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Qué pasó con el hombre que mató a puñaladas a una refugiada ucraniana en un tren de EE.UU.

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La Justicia federal de Estados Unidos resolvió que Decarlos Brown Jr., el hombre acusado de asesinar a puñaladas a la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en un tren de Charlotte en agosto de 2025, no está en condiciones de afrontar un juicio debido a su estado de salud mental.

El caso, que conmocionó a Carolina del Norte, quedó en suspenso desde junio mientras el imputado recibe tratamiento médico.

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El juez federal Kenneth D. Bell aceptó el pedido de la defensa y ordenó que Brown, de 35 años, permanezca hasta cuatro meses en una institución médica penitenciaria. El objetivo es intentar restablecer su capacidad para comprender el proceso y colaborar con su defensa.

El informe psiquiátrico y la decisión judicial

Según la evaluación forense presentada en abril, Brown padece una enfermedad mental que le impide entender la naturaleza y las consecuencias del juicio, así como participar adecuadamente en su defensa.

El informe, presentado bajo secreto de sumario, indicó que existe un pronóstico favorable de recuperación si recibe la medicación adecuada.

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Iryna Zarutska había buscado asilo en Estados Unidos tras la invasión de Ucrania por Rusia. (Foto: gentileza The New York Post).

El magistrado dispuso que Brown quede bajo custodia del fiscal general para su hospitalización y tratamiento.

Al finalizar el período de internación, la Justicia evaluará si el acusado recuperó la competencia para continuar con el proceso, si requiere más tratamiento o si resulta imposible restablecer su aptitud.

Los pedidos del acusado y el contexto del caso

En una presentación judicial, los abogados de Brown informaron que su cliente insistió en que el tribunal conociera su situación.

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“Quiero decirle a la corte que tengo una emergencia corporal. Alguien tiene acceso total a mi cuerpo y me controla de manera indebida. La policía se niega a investigar y esto requiere una investigación”, expresó Brown, quien además sostuvo que fue mal diagnosticado con esquizofrenia.

Iryna Zarutska buscaba rehacer su vida en Estados Unidos. (Foto: gentileza The New York Post).
Iryna Zarutska buscaba rehacer su vida en Estados Unidos. (Foto: gentileza The New York Post).

El acusado enfrenta un cargo federal por causar la muerte en un sistema de transporte masivo, delito que puede ser penado con la muerte.

Además, hay una causa estatal por homicidio en primer grado, que quedó en pausa hasta que se resuelva el proceso federal.

Qué pasará con el proceso judicial

Una vez que finalice el tratamiento médico, el juez deberá determinar si Brown está en condiciones de ser juzgado.

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Si su competencia es restablecida, el proceso continuará; de lo contrario, podría ordenarse un tratamiento prolongado o declararse su inimputabilidad definitiva.

Cómo fue el crimen de la joven ucraniana

Zarutska, que había huido de su Ucrania natal tras la invasión de su país por Rusia, regresaba a casa después de trabajar en una pizzería cuando Brown la apuñaló mortalmente en un tren la noche del 22 de agosto de 2025.

Un video grabado en el vagón por cámaras de seguridad muestra a Brown sentado detrás de Zarutska, antes de levantarse y clavarle un cuchillo en el cuello.

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La joven murió minutos después en el tren, mientras que Brown huyó del lugar y fue arrestado poco después.

En una conversación con su hermana Tracey, Brown afirmó que mató a la joven porque “le leía la mente”.

La familia de Brown asegura que el hombre sufre de esquizofrenia paranoide y que venía mostrando signos de deterioro mental desde hacía tiempo. “Cuando vi el video, supe que había llegado a un punto de quiebre. No lo justifico, pero él no era así”, contó Tracey.

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Tracey explicó que su hermano venía obsesionado con la idea de que el gobierno le había implantado un chip y que todos lo perseguían. “Me dijo varias veces que tenía ‘materiales’ en el cuerpo y que eso lo obligaba a hacer cosas”, explicó.

En una conversación telefónica desde la cárcel, Brown Jr. le contó a su hermana que no conocía a la víctima y que los supuestos “materiales” en su cerebro controlaban sus acciones. “Me lastimé la mano apuñalándola. Ni siquiera conocía a la señora. Nunca le dije una palabra. Es aterrador, ¿no? ¿Por qué alguien apuñalaría a otra persona sin motivo?”, expresó, visiblemente perturbado.

