POLITICA
Purga en la Armada por la trama de corrupción con los sueldos: avanza la destitución de una decena de militares
La conducción de la Armada Argentina apartó de sus funciones a diez militares involucrados en las actuaciones por la trama de corrupción detectada en el sistema de liquidación de sueldos y puso en marcha una instrucción disciplinaria que puede terminar con la destitución de los responsables. La medida fue dispuesta por el jefe del Estado Mayor General de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, mientras avanza en paralelo la investigación de la Justicia Federal por 645 acreditaciones indebidas que alcanzaron un monto histórico de $981.148.567,88.
Fuentes oficiales de la Armada confirmaron a Infobae que el universo reconstruido hasta ahora comprende 23 beneficiarios: diez militares y trece civiles o personas ajenas a la fuerza. Todo el personal militar alcanzado por las actuaciones fue separado de las funciones que desempeñaba y quedó sometido desde el 16 de septiembre a un procedimiento disciplinario interno. La decisión se terminó de sustanciar anoche.
La precisión modifica la información inicial que había circulado sobre nueve efectivos apartados y también permite delimitar el alcance de las medidas. La Armada no dispuso todavía la destitución automática de los involucrados. Abrió una instrucción disciplinaria por una falta considerada “gravísima”, dentro de la cual la expulsión de la fuerza aparece como la máxima sanción posible.
En el ámbito de la Armada consideran que el proceso podría terminar con destituciones, pero cada situación deberá ser analizada individualmente y los involucrados tendrán derecho a ejercer su defensa. Un abogado militar ya fue designado para conducir la instrucción. A medida que avance el procedimiento se terminarán de conformar las autoridades que deberán evaluar las pruebas, recibir los descargos y resolver las responsabilidades disciplinarias.
La decisión cuenta con una instrucción expresa del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, que intervino una vez que la investigación administrativa interna tomó dimensión y los responsables de la Armada reunieron los elementos que luego fueron enviados a la Justicia.
Presti se refirió públicamente al caso y buscó separar la conducta de los investigados del conjunto de la institución. “Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes”, afirmó.
Después explicitó la orden impartida a Romay: “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un Consejo de Disciplina, desde el punto de vista militar, pasen ya a ser destituidos”.
La expresión del ministro establece la orientación política con la que Defensa pretende abordar el caso, aunque el resultado formal deberá surgir del procedimiento disciplinario. Dentro de la Armada remarcan precisamente esa diferencia: primero debe desarrollarse la instrucción, analizarse la conducta de cada integrante y garantizarse el derecho de defensa. La destitución es uno de los resultados posibles y constituye la sanción más grave dentro del régimen militar.
El segundo camino es judicial y transcurre de manera independiente. La Armada presentó el 15 de septiembre una denuncia ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, para que se investiguen las eventuales responsabilidades penales.
Presti también se refirió en diálogo con TN a esa vía. “Más allá de la Justicia Federal, espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”, afirmó.
Así, el caso quedó dividido en dos carriles. La Armada debe resolver las responsabilidades disciplinarias de sus integrantes y puede imponer las sanciones previstas por el régimen militar. La Justicia Federal, en cambio, deberá determinar si existieron delitos, quiénes participaron y qué responsabilidad penal corresponde a cada una de las personas investigadas.
La investigación interna reconstruyó pagos irregulares desde 2022
La reacción de la conducción militar es consecuencia de una investigación iniciada por la propia Armada y que se extendió durante varias semanas hasta reconstruir operaciones realizadas durante más de tres años.
Las primeras señales aparecieron en febrero de 2026, cuando una revisión sobre la liquidación de enero permitió detectar cinco acreditaciones incorrectas correspondientes a integrantes del Departamento Revista. Una vez detectados los pagos, el dinero fue devuelto.
En ese momento no había elementos suficientes para establecer que las inconsistencias formaban parte de un mecanismo deliberado. Tampoco existían indicios que vincularan personalmente al entonces jefe del Departamento Revista, capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff.
Las irregularidades iniciales llevaron, sin embargo, a reforzar los controles. En marzo se modificó parte del circuito administrativo: Tesorería pasó a encargarse de la tramitación de las acreditaciones ante el Banco de la Nación Argentina y Contabilidad comenzó a realizar de manera independiente la conciliación de la cuenta utilizada para pagar los haberes.
La decisión permitió separar la liquidación, la orden de acreditación y el control posterior de los movimientos bancarios.
