argentino o sobre bienes situados en el país.
Para ordenar el retiro de las compañías afectadas, la autoridad de aplicación fijaría un período de cese de entre 30 y 180 días, prorrogable en función de la continuidad de servicios, la situación de trabajadores, acreedores o terceros de buena fe.
El proyecto crea, a la vez, un Régimen de Desistimiento y Regularización. Los infractores que abandonen las prácticas cuestionadas podrán pedir su ingreso, pagar multas o comprometer inversiones en actividades legales dentro de Argentina. Si cumplen las condiciones, se archivarán las actuaciones administrativas y se extinguirá la acción penal, salvo que exista una sentencia firme o reincidencia.
Un Consejo de Seguridad Nacional coordinaría defensa, economía, diplomacia e inteligencia
El segundo eje de la iniciativa es la creación del Sistema de Seguridad Nacional, que reuniría las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas.
Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
El Consejo tendría a su cargo la elaboración de una Política de Seguridad Nacional, que luego debería ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, podría requerir información y asistencia obligatoria a organismos del sector público nacional y solicitar cooperación a provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios.
En línea con esto, la norma define como infraestructuras críticas a las redes, instalaciones y sistemas públicos o privados indispensables para los servicios esenciales, la salud, la defensa, la economía y el funcionamiento estatal. Las jurisdicciones locales deberían identificarlas y elaborar planes de protección; el Consejo definiría cuáles tienen interés nacional.
La propuesta regula la respuesta ante aeronaves y buques considerados hostiles
El proyecto también establece una secuencia para identificar, interceptar y eventualmente emplear fuerza contra aeronaves que vulneren reglas de vuelo, no se identifiquen o desobedezcan órdenes de autoridades competentes.
La utilización de medidas coercitivas para impedir la continuidad de un vuelo requeriría una orden expresa del Presidente, quien podría delegarla en el ministro de Defensa. El articulado aclara que las decisiones deberán ajustarse al derecho internacional y evitar poner en riesgo a los ocupantes de aeronaves civiles.
En el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, la iniciativa habilita advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización de buques después de agotar medidas menos lesivas. El hundimiento solo podría ordenarse como una medida militar excepcional contra un buque hostil, con autorización previa del Presidente.
Sin embargo, las autoridades ratificaron que estará prohibido hundir un buque civil como sanción, herramienta policial o forma de impedir una fuga.
Las sanciones por amenazas a la seguridad nacional incluirían bloqueos de activos
Por otro lado, el Consejo de Seguridad Nacional podría abrir procedimientos administrativos contra personas o entidades vinculadas a Estados u organizaciones extranjeras que busquen afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones estatales, atacar infraestructuras críticas o financiar esas acciones.
Las penas incluirían multas de entre 30.000 y 180.000 Unidades de Valor Adquisitivo, revocación de permisos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para actuar en sectores considerados estratégicos.
Ante un riesgo grave e inminente, el Consejo podría ordenar restricciones temporales a operaciones cambiarias, transferencias, importaciones y exportaciones; bloquear fondos; suspender permisos; o elevar derechos de importación y exportación hasta un máximo del 75% para el Estado extranjero involucrado.
También se modificarán normas de defensa, financiamiento político e inteligencia
La propuesta también reforma la Ley de Defensa Nacional para incorporar riesgos y amenazas externas estatales y no estatales, tanto “cinéticos” como “no cinéticos”, y prevé el empleo de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructuras críticas de interés nacional cuando corresponda.
.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}
</html
En materia electoral, prohíbe que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña y propaganda. Además, incorpora figuras penales vinculadas con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera, filtración de secretos y campañas masivas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.
Por último, eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera. El mecanismo permitiría inmovilizar bienes y restringir operaciones de personas o entidades registradas, con posterior intervención judicial.