Por ahora, Decarlos Brown Junior fue declarado inimputable por la Justicia. (Foto: gentileza The New York Post).
Por ahora, Decarlos Brown Junior fue declarado inimputable por la Justicia. (Foto: gentileza The New York Post).

Incluso, en la conversación, se refirió a sí mismo en tercera persona y aseguró que “quien manejaba los materiales” fue quien “descargó la furia” sobre la joven.

La madre de Brown, Michelle Dewitt contó que días antes del ataque llevó a un refugio para personas en situación de calle porque se estaba poniendo cada vez más agresivo y que intentó hacerlo internar en vano.

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“Cuando llevas a una persona a salud mental y te dicen ‘no tenemos suficiente espacio’ o ‘¿está intentando matarse o matar a alguien?’ y yo respondo que no, entonces no hay nada que podamos hacer, necesita una orden judicial”, explicó.

Sobre su hijo, afirmó “no creer que entienda lo que sucede”.

El caso reavivó el debate sobre la relación entre salud mental y seguridad pública en Estados Unidos. “La seguridad pública y la salud mental deben ser parte de una conversación permanente y conjunta”, sostuvo el exfiscal federal Michael Easley Jr.

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Estados Unidos, Asesinato, Crimen, Carolina del Norte

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República Dominicana: El Ministerio Público solicita prisión preventiva para 22 detenidos por la Operación Rompeolas en La Altagracia

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El Ministerio Público de República Dominicana solicitó prisión preventiva para 22 personas detenidas en la Operación Rompeolas, una investigación sobre una red acusada de trasladar drogas desde Colombia hacia Puerto Rico, con destinos finales en Estados Unidos y Europa. La audiencia fue fijada para el lunes 23 de noviembre de 2026 a las 14:00, en el distrito judicial de La Altagracia.

La solicitud también pide que el expediente sea declarado caso complejo. La Procuraduría General de la República informó los detalles de la etapa judicial, difundidos por Listín Diario.

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El principal acusado es Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, a quien los investigadores identifican como cabecilla de la organización. La medida alcanza además a Yovani Candelario Ortiz, alias Pachasito, Caco o Franklin el Hombre, señalado como coordinador operativo de la estructura.

Entre los detenidos figura Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pachá, regidor del Partido Reformista Social Cristiano y aliado del Partido Revolucionario Moderno en Higüey. También fueron incluidos María del Rosario, Belkis; Marcial Castillo, Shaky o Chacabana; Cristian George del Rosario, Bebo Pachá; Alexander Algenis Candelario del Rosario, Alexander Pachá; Ryan Spencer del Rosario; Yolanda Candelario Ortiz; Andrea Candelario Ortiz, Justina, y Wander Alberto Núñez Mercedes, Philip.

Una red investigada por tráfico marítimo y lavado de activos

La petición de prisión preventiva comprende igualmente a Fernando de Jesús Concepción, Pepe o el Gordo; Diofrendy Domingo Reyes Cabrera; Diofeyni Reyes Morel; Tomás Aquino Manzueta de la Rosa, Pindo; Gustavo Adolfo Carpio Calderón; Teodoro Castillo, Adriano, y Fernando Guzmán Ventura, Fernan.

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(Foto cortesía Ministerio Público)

La lista se completa con Tauni Castillo Urbáez; Rosanny Amada Sarmiento Villavicencio, Rossy; Miguel Guerrero Cedeño, Mune, y Ángel Miguel Alfonso Guerrero, Miguelito o el Sobrino. La presentación fue realizada por la procuradora adjunta Sourelly Jáquez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, junto con los fiscales Gabriela Gómez y Andrés Mena Marte.

Los arrestos se efectuaron el jueves 19 de noviembre durante un operativo contra el narcotráfico transnacional y el lavado de activos. Las autoridades realizaron 65 allanamientos simultáneos e incautaron vehículos, armas, dinero y propiedades que atribuyen a la organización.

El despliegue movilizó a más de 80 fiscales y a aproximadamente 650 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros de la Policía Nacional. Las acciones aéreas y terrestres abarcaron La Altagracia, El Seibo, Duarte, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

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La pesquisa identificó una división de tareas para recibir, almacenar, transportar y proteger cargamentos de drogas. La red utilizaba principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast, embarcaciones diseñadas para navegar a alta velocidad, y barcos de recreo para trasladar los cargamentos a Puerto Rico.

(Foto cortesía Ministerio Público)

La estructura mantenía parte de sus operaciones en Higüey y Miches, donde presuntamente coordinaba la logística del tráfico internacional. Las autoridades también investigan a personas vinculadas a maniobras de lavado de activos para administrar recursos procedentes de las actividades ilícitas atribuidas al grupo.