El punto de inflexión ocurrió en agosto. Nuevas revisiones de períodos anteriores permitieron detectar pagos que no tenían respaldo en los haberes liquidados y, entre ellos, acreditaciones realizadas a María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff.
Fue el primer elemento que vinculó personalmente al jefe del Departamento Revista con las operaciones bajo análisis. Atanasoff fue relevado preventivamente de manera inmediata, se resguardaron los equipos informáticos empleados para preparar los archivos enviados al Banco Nación y se dispuso una revisión integral hacia períodos anteriores.
Entre el 20 de agosto y el 14 de septiembre, la Armada reconstruyó la operatoria, obtuvo información adicional del Banco Nación y abrió actuaciones administrativas de acuerdo con el Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares.
El resultado fue considerablemente mayor que las primeras anomalías.
La revisión determinó que entre julio de 2022 y enero de 2026 se habían producido 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios por $981.148.567,88. El número es el monto histórico comprobado por la investigación interna y posteriormente incorporado a la denuncia penal.
Fuentes de alto nivel de la Armada ratificaron además a Infobae que esa es la cifra respaldada por la documentación reunida hasta ahora. Otras estimaciones superiores que circularon públicamente no forman parte de la cuantificación efectuada por la investigación interna que derivó en la denuncia judicial.
El dinero surgía de pagos bloqueados antes de su devolución al Tesoro
La pesquisa permitió también entender de qué manera se generaban los fondos utilizados para realizar los pagos.
La maniobra aprovechaba el período existente entre el cierre de la liquidación mensual y el envío definitivo del archivo de acreditaciones al Banco Nación.
Después de confeccionarse una liquidación pueden existir pagos que originalmente estaban previstos pero que finalmente deben bloquearse por distintas razones: una baja, un retiro, el fallecimiento de un integrante de la fuerza o un error detectado durante los controles.
Cuando eso ocurre, ese dinero ya no debe ser transferido al destinatario inicialmente previsto. Los fondos que finalmente quedan disponibles deben ser reingresados posteriormente a la Tesorería General de la Nación.
La investigación estableció que parte de esos recursos era aprovechada antes de la devolución para realizar las acreditaciones irregulares.
Había básicamente dos mecanismos.
En algunos casos se aumentaba de manera transitoria el monto correspondiente a una persona determinada. En otros se incorporaba directamente un pago para el cual no existía ninguna liquidación de haberes que pudiera justificarlo.
Las modificaciones se realizaban después de los controles ordinarios y antes del envío definitivo de los archivos al Banco Nación. Eso permitía incluir los pagos cuestionados dentro de un volumen mensual superior a las 24.000 acreditaciones correspondientes al personal de la Armada.
El sistema tenía además una instancia posterior que dificultaba la detección.
Después de confeccionarse el archivo destinado al banco, los registros modificados podían ser restituidos a sus valores anteriores. Como consecuencia, la transferencia efectivamente recibida por un beneficiario podía no coincidir con el monto que luego aparecía en su recibo de haberes dentro del sistema.
La diferencia quedó expuesta cuando los investigadores comenzaron a comparar las distintas fuentes de información: las liquidaciones originales, los recibos publicados, las diferentes versiones de los archivos confeccionados para pagar y las confirmaciones bancarias.
La evidencia reunida tiene un elemento especialmente relevante para la investigación: las acreditaciones se hicieron mediante transferencias bancarias a cuentas a nombre de los respectivos beneficiarios. Por eso fue posible vincular los pagos cuestionados con personas concretas y contrastarlos con los haberes que legítimamente debían percibir.
La pesquisa contó también con información extraída de los equipos informáticos preservados por la Armada, registros enviados por el Banco Nación y las actuaciones administrativas desarrolladas después de detectar el mecanismo.
Cuatro de los 23 beneficiarios no tenían relación laboral ni funcional con la Armada. En conjunto recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalentes al 44,25% del total histórico reconstruido.
María del Carmen Prieto fue la mayor beneficiaria individual. Según consta en la denuncia a la que accedió Infobae, recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86. Prieto es esposa de Atanasoff.
Damián Andrés Santana recibió 47 acreditaciones por $99.496.225,47 y Amalia Cristina Díaz registró 46 pagos por $91.978.048,38. La documentación de la Armada identifica a los cuatro receptores externos como personas que no tenían relación funcional con la institución.
Las actuaciones administrativas atribuyen a Atanasoff un papel central.