Sea Lion,islas Malvinas,océano Atlántico,plataforma petrolera
POLITICA
José Luis Manzano compitió en una exclusiva regata en Cerdeña, a un año del incendio de su yate
De ministro de Menem a empresario de medios y energía
Un velero de 40 metros diseñado por Germán Frers
Cómo le fue en la Rolex Swan Cup
POLITICA
Neuquén: condenaron a tres años de prisión condicional al exintendente que atacó a su sucesor con un cuchillo
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A solo una semana del grave episodio ocurrido en Pilo Lil, en el que el actual presidente de la Comisión de Fomento protagonizó un enfrentamiento con su antecesor, la Justicia neuquina resolvió la causa penal mediante un procedimiento de juicio abreviado.
Eliseo Esteban Díaz, quien estuvo al frente de la comisión de fomento durante 12 años, fue condenado por el delito de coacción agravada por el uso de un arma tras haber amenazado de muerte con un cuchillo al actual presidente comunal, Andrés Avelino Infante.
El acuerdo de pena fue presentado por el fiscal jefe Gastón Ávila y homologado por el juez de garantías Maximiliano Bagnat, contando con el aval de la defensora Laura Plaza y de la abogada querellante Lorena Miani. La sentencia contempla una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
Para mantener la libertad condicional y evitar que la condena se convierta en prisión efectiva, Díaz deberá cumplir estrictas reglas de conducta durante un plazo de tres años. En principio, le impusieron una prohibición absoluta de contacto e intimidación: no podrá ejercer actos de perturbación ni mantener ningún tipo de contacto –por sí ni por terceros– con Infante ni con su grupo familiar.
Asimismo, Díaz deberá fijar un domicilio formal y concurrir a las citaciones y controles de la Dirección de Población Judicializada. Debido a las reducidas dimensiones de la localidad de Pilo Lil, el juez Bagnat remarcó que las prohibiciones responden a la necesidad de prevenir cualquier acto de violencia.
Ante la posibilidad de que ambos hombres se crucen en la vía pública, el magistrado le advirtió expresamente a Díaz: “Ante esa situación, usted deberá darse la vuelta e irse”.
El violento episodio que desencadenó el proceso judicial ocurrió el viernes pasado durante una jornada de trabajo con funcionarios provinciales en el comedor del Parador Turístico comunal. La discusión se originó cuando Díaz solicitó un camión de la comuna para trasladar fardos de pasto destinados a sus animales.
Al exigírsele la presentación de una nota formal para justificar la salida del vehículo y la rendición del combustible, el intercambio verbal derivó en gritos, insultos y empujones.
La situación escaló cuando el exjefe comunal extrajo un cuchillo de su cintura y amenazó de muerte a Infante al grito de “Te voy a matar”. Ante el riesgo inminente, la pareja de Infante, Raquel Fantini, debió interponerse físicamente como escudo para frenar la agresión.
Toda la secuencia fue registrada en video por la coordinadora regional provincial Eliana Rivera. Esa filmación se convirtió en la prueba audiovisual determinante presentada por el Ministerio Público Fiscal para sostener la acusación y lograr la condena expedita de Díaz.
En sus descargos, Díaz reconoció haber extraído un cuchillo tipo “verijero” (de 10 a 12 centímetros), pero argumentó que actuó únicamente en legítima defensa. Sostuvo que le habían preparado “una cama” y que pretendían agredirlo entre tres personas.
Por su parte, la esposa de Díaz, Belén Griselda Alfonso, afirmó que Díaz ya había gestionado el uso del camión comunal el día anterior, por lo que su molestia surgió al regresar y notar que el vehículo no estaba disponible. En la previa del juicio abreviado, Alfonso aseguró que fue el propio Infante quien inició la agresión física al tomar a Díaz del pecho.