La cooperación jurídica con Estados Unidos permitió además el arresto en Colombia de César Augusto Rodríguez Severino, conocido como Dondy, de 55 años. El detenido enfrenta cargos por asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas y lavado de activos.

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Rodríguez Severino fue detenido el 19 de noviembre en el barrio Normandía de Cali, tras un trabajo conjunto entre las oficinas de Interpol de Santo Domingo y Bogotá y las autoridades migratorias colombianas. La captura se realizó dentro del Proyecto de Apoyo de Interpol a EL PAcCTO 2.0, mediante una notificación roja emitida ese mismo día por las autoridades judiciales dominicanas.

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17 major federal agencies flagged over cybersecurity gaps as watchdog warns of increased attack risk

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A sweeping federal watchdog report found that 17 of 22 major civilian agencies failed to fully address key cybersecurity planning guidance, warning that the shortcomings could leave government systems more vulnerable to cyberattacks and operational disruptions.

The Government Accountability Office (GAO) released its findings this week, identifying gaps at the Department of Homeland Security (DHS), Department of Justice (DOJ), Department of State, Department of the Treasury and Department of Health and Human Services (HHS), among others.

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The report examined whether agencies had incorporated selected federal guidance into their plans for implementing zero trust architecture, a cybersecurity approach requiring users, devices and systems to be verified before accessing protected networks.

RETIRED FBI AGENT WARNS NCIC BREACH COULD THREATEN POLICE SAFETY DURING TRAFFIC STOPS

Only five of the 22 agencies fully addressed the selected guidance as of August 2026, prompting GAO to issue 40 recommendations to the remaining 17.

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«Agencies would therefore be at increased risk of cyberattacks that could interrupt operations or otherwise compromise agency resources,» GAO warned.

HHS received six recommendations, the most of any agency reviewed, after investigators found that it lacked a documented enterprise-wide zero trust implementation plan covering all its information systems.

Although individual divisions were pursuing cybersecurity improvements, GAO warned that the absence of a unified strategy could prevent department leadership from maintaining a coherent view of its security modernization efforts.

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HHS agreed with the recommendations and said it planned to develop an actionable department-wide strategy by the second quarter of fiscal year 2027.

CHINESE HACKERS TARGET NASA AND KEY US AGENCIES, DOJ ALLEGES

The Department of Commerce received four recommendations after investigators identified shortcomings in its cybersecurity planning documentation.

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Commerce officials told GAO that staffing losses had significantly constrained the department’s zero trust working group, limiting its ability to coordinate improvements and maintain comprehensive documentation.

At DHS, investigators found that the department had not fully documented cybersecurity maturity levels across all its high-value assets and high-impact systems. Officials attributed the incomplete assessments partly to lengthy government shutdowns during the preceding fiscal year.

DHS INVESTIGATES MASSIVE DATA BREACH EXPOSING 40,000 EMPLOYEES, INCLUDING ICE AND BORDER PATROL AGENTS

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DOJ similarly cited resource constraints for incomplete assessments of critical systems, while State and Treasury were among the agencies that had only partially documented cybersecurity maturity levels.

GAO warned that incomplete assessments could leave agency leadership without the visibility necessary to determine where additional cybersecurity resources are needed.

Investigators also found that 11 agencies had only partially documented procedures for identifying actors within their IT environments, including certain non-person entities such as software applications and service accounts.

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The watchdog warned that incomplete identification procedures could hinder efforts to ensure only authorized users and systems access government resources.

TRUMP’S NATIONAL CYBER DIRECTOR SEAN CAIRNCROSS FIRED AMID WIDESPREAD TECH OUTAGES

The findings come years after the Biden administration directed federal agencies to adopt zero trust cybersecurity principles through a 2021 executive order, followed by additional guidance in 2022 and 2024. Despite those directives, GAO found that 17 of 22 agencies still had not fully addressed selected cybersecurity planning requirements and guidance as of August 2026.

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Thirteen agencies agreed with GAO’s 40 recommendations, while four neither agreed nor disagreed. The Nuclear Regulatory Commission, one of the four, provided documentation demonstrating that it had already addressed both recommendations, which GAO verified.

Digital reached out to the White House and all 17 agencies identified in the report for comment.

«Absent a full implementation of ZTA requirements and guidance, agencies will lack an appropriate roadmap to fully incorporate and maintain an effective zero trust architecture,» GAO concluded.