Según la documentación interna a la que accedió Infobae, el entonces jefe del Departamento Revista manifestó durante la investigación que conocía los pagos realizados a las personas ajenas a la Armada, que las acreditaciones se hacían manualmente, que él definía los beneficiarios y los importes y que ejecutaba personalmente las operaciones.
El informe interno agrega un elemento de especial importancia: Atanasoff manifestó que ese mecanismo tenía como finalidad favorecer económicamente no solamente a los beneficiarios externos, sino también a las restantes 19 personas pertenecientes a la Armada alcanzadas por la investigación.
Ese dato conecta su declaración administrativa con el conjunto de los 23 beneficiarios identificados.
La Justicia Federal y la Armada deberán determinar responsabilidades individuales
La investigación reconstruyó además situaciones particulares dentro de la fuerza.
El capitán de Corbeta Contador Roberto Eduardo Castro aparece en la denuncia por haber recibido, durante determinados períodos, haberes en la Argentina en simultáneo con los que percibía mientras estaba destinado en el exterior.
La situación resultó significativa porque el sistema identifica automáticamente al personal destinado fuera del país y lo excluye de los archivos utilizados para pagar haberes localmente. La investigación sostuvo que esos pagos sólo pudieron concretarse mediante la incorporación de registros por fuera del proceso automático.
También fueron detectadas acreditaciones a Luana Magalí Piedigrossi, esposa de Castro, durante períodos en los que estaba de licencia sin goce de haberes.
Otros integrantes aparecen en las actuaciones como perceptores de sumas posteriormente restituidas.
Los capitanes de Corbeta Contadores Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios realizaron transferencias a la cuenta operativa del Servicio Administrativo Financiero por importes percibidos en exceso con los haberes correspondientes a enero de 2026.
También efectuaron devoluciones los capitanes de Corbeta Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni. Los tres transfirieron el 11 de septiembre la totalidad de las sumas que habían recibido indebidamente.
La existencia de un cobro indebido no determina por sí sola el grado de responsabilidad de cada perceptor. Tanto la investigación disciplinaria como la causa federal deberán establecer qué conocimiento tenía cada uno sobre el origen de las acreditaciones y qué intervención pudo haber tenido en el mecanismo.
Hasta el momento de formularse la denuncia habían sido restituidos $42.574.267,63. Por eso, del monto histórico de $981.148.567,88, permanecía una diferencia de $938.574.300,25.
La Armada aclaró desde el inicio que las devoluciones posteriores no modifican el volumen histórico de las acreditaciones detectadas. Permiten únicamente establecer cuánto dinero fue recuperado y cuánto permanecía pendiente al momento de llevar el caso a la Justicia.
El 15 de septiembre, una vez reunidos los elementos técnicos, bancarios y administrativos, la denuncia fue presentada por el capitán de Navío Contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada.
La presentación puso a disposición de la Justicia informes técnicos, documentación bancaria, planillas con las inconsistencias, declaraciones administrativas y registros informáticos. La Armada también ofreció los equipos preservados y cualquier otro soporte requerido por el juzgado.
Al día siguiente llegó la reacción disciplinaria.
Romay resolvió apartar de sus cargos a todo el personal militar alcanzado por las actuaciones y dio inicio a la instrucción por una falta gravísima.
La Armada ya designó a un abogado militar para conducir esta primera etapa del procedimiento. Los involucrados podrán contar con defensores y presentar las pruebas y explicaciones que consideren pertinentes. Posteriormente deberá completarse la estructura disciplinaria encargada de evaluar las actuaciones y resolver las sanciones.
La máxima pena posible dentro de ese camino es la destitución.
La secuencia institucional quedó así definida: la propia Armada detectó las anomalías, reforzó los controles, reconstruyó operaciones que se remontaban a 2022, apartó preventivamente al responsable del área, preservó la evidencia, realizó una investigación administrativa, presentó el caso ante la Justicia y finalmente inició el proceso disciplinario sobre sus propios integrantes.
La fuerza sostiene que la respuesta busca evitar que la conducta de un grupo de miembros comprometa el prestigio de una institución integrada por alrededor de 24.000 personas.
La cantidad precisa de militares alcanzados también quedó ahora delimitada con mayor claridad. Fuentes oficiales de la conducción de la Armada indicaron a Infobae que son diez los efectivos comprendidos en las actuaciones disciplinarias, mientras que los restantes beneficiarios identificados son civiles o personas que no integran la fuerza.
El resultado del proceso no está formalmente decidido. La instrucción disciplinaria comenzó esta semana y debe analizar cada caso. Pero tanto Defensa como la conducción naval dejaron definida la orientación con la que pretenden avanzar.
Presti pidió que se adopten las máximas medidas dentro de la institución. La Armada apartó a todos los militares alcanzados. Y en paralelo, la Justicia Federal deberá determinar las responsabilidades penales por un esquema que durante más de tres años permitió desviar casi $1.000 millones mediante modificaciones introducidas en el circuito utilizado para pagar los salarios.
POLITICA
Kicillof quiere aprobar su último Presupuesto como gobernador y le exige a Milei una deuda de $20 billones
El gobierno de Axel Kicillof buscará, en el último tramo del año, aprobar el Presupuesto bonaerense 2027. Un proyecto que incluye también un pedido de deuda nominado en dólares que puede alcanzar un total de 1.000 millones de moneda extranjera, además de otros 500 millones de la misma denominación en emisión de Letras. De aprobarse, será el último presupuesto de la gestión del mandatario provincial. Una ley de leyes que proyecta un gasto total de 58,6 billones de pesos, con una inversión de capital de 4,05 billones. En diálogo con Infobae, el ministro de Economía, Pablo López, define los principales lineamientos y cuestiona a la administración de Javier Milei por el recorte de fondos durante los últimos tres años y la falta de autorización del ministro de Luis Caputo para la toma de créditos con organismos internacionales para financiar obras.
—Este es el último presupuesto de la gestión de Kicillof y usted, frente a legisladores, planteó que se dio en un marco de ajuste. ¿Es el presupuesto desable?
—La preocupación que tenemos es que estamos viendo una economía no solo bonaerense, sino a nivel nacional, a nivel país, que muestra una caída de actividad económica que es realmente preocupante. La información de agosto muestra una caída de actividad económica con relación a diciembre de casi el cuatro por ciento. Elaboramos un presupuesto en ese contexto. El año pasado, cuando elaboramos el presupuesto, presentamos un primer artículo que marcaba que los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires, las familias, todo lo que hace a la economía bonaerense, se encuentran en una situación compleja y de emergencia, y eso no ha cambiado.
—¿Qué expectativa tiene sobre el tratamiento legislativo del Presupuesto y la Ley Impositiva?
—Poner una temporalidad es difícil, pero aspiro a que podamos tener un debate fructífero y que podamos contar con las leyes para el año que viene. Son herramientas básicas que necesita la provincia y el Poder Ejecutivo para poder gestionar en un contexto muy complejo.
—¿El Presupuesto 2027 incluye un fondo para recuperar deudas del Gobierno nacional?
—Sí, está incluido también. Creemos que es prudente y consistente con lo que venimos reclamando.
—¿Hubo avances en el reclamo por esos fondos?
—No hemos podido avanzar. El Gobierno nacional no ha avanzado con los fondos que adeuda a la provincia de Buenos Aires.
—¿A cuánto asciende esa deuda?
—Si hacés la cuenta completa, que incluye las deudas directas que tiene con la provincia y las obras interrumpidas, estamos arriba de los 20 billones de pesos. Son fondos que tienen que ver con destinos específicos de inversiones en la provincia de Buenos Aires, y en algún momento el Gobierno nacional tiene que dar cuenta de eso, porque son fondos que le corresponden a la Provincia.
—¿Qué pasó con la demanda ante la Corte Suprema por los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social?
—Tuvimos convocatoria de parte de la Corte Suprema. Tuvimos tres reuniones, pero no se pudo llegar a un consenso.
—¿El Gobierno nacional presentó una propuesta?
—No planteó ningún esquema que pueda dar un cauce a esto. No hizo ninguna propuesta, como la Corte inclusive pidió que hiciera. No hubo avances concretos.
—¿Qué nivel de endeudamiento prevé la ley de financiamiento?
—La ley de financiamiento prevé una autorización de endeudamiento equivalente a USD 1.000 millones.
—¿Para qué se utilizaría esa autorización?
—Con esa autorización, sumada a las fuentes de financiamiento de las que dispone la provincia hoy, al financiamiento mediante letras, al proveniente de organismos multilaterales de crédito y aparte de la autorización remanente de este año, estamos en condiciones de transitar el año que viene y cubrir necesidades.
—¿La autorización contempla la refinanciación de deuda?
—Tiene que ver con cubrir los vencimientos de deuda, tanto de intereses como de capital, y poder completar las inversiones de capital que tiene la provincia.
—¿Habrá un fondo para seguridad destinado a los municipios?
—Proyectamos, asociado a ese endeudamiento de USD 1.000 millones, un fondo destinado a los municipios específicamente para seguridad. Para que los municipios puedan disponer de recursos para atender necesidades vinculadas a la materia.
—¿El fondo depende de la toma de deuda?
—Está vinculado al financiamiento. En la medida en que la provincia se endeude, puede girar recursos a los municipios.
Financiamiento exterior
—¿La provincia obtuvo autorización para nuevos créditos de organismos multilaterales de parte del Gobierno nacional?
—No hemos tenido autorizaciones vinculadas a la posibilidad de tomar nuevos créditos con organismos multilaterales.
—¿Y qué autorizaciones obtuvo la provincia?
—Para el endeudamiento general, en el mercado local con bonos locales, que venimos utilizando este año.
—¿Qué organismos fueron considerados para proyectos específicos?
—Enviamos a Nación diferentes notas para que nos permitan trabajar con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en diferentes proyectos puntuales.
—¿Qué respuesta recibieron?
—No hemos tenido nunca esa autorización para poder hacerlo.
—¿A qué atribuye esa falta de autorización?
—No podría responder eso; habría que preguntarles a ellos. Lo cierto es que en estos tres años no hemos tenido posibilidad de iniciar ningún proyecto nuevo porque no hemos tenido el aval del Gobierno nacional, que es necesario para que los organismos puedan avanzar.
Un 2026 con conflictos salariales
—Ha sido un año complejo en términos económicos que se tradujo en algunas tensiones salariales. ¿Qué balance hace de las negociaciones salariales con los gremios?
—Para nosotros el espacio paritario es importantísimo y lo respetamos. Respetamos siempre las convocatorias para discusión paritaria y el diálogo permanente que tenemos con los gremios para buscar soluciones más allá de las cuestiones puntuales salariales.
—¿Qué lugar tuvo la situación económica de la provincia en esas conversaciones?
—Hemos hecho reuniones específicas para hablar de la situación económica y fiscal de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros fue importante haber podido tener siempre esos espacios.Hemos podido llegar a acuerdos siempre. Tuvieron que ver con asumir compromisos que podamos afrontar y con buscar que el poder adquisitivo siga el andar de los precios de la economía. Poder contribuir y ayudar para que se pueda ir manteniendo el poder adquisitivo.
—¿Cómo evalúa el esfuerzo de los trabajadores provinciales?
—Somos conscientes del esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Nosotros también estamos haciendo un esfuerzo enorme para cerrar las paritarias y llevar las mejores propuestas salariales que están a nuestro alcance, en un contexto realmente complejo.
Política económica nacional
—¿Considera que el Gobierno nacional controló la inflación?
—Tenemos niveles de inflación que se han estancado.Este año tuvimos picos de incremento de precios que no son los deseables.
—¿Qué implica que la inflación se mantenga con una actividad económica baja?
—Si se mantiene en un nivel y no logra descender, con un nivel de actividad muy bajo, es una combinación muy compleja.
—¿La economía está en recesión?
—Claramente está entrando en una recesión, ha entrado ya en una recesión. El dato de septiembre seguramente lo confirmará.
—¿Qué indicadores observa la provincia?
—En los indicadores que vamos midiendo se ve eso. Hay destrucción de empleo, hay caída de ingresos y, en ese contexto, una inflación que se mantiene en un nivel que no es el deseable.
—¿Cómo impacta esa combinación?
—Es un combo difícil para la vida de los argentinos en general y de los bonaerenses en nuestro caso.
Impuestos provinciales
—¿Habrá cambios en las alícuotas de Ingresos Brutos?
—Buscamos no incrementar la presión tributaria a ningún sector de la economía bonaerense y mantener en términos reales el valor de los tributos. En el caso de Ingresos Brutos no hay ningún incremento en ninguna alícuota.
—¿Qué cambios prevé el proyecto para las pequeñas y medianas empresas?
—Estamos actualizando el límite de facturación para aquellos que pueden acceder a las alícuotas reducidas. Las pequeñas y medianas empresas tienen la posibilidad de acceder a un beneficio si su facturación no llega a un determinado umbral.
—¿Cuál es el objetivo de esa actualización?
—Que quienes tienen el beneficio lo sigan teniendo.
—¿Habrá variaciones en los impuestos patrimoniales?
—No estamos planteando ninguna variación real para nadie. Seguimos con la misma lógica que establecimos para este año: el mantenimiento en términos reales de las cuotas de los impuestos.
—¿Se mantendrán beneficios para quienes paguen de forma anual?
—Va a haber beneficios el año que viene para quienes tengan la posibilidad de pagar anualmente, siempre para los que estén con todos los impuestos al día. Estamos manteniendo la misma tabla con las mismas alícuotas. La idea es seguir con la lógica que iniciamos este año del impuesto mensual, con diez cuotas mensuales.
—¿El Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento están abiertos a modificaciones?
—Es algo que veremos.
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POLITICA
Patricia Bullrich impulsa en el Senado un proyecto para que los delitos de abuso sexual infantil no prescriban
Con el objetivo de evitar que el paso del tiempo sea una herramienta para garantizar la impunidad de quienes cometen delitos contra la integridad sexual, la senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad de estos delitos cuando las víctimas sean menores de edad. La misma iniciativa también se debate en la Cámara de Diputados.
La propuesta alcanza, entre otros, a los delitos de abuso sexual infantil, corrupción de menores, material de abuso sexual contra menores, grooming y trata de personas con fines de explotación sexual.
También amplía los plazos generales de prescripción e incorpora como causal de suspensión que el imputado se encuentre prófugo o haya sido declarado en rebeldía. De esta manera, busca impedir que una persona pueda beneficiarse del tiempo que utiliza para escapar de la Justicia.
Con esta iniciativa, Bullrich plantea una revisión integral del régimen de prescripción penal para evitar que las demoras judiciales, las fugas o el mero transcurso del tiempo terminen favoreciendo a los responsables.
El proyecto también contempla casos como el de Yamila Segovia, que expusieron las limitaciones de la normativa vigente frente a imputados que permanecen prófugos durante años.
El caso de Yamila Segovia: 14 años prófugo y una causa declarada prescripta
Alberto Martín del Valle fue detenido en agosto luego de permanecer 14 años prófugo. Está acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 11 años, hija de su entonces pareja, de quien era padrastro. Todo ocurrió en 2009 y tuvo como consecuencia el embarazo de la víctima.
El imputado, de 56 años, fue localizado en Florencio Varela después de una investigación y diversas tareas de inteligencia. Tenía un pedido de captura vigente desde 2012 por los abusos denunciados en Puán, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
POLITICA
Presupuesto 2027: los aliados presionan al Gobierno con pedidos que comprometen el déficit cero
El Gobierno admite que el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 está demorado a la espera de las definiciones de acuerdos políticos con algunos gobernadores y del visto bueno de bloques cercanos. “La discusión entró a un limbo por la multiplicidad de pedidos de las provincias y espacios aliados”, afirma una fuente importante de una de las patas negociadoras de la Mesa Política.
El proyecto fue presentado en septiembre y desde entonces solo hubo cuatro reuniones, todas informativas y en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo esperaba concretar un encuentro el 28 de octubre para firmar el dictamen del proyecto, pero se suspendió por falta de apoyo de los aliados. Los bloques responsables de ese contratiempo fueron el PRO y la UCR, que endurecieron su postura y reclamaron cambios.
El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, le envió una nota a Martín Menem en la que pidió la reducción del componente vial del impuesto a los combustibles a medida que el Estado deje de mantener rutas nacionales. También reclamó prorrogar los regímenes de promoción automotriz y autopartista, un pedido de Mauricio Macri, y bajar del 21% al 10,5% el IVA de los huevos y sus derivados, una demanda que viene desde Entre Ríos de parte de Rogelio Frigerio. Para la Ciudad, exigió incluir la coparticipación y reconocer una deuda de unos $628.197 millones.
Una novedad surgió en las últimas horas: en el bloque amarillo afirman que hay diálogos en el último tiempo con representantes del oficialismo y que se avanzaron con varias de las solicitudes.
La negociación pasó entonces a girar en torno a cómo conformar a los aliados. “Es una sábana corta que no va a contentar a todos. Al menos no si nosotros queremos seguir manteniendo nuestra meta fiscal. Y eso para el Presidente es innegociable”, indica una fuente.