Finalmente, en la audiencia judicial posterior, la defensora oficial de Díaz, Laura Plaza, avaló el acuerdo de juicio abreviado propuesto por la fiscalía para cerrar la causa.
enfrentamiento con su antecesor,Paz García Pastormerlo,Conforme a
POLITICA
Recortes en Discapacidad: el Gobierno rechazó las críticas de Bullrich, aunque reconoce que hubo “un error de coordinación”
En el Gobierno crece el malestar por los últimos desmarques públicos de Patricia Bullrich y comenzaron a aparecer también críticas internas al funcionamiento de la mesa política. En distintos sectores de la Casa Rosada cuestionan que la jefa del bloque libertario en el Senado exponga diferencias con la conducción y atribuyen parte de sus movimientos a una búsqueda de posicionamiento hacia 2027.
El último episodio se abrió después de que Bullrich asegurara que no había sido informada sobre los cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027, pese a haber participado de la reunión de la mesa política realizada pocas horas antes del envío del proyecto al Congreso. La senadora sostuvo que esa falta de información “resiente” la relación con los aliados.
En sectores del Ejecutivo reconocen que hubo un error de coordinación, pero cuestionan que Bullrich lo haya hecho público. “Nos equivocamos todos en general. Esto fue un error de coordinación”, admiten en Nación, donde sostienen al mismo tiempo que las diferencias deberían procesarse dentro del Gobierno y no a través de declaraciones públicas.
El episodio profundizó además las dudas sobre para qué sirve actualmente la mesa política. “No sé para qué sirve juntarse si no nos ordenamos”, cuestiona un funcionario de primera línea. En otros despachos describen el espacio como una instancia en la que los integrantes evitan anticipar decisiones por temor a filtraciones y tampoco exponen completamente sus planes.
La mesa se reúne con frecuencia semanal y está integrada por Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt, Eduardo “Lule” Menem, Santiago Caputo y Fabián Fernández. La reunión del martes se extendió durante casi tres horas y terminó poco antes de que el Presupuesto fuera enviado al Congreso.
Bullrich confirmó públicamente que los cambios sobre Discapacidad no se discutieron allí. “No nos enteramos, es la verdad”, sostuvo. También planteó que llegar al Congreso sin conocer el contenido de las iniciativas deja a los jefes parlamentarios expuestos frente a aliados y opositores.
Ese diagnóstico es compartido parcialmente puertas adentro. Funcionarios del Gobierno admiten que distintos sectores del oficialismo tampoco conocían el articulado y que el episodio desordenó la negociación que diputados libertarios ya mantenían con bloques dialoguistas para intentar acordar una salida sobre la Emergencia en Discapacidad.
José Luis Manzano compitió en una exclusiva regata en Cerdeña, a un año del incendio de su yate
Oficial: la mora batió un nuevo récord y alcanzó a casi el 13% del crédito a las familias
Neuquén: condenaron a tres años de prisión condicional al exintendente que atacó a su sucesor con un cuchillo
Recortes en Discapacidad: el Gobierno rechazó las críticas de Bullrich, aunque reconoce que hubo “un error de coordinación”
Cayó otro sospechoso por el intento de robo a Daniel Scioli: tiene 19 años
La postura de la familia de Mirtha Legrand en medio del hermetismo por su salud en esta segunda internación
El BCRA equipara reglas y exige más requisitos a fintech para competir con bancos
Autos eléctricos e híbridos: cuánto cuesta cargarlos en casa, cuánto demora y qué se necesita para instalar el equipo
ANSES: quiénes cobran hoy, martes 15 de septiembre de 2026
"Atendiendo a los kukas mentirosos": el presidente Javier Milei opinó sobre las reservas en el oro del Banco Central
ECONOMIA15 horas ago"Atendiendo a los kukas mentirosos": el presidente Javier Milei opinó sobre las reservas en el oro del Banco Central
- POLITICA2 días ago
Cortocircuito y quiebre entre la Casa Rosada y sus diputados por la ley de discapacidad
- POLITICA2 días ago
Malvinas: una jueza de Río Grande ordenó a Rockhopper y Navitas frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion