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national security, security, technology, administration, public sector, cybercrime, politics

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“Cristo viene pronto”: el mensaje de «La Muñeca de la Mafia» tras recibir detención judicial en Honduras

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Kensy Iveth García Torres, conocida como «La Muñeca de la Mafia», recibió detención judicial en Honduras por suponerla responsable del delito de lavado de activos agravado, luego de comparecer ante un juez y protagonizar declaraciones en las que cuestionó las actuaciones de las autoridades y anunció que emprenderá acciones legales.

La resolución se produjo después de su captura el jueves 19 de noviembre en la residencial Cedritos, en San Pedro Sula, durante un allanamiento ejecutado por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y fiscales del Ministerio Público.

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Según las investigaciones, García Torres no habría podido justificar el origen lícito de más de 30 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 1.1 millones de dólares, una cantidad que forma parte de los movimientos financieros bajo investigación. La acusación deberá ser sustentada por el Ministerio Público durante el proceso judicial.

Tras la audiencia de declaración de imputado, el juez determinó que permanezca bajo custodia mientras avanza el expediente. La audiencia inicial fue programada para el próximo 24 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, diligencia en la que se conocerán los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa.

Kensy Iveth García Torres, conocida como «La Muñeca de la Mafia», compareció ante los tribunales hondureños tras ser capturada en San Pedro Sula. (Foto: Cortesía)

«30 millones es la demanda que les voy a poner por inútiles»

Antes de conocer la resolución, la hondureña ofreció declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a los Juzgados de Criminalidad Organizada. En ese momento cuestionó el procedimiento en su contra y sostuvo que su detención estaría siendo utilizada para desviar la atención de otros problemas.

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«Esto es una cortina de humo, hay que maquillar las ineptitudes de otros», manifestó ante las cámaras.

García Torres también anunció que pretende presentar una demanda por una cantidad equivalente a los 30 millones de lempiras que, según sus palabras, estaría relacionada con los daños que considera que le han ocasionado.

Sin embargo, no identificó a las personas o instituciones contra las que dirigiría la acción legal ni explicó los fundamentos de esa eventual reclamación.

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«30 millones es la demanda que les voy a poner por inútiles», expresó durante el intercambio con los periodistas.

Sus declaraciones se produjeron en medio de la atención mediática que ha generado su captura, luego de que las autoridades hondureñas reactivaran las investigaciones sobre su patrimonio y las operaciones financieras que se le atribuyen.

Las autoridades investigan movimientos financieros superiores a 1.12 millones de dólares cuyo origen lícito, según la Fiscalía, no habría sido acreditado.  (Foto: Cortesía)

«Arrepiéntanse, Cristo viene pronto»: su mensaje al salir de los tribunales

Al abandonar la comparecencia, los periodistas intentaron obtener una reacción sobre la acusación de lavado de activos y la decisión judicial. No obstante, García Torres respondió con un mensaje de carácter religioso.

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«Que Dios les bendiga, Cristo les ama, arrepiéntanse, Cristo viene pronto. Yo también les amo», expresó ante las cámaras.

Cuando le preguntaron directamente por los señalamientos del Ministerio Público, evitó profundizar en los detalles del expediente y respondió: «Mi Padre celestial tiene la última palabra».

La frase se convirtió en uno de los momentos más comentados de su comparecencia, debido al contraste entre el mensaje religioso y la situación judicial que enfrenta. La resolución implica que continuará privada de libertad mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso.

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El caso hondureño también vuelve a poner bajo atención los antecedentes de García Torres en Estados Unidos. La hondureña fue condenada en ese país por conspiración para lavar más de 1.8 millones de dólares procedentes del narcotráfico.

Ese antecedente corresponde a un proceso distinto del que ahora enfrenta en Honduras. En el expediente actual, el Ministerio Público investiga movimientos financieros cuyo origen, según la acusación, no habría sido debidamente justificado.

La imputada calificó su situación judicial como una «cortina de humo» y cuestionó las actuaciones de quienes considera responsables.  (Foto: Cortesía)

Por ahora, la detención judicial no representa una condena por el nuevo señalamiento. La Fiscalía deberá presentar los elementos que respalden la imputación y la defensa tendrá la oportunidad de responder durante las diligencias correspondientes.

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La audiencia inicial del 24 de noviembre será clave para determinar si el caso avanza a la siguiente fase judicial. Mientras tanto, García Torres permanecerá bajo custodia y sus declaraciones sobre una eventual demanda forman parte de la controversia que rodea su captura.

corresponsal:Desde Tegucigalpa, Honduras

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