La Fundación Mediterránea publicó una estimación en base al proyecto presupuestario que proyecta un superávit primario de 1,3% del PIB, pero que “lo apoya en supuestos demasiado optimistas: crecimiento de 4% y suba real de la recaudación de 5,5%”. “Si no se cumplen, el ajuste volverá a caer sobre un gasto con márgenes ya muy estrechos”, afirman.
El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó esta mañana en la Conferencia Anual de la Fundación FIEL y volvió a reivindicar la política fiscal como la principal ancla del modelo macroeconómico del Gobierno. “Relegar nuestra ancla principal sería un enorme error, porque nosotros tenemos un pasado que nos condena; por muchos años, sepan que Argentina no va a poder hacer lo que hacen otros países desarrollados, que crecen uno por ciento teniendo cinco puntos del producto de déficit”, explicó.
Esta fue una respuesta implícita a los sectores aliados que le piden al oficialismo que relajen su política de gasto y lo orienten a incrementar las partidas presupuestarias.
A los reclamos del PRO y la UCR se les suma el malestar de Provincias Unidas por el reciente aumento de los subsidios al transporte del AMBA, en perjuicio del interior. El miércoles, un grupo de intendentes, entre ellos el cordobés Daniel Passerini, se presentó en la Comisión de Asuntos Municipales para exigir un trato igualitario.
“Entendíamos una política de reducción de los subsidios nacionales en función de la estabilidad macroeconómica como objetivo. Luego, el cambio se ha dado estrictamente para el AMBA y al interior se nos ha puesto un tope en la cobertura de los atributos sociales de la SUBE, que es lo único que cubría Nación. Y, paralelamente, esta semana se ha consagrado una situación en la cual se le aumenta el subsidio a la oferta estrictamente limitado al AMBA. Gran parte de esto está financiado por un impuesto a los combustibles, que pagamos absolutamente todos los ciudadanos”, esgrimió Pablo Javkin, intendente de Rosario.
Los reclamos que fueron llevados también contemplan una revisión del Programa Remediar para poder reformularlo (se bajó de 126 a 6 medicamentos contemplados) en el Presupuesto, aunque no son optimistas de que aquello pueda ser aceptado por el oficialismo. Pero no es la única temática que busca insertarse en la discusión: también se cuelan partidas como las de Discapacidad o Financiamiento Universitario.
“Si vos hacés la sumatoria de todas las discusiones que se ponen sobre la mesa y cómo te lo usan para condicionar los aliados, la negociación está cada vez más compleja. Hoy en día está bastante trabada a la espera de que se resuelva lo político”, dice un importante senador de La Libertad Avanza. En la conducción del bloque del Senado estarían de acuerdo con esta perspectiva.
Ante la restricción del Gobierno de no poder relegar más partidas presupuestarias, hay un sector para nada menor de la Mesa Política que no veía con malos ojos que se incrementaran los mecanismos para “hacer crecer la torta” de la recaudación.
Un indicio de esto es lo que sucedió este martes con el proyecto de Mercado de Capitales que envió la Casa Rosada, el cual contenía un artículo que quitaba las exenciones del Impuesto a las Ganancias para los Cedears. Con esa medida, esos instrumentos financieros iban a comenzar a aportar a un tributo coparticipable, es decir, que se redistribuye tanto a la Nación como a las provincias.
“[Caputo] ya está tratando de agarrar lo que sea. No sabemos hasta dónde tiene margen”, afirma una fuente que trabaja muy cerca de ese esquema.
Allí agregan: “Hay una parte de la Mesa Política que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de no hacer acuerdos políticos. Por eso Toto hizo lo de Discapacidad [envió el proyecto eliminando partidas consensuadas por la oposición para tratar de incrementar el superávit fiscal]. Realmente no sabemos qué va a pasar con el Presupuesto, pero en el medio se están cerrando todas las elecciones desdobladas, las PASO se complican y el riesgo país sube. Y encima acaba de pasar lo de Estados Unidos”.
El Ministerio de Economía festejó días atrás que la recaudación tributaria creció apenas 0,8% anual en octubre, pero logró hilar el cuarto mes consecutivo sin caer. “Los recursos tributarios girados a las provincias subieron apenas 0,1% anual real; los de Nación, 1%. No fue un crecimiento generalizado: solo Ganancias, Derechos de Exportación y, en menor medida, Combustibles traccionaron la suba”, estimó la consultora LCG, que proyecta “un crecimiento tibio de la recaudación para los últimos dos meses del año”.
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